lunes, 20 de febrero de 2012

El principio precautorio como valor ciudadano


El principio precautorio como valor ciudadano[1]

Edgar J. González Gaudiano[2]

El debate internacional por la calidad del ambiente ha hecho contribuciones muy valiosas al campo de la política y del derecho. Principios como “el que contamina paga” para referirse al hecho de que los daños ambientales no deben ser asumidos socialmente, sino que son responsabilidad del contaminador y éste está obligado a reparar el daño. Es decir, remite a los costos que conllevan el saneamiento y la restauración ecológica de los impactos negativos por la contaminación que deben ser asumidos por el causante de ésta. El principio puede ser distorsionado cuando se ve como un incentivo para los contaminadores ya que podría interpretarse como, todo aquel que pueda pagar, puede contaminar. Esto suele presentarse cuando el precio que las empresas han de cubrir por internalizar los daños, son mayores que los costos que implica la restauración. Es decir, cuando es más barato pagar la multa establecida por la ley que, por ejemplo, reestructurar todo su proceso productivo, instalar plantas de tratamiento que funcionen eficientemente o compensar a los propietarios de los terrenos afectados.
Otro principio muy importante es el de “responsabilidad compartida pero diferenciada” para establecer que si bien todos somos de algún modo responsables de los daños al ambiente, no todos lo somos al mismos nivel. Esto se puede observar al nivel de individuos concretos comparando, por ejemplo, la responsabilidad de un ama de casa que tira su basura en sitios indebidos, con un responsable de limpia pública que no cumple con sus tareas o un empresario que deposita sus residuos tóxicos y peligrosos en la red de alcantarillado.
Pero el principio aplica también a nivel de naciones, como es el caso por ejemplo, de la responsabilidad diferenciada entre los países que existe en materia de emisiones de gases de efecto invernadero que están afectando significativamente el clima de la atmosfera terrestre. El cambio climático tiene la particularidad de que los impactos no suceden precisamente en el lugar donde se produce la emisión. Así, el que más contamina no es necesariamente el más perjudicado. Las zonas tropicales y pobres son las más vulnerables, aunque no sean las mayores emisoras, toda vez que su economía corresponde a sectores sensibles a eventos climáticos (agricultura), así como porque la escasez de recursos económicos dificulta poner en marcha políticas y programas para reducir los impactos.
Sin embargo, el principio que a mí personalmente me parece de la mayor relevancia política y social es el “principio precautorio”, puesto que respalda la adopción de medidas previas de protección cuando no existe certeza científica de los niveles de riesgo o de las consecuencias ambientales que pudiese provocar una acción determinada. En palabras coloquiales, si no tienes la completa seguridad de los daños y consecuencias que tendrá el hacer algo, no lo hagas. El problema es que suele aplicarse al revés, porque cuando no hay información suficiente sobre los daños que una acción puede ocasionar esto se asume como que la acción ha de ser permitida.  Cuando debe ser al contrario, es decir, la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.
Lo anterior viene a cuento por la discusión actual en torno a lo mina Caballo Blanco. La empresa y los promoventes apelan a las inversiones millonarias y a la creación de empleos que beneficiarán a los pobladores locales. El problema es que hay demasiada incertidumbre sobre los riesgos implicados y los daños ambientales que se ocasionarán, para beneficios cuyos destinatarios principales no viven aquí.
Lo que se ha observado en muchos otros casos es que los empleos que suelen destinarse a la gente local son lo de más baja calificación. Los ingenieros y operarios de maquinaria frecuentemente ni siquiera son connacionales. Y cuando las obras concluyen lo que se prometió de inversiones en materia de restauración y desarrollo local no se hizo, y la gente queda peor que cuando empezó todo. Ahora siguen siendo pobres y con entornos degradados. Hay decenas de casos así en América Latina. Eso sin considerar los impactos ecológicos en el suelo, la flora y fauna silvestre, el agua y la salud de los habitantes. Es clara la manipulación que la empresa hace con las grandes necesidades de la gente.
¿Valdrá la pena ignorar el principio precautorio y los demás principios ambientales por espejitos de colores y espejismos de desarrollo?


[1] Publicado en La Jornada Veracruz, el lunes 20 de febrero de 2012. P. 7.
[2] Coordinador de la Cátedra UNESCO – UV “Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”

lunes, 13 de febrero de 2012

La política de la educación ambiental y la educación ambiental política

La política de la educación ambiental y la educación ambiental política[1]

Edgar J. González Gaudiano[2]

El desarrollo de la educación ambiental en los distintos subsistemas educativos a nivel mundial ha partido de un supuesto erróneo. Se ha considerado que el cambio de actitudes y valores hacia el medio ambiente se encuentra alineado con el nivel de información que la gente posee sobre los procesos y fenómenos del mundo físico natural. Este supuesto ha sido denominado el modelo del déficit informativo y numerosas investigaciones sobre su aplicación han demostrado que es un modelo fallido. La gente mejor informada es capaz de reconocer la importancia del medio ambiente en sus vidas y a identificar mejor los problemas de su entorno inmediato e incluso lejano, pero eso no conduce a una modificación de sus hábitos y costumbres en su vida cotidiana. Si así fuera la gente que posee más años de educación escolar sería la más educada ambientalmente y eso no es necesariamente así, ni a nivel individual ni a nivel de países. El problema es que después de treinta años de aplicación de dicho modelo se continúa insistiendo en el mismo.

Lo anterior no implica que se omita proporcionar información sobre los asuntos ambientales en los procesos escolarizados. Los malos resultados derivan de considerar que eso será suficiente y no impulsar otras estrategias educativas más afines con la formación de valores. Aún más, los contenidos que se incorporan en los procesos educativos relacionados con el medio ambiente, a menudo resultan ser contenidos de las ciencias naturales; “contenidos ecológicos” como equivocadamente reza el artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y que es reproducido en la mayoría de las leyes estatales sobre medio ambiente. En esta deficiencia deriva de una noción de que el medio ambiente es naturaleza entendida, además, como problema.

     Por lo mismo, en los planes y programas de estudio suele haber una ausencia clara de articulación de los contenidos de las ciencias naturales y de los problemas sociales, perdiendo de vista que los problemas ambientales son profundamente sociales; que tienen una base de deterioro ecológico sí, pero que al afectar la calidad de vida se convierten en problemáticas sociales. Esta articulación es la que no se trabaja en las escuelas. De este modo, a la educación ambiental le es suprimida su dimensión política.

Ello permite explicar, al menos en parte, la precaria participación de la gente en asuntos que tienen una gran relevancia para sus vidas. Recientemente han estado apareciendo noticias en los medios de comunicación noticias muy serias amenazas para la calidad de nuestras vidas y las de nuestros hijos. Asuntos como la ampliación del Puerto de Veracruz, la minera Caballo Blanco, la destrucción de humedales y dunas costeras y la desforestación, por citar sólo algunas, son asuntos que se perciben como poco prioritarios para la gente común, pero también para la mayoría de la llamada clase política. Inexplicablemente también para un gran sector universitario, lo que confirma nuevamente la invalidez del modelo del déficit informativo.

La educación ambiental tiene un gran potencial de formación de ciudadanía, esto es, de atender cuatro rasgos básicos: a) identidad, b) valores, c) participación política y d) requerimientos sociales para ejercerla. Ello implica que educar para una ciudadanía ambiental es desarrollar la conciencia de sí mismo como un miembro de una sociedad democrática compartida, con énfasis en los enfoques participativos para involucrarse en los asuntos políticos que afectan nuestra calidad de vida, y atendiendo aquéllas desventajas sociales y circunstancias institucionales que obstruyen el que la gente ejerza sus derechos y deberes a plenitud. Tenemos muchas oportunidades para trabajar educativamente en esta dirección. De nosotros depende.







[1] Publicado en La Jornada Veracruz el lunes 13 de febrero de 2012, p. 7.
[2] Coordinador de la Cátedra UNESCO – UV “Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”.

viernes, 10 de febrero de 2012

La ecología y la economía: El caso de la minería a cielo abierto

La ecología y la economía: El caso de la minería a cielo abierto[1]

Edgar J. González Gaudiano[2]

La cuestión del apropiado lugar de la sociedad humana dentro del orden natural ha ocupado un lugar central en la filosofía desde sus comienzos. Así, la relación entre la economía y la ecología, para bien o para mal, se encuentra en la raíz del pensamiento contemporáneo. Pero, es claro que a partir de mediados del Siglo XIX, esta relación comenzó a tornarse más y más conflictiva. Al incrementarse la capacidad del ser humano para transformar radicalmente su entorno vital e incluso para destruirlo de manera irreversible, el conflicto entre la economía y la ecología adquirió una nueva centralidad. Los actuales problemas sobre la disponibilidad del agua para satisfacer las crecientes necesidades de la población y de los procesos productivos, así como los asuntos relacionados con el cambio climático global representan sólo dos casos actuales que ponen de manifiesto la magnitud del problema.

A partir de los años setenta del siglo pasado y como consecuencia de una serie muy variada de críticas sobre los severos impactos ambientales que el modo de vida estaba generando y sus riesgos implícitos, comenzaron a ponerse en marcha medidas para prevenir, mitigar y corregir algunas de las manifestaciones más visibles. Así, se propusieron políticas públicas, normas técnicas y sistemas de comando-control de emisiones, entre otras muchas, que posicionaron a nivel de prioridad las preocupaciones ciudadanas sobre el medio ambiente en la agenda política internacional. La Cumbre sobre Medio Ambiente y Desarrollo, cebrada en Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1992, constituyó su punto culminante. A partir de ahí se difundió el neologismo desarrollo sustentable, como una propuesta que intenta reconciliar el antagonismo entre el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y la equidad social.

Sin embargo y con todo lo que se ha discutido durante casi cuatro décadas en materia de medio ambiente y economía, se continúa observando una hegemonía de los temas económicos en el proceso de desarrollo. Hegemonía que se confirma de manera cotidiana por el desmesurado énfasis puesto por el discurso político en el crecimiento, el empleo, la reactivación del mercado, las inversiones y el conjunto de variables relacionadas con indicadores económicos, soslayando todo lo demás. Es evidente que este énfasis se acentúa aún más en tiempos de crisis económica, donde los precarios avances logrados en las políticas ambientales son nuevamente postergados para cuando supuestamente recuperemos la senda del crecimiento.

La economía, como disciplina y como práctica social, puede entenderse en relación a lo que se ha denominado ‘problema económico’.  Ese problema económico consiste básicamente en que los deseos humanos son infinitos mientras que los recursos o medios para alcanzarlos son finitos o escasos para satisfacer esos deseos o fines. La economía entonces estudia la forma de resolver ese problema económico. De manera sobre simplificada, la teoría económica ortodoxa busca cómo expandir los recursos para satisfacer cada vez más los deseos de la gente (ampliar la oferta), y la teoría social crítica de corte ecologista o verde lo que propone es limitar esos deseos en función de los recursos (reducir la demanda). Esta disputa entre la economía y la ecología coloca a la escasez y la disponibilidad de recursos naturales en un lugar preeminente.

Esta no es una discusión teórica, sino que tiene que ver con lo que sucede a nuestro alrededor todos los días. Por ejemplo, el proyecto minero Caballo Blanco que se está impulsando entre los municipios de Alto Lucero y Actopan en el estado de Veracruz, se inscribe perfectamente en este debate. Quienes lo impulsan hablan de la creación de empleos, de desarrollo económico, de inversiones. Quienes lo rechazan hablan de riesgo, de contaminación, de pérdida de la calidad de vida, de pasivos ambientales. Para la empresa promovente que es CANDYMIN, S.A. de C.V., subsidiaria de la minera canadiense Goldgroup, se trata de un gran negocio pues es un proyecto en casi veinte mil hectáreas estimado a seis años que consiste en el aprovechamiento de un yacimiento de oro con una producción comprobada de  100,000 onzas al año, que tiene un precio ligeramente por debajo de  los mil dólares la onza (28 gramos). Es decir, estamos hablando de cien millones de dólares al año como mínimo.

Pero la tecnología a emplear consiste en la extracción del mineral mediante minado en tajo a cielo abierto y el beneficio será mediante un proceso de lixiviación en patios empleando cianuro de sodio, un potente veneno. La extracción del mineral se realizará mediante explosivos calculados en cinco toneladas diarias, con el agravante de que el proyecto se encuentra a sólo tres kilómetros de distancia de la nucleoeléctrica de Laguna Verde. Las explosiones crearán microsismos que pueden afectar la planta, aunque lo desestime la empresa. Para la operación, además, se requiere mover  grandes cantidades de mineral, porque se extraen aproximadamente O.5 gramos de oro por tonelada y utiliza un promedio de mil litros de agua por segundo para obtener cada onza. La empresa anunció con bombo y platillo que había otorgado poco más de trescientos mil pesos al municipio para arreglar los caminos. Una mísera limosna para los capitales implicados, pero que anticipa cuál será el desarrollo a promover en la región por parte de la empresa. Véase: http://www.ustream.tv/recorded/20000722.

Las minas a cielo abierto están prohibidas en muchos países, incluyendo a Canadá por los enormes impactos ambientales que produce; pero en América Latina se le sigue dando entrada a este modelo extractivo sumamente destructivo. La experiencia con proyectos mineros de Goldgroup y corporaciones similares en otros países como Argentina, Chile y Perú han puesto de manifiesto el engaño y han suscitado el más amplio repudio y una gran movilización social. Véase por ejemplo: http://www.prensaelalgarrobo.blogspot.com/ Está disponible un documental muy interesante sobre el impacto ambiental y económico de la minería a cielo abierto, generado por la también canadiense Barrick Gold y que se centra precisamente en el papel que juegan las multinacionales mineras de este país en América Latina, particularmente en Chile con el proyecto Pascua Lama. Véase: http://www.pmm.qc.ca/eldorado/es/inicio.php

Incluso en España en pleno siglo XX se abrió la mina de lignito a cielo abierto más grande de la península ibérica (asociada a una central termoeléctrica de carbón), cuya explotación se inicio en los años setenta, a finales de la dictadura franquista, y que generó un conflicto social y político muy importante por las expropiaciones de tierras a campesinos (http://www.youtube.com/watch?v=4uEwMeiFeh4). Hace un par de años el yacimiento se agotó y ahora están inundando el socavón para hacer un lago. Nada nuevo bajo el sol, aunque en México sólo dejan los hoyos y la pobreza de siempre de las comunidades pero viviendo entornos degradados.

Más recientemente se concesionaron minas a cielo abierto de cuarcita solar (la que se utiliza para fabricar las células fotovoltaicas), en las proximidades de Santiago de Compostela, España. Un conflicto en proceso es el que ha generado el proyecto de una mina a cielo abierto de andalucita (uno de esos minerales raros) en el perímetro del Parque Natural de las Fragas do Eume. Un documental realizado por la TVE sobre este caso (Pico Vello) refleja bastante bien los conflictos de intereses que suelen asociarse a este tipo de inversiones. Se puede ver completo en:

http://www.rtve.es/television/20110216/escarabajo-verde-mina-pico-vello/408238.shtml. Una referencia más breve a este conflicto en http://www.youtube.com/watch?v=AkbtEV1A-As

Así, esperamos que ahora que existe tanta preocupación por crear empleos, por atraer inversiones, por relanzar el crecimiento, no se flexibilicen tanto las normas existentes que se desvirtúen y comiencen a autorizarse desarrollos turísticos en zonas de manglar incrementando sustantivamente la vulnerabilidad costera y degradando ecosistemas altamente productivos de los que depende, por ejemplo, la pesca ribereña; proyectos que además no implican beneficios para la población local salvo la posibilidad de ser contratada en puestos de muy baja calificación; o se promueva la instalación de empresas industriales en zonas con alto stress hídrico; o proyectos de infraestructura carretera e inmobiliarios desdeñando los estudios de riesgo e impacto ambiental y el verdadero interés público y con ello afectando, con la complicidad o sometimiento de la autoridad responsable, áreas de recarga de acuíferos, espacios naturales protegidos o de alto valor simbólico, por citar sólo algunos ejemplos muy frecuentes que requerirían medidas cautelares. Los costos de la degradación y el agotamiento de los recursos naturales son acumulativos y más pronto que tarde pasan la factura a quienes nos quedamos. 

En el marco de la actual crisis económica mundial, surgen muchas interrogantes relacionadas con las medidas que se adoptarán para salir de ella. De un modo u otro y gracias a la inyección de ingentes recursos económicos que superan lo imaginable por un ciudadano de a pie, el sistema financiero volverá a reportar, al cabo de un difícil periodo, sus usuales ganancias, pero ¿qué pasará con los sistemas naturales, cuyo umbral de biocapacidad al haber sido rebasado no puede continuar ofreciendo sus bienes y servicios al mismo ritmo y volumen? ¿Qué pasará con los crecientes contingentes de población que se ven cada vez más arrastrados a la desesperación y, por ende, son presas fáciles de la violencia social? ¿No podríamos partir de lo que ahora está sucediendo para introducir transformaciones radicales que obliguen a los procesos productivos al menos a ser más ecoeficientes, restringiendo notablemente sus huellas hídricas y de carbono, mejorando su eficiencia energética por unidad de producto? ¿Para modificar también los patrones de consumo, incrementando la eficiencia energética y la vida media de los productos, para gravar la publicidad consumista y desalentar la frívola y onerosa adquisición de productos posicionales de dizque distinción social que confunden a la gente de lo que son necesidades y deseos? ¿Para que el Estado vuelva a asumir sus responsabilidades para controlar la cada vez más visible mano del mercado, para responder al bienestar general de la población más que a los grupos de interés que se benefician de la asimetría y el desorden social, para evitar que recurrentemente se disloquen las mismas fallas de la relación mercado-gobierno?.  Es decir, ¿no podríamos ver a esta crisis como una inédita oportunidad para tomar grandes decisiones económicas y políticas que busquen mejorar de veras la calidad de vida de la población y eviten continuar degradando la matriz vital de nuestro planeta?

Si ese fuera el caso, recordaría aquel antiguo proverbio chino que dice: ¡Ojalá vivas tiempos interesantes! El que puesto de ese modo suena como una buenaventura, aunque en realidad era usado como una perspicaz metáfora que contenía una sutil maldición, ya que los ‘tiempos interesantes’ están siempre plagados de convulsiones y crisis; son momentos en que se transforman las estructuras y convenciones establecidas para dar origen a nuevos estadios en el devenir individual y colectivo, para crear alternativas sociales cuyos complejos desafíos dejan ver el verdadero carácter de las personas y de los pueblos. ¿Viviremos tiempos interesantes?



[1] Publicado en La Jornada Veracruz, el viernes 10 de febrero de 2012, pp. 6 y 7.
[2] Coordinador de la Cátedra UNESCO- UV “Ciudadanía, Educación y sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”.

lunes, 6 de febrero de 2012

El medio ambiente y el desarrollo: una ecuación sin resolver


El medio ambiente y el desarrollo: una ecuación sin resolver[1]
Edgar  J. González Gaudiano[2]
El concepto de desarrollo tuvo su origen en la biología y en la primera mitad del siglo XX se trasladó a la economía y la política con una virulencia insospechada. Después de la segunda guerra mundial aparecieron las primeras teorías del desarrollo como una especialidad de la ciencia económica para responder a la desigualdad económica y social entre las naciones y que asumieron como premisa que para desarrollarse había que seguir la trayectoria de los países desarrollados.
Según Gustavo Esteva, el 20 de enero de 1949 con el discurso de toma de posesión del presidente norteamericano Truman nació el subdesarrollo.  Truman señaló que había que emprender un audaz programa que permita que los beneficios del avance de la ciencia y del progreso industrial sirvan para la mejoría y el crecimiento del las áreas subdesarrolladas. Ese día, dos mil millones de personas se volvieron subdesarrolladas, dejando de ser lo que eran en toda su diversidad, convirtiéndose en un espejo invertido de la realidad de otros. Ese día nació también el mito de que desarrollarse es imitar un estilo de sociedad.
Los autores clásicos concibieron el crecimiento económico o progreso material como un continuo movimiento que evoluciona por etapas ascendentes de la economía hacia el estado estacionario (o techo productivo y demográfico de las naciones), para retomar de nuevo el círculo virtuoso en un constante proceso evolutivo. Esta idea es la que condujo al significado del concepto desarrollo, ya que en el lenguaje ordinario la noción de desarrollo describe un proceso mediante el cual se liberan las potencialidades de un objeto u organismo, hasta alcanzar el estado más elevado posible. Este fue el uso metafórico aplicado en biología para explicar el desarrollo o evolución de los organismos vivos, a través del cual éstos logran realizar su potencial genético, y que alcanzó reconocimiento científico a partir de las tesis evolucionistas de Darwin. Esa fue la idea que también se aplicó en el campo social para aludir a procesos graduales de cambio, así como para establecer correlaciones con la historia y potenciar las posibilidades plenas del sujeto humano, autor de su propio desarrollo, emancipado del designio divino.
De ese modo, crecimiento y desarrollo, en una perspectiva evolutiva, quedaron significativa y perennemente amalgamados. Por ende, las teorías de desarrollo se orientaron desde entonces a construir sus propias respuestas para responder a una misma pregunta ¿cómo alcanzar un desarrollo equiparable al de aquellos países que son capaces de satisfacer plenamente las necesidades de su población, elevando su nivel de vida mediante la creación de empleos y el aumento progresivo de los salarios? De ese modo también, el concepto de desarrollo, al actuar como punto nodal en el discurso político, se ha posicionado como el epicentro de las políticas económicas que han buscado imitar sin restricción alguna el arquetipo del desarrollo industrial de los países de noroccidente. Con ello, ese concepto ha tenido un empleo tan extendido que ha vaciado su contenido original convirtiéndose en un significante flotante en el discurso político convencional. Nadie estuvo en su momento en desacuerdo en encauzar esfuerzos hacia el desarrollo, igual que ahora existe poca oposición a la idea de la sustentabilidad.
Sin embargo, en esa perspectiva de desarrollo el ambiente fue reducido a un conjunto de recursos a ser explotados para fines económicos lo cual remite:
·         A una concepción de valor instrumental en la que el ambiente es útil sólo en la medida en que satisface necesidades humanas, sin considerar a los otros seres vivos, ni la integridad de los ecosistemas;
·         A una falsa idea de que no existen límites naturales al crecimiento económico.
·         A la equivocada percepción de que las contribuciones que la naturaleza hace a la economía humana son un don gratuito.

El problema es que los recursos naturales del mundo no alcanzan para que todos podamos vivir bajo las condiciones que implica ese desarrollo. Para constatarlo basta revisar los términos de acumulaciones y flujos donde uno de los mejores indicadores para hacerlo evidente es la huella ecológica. Si bien la huella agregada del mundo en desarrollo ha estado aumentando recientemente, la responsabilidad histórica del problema acumulativo de emisiones recae sobre el mundo desarrollado y el umbral de biocapacidad planetaria, es decir lo que el planeta puede aportar sin degradarse, se rebasó desde 1988.
Sin embargo, más allá de los factores ambientales, existen factores económico-políticos que obstruyen el que más países se vuelvan desarrollados. Quienes creen que siguiendo el camino de los países centrales pueden llegar a ser como ellos, es porque se han creído el mito del desarrollo. Efectivamente, como la Teoría de la Dependencia demostró para que haya desarrollo debe haber subdesarrollo; esto es, para que unos países gocen de una elevada renta y sus beneficios derivados, otros deben vivir en niveles bajos aportando sus recursos naturales, su fuerza de trabajo, su territorio, bajo reglas de intercambio impuestas por diversos medios, incluyendo la propia vía militar. 
La economía mundial ha crecido en casi 50 años (de 1960 a 2007) 173%, más rápido que la propia población mundial que lo ha hecho 118%. Pero la brecha entre el mundo rico y el pobre no ha menguado. Por ejemplo, el rescate económico en Estados Unidos es de $787,000 millones de dólares, cuando con sólo $30,000 millones (3.8%) se resolvería el problema del hambre en el mundo.
El tema no debe verse solamente en una perspectiva global. Nuestro país con más de 110 millones de habitantes ocupa el décimo cuarto lugar mundial por el tamaño de su economía, pero es uno de los países del mundo con más alta desigualdad. Obviamente, la pregunta frente a esta situación es si ¿Debemos seguir creciendo bajo estos términos de tan marcada inequidad social y con tan altos costos del patrimonio natural del país? ¿Quién se lleva los principales beneficios de ese crecimiento?
Toda esta discusión viene a cuento porque hay al menos dos grandes proyectos de en el estado que se inscriben en este dilema. La ampliación del Puerto de Veracruz y la explotación minera Caballo Blanco  han recibido un amplio repudio de parte de los ambientalistas. Son proyectos que merecen un cuidadoso análisis porque su establecimiento si bien podría generar empleos y crecimiento económico que le hace falta al estado, también puede provocar riesgos, mayor vulnerabilidad y pasivos ambientales que tendrán que ser asumidos por todos.
Ese fue el propósito de una convocatoria para celebrar el foro “Pros y contras de la Ampliación Portuaria en Veracruz, Veracruz”, los pasados días 3 y 4 de febrero gracias a la valiosa mediación de la Universidad Veracruzana. En el foro participaron representantes de todas las partes. Si bien hubo algunas disparatadas descalificaciones como que la ampliación del puerto pretende expropiar los tesoros de los galeones españoles hundidos y ofensivas banalizaciones como que los ambientalistas son aquellos que buscan parar la construcción de una carretera, sólo porque una hormiga roja cruza por ahí, la mayoría de las argumentaciones contribuyeron a construir una opinión mejor informada del problema, lo cual es un requisito sine qua non para la toma de las mejores decisiones.
Ese debe ser el camino. Realizar ejercicios abiertos, transparentes, de manifestación de ideas, de construcción de ciudadanía; en un clima de respeto y tolerancia como el que se observó en el foro. Se agradeció repetidamente por las partes implicadas la iniciativa de la Universidad Veracruzana y la disposición del rector el Dr. Raúl Arias, que permaneció durante todas las sesiones del foro.
Nadie quiere que en Veracruz persista el rezago social. Es inaceptable por injusto que un estado que tiene tantos recursos naturales, que ha dado tanto para la construcción de este país, permanezca en la situación en la que se encuentra. Ciertamente hacen falta inversiones, empleos, crecimiento, pero no a cualquier costo para las generaciones presentes y futuras de veracruzanos.    


[1] Publicado en La Jornada Veracruz el lunes 6 de febrero de 2012. P. 7.
[2] Coordinador de la Cátedra UNESCO – UV “Ciudadanía, Educación y sustentabilidad ambiental del desarrollo”.