Autonomía universitaria ¿Para qué?*

 Por Edgar Javier González Gaudiano**

Con la renovación de la rectoría en la Universidad Veracruzana suele reactivarse el debate sobre algunos asuntos que son de extrema importancia para la institución. Uno de ellos es el que se refiere a la autonomía.

La autonomía de las universidades es un derecho garantizado constitucionalmente en el artículo 3°. Establece la facultad y la responsabilidad de que las instituciones de educación superior puedan gobernarse a sí mismas, lo que implica determinar su normatividad y nombrar a sus autoridades, así como definir el ingreso, promoción y permanencia de su personal y administrar libremente su patrimonio. En términos académicos, pueden definir sus programas de estudio para formar a sus alumnos para desempeñarse con eficiencia en el desempeño de su profesión, realizar investigación sobre los problemas del conocimiento y de la sociedad y difundir la cultura en el seno de la población, entre otros.

Pero si bien, como se ha definido, la autonomía es una facultad también es una responsabilidad por lo que las universidades están obligadas a aplicar con honestidad su patrimonio, a rendir cuentas, a manejarse con absoluta transparencia y a respetar la libertad de cátedra e investigación que es el factor vital para el análisis crítico, el ingenio, la creatividad, la innovación y para preservar la diversidad de las ideas.

Sin embargo, al ser la Universidad una entidad pública que opera de manera independiente del Estado está constantemente sujeta a presiones y tensiones dirigidas a influir en sus decisiones, tanto en lo académico como en lo administrativo, pero sobre todo en lo político. Desde aquellas presiones que se orientan a querer intervenir en sus propósitos educativos, a efecto de que las universidades públicas se subordinen a los intereses del mer  Por Edgar Javier González Gaudiano**

Con la renovación de la rectoría en la Universidad Veracruzana suele reactivarse el debate sobre algunos asuntos que son de extrema importancia para la institución. Uno de ellos es el que se refiere a la autonomía.

La autonomía de las universidades es un derecho garantizado constitucionalmente en el artículo 3°. Establece la facultad y la responsabilidad de que las instituciones de educación superior puedan gobernarse a sí mismas, lo que implica determinar su normatividad y nombrar a sus autoridades, así como definir el ingreso, promoción y permanencia de su personal y administrar libremente su patrimonio. En términos académicos, pueden definir sus programas de estudio para formar a sus alumnos para desempeñarse con eficiencia en el desempeño de su profesión, realizar investigación sobre los problemas del conocimiento y de la sociedad y difundir la cultura en el seno de la población, entre otros.

Pero si bien, como se ha definido, la autonomía es una facultad también es una responsabilidad por lo q cado y la dinámica capitalista; hasta las que pretenden cancelar la capacidad de cuestionar críticamente la realidad social y suprimir la formulación de proyectos alternativos de desarrollo y de cambios culturales acordes con las nuevas condiciones del país y del mundo.

Todo ello vulnera la autonomía y reduce significativamente las contribuciones que las universidades pueden hacer al avance democrático y científico del país. Por eso es por lo que la autonomía universitaria ha de verse como un derecho de la sociedad en su conjunto, que hay que defender permanentemente porque las presiones no cesan de parte del Estado, pero también de grupos de interés como los credos religiosos, los organismos empresariales, los medios de comunicación, e incluso intereses extranjeros y la delincuencia organizada, que son o quieren ser parte de la arena política de manera abierta o soterrada.

Se ha dicho que la noción universidad significa unidad en la diversidad. Diversidad para pensar, para optar, para participar, para disentir, y justo esto es lo que muchas veces no se ve en la dinámica de la vida universitaria. Por ejemplo, desde que ingresé como investigador me ha llamado fuertemente la atención la tendencia en los órganos de decisión de nuestra universidad de tomar acuerdos por unanimidad.

Se celebran las decisiones unánimes como un gran éxito, siendo que eso refleja un espíritu de uniformidad ideológica que no se corresponde con la diversidad. La unanimidad es una anomalía en el debate universitario y si hubiese algún asunto que pudiera concertar las voluntades de todos los miembros debiese verse como algo excepcional, no como la fuerza de una costumbre institucional opuesta a la fuerza de la razón plural y diversa de una comunidad tan múltiple y variada como la nuestra.

Sólo puedo pensar que algo así ocurre porque se interfiere de algún o de varios modos para suprimir esa libertad soberana de ejercer nuestras propias decisiones individuales, máxime si se funge como representante de un sector de la comunidad. Esas interferencias son contrarias a la autonomía. Y lo peor es que se hacen bajo coacción, lo que las hace aún más inaceptables. Lo bueno es que pueden emplearse los medios electrónicos para expresarse con independencia e incluso para denunciar a la propia Junta de Gobierno la coerción que se ejerza sobre grupos y sectores de la comunidad.

A partir de la publicación de la convocatoria respectiva, entraremos en pocos días en la dinámica de designación del nuevo rector o rectora que debe realizarse con un compromiso socialmente responsable que beneficie a toda la universidad. Evitemos las presiones internas y externas a nuestra autonomía de todos aquéllos que quieren influir en un proceso que corresponde únicamente a los universitarios, a fin de poner en marcha la democracia participativa para que estudiantes, docentes y trabajadores y trabajadoras tengan la mejor incidencia posible en la toma de esa fundamental decisión.

Ha sido tan complicado que la Universidad Veracruzana consiga su autonomía formal en un estado donde se veía a la institución como refugio de exfuncionarios y colaboradores del gobierno, que en la rectoría debe haber alguien que la respete y la defienda en todos sus términos y dimensiones.

*Artículo publicado en La Jornada Veracruz el 26 de junio de 2021.

**Investigador del Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad Veracruzana y titular de la Cátedra Unesco “Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”.

¿Por qué participar en el proceso de cambio en la UV?*

Por Edgar Javier González Gaudiano**

Al igual que muchas otras universidades en el país, la designación de quién debe encabezar la rectoría de la Universidad Veracruzana no resulta de un proceso de elección, sino de una designación hecha por un grupo de académicos honorables y de reconocida trayectoria. En el caso de la UV la Junta está compuesta por nueve miembros: cuatro externos y cinco internos. Sus funciones y atribuciones están consignadas en la normatividad que nos rige a todos los universitarios (Ley Orgánica, Ley de Autonomía, Estatuto General) y un Reglamento. La Junta designa no solo al rector o rectora, sino a quienes lo acompañen en las secretarías académica y de administración y finanzas.

Aunque pareciera que los demás miembros de la comunidad universitaria no tenemos nada que hacer al respecto sino esperar el humo blanco, es importante participar porque la Junta aunque posee pleno arbitrio no decide discrecionalmente, sino que tiene una responsabilidad objetiva para considerar los planes de trabajo propuestos por los aspirantes y los que lleguen a ser candidatos, su trayectoria institucional, su experiencia académica, los resultados de una entrevista personal y además realiza una consulta abierta (auscultación) para que los docentes, alumnos y administrativos se pronuncien sobre sus preferencias al respecto, con base en los principios de máxima publicidad y transparencia. La auscultación podrá ser de manera presencial o por medios electrónicos, a fin de escuchar el mayor número de opiniones posible.

La idea es seleccionar al mejor candidato o candidata para el beneficio de la institución, en función del momento que se vive y los desafíos previsibles del periodo, considerando aspectos académicos, administrativos y políticos. Como puede suponerse no es una tarea fácil, porque una equivocación en el proceso nos puede costar caro a todos los que formamos parte de la Universidad Veracruzana.

Estamos terminando la gestión de la doctora Sara Ladrón de Guevara después de un doble periodo de cuatro años cada uno. En la toma de posesión eran evidentes los problemas derivados del presupuesto universitario, de la deuda que se tenía con el SAT y las intromisiones del gobierno del estado que constituían un ataque contra la autonomía, por citar algunos.

Puede decirse sin duda alguna que la rectora y su equipo de trabajo supieron sortear con éxito dichos asuntos. A diferencia de lo ocurrido en una decena de universidades públicas que enfrentan problemas similares, aquí no se ha interrumpido el pago salarial, la deuda con el SAT que nos convertía a todos en deudores fue cubierta y se culminó una negociación favorable para garantizar el suministro oportuno y completo del financiamiento que por ley provee el gobierno del estado. No es poca cosa, en serio.

Lo que no podía ser previsto fue la dimensión de la crisis derivada de la pandemia de covid-19. Estamos aún inmersos en ella y los costos han sido altos en términos académicos y sociales. Abandono y rezago escolar, improvisación de medidas paliativas, incumplimiento de programas académicos, etc. Lo hemos vivido y padecido al tener que poner en marcha sistemas de comunicación alternativos mediante plataformas digitales, para los que muchos alumnos e incluso docentes no contaban con el equipamiento debido, ni los espacios para hacerlo desde la casa con el impacto que esto además ha representado para las propias familias. Personalmente me hubiese gustado decisiones más firmes en algunas medidas, pero tengo que reconocer que no tenía la película completa de lo que estaba sucediendo en una institución tan dispersa y compleja como la nuestra. Pese a todo ahí estamos saliendo, aunque no podemos hacer cuentas alegres.

Como sea, ahora vamos a enfrentar el cambio de gobierno en la UV y tenemos que coadyuvar a que resulte en la mejor decisión para todos y todas. Eso dependerá de la calidad de nuestra participación organizada, institucional, sin permitir presiones externas e internas y sin prestarse al acarreo y a la simulación de procesos de dizque libre manifestación de las ideas que no son tales.

Para eso hay que analizar cuidadosamente lo que cada aspirante propone. Investigar quiénes son, cuál es su trayectoria, de quiénes se acompañan. La respuesta a la pregunta de por qué quiere ser rector o rectora siempre me parece reveladora. Un breve análisis de lo que se dice y sobre todo de lo que no se dice sobre sus motivos, es sumamente significativo. Por ejemplo, querer ser rector o rectora para alinear la formación profesional a las demandas del mercado excluiría a numerosos egresados de Humanidades, de Artes y de la UVI, porque no creo que la estructura ocupacional demande muchos filósofos, ceramistas y gestores interculturales, por citar unos cuantos casos, que no se ofrecen en el ITESM porque no es una universidad pública.

Como siempre ocurre, habrá quien afirme que quiere llegar y aunque sepa que tiene pocas posibilidades, en realidad lo que pretende es negociar con alguien más fuerte para colocarse en su equipo. Otros echarán montón, como si fuera cuestión de multitudes. Por lo que tengo entendido la Junta suele tomar decisiones con base en lo cualitativo, en el perfil académico. Creo que no se requiere ser ducho entrevistando para detectar cuando hay quienes solo asisten para hacer bulto sin argumentos o repitiendo la misma cantaleta como si fuese una jaculatoria. También observaremos las usuales presiones de autoridades de entidades para que los académicos y alumnos se pronuncien a favor o en contra de alguien. Es lo que hay en nuestra universidad que aún no se acostumbra a ser plenamente democrática. Haría bien la rectora en contener estos impulsos.

A estas altura no se han destapado todos los interesados. De aquéllos que han estado dando entrevistas a la prensa, he escuchado buenas ideas, aunque no los conozco a todos y todas. De otros, se sabe poco en qué estén pensando. Pero también he escuchado a un par de ellos que parece que están hablando de una universidad privada, ya que en vez de propuesta de trabajo hablan casi de un plan de negocios para obtener fondos adicionales. Otro aduce tener tres licenciaturas con lo que quiere compensar su falta de experiencia personal de la vida institucional. No creo que se pueda sustituir esa carencia con la experiencia vicaria. Uno más habla de impulsar el conocimiento de frontera sin aportar una sola pista de cómo quiere lograrlo, y en lo que coinciden varios es en ver las herramientas tecnológicas como la solución idónea de los problemas.

Analicemos las propuestas con calma, es un momento para una reflexión a fondo. Y como quiero establecer una comunicación con mis lectores y lectoras sobre la base de la máxima transparencia, les informo que voy con el doctor Martín Aguilar Sánchez; tiene un proyecto de universidad que comparto, una trayectoria académica que respalda sus propuestas y no tiene padrinos invisibles, internos ni externos a la institución. Pero no me crean, lean su propuesta cuando la entregue, consulten en fuentes acreditadas quién es Martín, qué temas trabaja y decidan por sí mismos.

*Artículo publicado en La Jornada Veracruz el 24 de junio de 2021.

**Investigador del Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad Veracruzana y titular de la Cátedra Unesco “Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”.