Glosa de la ayuda interesada

Adalberto Tejeda Martínez

Édgar González Gaudiano

Las inundaciones recientes en Veracruz y en otros estados han sacado a flote muchos rasgos de nuestra sociedad. La recurrente solidaridad de la clase media mexicana ha sido uno de los más evidentes, pero no el único. También afloró el oportunismo mercantil de algunas cadenas de supermercados: a la entrada colocaron botellas de agua, colchonetas y latas de atún que la población estaba adquiriendo para contribuir a mitigar las pérdidas de las comunidades en desgracia. Muchos otros aprovecharon para mejorar su imagen apresurándose a colocar grandes mantas anunciando que se constituían como centros de acopio. Es fácil confundirse con estas acciones si no nos preguntarnos ¿por qué no hubo descuentos especiales de esos artículos?, o ¿por qué no se anunció algún programa de esas tiendas y organizaciones en apoyo de los damnificados? A río desbordado ganancia de comerciantes. Recientemente la SEDESOL ha tenido que habilitar inspectores del comercio de enseres domésticos en la zona Veracruz-Boca del Río para vigilar que no se alteren los precios de productos que adquieren los damnificados con vales de esa dependencia.

También hemos visto el interés de los medios de comunicación en la cobertura del desastre, y cómo transitaban de las inundaciones en Veracruz y Tabasco a los derrumbes en Oaxaca y de ahí a esperar la nueva contingencia ambiental, porque al retirarse el agua ya no hay nota. Pero las miles de tragedias personales de quienes perdieron sus casas y sus negocios permanecerán ahí, cuando la solidaridad y la noticia se hayan desvanecido; cuando las autoridades anuncien que la emergencia ya ha sido superada; cuando acapare la atención en algo más que ocupe los titulares de los medios.

Las enormes necesidades de los damnificados continuarán por un largo tiempo, cuando los responsables por omisión y comisión ya hayan sido reemplazados por caras nuevas y sonrientes, que volverán a prometer que no se volverá a repetir, que no habrá impunidad caiga quien caiga; que se tomarán medidas drásticas para evitar que los problemas vuelvan a ocurrir. Se anunciarán programas e inversiones millonarias, pero no habrá consecuencia alguna, ni transparencia en los recursos asignados a la emergencia y la reconstrucción, ni rendición de cuentas de los responsables de obras defectuosas o permisos improcedentes e ilegales, ni investigación sobre irregularidades, ni sanciones. Se apostará al olvido y al encubrimiento como en otras tantas ocasiones, aplicando la solución ‘ecológica’ más socorrida: ¡echarle tierra al asunto! Un borrón y cuenta nueva.

Y se dará inicio a un nuevo culto de los personajes del momento y a otro ciclo de promesas infundadas, esperanzas frustradas y ambiciones desmedidas.

Una hipótesis que casi puede defenderse como teoría comprobada por la recurrencia de los desastres y el reiterado comportamiento de los funcionarios, es que a los gobernantes –sean del partido que sean- les convienen las emergencias, siempre y cuando no sean tantas ni tan intensas como ahora. Es la oportunidad para el lucimiento personal, la repartición de dádivas que acarrean votos, el acercamiento a los líderes locales, la imagen en los medios electrónicos, mejor aún si se trata de corresponsales extranjeros. Con un poco de sagacidad, hasta pueden presumir cierto conocimiento de los fenómenos naturales que dieron origen al desastre. Por unos días experimentan los sentimientos de sentirse salvadores del pueblo y estadistas.

En esas condiciones, los sistemas de alerta temprana, la preparación de la sociedad para encarar los desastres, la distribución de ayuda por vías institucionales sin la intervención de la mano del líder y su partido, son vistos como un desperdicio a la oportunidad política. Peor todavía, diseñar las políticas a partir de calificados consejos de expertos y de representantes de la sociedad civil; reconocer errores e imponer sanciones a los responsables de autorizar asentamientos en zonas de riesgo, o realizar la labor de ayuda con discreción respetando el dolor ajeno.

En suma, padecemos los síntomas de un subdesarrollo tropical que simula ser democrático pero se solaza en el populismo demagógico y el culto a la personalidad.

Milenio El Portal, 18 de octubre de 2010.

Reflexión para la reconstrucción: dos foros dos

Edgar González Gaudiano
Adalberto Tejeda Martínez

Tras las inundaciones, la urgencia de la reconstrucción no debe impedir la reflexión. Las acciones irreflexivas y precipitadas nos han vuelto más vulnerables. Fenómenos como el cambio climático han pasado de la minusvaloración a su incorporación al discurso político como justificante. Todo mundo condena los asentamientos en zonas de riesgo, pero nadie propone formalmente cómo aminorarlos o reubicarlos. La prisa por actuar sin analizar a fondo y colectivamente las causas de los problemas, conduce a paliativos coyunturales que no encaran las carencias sociales y las deficiencias institucionales que los desastres exacerban.

A partir del primer Foro Social Mundial celebrado en Porto Alegre, Brasil, del 25 al 30 de enero de 2001, los foros sociales se han extendido como de debate, contraste de ideas, intercambio de experiencias, formulación de propuestas y articulación de movimientos sociales. Representan oportunidades para dar a conocer visiones alternativas que han sido silenciadas, ya sea reprimidas o por no encontrar medios para ser escuchadas.

Los dos foros convocados por la Universidad Veracruzana para el 15 y 16 de noviembre y 22 y 23 del mismo mes en el Puerto de Veracruz, no se inscriben en el movimiento de los foros sociales mundiales, pero recuperan algunos de sus principios metodológicos, construidos colectivamente sin precedente alguno.

El primero, titulado Foro social sobre cambio climático y vulnerabilidad en la cuenca del Golfo de México, intenta reunir y articular personas, grupos, redes y movimientos de la sociedad civil interesados en la creciente vulnerabilidad de las zonas costeras del Golfo de México, que se incrementará con las manifestaciones del cambio climático global, la sobrepoblación y el agudo deterioro de los ecosistemas y de la calidad de vida de la región. También deben sentirse convocados representantes de las instituciones académicas y organizaciones empresariales.

El propósito es dar pie a un espacio plural y diversificado, no gubernamental ni partidario, asegurando la libertad para expresarse. Los resultados serán difundidos lo más ampliamente posible en los medios al alcance de la Universidad Veracruzana, sin alteraciones, censuras o restricciones. Debe aclararse que en el foro no se tomarán decisiones por voto o aclamación sobre declaraciones o propuestas de acción, sino que se harán síntesis de las intervenciones y las discusiones, procurando respetar su sentido, para canalizarlas a las autoridades competentes (o incompetentes, que desde luego abundan).

Una semana después, el 22 y 23 de noviembre, se analizarán las inundaciones 2010 ocurridas en el estado. Los estudiosos de temas afines, desde muy variadas perspectivas, son los más interesados pero no se excluirá a nadie. No se trata de que hidrólogos, meteorólogos o sociólogos, debatan entre sí de manera gregaria, sino que aborden los temas de manera multidisciplinar. Así se refleja en la conformación de las mesas de discusión: una tratará sobre la recuperación de la memoria social y ambiental de los desastres por inundaciones en el estado desde cuando los registros de los historiadores lo permitan; pero también se revisarán –para las ocurridas en 2010- los errores y aciertos de la ciencia, el gobierno y la sociedad. No son ejercicios ociosos o de condena, sino que se busca algo que se refleja en el nombre de la tercera mesa, la prevención desde la tecnología y las políticas públicas. Finalmente (at last but not least, como dicen los gringos), se indagará sobre los escenarios sociales y ambientales que nos depara el futuro.

La decisión de convocar a estos dos foros es consecuencia de la preocupación que deriva de los recurrentes episodios en los que grandes contingentes de población deben abandonar sus hogares y negocios en calidad de refugiados ambientales. Las pérdidas son cuantiosas no sólo para las comunidades afectadas -que ven súbitamente disminuidas sus condiciones de bienestar y sus anhelos de movilidad social- sino que se agravan frente a una hacienda pública endeudada y un presupuesto comprometido que difícilmente podrá ayudarlos a restaurar su patrimonio. Así que démonos, todos, tiempo para reflexionar además de actuar para no ser también vulnerables a la manipulación política.

Milenio El portal, octubre 25 de 2010.

Inundaciones, coperacha y resiliencia

Édgar González Gaudiano
Adalberto Tejeda Martínez

El término resiliencia fue incorporado apenas en la edición de 2007 del diccionario de la Real Academia de la Lengua, que lo describe como la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. El concepto proviene de la ingeniería y de la biología, donde define la capacidad de un sistema a resistir y recuperarse ante una perturbación. Así, la resiliencia de amplios segmentos de la población que han sido afectados por las inundaciones, dependerá de los daños sufridos, de la oportunidad con que fueron alertados, de la atención recibida durante la contingencia y de las capacidades económicas y sociales que, ciertamente, no son muchas para la gran mayoría. En efecto, ante los altos índices de pobreza y bajos niveles educativos de las zonas rurales y marginadas de las urbes veracruzanas, una inundación tan extendida y prolongada, con tanta destrucción de bienes y propiedades, resulta devastadora. Es previsible que observemos en el corto y mediano plazos una acentuación de la pobreza y desigualdad social, una mayor fragilidad a las enfermedades y un incremento de la emigración y la desesperanza.

El origen de este desastre la imperante corrupción e impunidad de autoridades; la incompetencia de numerosos funcionarios designados por amiguismo o compromiso político y la conversión del servicio público en un plan de negocios personales; la red de complicidades entre gobierno y sector privado y el abandono de la búsqueda del bien común por quienes han sido elegidos para ello, abortando el proceso democrático.

En medio de la confusión de autoridad con manipulación y liderazgo con caudillismo, se ha convertido en usos y costumbres el respaldo de la ciudadanía. Desde el teletón y el redondeo vueltos folklore, hasta los cada vez más frecuentes episodios de situaciones límite provocados por fenómenos naturales resultantes de la falta de previsión, de alerta temprana, de sistemas colectivizados de protección civil, del desdén por el principio precautorio. Se ha institucionalizado la coperacha. La solidaridad ciudadana en momentos de la emergencia es un factor de unidad social, de elemental compasión, pero no puede convertirse en un modus operandi del sistema. Con cooperaciones voluntarias se pretende abatir el analfabetismo, atender a la niñez enferma y pobre, a los discapacitados, enfrentar pandemias, equipar escuelas y mil etcéteras y, además, soportar la reconstrucción provocada por fenómenos naturales.

El caudillismo –encarnado en la figura del gobernante en turno- en los momentos de desgracia se torna redentor de todos los males, pero fue laxo en impulsar políticas de prevención y de mejoramiento de las condiciones de vida de la población, que la harían más resiliente. La contaminación de la ayuda por los colores partidistas y las pugnas absurdas entre poderes de distinto signo partidario; el sometimiento del poder municipal al estatal cuando son de la misma estirpe, y el enfrentamiento absurdo cuando son de linajes contrarios; la creencia a pie juntillas en que una orden desde arriba arreglará el problema, son manifestaciones claras de ese síndrome dañino a toda sociedad que se pretenda democrática.

Como telón de fondo está el cambio climático, no como fenómeno sino como pretexto. Desde que se popularizó el cambio climático, se acabaron los culpables. Resulta fácil culpar a la naturaleza. No importa que los expertos duden en achacar las inundaciones u otra contingencia a este proceso atmosférico; las inmobiliarias irresponsables, la burocracia corrupta y la sociedad indolente tienen ahora la excusa del calentamiento planetario. No se trata de negar que el fenómeno ya se hace patente y que lo será más en las próximas décadas, pero eso no nos exime de la responsabilidad social y ambiental que tenemos todos. Es más, esa responsabilidad se magnifica y no se diluye ante los embates del cambio climático.

Achacarle todo al cambio climático, confiarse en la caridad y en el caudillo del momento, ignorar advertencias de científicos, cerrar los ojos el resto del año y hacer de cuenta que ya se superó la emergencia y sólo activarse frente a nuevas contingencias de inundaciones (o sequías, o terremotos, o incendios forestales, o pandemias, o colapsos financieros, o…), son rasgos propios de una sociedad y su gobierno que se niegan a aprender, que se resisten a ser resilientes.

Falta de ciudadanía y abusos legislativos

Édgar González Gaudiano
Adalberto Tejeda-Martínez

Lo obsequioso e indigno de la Legislatura que se fue, refleja nuestra falta de ciudadanía.

El concepto de ciudadanía es controversial. Ha sido abandonado y recuperado en varias ocasiones a lo largo de 200 años. En tiempos recientes fue rescatado por el lenguaje sociológico y político toda vez que integra las exigencias de justicia y de pertenencia comunitaria. Actualmente, las demandas ciudadanas forman parte de las plataformas partidistas desde la vivienda y el medio ambiente, hasta el ejercicio de libertades democráticas, por lo que ciudadanía se ha convertido en una noción compleja dentro de la práctica política y ha adquirido una creciente importancia dentro de los procesos educativos en virtud de que las cualidades y aptitudes ciudadanas operan al mismo tiempo como instrumentos de control y cambio social.

Los teóricos liberales asumen que los ciudadanos poseen igualdad de derechos frente al Estado. Esta idea hunde sus raíces en los antiguos griegos que separaban lo público de lo privado dando origen a dos tipos distintos de leyes, lo cual representa una de las bases del contrato social de los tiempos modernos. La separación entre lo público y lo privado constituye un dilema para el concepto de ciudadanía, porque éste se encuentra indisolublemente ligado a la esfera pública.

Por su parte, la tradición histórica sociológica desarrolló un enfoque diferente. Aquí el concepto ciudadanía se define según el contexto histórico, económico y cultural desde donde adquiere significado. En otras palabras, cada nación a través de su historia define lo que entiende por ciudadanía, por lo que la noción es relativa y relacional. Es frecuente que el concepto de ciudadanía se confunda con el concepto de derechos humanos, si bien las diferencias son substanciales. El concepto de ciudadanía apela a derechos universales consagrados constitucionalmente y afecta a quienes tienen la categoría de ciudadano a diferencia de quienes no la tienen. Así, los menores de edad poseen derechos humanos irrenunciables, pero aun no cuentan con el estatuto de ciudadanía.

¿A dónde nos lleva todo esto? Nos conduce a afirmar que uno de los problemas más serios que atravesamos como país es que no ejercemos nuestra ciudadanía. Ser un ciudadano implica adquirir a plenitud los derechos y deberes para participar, por ejemplo, en el sistema electoral, lo cual posibilita votar y ser votado. Sin embargo, en la mayoría de los casos, todo se reduce a votar para elegir a nuestros dirigentes. Como ciudadanos no tenemos forma de exigir por ejemplo, transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos; estamos inermes ante decisiones que afectan nuestra calidad y condiciones de vida, pero que son lavadas mediante argucias legales.

Eso es lo que está sucediendo, con las recientes medidas adoptadas por la saliente legislatura de aprobar al vapor una ley de cambio climático, o la de legitimar el despojo a un área natural protegida como el Tejar–Garnica y el Parque Natura en beneficio de grupos de interés privado. Nuestros preclaros

representantes en esa legislatura no actuaron en pro del bien público como era su obligación, sino para favorecer turbios negocios y oscuras complicidades, pero sobre todo para complacer a su verdadero patrón, el gobernador e turno, porque se saben indignos pero también impunes ante lo jurídico y ante lo político. Nadie les exigirá cuentas de sus decisiones y a conciencia asumieron su papel de comparsas.

Nuestro rezago educativo en cuanto a formar ciudadanos es abismal, quizá porque así conviene a este decadente sistema político.

Milenio El Portal, 8 de noviembre 2010