La política de la educación ambiental y la educación ambiental política[1]
Edgar J. González Gaudiano[2]
El desarrollo de la educación ambiental en los distintos subsistemas educativos a nivel mundial ha partido de un supuesto erróneo. Se ha considerado que el cambio de actitudes y valores hacia el medio ambiente se encuentra alineado con el nivel de información que la gente posee sobre los procesos y fenómenos del mundo físico natural. Este supuesto ha sido denominado el modelo del déficit informativo y numerosas investigaciones sobre su aplicación han demostrado que es un modelo fallido. La gente mejor informada es capaz de reconocer la importancia del medio ambiente en sus vidas y a identificar mejor los problemas de su entorno inmediato e incluso lejano, pero eso no conduce a una modificación de sus hábitos y costumbres en su vida cotidiana. Si así fuera la gente que posee más años de educación escolar sería la más educada ambientalmente y eso no es necesariamente así, ni a nivel individual ni a nivel de países. El problema es que después de treinta años de aplicación de dicho modelo se continúa insistiendo en el mismo.
Lo anterior no implica que se omita proporcionar información sobre los asuntos ambientales en los procesos escolarizados. Los malos resultados derivan de considerar que eso será suficiente y no impulsar otras estrategias educativas más afines con la formación de valores. Aún más, los contenidos que se incorporan en los procesos educativos relacionados con el medio ambiente, a menudo resultan ser contenidos de las ciencias naturales; “contenidos ecológicos” como equivocadamente reza el artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y que es reproducido en la mayoría de las leyes estatales sobre medio ambiente. En esta deficiencia deriva de una noción de que el medio ambiente es naturaleza entendida, además, como problema.
Por lo mismo, en los planes y programas de estudio suele haber una ausencia clara de articulación de los contenidos de las ciencias naturales y de los problemas sociales, perdiendo de vista que los problemas ambientales son profundamente sociales; que tienen una base de deterioro ecológico sí, pero que al afectar la calidad de vida se convierten en problemáticas sociales. Esta articulación es la que no se trabaja en las escuelas. De este modo, a la educación ambiental le es suprimida su dimensión política.
Ello permite explicar, al menos en parte, la precaria participación de la gente en asuntos que tienen una gran relevancia para sus vidas. Recientemente han estado apareciendo noticias en los medios de comunicación noticias muy serias amenazas para la calidad de nuestras vidas y las de nuestros hijos. Asuntos como la ampliación del Puerto de Veracruz, la minera Caballo Blanco, la destrucción de humedales y dunas costeras y la desforestación, por citar sólo algunas, son asuntos que se perciben como poco prioritarios para la gente común, pero también para la mayoría de la llamada clase política. Inexplicablemente también para un gran sector universitario, lo que confirma nuevamente la invalidez del modelo del déficit informativo.
La educación ambiental tiene un gran potencial de formación de ciudadanía, esto es, de atender cuatro rasgos básicos: a) identidad, b) valores, c) participación política y d) requerimientos sociales para ejercerla. Ello implica que educar para una ciudadanía ambiental es desarrollar la conciencia de sí mismo como un miembro de una sociedad democrática compartida, con énfasis en los enfoques participativos para involucrarse en los asuntos políticos que afectan nuestra calidad de vida, y atendiendo aquéllas desventajas sociales y circunstancias institucionales que obstruyen el que la gente ejerza sus derechos y deberes a plenitud. Tenemos muchas oportunidades para trabajar educativamente en esta dirección. De nosotros depende.
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