lunes, 18 de noviembre de 2013

¿Por qué es tan complicado entender el movimiento magisterial?


¿Por qué es tan complicado entender el movimiento magisterial?[1]

Edgar J. González Gaudiano[2]

Estuve la semana pasada en Chiapas para participar en el Primer Congreso Nacional: “La responsabilidad ambiental en la educación superior para la sustentabilidad”. Educar para la Responsabilidad Ambiental (ERA) es un programa impulsado por el gobierno del estado que implica a todos los niveles y modalidades educativas que se sustenta en una concertación sumamente incluyente de un gran número de instituciones implicadas.
Es temprano para comentar sobre los alcances de las acciones del programa porque los varios materiales que ya han sido diseñados no han podido comenzar a aplicarse en las escuelas, debido precisamente al paro magisterial que en ese estado afecta a todos los planteles desde preescolar hasta media superior. Incluso la inauguración del propio congreso tuvo dificultades, porque ante el anuncio de la posible presencia del gobernador, hubo que mantener en secreto la sede del evento para evitar que los maestros se enteraran y cerrasen accesos e intentaran tomar las instalaciones.
Por la centralidad política y social que el movimiento magisterial tiene en ese estado, tuve la oportunidad de comentar sobre el mismo con diversos actores, tanto de las universidades como del gobierno del estado. El movimiento magisterial en Chiapas tiene características particulares que no se observan en otros estados. Por ejemplo, la autopista de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de las Casas tiene un mes tomada; según me dicen a veces en varios tramos (en esa y otras carreteras) se apostan los maestros e incluso quienes no lo son y exigen una aportación a quienes quieran cruzar el retén. No ha habido intervención del estado para impedirlo y obviamente hay una afectación importante de actividades económicas y un desgaste de las simpatías de la población. El gobierno ha detenido el pago de un par de quincenas a los maestros, pero hay una opinión bastante generalizada de que éstos van a resistir y que terminarán por doblar al gobierno para evitar que de prolongarse el movimiento se articule a otros procesos como el de la oposición a la reforma energética.
Lo que está ocurriendo en Chiapas es diferente a lo que sucede en Oaxaca, Veracruz, el DF y otras entidades que se han distinguido por su activismo. Al parecer los liderazgos locales (CNTE) siguen firmes y no se han visto rebasados como en Veracruz. Las diferencias regionales es una de las características que hace que el movimiento magisterial tenga rasgos compartidos en ciertos aspectos de movilización, pero expresiones locales distintas de formas de lucha según fuerza, usos y costumbres y coyuntura, lo que contribuye a su complejidad.
La población nacional se encuentra polarizada frente al movimiento magisterial. Por un lado están quienes rechazan la legitimidad del movimiento y sobre todo algunas de sus formas de lucha que han afectado fuertemente al conjunto social. Niños sin clases, padres que no tienen con quien dejarlos, plantones interminables que han impactado severamente a negocios (especialmente en el DF), bloqueos recurrentes de la circulación, cierre violento de escuelas, etc. Este segmento social critica acremente lo que definen como debilidad de las autoridades por su incapacidad en asegurar el libre tránsito y el incumplimiento del Estado de derecho y porque continúa pagando a los paristas. A esta postura ha contribuido la constante denostación de los medios masivos (especialmente Televisa) que destaca los inconvenientes como agravios sociales.
En el otro extremo están quienes apoyan al movimiento, constituidos fundamentalmente por las propias familias de los maestros, por activistas sociales y por padres de los niños que consideran que la reforma educativa va a implicar mayores sacrificios económicos para el mantenimiento de las escuelas y para los diversos suministros y consumibles que de por sí ya tienen que aportar; padres y madres de familia preocupados porque les han informado que se tendrán que responsabilizar también del pago de la energía eléctrica, del teléfono, del agua y hasta del predial de los planteles, lo que no ha sido contundentemente desmentido por quienes deben hacerlo.
En medio de estas dos posturas extremas hay una enorme variedad de opiniones, como aquéllos que cuestionan que el gobierno no calculó bien los costos políticos y sociales de un movimiento que creyó controlable por el encarcelamiento de la lideresa del SNTE, lo cual ha visto con motivaciones más efectistas y de recuperación del control político del gremio, que de combate a la corrupción y a la falta de transparencia en el manejo de las enormes cantidades de recursos financieros, no sólo de cuotas sino de aportaciones gubernamentales. En este grupo se encuentran también quienes consideran que el movimiento magisterial está contribuyendo significativamente a la erosión progresiva del bono político del regreso del PRI al poder.
Otros simpatizan con la lucha magisterial por sus reivindicaciones laborales en riesgo con la evaluación, aunque rechazan con vigor a la caterva de sempiternos caciques enquistados en el magisterio; la venta y herencia de plazas; los privilegios por lealtades y complicidades inconfesables; el manejo discrecional e impune de los recursos sindicales; el tráfico de influencias; los miles de comisionados sindicales, aviadores y de plazas que inflan las nóminas de las escuelas; el cinismo de poderosos que ostentan más de una docena de plazas; la perversión del magisterio para propósitos electorales; la doble negociación salarial en los estados; las manos ocultas de los grupos de interés económico y político  que quieren pescar en el río revuelto, etc. etc. Pero también cuestionan que las reformas culpen únicamente a los maestros del deterioro educativo, soslayando la responsabilidad de otros agentes (autoridades, élite gobernante, partidos políticos, sindicatos, etc.), quienes permanecen indemnes en la sombra.  
En general, creo que el movimiento magisterial ha activado al país al desedimentar un complejo problema que es epicentro de su desarrollo; si bien sus repercusiones habrán de valorarse en el futuro, se anticipa que serán transcendentes porque ha quedado en evidencia el abandono, la indolencia y el incumplimiento del mandato constitucional por parte del Estado mexicano a una de sus funciones primordiales como es la educación pública. También ha quedado de manifiesto la confiscación que de ella han hecho grupos facciosos y poderes fácticos de distinto tipo (políticos, económicos, mediáticos, religiosos, etc.), que aspiran a tener un todavía mayor control sobre los procesos sociales, económicos y políticos del país.


[1] Publicado en La Jornada Veracruz, el lunes 4 de noviembre de 2013
[2] Coordinador de la Cátedra UNESCO – UV “Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”. http://edgargonzalezgaudiano.blogspot.mx

lunes, 28 de octubre de 2013

La obesidad infantil: otro némesis de nuestro atribulado país

La obesidad infantil: otro némesis de nuestro atribulado país

Édgar J. González Gaudiano[1]

El día de ayer el diario La Jornada publicó un artículo de Ángeles Cruz Martínez sobre la decisión en curso de cancelar la publicidad sobre la comida chatarra en los horarios de la barra infantil en días de la semana y durante todo el día los fines de semana. La propuesta consiste en reformar el Reglamento Sanitario de Publicidad, y fue  elaborada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Si bien la propuesta de reforma ya fue sometida a consulta pública y fue autorizada por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, desde el pasado 23 de septiembre se encuentra en espera de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación; detenida tal vez por cálculos políticos sobre el curso que sigan las quejas de los empresarios de comida chatarra y bebidas edulcoradas en el marco de la reforma financiera por los impuestos que, en el caso de lo comida chatarra, los diputados aprobaron de 5%, y que podría elevarse a 8% para provocar cambios en el patrón de consumo de estos productos de alta densidad calórica por parte de la población. Ello a su vez obligaría a las empresas a modificar sus fórmulas de composición de azúcares y otros carbohidratos, sal y grasa, principalmente.
Asimismo, se aprobó pese al intenso cabildeo de las empresas que las producen un impuesto de un peso por litro a las bebidas saborizadas, así como a los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que contengan cualquier tipo de azúcares añadidos.
La propuesta de reforma se sustenta en estudios del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Dr. Salvador Zubirán, sobre el efecto pernicioso de la exposición de los niños a la propaganda de estos productos mediante la televisión, así como en otras investigaciones de organismos internacionales que confirman su directa relación con el aumento del peso corporal.
La realidad nacional en este sentido es aterradora. 30 por ciento de la población infantil tiene sobrepeso y obesidad, y está incrementándose, con lo que México ocupa el nada honroso primer lugar mundial en este nivel de la enfermedad. Pero en el contexto nacional, en Veracruz esta cifra se eleva a 47% con lo que el estado es el primer lugar nacional del primer lugar mundial.
Si bien el problema de sobrepeso y obesidad infantil es un fenómeno complejo en el que convergen múltiples factores que se potencian entre sí, además de los mencionados: por la falta de actividad física, la inseguridad en los espacios públicos, la necesidad de que ambos padres trabajen, etc., a pesar de algunas limitaciones de la propuesta se estima que los cambios regulatorios repercutan en una disminución de 39 por ciento de la exposición a la publicidad en los niños de 4 a 9 años y de 28 por ciento en los de 10 a 15.
Si a ello se añaden los efectos buscados del aumento en el costo de esos nocivos productos en razón de los nuevos impuestos, es de esperarse un mejor resultado en el corto, mediano y largo plazos que disminuyan sustantivamente los enormes costos actuales en el sistema de salud para atender las enfermedades asociadas a esta pandemia y, sobre todo, a mejorar la calidad de vida de nuestra generación de reemplazo.  
Habrá que pedirle ahora a la SEP que fortalezca estas acciones con programas educativos y medidas consistentes, tales como un control estricto de los productos que se venden las tienditas escolares y con lo que los niños llevan para su consumo en los recesos, con la recuperación de la educación física en las escuelas, con cambios acordes en los programas educativos y con campañas a los padres de familia que informen sobre los serios riesgos que corren los niños. Tal vez así podamos ver más casos como los de los niños triquis y las niñas poblanas ganando premios en actividades que los dignifican como personas.  
Ya era hora siendo un asunto de la mayor prioridad social.



[1] Coordinador de la Cátedra UNESCO – UV “Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”. http://edgargonzalezgaudiano.blogspot.mx

lunes, 23 de septiembre de 2013

Pronunciamiento del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana sobre el conflicto social derivado de la reforma educativa


Xalapa, Veracruz a 23 de septiembre de 2013

 

Como comunidad del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana expresamos nuestro posicionamiento frente a los conflictos sociales derivados de la Reforma Educativa presentada por el Ejecutivo Federal:

  1. Reconocemos la necesidad de que haya cambios en el sistema educativo, pero éstos deben atender la raíz de los problemas. La denominada Reforma Educativa no atiende al sistema educativo en su conjunto (contenidos, planes de estudio, estrategias de enseñanza, infraestructura, organización institucional y el importante papel de los medios masivos, inculcando ideas, anhelos y hábitos no siempre saludables ni sustentables). El sistema educativo debe reconocer y promover la diversidad cultural de nuestro país y proceder atendiendo las condiciones socioeconómicas y geográficas que conforman nuestra compleja realidad.
  2. Demandamos la derogación de la Ley General de Educación y de las legislaciones secundarias, porque no se les dio difusión ni se promovió suficientemente su discusión. Urge someter a la Reforma Educativa a una revisión exhaustiva y crítica por parte de agentes competentes en materia educativa, incluyendo a docentes y familias.
  3. Es tarea y responsabilidad del Estado financiar la educación pública, garantizar su gratuidad y dotarla de infraestructura y servicios de calidad en todos sus espacios, tal como establece el Art. 3° constitucional.
  4. Decimos SÍ a la evaluación de los maestros pero no de manera punitiva. Pugnamos por una evaluación comprensiva de la cual no dependa la estabilidad laboral del docente; por que se respete la autonomía del INEE en los procesos de evaluación; que exista la rendición de cuentas de lo obtenido; que los resultados de dicha evaluación sean utilizados en el mejoramiento de la formación docente y que no se confunda la evaluación con la aplicación de un examen estandarizado. Por tanto, rechazamos la homogenización de la misma.
  5. Respaldamos y apoyamos la lucha magisterial, así como los procesos de democratización que esa lucha está propiciando.
  6. Condenamos cualquier forma de violencia ejercida en contra del magisterio u otros sectores sociales en lucha. Reprobamos el proceder violento de la fuerza pública en los actos de desalojo recientes en el Zócalo de la ciudad de México y en la ciudad de Xalapa la madrugada del 14 de septiembre de 2013, donde integrantes del magisterio, padres de familia y miembros de nuestra comunidad universitaria resultaron muy afectados.
  7. Rechazamos la criminalización de la protesta. Los medios de comunicación deben coadyuvar para que la autoridad competente intervenga de manera oportuna proponiendo alternativas. Por tanto, exigimos al Estado y a los medios masivos de comunicación que ofrezcan información veraz en torno a cualquier acto de demanda social o política y no induzcan a la población a estar en contra de quienes puedan tener legítimos derechos para hacerlo.
  8. Nos declaramos en trabajo bajo protesta. Desde nuestro quehacer académico estaremos atendiendo y articulándonos con el conflicto en torno a la Educación en nuestro país, la lucha magisterial y la movilización social en general,  hoy amenazadas por la represión y el uso de la violencia institucional.
  9. Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad universitaria a implicarse en un proceso colectivo y colegiado de discusión y análisis crítico de la reforma, considerando sus dimensiones educativa, ético-político-legal y de movimiento social. Impulsemos juntos el rediseño profundo del sistema educativo mexicano promoviendo corresponsabilidad con otros actores de la sociedad.

 

Atentamente,

 

La comunidad del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana

Los desastres por fenómenos naturales: fatalidad o negligencia

Los desastres por fenómenos naturales: fatalidad o negligencia[1]

Edgar J. González Gaudiano[2]

Cada temporada de huracanes en el país observamos la misma historia. Numerosas comunidades son devastadas por lluvias torrenciales, derrumbes y crecientes súbitas de ríos, con destrucción de bienes y pérdida de vidas. Ello da inicio a una frenética actividad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para dar la imagen de preocupación, solidaridad con los afectados y compromiso nacional. Se hacen visitas a las regiones más afectadas y se promueven colectas apelando a la generosidad de los mexicanos. Los medios masivos de comunicación, especialmente la televisión, acompañan esa narrativa mostrando al presidente consolando ancianos, gobernadores con las botas entre el lodo y a los organismos del Estado rescatando sobrevivientes y repartiendo despensas.
                El discurso auto exculpatorio es incriminar a la naturaleza, frente a la cual nada se puede hacer. Es un fatalismo frente al desastre que funciona muy bien para eximir de responsabilidad a la autoridad por la omisión, ineficiencia e incluso corrupción de sus actos. Es como querer culpar a Dios de nuestras desgracias, con lo cual el lavado de manos de los distintos agentes involucrados es generalizado eludiendo de ese modo las obras defectuosas y mal planeadas, las carreteras con materiales de baja calidad, la autorización de unidades habitacionales en zonas de alto riesgo, el relleno de lagunas de regulación, la deforestación de cuencas altas y áreas de manglar, la destrucción de dunas y arrecifes, el azolvamiento de ríos y el desfogue a destiempo de embalses, etc. etc. Y pese a que muchos de estos factores causales conciernen a la autoridad ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales brilla por su ausencia. El secretario respectivo ni siquiera es invitado a las giras porque no se considera ámbito de su competencia. Tampoco hay declaraciones de su parte. Calladito se ve más bonito nadando de a muertito.
                Pasado el momento de emergencia y abandonados a su suerte los afectados por los fenómenos (hay comunidades afectadas por el huracán Karl y la tormenta tropical Matthew de 2010 que aún esperan la ayuda prometida), sin la cobertura histérica de los medios y la presión política para actuar, la autoridad continúa con su mismo modus operandi exacerbando las causas que ocasionarán la tragedia del próximo año. No hay responsables. Nadie es castigado. Nadie renuncia por su incumplimiento, ineficiencia o irresponsabilidad. Se repara lo más visible, sobre todo aquello que puede afectar negativamente la imagen del país en el extranjero. Es la impunidad rampante que caracteriza el cinismo de los tres órdenes del gobierno mexicano.
                Los desastres no son naturales sino construcciones sociales. Ni siquiera las amenazas producidas por fenómenos hidrometeorológicos extremos son naturales, porque una situación potencial de riesgo se convierte en amenaza para una población sólo si ésta es vulnerable.
A nivel académico los enfoques de atención de este tipo de problemas han cambiado mucho durante los últimos veinte años, pero los gobiernos y sobre todo los organismos de protección civil no acaban de enterarse de ello. Las acciones ya no se enfocan tanto en la situación del momento de ocurrencia de un determinado desastre y la respuesta correspondiente (administración del desastre), sino en las condiciones de riesgo que anteceden al desastre (gestión del riesgo), los cuales insisto son de origen social. Un plan de protección civil no puede limitarse a emitir avisos de alerta por radio y televisión cuando el meteoro ya está encima de nuestras cabezas, ni a destapar alcantarillas cuando ya están saturadas.
En otras palabras, ningún desastre como los que recientemente sacudieron los dos litorales mexicanos puede suceder sin la previa existencia de una situación de riesgo, la cual no sólo ocasiona el desastre sino también la magnitud de sus daños. En consecuencia, el riesgo se ha convertido en el leit motiv para entender cómo se “construyen” los desastres, así como para identificar los procesos sobre los que se debe intervenir anticipadamente para prevenir la ocurrencia de un desastre, y para reducir sus impactos a su mínima expresión.
De esta manera ha quedado cada vez más evidente la íntima relación entre el nivel de desarrollo y el riesgo de desastre: en la medida en que el riesgo es un resultado de procesos sociales particulares, es también producto directo o indirecto de los modelos de desarrollo impulsados en cada sociedad. Los crecientes problemas de pobreza y desigualdad que enfrenta la mayoría de la población de nuestro país tienen exactamente las mismas causas que determinan la persistente construcción de riesgos de desastres. La pobreza, la ineficiencia y la corrupción constituyen el epicentro de nuestra progresiva vulnerabilidad de cada día y por si todo esto fuese poco ahí está el cambio climático.[3]




[1] Publicado en La Jornada Veracruz, el lunes 23 de septiembre de 2013, p. 11.
[2] Coordinador de la Cátedra UNESCO – UV “Ciudadanía, educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”. http://edgargonzalezgaudiano.blogspot.mx

[3] Véase Gellert de Pinto, G. I. (2012). El cambio de paradigma: de la atención de desastres a la gestión del riesgo. En: Boletín Científico Sapiens Research, 2(1): 13-17.

martes, 17 de septiembre de 2013

La educación de la Semarnat: Indiferencia y desdén



La educación en la Semarnat: indiferencia y desdén[1]

Edgar J. González Gaudiano[2]

En un convulso momento del país por asuntos que conciernen a la educación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ni se preocupa ni le importa. Esto provocó que los integrantes del Consejo Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad presentáramos en bloque una renuncia a seguir formando parte de un organismo que presuntamente fue constituido para asesorar a la Secretaría en este tema.
El Consejo Nacional fue el único acuerdo que se cumplió de la lista de los que conformaron el Compromiso Nacional por la Década de la Educación para el Desarrollo Sustentable (2005-2014), suscrito por los entonces secretarios de Educación Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 11 de marzo de 2005. Este Compromiso fue luego presumido por el Presidente Vicente Fox ante la UNESCO y el mundo por haber sido el primer país en asumir responsabilidades para impulsar un amplio proceso educativo que, entre otros, contribuyera a hacer realidad el desarrollo sustentable en el país; se sustente en las instituciones escolares de los distintos niveles y modalidades, pero que las trascienda, proyectándose hacia todas las esferas de la vida pública y privada; coadyuve a enfrentar los complejos desafíos de un mundo cada vez más interdependiente, en permanente transición y con realidades disímiles y contrastantes; permita a la ciudadanía participar críticamente en la toma de decisiones para definir las trayectorias del desarrollo nacional que deben seguirse, así como genere las actitudes y competencias necesarias para configurar una acción social bien informada, que incida en la prevención y solución de los problemas de cada grupo de personas.
El Consejo se integró con 21 integrantes adscritos a las esferas académica, social, empresarial, jóvenes, etc. Al concluir el periodo para el que fueron nombrados, durante el segundo semestre del año pasado se procedió de acuerdo con la normatividad a sustituir a la mitad de sus miembros. Este proceso se realizó con una amplia participación a la convocatoria correspondiente, pero al quedar definida la elección se consideró que era políticamente correcto que la instalación del nuevo consejo se hiciera con quienes encabezaran la Semarnat en el nuevo gobierno federal. Eso es lo que durante casi diez meses no ha ocurrido, a pesar de llamadas, escritos, entrevistas y falsas promesas del propio secretario el empresario Juan José Guerra Abud, proveniente del Partido Verde Ecologista de México y de sus funcionarios.
El autismo de la Secretaría es aún más incomprensible cuando se supone que se están realizando las consultas públicas para la integración del programa sectorial de mediano plazo y se desdeña la participación de quienes fueron invitados para acompañar precisamente la formulación y aplicación de las políticas públicas en materia de educación ambiental para la sustentabilidad. Eso confirma que el proceso de consulta es otra simulación más a las que ya estamos acostumbrados.
¿Para hacer este papelón disputó el Partido Verde durante tantos sexenios hacerse cargo de la Semarnat? Recordemos que este fue el motivo por el que este grupo de interés familiar rompió su Alianza por el Cambio con Vicente Fox en el primer gobierno de la alternancia, cuando no le dieron la Semarnat a Jorge González Torres, su fundador. Ahora que encontró un aliado político que por fin le cumple sus aspiraciones, en un portentoso acto de magia, el Verde vuelve invisible a lo poco que había quedado de la Semarnat después de la docena trágica, porque su parálisis no se limita sólo a la esfera de la educación ambiental.
La Semarnat actual se ha convertido en una comparsa para eliminar obstáculos al crecimiento económico como se desprende de sus omisiones y de las declaraciones del propio Secretario. De ese modo, echa por la borda las conquistas que el movimiento ambientalista ha logrado durante tres décadas de lucha para promover un desarrollo capaz de satisfacer las ingentes necesidades sociales sin reñir con la conservación de la calidad del ambiente y la integridad de los ecosistemas. Eso es lo que el Verde parece no haber entendido nunca al centrar sus plataformas políticas en asuntos que le han valido el repudio ambientalista internacional, tal como impulsar la pena de muerte o sobre temas sensacionalistas como combatir las corridas de toros,  aunque eso sí lucran con las prerrogativas que recibe.
Así que en materia de educación ambiental y parafraseando a la tira cómica de Palomo en el Cuarto Reich, los del Verde están aplicando una solución ecológica que conocen muy bien: Echarle tierra al asunto. Sin embargo, la comunidad de los educadores ambientales y otros grupos afines haremos una permanente vigilancia ciudadana de lo que la Semarnat plantee en el programa sectorial, así como de lo que haga y deje de hacer a lo largo del sexenio o lo que duren en él a pesar de su obsequiosa entrega.




[1] Publicado en La Jornada Veracruz, el martes 17 de septiembre de 2013.
[2] Coordinador de la Cátedra UNESCO-UV “Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”. http://edgargonzalezgaudiano.blogspot.mx

viernes, 13 de septiembre de 2013

Una renuncia por dignidad y en defensa de la educación ambiental



México D.F. a 4 de septiembre de 2013.

M. C. Juan José Guerra Abud
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Los que suscribimos la presente, miembros del Consejo Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad (CNEAS) nombrados en su momento por la propia Semarnat), le manifestamos lo siguiente:
1. Han pasado casi diez meses desde el inicio de la nueva administración federal y en este tiempo no hemos recibido comunicado oficial sobre dicho Consejo, ni para avisarnos de su posible reinstalación, con la integración de la mitad de nuevos consejeros elegidos a finales del 2012 ni tampoco para comunicarnos las razones por las que ésta se ha detenido durante un lapso tan largo.
2. Durante este tiempo, representantes del CNEAS han enviado oficios y realizado llamadas telefónicas solicitando una cita con Usted o con el Coordinador General del Centro de Educación  Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu), el Lic. Felipe Nemer Naime, pero hasta ahora los intentos unilaterales de comunicación sólo recibieron una escueta respuesta del Lic. Nemer de que se había hecho la propuesta al Secretario de instalar el Consejo en el mes de abril. No ha habido otra comunicación desde entonces, ni para agendar la reunión ni para negarla, lo que nos ha generado un profundo desconcierto.
3. Lo anterior acrecienta nuestra preocupación de que la política ambiental, y en especial la de la educación ambiental, ocupe un lugar marginal y de muy escaso peso en el contexto del desarrollo nacional, como quedó evidenciado en el Plan Nacional de Desarrollo. En ese sentido, resulta lamentable que la experiencia de los miembros del CNEAS en el campo de la educación ambiental no sea reconocida por la presente administración, lo que nos hace pensar que la construcción de una cultura ambiental no será asumida como prioridad, ocasionando que se reviertan muchos años de esfuerzos y logros colectivos realizados en nuestro país desde hace más de tres décadas.
4. Una instancia de participación ciudadana, como lo es el multicitado Consejo, sólo tiene sentido si hay la disposición de recoger opiniones diversas de sectores y actores sociales para que, a través del diálogo, se enriquezcan las decisiones políticas en la materia; en nuestro caso es evidente que no ha existido ni existe, por parte del sector gubernamental que Usted encabeza, el interés por tomar en cuenta nuestras posturas y propuestas en el campo de la educación ambiental.
Por las razones anteriores, y una vez discutida ampliamente esta problemática entre los compañeros Consejeros y con otros organismos sociales y académicos, los cuales nos han hecho sentir un fuerte respaldo, le comunicamos nuestra decisión de renunciar al Consejo Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, del cual en su momento fuimos co-impulsores, a fin de que fungiera como espacio de participación social y como una vía más para el fortalecimiento de la educación ambiental en nuestro país, en el que nosotros hemos venido trabajando desde hace muchos años; sin embargo, la dignidad como ciudadanos y educadores ambientales no se negocia ni se pospone.
La educación ambiental tiene como condición inherente una actitud de optimismo, por lo que deseamos que pronto las políticas y decisiones en materia ambiental cambien de manera relevante y podamos ver en un futuro muy próximo un impulso a este campo que resulta vital para la construcción de la sustentabilidad en México.
Sin otro particular, reciba nuestros saludos.




Dr. Edgar González Gaudiano (Presidente)


M. C. Lorena Martínez González


Dr. Javier Reyes Ruiz


Dr. Pedro Medellín Milán


M. C. María Teresa Bravo Mercado


M. C. Elba Castro Rosales
Consejera Electa

Dr. Jorge Ramírez Acosta


Dra. Alicia Castillo Álvarez


M. C. Blanca Estela Gutiérrez Barba


Dra. Shafía Súcar Súccar



 Publicado en La Jornada Veracruz en línea el 13 de septiembre de 2013.