lunes, 29 de febrero de 2016

Veracruz: la danza del dinero*

Edgar J. González Gaudiano**

Las denuncias y protestas recientes en el estado de Veracruz han conducido a nivel internacional la recurrente inconformidad que la población de este estado ha venido manifestando durante muchos años. Las sospechas sobre la magnitud del daño ocasionado por administraciones fraudulentas en el estado fueron confirmadas, hace unos días cuando el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, admitió que la peor calificación de auditoría a nivel nacional estuvo a cargo de Veracruz. Otro nada honroso primer lugar nacional (además del Sida, dengue, diabetes y obesidad) que implica la gigantesca suma de 35 mil 421.7 millones de pesos en observaciones sin solventar, procedimientos resarcitorios y denuncias penales. Suma equivalente a lo que observaron a otros 16 estados juntos.
En ese mismo informe se denunció que el gobierno de Veracruz simuló la devolución de, cuando menos, 4 mil 770 millones de pesos a fondos federales buscando evitar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le fincara responsabilidades. El gobernador Javier Duarte había mentido una vez más al asegurar que esas demandas ya estaban sobreseídas.
Como si eso no bastara, el gobierno de Veracruz posee la tercera mayor deuda bancaria del país, con 44 mil 470.8 millones de pesos, cantidad que fue admitida por el mismo Javier Duarte; cifra a la que se suma la deuda nueva adquirida en 2015 por otros cuatro mil millones.
El Senador José Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, calcula la deuda total de Veracruz en, por lo menos, 80 mil millones de pesos. No obstante, los estudios del investigador de la Universidad Veracruzana Hilario Barcelata estiman dicha deuda en más de 120 mil millones de pesos, lo que en palabras del académico sobrepasa “todos los límites de la racionalidad financiera, de la responsabilidad administrativa y de la ética política al contratar montos de deuda pública que exceden la capacidad de pago del gobierno y que ponen en riesgo el desarrollo del estado”.
Para cualquier ciudadano no familiarizado con datos macroeconómicos esas cifras astronómicas son impensables. Ni siquiera sabe qué significan, pero son la diferencia entre un estado devastado por la corrupción y la impunidad y otro con un sistema carretero transitable, con un sistema de salud equipado y con suministros, con un sistema educativo funcionando en condiciones de calidad, con seguridad social y perspectivas de empleo decente, etc. etc. Ahí es donde se han ido el presente y el futuro de los veracruzanos.
Solo a la Universidad Veracruzana el gobierno del estado le adeuda 2 mil 76 millones, lo que la ha puesto en una situación crítica en la que se sacrifica a miles de jóvenes, ese bono demográfico que ha sido despreciado; pero a esta deuda se suman muchas otras, como la del Instituto de Pensiones, las becas de estudiantes y hasta de pequeños negocios que cometieron la osadía de darle crédito a un gobierno que no paga, por lo que ahora están en bancarrota.
Un tema que particularmente me interesa y que forma parte de mi objeto de estudio es el que corresponde a los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos en comunidades vulnerables. Ello porque está comprobado que los desastres contribuyen significativamente a la desigualdad y al rezago social. Para medio compensar esto, se creó el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), que de naturales no tienen nada pues aunque tienen como origen un fenómeno natural, el desastre es una construcción social en la que intervienen muchos factores, entre ellos la ineptitud y negligencia de las autoridades.
Como quiera, una visita rápida a la página de la Secretaría de Gobernación,  los datos que ofrece el Sistema Nacional de Protección Civil nos reportan cuántos recursos se canalizaron a los estados que tuvieron declaratorias de desastres a través del Fonden. Vale decir que son recursos federales cuantiosos que deben ser aplicados a los municipios afectados para ayudar a la población, a reconstruir infraestructura, a crear empleos temporales, y a todo aquello que contribuya a la gente a recuperar la funcionalidad (que no normalidad) de sus vidas después de las contingencias.
Obviamente los gobiernos estatales, entre ellos el de Veracruz, suelen apresurarse a hacer la declaratoria para recibir recursos federales frescos. En este sentido, según la página de referencia de la Secretaría de Gobernación, el estado de Veracruz entre 2011 y 2015 recibió más de 50 mil 400 millones de pesos para paliar las emergencias, pero que con toda seguridad no se aplicaron ahí donde se necesitan, porque hay comunidades que aún padecen los estragos causados por fenómenos incluso del año 2010 (como los ocasionados por el huracán Karl y la tormenta tropical Matthew). Más aún porque cuando los pocos recursos llegan a las comunidades han apoyado a la gente, pero con sesgos partidistas y criterios clientelares que re-victimizan a los damnificados.
No sé si estos cuantiosos fondos federales fueron auditados por la ASF, pero debería hacerlo porque es de miserables desviar el dinero que está destinado a la gente en situación de emergencia, lo que explica en parte la severa crisis social en la que se encuentra sumido el estado de Veracruz, sobre todo las pequeñas poblaciones vulnerables a fenómenos climáticos que han sido abandonadas a su suerte.
La magnitud del despojo que estamos sufriendo solo puede ser resultado de delincuencia organizada. Obviamente no es resultado de la acción de una sola persona por más irresponsable que sea, sino de un gran número de cómplices (coalición de servidores públicos para defraudar) que también deben ser investigados y sancionados ejemplarmente.
El costo social y económico de  un desfalco de tales dimensiones representará para el estado al menos cincuenta años de dificultades, suponiendo que la situación de malversación no continúe. Medio siglo perdido que implicará más hambre, miseria, sufrimiento y emigración obligada, ante la falta de desarrollo de un estado que lo tiene todo para salir adelante, pero que padece la desgracia de tener también un gobierno en manos de un grupo político voraz y mezquino que se regodea en su impunidad. ¿Hasta cuándo?

*Publicado en La Jornada Veracruz el 29 de febrero de 2016: http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=160229_065425_598
**Académico del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana.

martes, 9 de febrero de 2016

Cerrar filas en torno de la Universidad Veracruzana

Cerrar filas en torno de la Universidad Veracruzana[1]

Édgar J. González Gaudiano[2]

Desde hace algunos años se ha venido instrumentando un ataque en contra de la educación pública. Un ataque en el que se pretende convertir a la educación, que es un derecho universal inalienable, en una mercancía. Lo anterior puede observarse prácticamente en todos los niveles educativos, pero adquiere una singular expresión en el caso de la universidad.
Para este nivel educativo, básico para el desarrollo del país, se ha estado aplicando una escalada sin precedente alguno en la que se desmantela el modelo universitario sustentado en sus tres funciones principales: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, para dar paso a otro que reside en la formación de recursos humanos y la gestión administrativa. Un modelo de raigambre neoliberal en el que la educación debe someterse a la libre competencia y por lo tanto, sus servicios educativos deben sujetarse al “libre” juego de las fuerzas del mercado.
En nuestro país, la estrategia aplicada es compleja  y comprende acciones en diversos ámbitos como la planeación y la evaluación, pero con una clara expresión en la reducción del presupuesto para el cabal cumplimento de las responsabilidades universitarias. En los hechos se trata de un estrangulamiento financiero que erosiona gravemente las posibilidades de crecimiento y de mejoramiento de la calidad de los centros educativos públicos, al mismo tiempo que otorga facilidades a la creación de instituciones privadas de dudosa reputación académica, y canaliza recursos a través de becas para que estudiantes puedan cursar estudios en universidades privadas de tradición empresarial que no impulsan la investigación, ni les interesa la creación de cultura. Una incursión a gran escala de ciertas universidades privadas que durante muchos años habían tenido influencia local y regional para expandirse a lo largo y ancho de todo el país.
Sin embargo, en ninguna otra parte de la república mexicana se ha observado la puesta en marcha de esta escalada de una manera tan torpe y tan agresiva como en el estado de Veracruz durante los últimos años. Se trata de una pretensión de avasallamiento de la joven autonomía de la Universidad Veracruzana para que se incline ante los fines aviesos de un grupo decadente que ha conducido al estado de Veracruz a una situación de desastre económico, ambiental y político.
La violencia ejercida por el gobierno del estado de Veracruz contra la Universidad Veracruzana la ha llevado a una severa crisis financiera al reducirle ilegalmente el financiamiento público, al retenerle ilegalmente recursos federales, al imponerle ilegalmente restricciones y retrasos, al obligarla ilegalmente a operar en la precariedad y la penuria, violando con todo ello el estado de derecho.
Un estado de derecho es aquel en el que todos los miembros de una sociedad se rigen por leyes e instituciones establecidas de manera democrática, que garantizan los derechos individuales y colectivos aplicando las leyes con equidad. Pero cuando los gobernantes y funcionarios encargados de hacer cumplir las normas del estado de derecho son los primeros en violarlas sin consecuencias para sus actos, entramos en el terreno de un ejercicio despótico de la autoridad.
La Universidad Veracruzana ha demandado al gobierno del estado de Veracruz por la retención ilegal de su financiamiento público de años previos y ha solicitado un amparo ante una reducción presupuestal impuesta por un congreso sumiso y obsecuente en el ejercicio de 2016, de casi 250 millones de pesos, lo que afectaría seriamente sus tareas académicas.
Es el momento de cerrar filas. Con estas valientes acciones emprendidas por la rectora ante la actitud cínica, mendaz y taimada del gobierno del estado de Veracruz, los ataques se incrementarán.
De ahí que independientemente de las diferencias que tengamos entre nosotros, normales en una comunidad diversa y plural, es preciso mostrar un solo frente en defensa de los intereses de la Universidad Veracruzana y en torno de nuestras autoridades universitarias.





[1] Publicado en La Jornada Veracruz el domingo 7 de febrero de 2016. http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=160209_083730_021
[2] Académico del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana.