Nuestras abuelas no se equivocaban

Édgar González Gaudiano

Con la próxima reunión trilateral de los presidentes de América del Norte en el primer trimestre de este año,  se intensificará el debate de temas relacionados con la cooperación -sobre todo con Estados Unidos- tales como la Iniciativa Mérida, el trasiego de armas, el lavado de dinero, las redes financieras del narcotráfico y la violencia criminal, entre  otros. Es pertinente, entonces, comentar sobre los reproches expresados por funcionarios y exfuncionarios mexicanos, debido a que en Estados Unidos catorce estados han legalizado el cultivo y la venta de marihuana con fines terapéuticos.

En Estados Unidos el estado que más recientemente aprobó una ley para tener acceso a la marihuana con fines médicos fue Nueva Jersey, apenas en enero de 2010 y entró en vigor en el mes de junio. Con ello se suma a Alaska, California, Colorado, Hawaii, Maine, Michigan, Montana, Nevada, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia, que lo habían hecho antes. Algunos estudios aseguran que entre 40 y 67% de la marihuana que se consume en Estados Unidos proviene de cultivos ilegales en México.

Se trata, según el anterior secretario de gobernación, de “políticas públicas que contrastan con los esfuerzos federales para reducir la demanda de drogas ilícitas y enfrentar frontalmente al narcotráfico". Por su parte, el secretario de salud, ha declarado que en aquel país recetan la hierba como si todos estuvieran enfermos de reuma, y sin considerar que la adicción a esta droga conduce al consumo de otras. Según la Encuesta Nacional de Adicciones 2002, en nuestro país 3.5 millones de mexicanos entre 12 y 65 años de edad han consumido drogas alguna vez en su vida. 

Estas declaraciones han reactivado propuestas de varios intelectuales, legisladores, periodistas y hasta ex presidentes de la república, dirigidas a la despenalización. . De hecho, en 2008, la Asamblea Legislativa del DF analizó una iniciativa de ley para despenalizar la venta y portación de marihuana en la capital del país, que fue rechazada en ese momento. Pero, el tema se encuentra vigente en la opinión pública, sobre todo a partir de la escalada de violencia derivada del combate al narcotráfico. 

Este tema es uno más que merece un debate serio y no declaraciones de banqueta ni reacciones viscerales de rechazo. El uso terapéutico de la marihuana es un remedio de antaño. Nuestras abuelas efectivamente la empleaban reposada en alcohol para aliviar padecimientos reumáticos y musculares. Al ser estigmatizada, cayó en desuso en la medicina tradicional, pero las abuelas no se equivocaban. Numerosas investigaciones confirman su eficacia para combatir algunos efectos causados por diversas patologías como la esclerosis múltiple,  cáncer, VIH-sida, glaucoma, epilepsia y espasmos, migraña, asma, prurito y esclerodoma, entre otras enfermedades. Otras aplicaciones son en la atención de efectos secundarios de la quimioterapia o problemas derivados de la vida actual como la anorexia y la depresión, pero sobre todo es efectiva para mitigar dolores de todo tipo, particularmente aquellos que sufren enfermos en etapa terminal; con la ventaja adicional que puede combinarse de forma segura con otros medicamentos. 

La marihuana es una planta extendida en todo el mundo que contiene 66 cannabinoides de los que el principal es el d-9-tetrahidrocannabinol (comúnmente conocido como THC). Este se comercializa en algunos estados (como Arizona y California) bajo prescripción médica como dronabinol (Marinol®). Revistas científicas prestigiadas de todo el mundo reportan estudios en esta materia, tales como Nature, New England Journal of Medicine, Annals of Internal Medicine, JAMA, The Lancet, Oncology, Journal of Clinical Oncology, Supportive Care Cancer, Journal of the National Cancer Institute y  los Proceedings of the National Academy of Sciences, por citar algunas. 

El beneficio médico confirmado, la legalización existente en otros países incluyendo al vecino del norte y sobre todo al hecho de que estamos en una guerra contra el narcotráfico, cuya estrategia militar no muestra resultados positivos, hace preciso considerar otras medidas complementarias que podrían contribuir a desactivar los complejos procesos de deterioro de la vida pública y los altos índices de criminalidad ligados a la producción, distribución y consumo de la marihuana en nuestro país. Además, el porcentaje de opositores a esta medida en el propio Estados Unidos ha venido rápidamente disminuyendo y se encuentra ya cerca del 50%. Los que apoyaban la legalización de la marihuana en California el año pasado afirmaban que los ingresos fiscales podrían elevarse en 1.4 mil millones de dólares, sólo en ese estado, sin considerar los ahorros en materia de gastos carcelarios y aplicación de la ley.   Hay que discutirlo en serio.

Publicado en el periódico Milenio El Portal, el 28 de febrero de 2011, pág. 17.

¿Ciudad digna?

Édgar González Gaudiano y Adalberto Tejeda Martínez

Ciudad digna es un eslogan que están empleando los alcaldes de las principales urbes del estado. Pronto empezará a agotarse, y para finales del trienio será una frase vacía como lo han sido otras tantas. Una ciudad digna requiere no sólo de la reorientación presupuestal para atender aspectos que tienen que ver con la calidad de vida -concepto más tangible que eso de ciudad digna-, sino también de fuertes campañas de educación y de formación de ciudadanía.

Educación y ciudadanía: temas torales en que las autoridades han de poner el ejemplo, empezando por dar atención sistemática a elementales pero numerosos destrozos de lo más cotidiano de la vida citadina: la vialidad, campo de batalla entre conductores y de peligro para los peatones y los heroicos ciclistas; la insalubridad de colonias periféricas e incluso las centrales; la agresividad visual de propaganda barata de todo tipo –comercial y política-; la demagogia de la condonación del pago del agua a usuarios morosos sin importar que sean de alto nivel socioeconómico; el ruido abrumador; la expropiación del espacio público por puestos y prácticas que responden al clientelismo político; la ausencia de programas culturales más allá del centro histórico; el desprecio a los minusválidos, particularmente a los invidentes, que se refleja en la multitud de hoyancos en aceras y alcantarillas sin que a nadie le importe..

Fuente de indignación y deterioro de la calidad de vida es el descuido de los paseos públicos, como el de los Lagos, en cuyos andadores se acumula la basura que alguien barre pero nadie recoge, y como éste otros muchos centros de convivencia de los ciudadanos de a pie, aquéllos que no tienen automóvil para trasladarse los fines de semana a las plazas comerciales y sus ofertas nocturnas. Y la basura misma y las aguas fétidas que ¡oh paradoja! rodean a la mal llamada colonia Salud e incluso a los fraccionamientos de alto nivel económico del sur de la ciudad. Para una ciudad digna lo más fácil será seguir

enterrando la basura y enviar las aguas negras en arroyos otrora limpios, pues el famoso plan de saneamiento inició hace dos trienios y parece que duerme el sueño de los justos.

Como emblema de lo anterior, está un asunto no menor al que parece nos hemos acostumbrado: el fecalismo a cielo abierto, tanto de animales como de humanos. Está en las banquetas, en los parques públicos, y con mayor intensidad en zonas de la periferia con escasa infraestructura urbana.

La situación se complica cuando no existe un sistema de alcantarillado que cubra toda la mancha urbana, no se da tratamiento a las aguas grises y negras, las letrinas domiciliarias no son las adecuadas o están mal manejadas, los residuos urbanos son colocados en tiraderos -autorizados e ilegales- al aire libre y tampoco son tratados.

Xalapa presenta varios de esos agravantes; muchos difíciles de superar, ya sea porque corresponden a los usos y costumbres de la población, porque no hay presupuesto suficiente para resolverlos integralmente o porque para su solución debieran concurrir autoridades de distinto orden que no se ponen de acuerdo. Pero hay otras medidas que podrían ser adoptadas sin mayor dilación, pero la autoridad es descuidada o simplemente indolente. El siguiente es sólo un ejemplo.

En la zona de Las Animas, en un área que tiene alrededor de un kilómetro de diámetro, se han venido desarrollando intensivamente fraccionamientos de casas para personas de clase media y alta: Monte Magno, Real del Bosque, Las Cumbres, La Marquesa y Cañada Las Ánimas, entre otros. En este momento, un simple recorrido permite detectar al menos cuarenta obras en proceso. En ninguna de ellas se observa la colocación de sanitarios portátiles, lo que implica que los trabajadores tengan que hacer sus necesidades entre los matorrales aledaños y otros sitios inadecuados. Con un promedio de cinco trabajadores por obra, podemos estimar fácilmente el impacto que en un área tan pequeña tiene un problema tan grave, que puede resolverse con una simple disposición del cabildo para que las empresas constructoras pongan este servicio a sus trabajadores, so pena de multa o suspensión de la obra.

Una situación semejante se observa en el arroyo, bien llamado Sucio, que corre por detrás del fraccionamiento Cumbres, que es el mismo que pasa junto a Plaza Ánimas después de atravesar media ciudad desde el puente Xallitic. Es una inmundicia a cielo abierto ocasionado por las casas que en él descargan sus desechos. Una vergüenza para una ciudad que debería estar orgullosa por haber conservados sus cuerpos de agua en un país que le encanta entubarlos.

El principal problema del fecalismo a cielo abierto es que, salvo las excretas de animales que vemos por muchas calles, casi nadie se percata de los daños a la salud que ocasiona. Las partículas de excremento al secarse se trasmiten por vía aérea no sólo a alimentos, cuerpos de agua y demás, sino que son respiradas por todos nosotros.

En el Índice de Competitividad Estatal 2010 elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, Veracruz ocupa el último lugar en el subíndice “Manejo sustentable del medio ambiente” y el segundo lugar en mayor número de emergencias ambientales al año. Tal vez por ello seamos en el mismo Índice, el segundo estado cuya población tiene la esperanza de vida más corta y el tercero con mayor número de muertes por desnutrición.

¿Podemos hablar de ciudad digna haciendo caso omiso de los problemas y manteniendo la tradición de heredarlos a la siguiente administración? Esperemos que en esta ocasión no sea así.

Publicado en Milenio El Portal, febrero 21 de 2011.

Leyes ambientales: se acatan pero no se cumplen

Édgar González Gaudiano

El 30 de junio de 2009, una ciudadana veracruzana envió un correo electrónico al titular de la Semarnat  denunciando que desde noviembre del año anterior se había aplicado un herbicida a los costados y al camellón central de la autopista Córdoba-Orizaba y que eso había impedido que planta alguna creciera durante más de seis meses. Además, por las noches aplicaban esa u otra substancia a los árboles que casi inmediatamente comenzaban a secarse.

El 20 de julio el enlace técnico de sanidad forestal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) de la Gerencia X Golfo pide a la denunciante que pase a sus oficinas en la ciudad de Orizaba para firmar de recibido una respuesta  que consiste en la copia del  oficio turnado a la Profepa para que se tomen cartas en el asunto, y le comunica que se programará una visita al lugar indicado para ver si hay incidencias o presencias de plagas en el arbolado.

Con fecha 5 de agosto, la Dirección General de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social de la Profepa comunica su incompetencia e informa que en el marco de la ley había canalizado la denuncia al ¡Ayuntamiento de la Ciudad y Puerto de Veracruz! y a la Delegación de Caminos y Puentes Federales Región VII (Capufe), quienes debían encargarse de informar a la denunciante sobre las actuaciones, trámites y resoluciones que emitieran en el ámbito de su competencia. Más tarde, el 21 de septiembre de ese año, la misma área envía otro oficio corrigiendo e indicando que la denuncia había sido canalizada al Ayuntamiento de Orizaba -responsable ahora de dar seguimiento a dicha denuncia- y que se ponen a las órdenes de la denunciante, etc. etc.

Con procedimientos así todas las dependencias y funcionarios implicados en el caso se lavan las manos, ya que formalmente cumplen en tiempo y forma con la letra de la ley, aunque no se resuelvan los problemas. El asunto se archiva y ya. No plantean siquiera hacer una inspección, salvo para ver si existen plagas, aunque la denuncia no se refería a eso. Burocracia pura. Un trámite meramente administrativo para evadir el cumplimiento de la ley.

El problema es muy serio, no sólo porque es recurrente a lo largo de la geografía del país, sino porque el herbicida de referencia llamado Faena Fuerte 360, que aplican sin control los contratistas de Capufe dos o tres veces al año, es el glifosato, un derivado del ácido N-(fosfonometil)glicina-isopropilamina que ha recibido cientos de denuncias en varios países, entre ellos Argentina, Colombia y Francia, ya que se usa en la producción de la soya transgénica y para combatir cultivos de hoja de coca. Varias investigaciones han demostrado que provoca distintos grados de envenenamiento, aunque las empresas que lo comercializan sostienen que el producto no está considerado como agente carcinogénico ni mutagénico y se utiliza en prácticamente todos los cultivos, donde se vuelve inactivo rápidamente en contacto con el suelo, y su baja volatilidad reduce el peligro de dañar plantaciones y sembrados vecinos y no tiene efecto residual.

Lo cierto es que un informe conjunto del Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente, el Hospital Italiano Garibaldi de Rosario, la Universidad Nacional de Rosario, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y la Federación Agraria Argentina, comprobó la fuerte correlación entre los casos de cáncer, leucemia, lupus y otras graves afecciones halladas en seis pequeños pueblos del área sur y central productora de soya de Santa Fe. Tras diez años de denuncias de los habitantes del barrio Ituzaingó, de Córdoba, Argentina, rodeado de campos de soya, un juez prohibió fumigar con el producto cerca de zonas urbanas. De cinco mil habitantes, 200 tienen cáncer y todas las familias tienen al menos un enfermo.

Un estudio con embriones del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) refuta la supuesta baja toxicidad del glifosato. Empleando dosis hasta 1500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones de los cultivos de soya, comprobó trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales.   

Otras investigaciones realizadas en Francia por Gilles-Eric Seralini, experto de la Universidad de Caen, descubrió en 2005 que células de la placenta humana son muy sensibles al glifosato, incluso en dosis inferiores a las utilizadas en agricultura. Aunque fue duramente cuestionado por las empresas del sector y acusado de “verde” -entendido como fundamentalismo ecológico- volvió a la carga y la revista científica Chemical Research in Toxicology publicó su nuevo estudio, en el que constató que el glifosato es letal para las células humanas. Según el artículo, dosis muy por debajo de las utilizadas en los campos de soya provocan la muerte celular en pocas horas.

Por su parte, Robert Belle, director de la Estación Biológica del Centro Nacional de Investigación Social de Roscoff (Francia), en 2002 probó el glifosato en células de erizo de mar (un modelo científico convencional para estudios de división celular). El experimento probó que el producto deteriora los puntos de control del ciclo celular.

Con todas estas denuncias sociales y evidencias científicas, el asunto merece algo más que un mero trámite administrativo, aunque se trate de Monsanto ¿o no?

Coordinador de la Cátedra UNESCO-Universidad Veracruzana “Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”. edgagonzalez@uv.mx El autor agradece la colaboración de A. Tejeda Martínez.

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Publicado en Milenio El Portal, Xalapa, Ver. 7 de febrero de 2011.

La escuela fallida

Édgar González Gaudiano

No deja de sorprender la cantidad de información que confirma la situación que guarda el Sistema Educativo Nacional. Por un lado, los datos provenientes de organismos internacionales muestran con crudeza el bajo desempeño de los estudiantes y las carencias en la formación de los docentes. El sistema escolar en México, en este momento y a un nivel sin precedente alguno, es presa de intereses extraeducativos bien podrían ser calificados de delincuencia organizada.

No me refiero solamente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación  (SNTE),  amenaza que pende cual espada de Damocles sobre el futuro del país y de millones de mexicanos. Una organización gremial convertida en corporación electoral para negociar codiciosas prebendas con base en el chantaje y la presión y que, obviamente, no conciernen a la calidad del sistema educativo.

Me refiero también a los ineficientes, obsequiosos y complacientes funcionarios y políticos, quienes entrampados en sus propias maniobras por mantenerse en el ejercicio del poder, colocan en la mesa de las apuestas las posibilidades del país de salir adelante en un mundo cada vez más competitivo. Hasta la administración de Miguel de la Madrid vimos secretarios de educación pública que verdaderamente merecieran serlo. Después de Jesús Reyes Heroles, el escritorio de Vasconcelos ha estado en manos de improvisados advenedizos, con sus raras excepciones.

No es de extrañar entonces que la educación en el país esté en la postración en la que se encuentra y que países que hace dos décadas se encontraban considerablemente más atrasados que nosotros, como Corea del Sur, ahora estén adelante en muchos terrenos incluyendo por supuesto el educativo. Invertimos poco en educación, con un presupuesto que se destina principalmente a cubrir salarios, casi nada en ciencia y tecnología, a pesar de que de esa manera se viola la ley que obliga a invertir al menos el 1% del PIB, pues apenas llegamos al 0.4%.

La universidad pública cada año tiene que defender vigorosamente sus presupuestos, mientras el financiamiento para los partidos llega a niveles obscenos en un país donde cada vez hay más pobreza alimentaria o hambre, para decirlo sin eufemismos.

Con pesadumbre vemos que los actuales funcionarios educativos, que no autoridades, son incapaces de aplicar medidas aprobadas por el Congreso para restringir la venta de comida chatarra en las escuelas para combatir la creciente obesidad infantil; problema en el que ocupamos el lamentable primer lugar mundial y que requerirá en el futuro enormes inversiones para atender la consecuente expansión de enfermedades cardiovasculares crónicas que se derivarán de esta negligente irresponsabilidad.

Y son incapaces porque los intereses nacionales se encuentran comprometidos ante empresarios chatarreros de pastelitos, fritangas y refrescos, así como ante los medios de comunicación que promueven el consumo desmedido y procaz sin limitación alguna. 

Coordinador de la Cátedra UNESCO-Universidad Veracruzana “Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”.

Publicado en el Milenio El Portal, 31 de enero 2011