¿Combatir la pobreza o la desigualdad social?

¿Combatir la pobreza o la desigualdad social?[1]

Edgar González Gaudiano[2]

Hace casi veinte años, en 1992, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) convulsionó  a la sociedad mundial con la publicación de su informe sobre el desarrollo humano. Con el informe se presentaba la propuesta del Índice de Desarrollo Humano (IDH), con el cual se quería dar una mejor idea del avance en el desarrollo de la que había venido aportando el Producto Nacional Bruto. El IDH integra los aspectos económicos y sociales ponderando el crecimiento económico, la alfabetización de adultos y la esperanza de vida. A partir de entonces, al IDH se le han hecho múltiples ajustes incorporando la desigualdad por género, las diferencias regionales, etcétera, aunque continúa siendo deficitario en la dimensión ambiental.  

Pero lo que más impactó ese año de 1992, fue que la portada del informe se ilustró con la ahora ya famosa gráfica llamada “la copa de champagne” (figura). Esa gráfica muestra meridianamente que el problema no es la generación de la riqueza en el mundo, sino su obscena distribución. 20% de la población mundial (el quintil más rico) equivalente entonces a unos 1,100 millones de personas, concentraba 82.7% de los ingresos (y de la energía, los alimentos, las inversiones, etc.). La misma cantidad de personas, pero del quintil más pobre recibía apenas el 1.4% de ese total, lo que le permitía la mera sobrevivencia.

Aunque parezca increíble, esa súper desigual e inmoral brecha en la distribución mundial se ha hecho mayor. El PNUD en 1998, apenas seis años después de la publicación de la copa de champagne, reveló que el quintil más rico de la población había incrementado la concentración de ingresos a 86%, mientras que el quintil más pobre redujo su percepción a 1.3% del total de los mismos. Lo anterior pese a que en ese mismo periodo la economía mundial había crecido  18.64%. Esto es, no hay tal derrama, ni distribución de la renta una vez que está puesto el pastel. La sicalíptica codicia de los poderosos domina las decisiones.

Al través de los años y hasta el momento actual esa brecha se ha venido ampliando sin cesar, y como al último quintil ya no hay prácticamente nada que quitarle, sino la propia vida, la creciente concentración del ingreso de los más ricos se ha venido haciendo a costa de los quintiles intermedios 2, 3 y 4; es decir, las clases medias que han venido progresivamente depauperizándose.

El tema no debe verse solamente en una perspectiva global. Nuestro país con  112 millones de habitantes ocupa el décimo cuarto lugar mundial por el tamaño de su economía, pero en el mundo es uno de los que tiene más alta desigualdad. Es decir, es uno de los países en los que la brecha entre pobres y ricos es mayor. Según la reciente Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, publicada por el INEGI, en números redondos, 10 millones de personas viven solamente de lo que les da el gobierno a través de distintos programas y de otras fuentes de las que reciben apoyos y 40 millones sobreviven con dos salarios mínimos; esto es, con apenas 3,500 pesos al mes o menos, mientras sólo 5 millones de personas ganan por encima de los seis salarios mínimos.

De acuerdo con esta Encuesta, la población más rica rebasaba en 2006 en 14 veces el ingreso de la población más pobre. Esa brecha en cuatro años se amplió a 18 veces. Es decir, mientras alguien del estrato más pobre recibe seis mil pesos por trimestre, uno del estrato más rico recibe 118 mil.  Entre 2006 y 2008 los pobres pasaron de ser 45 millones a ser 51 millones. Seis millones más de pobres en sólo dos años. Todo un record. Eso sin contar la emigración. El ingreso promedio de los mexicanos se desplomó en 12% entre 2008 y 2010. En fin, lo que las cifras nos dicen es que del 2006 a la fecha, en el gobierno panista del presidente Calderón y de gobernadores de todos los signos, las clases media y baja de este país son más pobres y las clases altas más ricas. Así de sencillo.

Por lo mismo, el asunto ese de los programas de combate a la pobreza es puro atole con el dedo y no habrá manera de combatirla mientras no se combata también la enorme concentración del ingreso en los ricos, la opulencia; es decir, lo que se necesita combatir es la desigualdad social. No hay de otra, lo demás son cuentos chinos. Los datos así lo confirman, aunque nos sigan diciendo que los 25 años que hay entre Solidaridad y Oportunidades han sido exitosos.  

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[1] Publicado en La Jornada Veracruz el lunes 1 de agosto de 2011, p. 7.

[2] Investigador del Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad Veracruzana.

Esperando al nuevo Godot

Esperando al nuevo Godot[1]

Edgar González Gaudiano[2]

Los resultados electorales recientes me mueven a una reflexión sobre la situación general que guarda el paí­s en comparación con la que guardaba, digamos, hace treinta años. El PIB per cápita pasó de 1,980 dólares en 1980 a 8,960 dólares en 2009; tenemos ahora una cobertura insuficiente pero aceptable en electricidad, agua potable, acceso a la educación básica, entre otros. Muchos indicadores considerados de desarrollo han mejorado sustantivamente. No hay duda alguna.  

Sin embargo, en ese lapso hemos crecido demográficamente en 45 millones (una población igual a toda España) y ahora estamos entre los once países más poblados del mundo. Se ha incrementado la desigualdad social y tenemos más pobres en números absolutos y relativos que antes. Hemos perdido también en estas tres décadas la mitad de los bosques y selvas y ahora todas las cuencas hidrográficas se encuentran contaminadas. En ese plazo han emigrado alrededor de 12 millones de mexicanos ante la falta de oportunidades sociales y económicas. El campo está abandonado a consecuencia de la migración humana y por la desatención de los gobernantes. Los servicios de salud son una ruina y los de educación tienen serios problemas de calidad. Nos estamos acabando el petróleo y no logramos niveles de desarrollo acordes a lo logrado en otros países que en ese entonces estaban muy detrás de nosotros, por ejemplo, Corea del Sur y Singapur. Y, como corolario, la violencia y la inseguridad han crecido a niveles inauditos.

En esos años cuando alguien decía que íbamos camino a una "colombianización" ante el incremento de la violencia, nuestros polí­ticos respondían que era una exageración, un despropósito. Ahora estamos caminando rápidamente hacia las peores condiciones que padeció Colombia.

Hace tres décadas nuestros niños jugaban en la calle y en los parques públicos y no temíamos que al salir a la calle pudiéramos morir acribillados en una balacera, o ser extorsionados por teléfono o en nuestros negocios o ser secuestrados. Tampoco tal cantidad de viviendas quedaban inundadas cada año, significando la pérdida del patrimonio de miles de familias.  

Que el mundo es ahora mucho más complejo, es verdad. Pero no podemos justificar todo con ese argumento, porque hay muchos paí­ses en que los niños aún pueden jugar en la calle y la gente vive más segura y con mejor calidad. Y son países que tienen considerablemente menos recursos naturales y capital humano que el nuestro, como Costa Rica y Uruguay, por sólo poner dos ejemplos regionales. Seguridad, empleo, agua limpia, acceso a la salud, calidad educativa, esos son los indicadores que entiende la gente.

En 1990 firmamos como país el TLC con Estados Unidos y Canadá y en 1994 ingresamos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Los resultados de esas polí­ticas promovidas por la vanidad de los gobernantes en turno con la connivencia de quienes les hacen comparsa evidentemente han sido precarios. Nuestra pertenencia a esos organismos, así­ como el hecho de ser uno de los países que más convenios de libre comercio ha firmado en el mundo sólo ha servido para beneficiar a los mismos de siempre que están expoliando los recursos naturales de la nación. Se conceden explotaciones mineras a cielo abierto sin importar la contaminación de suelo y agua, y el deterioro severo de las comunidades aledañas a los fundos mineros, cuyos pobladores son contratados pero sin cumplir los estándares nacionales e internacionales en materia de protección, prestaciones sociales, etc.          

Me preocupa mucho el país que como generación estamos dejando a nuestros hijos y nietos. No lo recibimos así. Pero en vez de tomar en nuestras manos el desafío, oscilamos bipolarmente entre el desánimo y la frustración y la ilusión ingenua al seguir dócilmente esperando al mesías providencial que nos sacará de esta perenne crisis. Algo muy parecido a la genial obra de Samuel Beckett Esperando a Godot. Esa espléndida narración sobre la incomunicación que caracteriza el mundo contemporáneo por sus desencuentros, el tedio y vacío existencial, así como por la carencia de significado, insatisfacción y soledad a la que conduce la alienación en la que vivimos; como en este circo sin pan al que nos ha condenado la ambición de poder y la codicia voraz de los que nos gobiernan acercándonos a un peligroso punto sin retorno.

En este teatro del absurdo que también es el país, Godot tampoco llegará aunque nuestros políticos seguirán anunciándolo indefinidamente.

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[1] Publicado en La Jornada Veracruz, el lunes 18 de julio de 2011, p. 4.

[2] Investigador de la Universidad Veracruzana.

Luz Sustentable

Luz Sustentable[1]

Edgar González Gaudiano[2]

El martes 5 de julio, el Presidente Felipe Calderón anunció la puesta en marcha del Programa “Luz Sustentable”, mediante el cual se sustituirán, según se dijo, 47 millones de focos de luz incandescente por focos ahorradores en once millones de los hogares más pobres. Esto representará un ahorro al gobierno federal de 2 mil 200 millones de pesos. No se dijo en qué, aunque es de inferirse que en producción y subsidios al consumo eléctrico. Se informó, además, que el programa busca reducir entre 780 mil y un millón de toneladas al año de emisiones de bióxido de carbono a la atmósfera, evitar la combustión de 2.5 millones de barriles de petróleo, y ahorrar 13 mil millones de pesos que costaría la construcción de una nueva central eléctrica.

En esta misma línea de política se inscribe un programa previo denominado “Cambia a tu Viejo por uno Nuevo”, mediante el cual se reemplazan equipos de aire acondicionado o refrigeradores para reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Dado el número de beneficiarios, ambos programas tienen un efecto positivo directo en el consumo de energía, en el desembolso de las familias y en las finanzas públicas, sobre todo porque el costo de la energía a los particulares se incrementó en alrededor de 50 por ciento, en términos nominales, en los últimos seis años.

Sin embargo, sería muy conveniente que este programa se acompañara de una amplia campaña de uso eficiente de la energía dirigida a combatir el materialista estilo de vida actual y sus correspondientes patrones de consumo, pues la orientación predominante hacia la innovación tecnológica de las campañas de ahorro de energía esconde la verdadera raíz del problema. Si las familias beneficiadas con un menor pago de electricidad no cambian sus hábitos, ese ahorro económico se canalizará a la adquisición de otro electrodoméstico que volverá a incrementar su consumo de energía. Es como la hidra de las siete cabezas, a la que si le corta una le salen dos nuevas.  

Ese enfoque que privilegia la innovación tecnológica sobre la modificación de patrones de consumo, no es mal visto por los economistas, ya que se reactiva el mercado interno y aumenta el PIB, con sus correspondientes implicaciones políticas en vísperas electorales. Es lo perverso de los indicadores macroeconómicos como el PIB, en los cuales todas las actividades monetizables son consideradas como crecimiento, aunque signifiquen impactos negativos. Por ejemplo, el drama nuclear de Fukushima y las otras secuelas del maremoto implicarán trillonarias inversiones de Japón para intentar superar la crisis que serán contabilizadas como crecimiento. En una forma más simple, para el PIB son positivos los accidentes de tráfico debido a que dan trabajo a aseguradoras, a mecánicos, a médicos, a funerarias, etc.

Volviendo a Luz Sustentable, asociar la sustentabilidad a los efectos de cambio tecnológico por más positivos que sean, es reducir el concepto de sustentabilidad a su mínima expresión. La sustentabilidad es un proceso social antes que tecnológico pero, como siempre ha sucedido, los instrumentos sociales de la gestión ambiental son vistos como de un orden inferior.

¿Cómo puede ser sustentable un programa de energía que soslaya el problema de la progresiva entrega del sector eléctrico al sector privado y trasnacionales que generan energía, con un mercado asegurado, porque además de que las hidroeléctricas no trabajan a toda su capacidad, la CFE ha programado retirar unas 24 plantas entre 2011 y 2012 con el argumento de sustituirlas por centrales más eficientes?

Anunciar que con el programa Luz Sustentable se evitaría la construcción de una nueva central, cuando se tiene programado tanto cierre de plantas es confuso y contradictorio, pero con una clara intención efectista.

Asimismo, ¿cómo puede ser sustentable un programa que no está considerando los ingentes impactos ecológicos para generar energía, como el caso cercano de la hidroeléctrica El Naranjal en el rio Blanco y los planes de una serie de mini-hidroeléctricas para el rio Antigua-Los Pescados? Además, el programa ignora la carga ambiental del mercurio contenido en los focos ahorradores y la sustitución de focos viejos que irán a dar a la basura.

La verdad es que frente a la magnitud de los planes de la CFE para el fin del sexenio que no hemos tratado aquí en su extensión, el anuncio del programa Luz Sustentable es más efectista que efectivo y para consumo externo. Recordemos que el presidente Calderón recibió el Premio Campeones de la Tierra 2011, otorgado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente por el impulso a una economía verde global, a través de nuevas tecnologías y el uso de energías limpias. Es evidente que Luz Sustentable se inscribe perfectamente en esta línea con una dosis electorera, mientras que la política económica tiene su propio derrotero.

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[1] Publicado en La Jornada Veracruz el lunes 11 de julio de 2011. Pág. 6.

[2] Coordinador de la Cátedra UNESCO-UV “Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo” del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana.

La educación frente los complejos desafíos actuales

Edgar González Gaudiano

Vivimos tiempos de enorme complejidad: expansión de la democracia liberal, predominio del mercado por sobre cualquier otra estrategia de relación interpersonal, terciarización de la economía y su integración global, transformación radical de los sistemas de producción y de los mercados de trabajo, velocidad vertiginosa del cambio tecnológico, omnipresencia de los medios de comunicación de masas con capacidad de construir realidad, homogeneización de una cultura mundial de masas, tensiones crecientes de los roles del Estado en un contexto cada vez más globalizado, procesos paradójicos de integración y exclusión, inmersión en la sociedad del riesgo y de la vulnerabilidad y un ingente deterioro ecológico, económico y social en medio de crisis políticas y cínica decadencia institucional que empiezan a cobrar expresiones violentas incluso en el mundo desarrollado, entre otros.

En este marco, es complicado redefinir el rol social que desempeña la educación, ya que estamos inmersos en una transformación general, desde los procesos de producción, distribución y penetración de los conocimientos, hasta las exigencias en los empleos donde, por ejemplo,  se pide cada vez más formación académica para los mismos empleos que en realidad no la requieren. Estamos frente a grandes cambios sociales y culturales, una vida cotidiana y una democracia cada vez más complejas, con crecientes contextos interculturales en los que es difícil identificar cuáles son los conocimientos básicos.

A ello se suma una obsolescencia de la tecnología que ha evolucionado aceleradamente en el curso de una generación más que en cualquier otro momento de la historia y que conduce también a la obsolescencia de los contenidos escolares. Nuestras instituciones educativas, obligadas a responder a esta innovación permanente, no han sido capaces de adecuarse y por lo mismo no están, ni estarán, a punto para formar a la gente que necesitará ese 40% de los empleos del 2015 que aún no se han inventado.

A nivel de preparatoria, 25% de estudiantes del mundo tiene problemas de lectura y 33% no culmina sus estudios de este nivel, constatándose que los estudiantes de ambientes sociales aventajados tienen considerablemente más éxito que el resto. Así, el sistema educativo contribuye a reproducir la desigualdad social.  En México, los pobres de hoy tienen tres veces más escolaridad que sus padres y siguen siendo pobres, por la baja calidad de los estudios y la falta de posibilidades de empleo y desarrollo. Programas asistencialistas como Oportunidades ayudan a que los niños permanezcan en la escuela, sobre todo las niñas, y a mejorar su nutrición, pero no combaten las condiciones estructurales que determinan su condición y, sobre todo, no acrecientan sus posibilidades de movilidad social.

Por lo anterior y ante la ostentación de que hacen gala los ricos y un entorno de creciente desigualdad social y de concentración del ingreso, no debería extrañarnos el crecimiento geométrico en la inseguridad y la violencia social, de la economía informal, de la ingobernabilidad y de la migración de nuestros jóvenes con diez y más años de escolaridad en busca de un futuro que aquí no se les brinda por ninguna parte.

Aparece así la necesidad de impulsar una gestión de gobierno con base en resultados concretos, no amañados por estadísticas, ni silenciados y ocultos al escrutinio público. Se requiere de orientar el gasto público para generar soluciones a los problemas presentes de la sociedad y estrategias de largo plazo para prevenir los futuros, que se ejerza con honradez, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Me pregunto si es mucho pedir, porque son condiciones elementales de una democracia.

Estamos por iniciar el proceso de cambio del gobierno federal y la clase política ha de proponer en sus plataformas electorales construir legitimidad en una sociedad cada vez más escéptica hacia sus gobernantes, no sólo por los procesos electorales en sí mismos que generan muchas suspicacias y desconfianza por la inequidad e incluso ilegalidad de muchos de los actos a la vista, sino por la forma de gobierno a la mexicana llena de simulaciones pseudo-democráticas. El problema es que los partidos políticos en su lucha por el poder con instituciones a modo, y los poderes fácticos con los que gobiernan que se han beneficiado enormemente de esa complicidad, no parecen estar interesados en impulsar los cambios que el país demanda urgentemente.    

En otras palabras, es preciso construir un modelo de gobernanza compartiendo las políticas públicas con la sociedad, a través de indicadores muy claros de gestión, para dar pie a un marco de institucionalidad que propicie la construcción de ciudadanía.

¿Podrá la educación contribuir a ello en las condiciones actuales en que se encuentra?


Artículo publicado en La Jornada Veracruz el día lunes 5 de julio de 2011

LA EDUCACIÓN IMPOSIBLE

Edgar González Gaudiano

De acuerdo con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (PICC), prestigioso grupo integrado por miles de científicos de todo el mundo en labor voluntaria, la temperatura promedio de la superficie del planeta se ha elevado en 0.74°C desde el final del siglo XIX y se ha proyectado que aumente de 1.8 a 4° más hacia 2099. El nivel de mar se ha elevado entre 10 a 20 cm durante el siglo pasado y un incremento adicional entre 18 y 59 cm (según los diferentes escenarios) se espera para el fin del presente siglo. Algunos dirán que en realidad es poco: menos de un grado centígrado de temperatura y veinte centímetros de elevación del nivel del mar, el problema es que con esas aparentemente pequeñas magnitudes muchos procesos vitales están en severos riesgos. Los pequeños países insulares y las planicies costeras de zonas tropicales, como las del estado de Veracruz, son los más vulnerables, tanto por la elevación en el nivel del mar como por la creciente intensidad de fenómenos climáticos extremos. Con el cuarto informe de evaluación del PICC (2007) ha sido ampliamente reconocido que las bases científicas para entender los impactos del cambio climático y las estrategias de adaptación y mitigación están claramente establecidas.

Sin embargo, las decisiones para frenar la emisión de los gases de efecto invernadero a niveles que no sigan incrementando los riesgos existentes, no son sencillas de adoptar. Primero, porque son decisiones de política económica que afectan procesos productivos y con ello a grupos de interés muy poderosos, máxime en periodos electorales o de bajo crecimiento. Segundo, porque el cambio climático es un fenómeno súper complejo que está íntimamente relacionado con los patrones en boga de la actual sociedad de consumo, con el crecimiento demográfico, con los estilos de desarrollo, etc. Entonces aunque muchos siguen pensando en el cambio climático como un asunto ecológico, es mucho más que eso puesto que es al mismo tiempo causa y consecuencia de diversos problemas contemporáneos que inciden en forma directa en la vida de las personas y de las otras especies del planeta.

En todo esto reside la dificultad de educar sobre el cambio climático. Es obvio que este desafío educativo concreto no puede reducirse a incorporar contenidos sobre el mismo en los programas escolares de los distintos niveles educativos. Eso desde luego hay que hacerlo, aunque no sea mucho lo que podemos esperar de ello. Tener información sobre un problema cualquiera no es condición suficiente para cambiar comportamientos, hábitos y actitudes sobre el mismo. Ahí tienen el caso del tabaquismo, por ejemplo. Si así fuera en relación con el cambio climático, los científicos que integran el PICC serían las personas mejor educadas ambientalmente del mundo y me parece que no son muy diferentes en sus formas de vida cotidiana a muchos de nosotros.

Pero el desafío de educar sobre el cambio climático es mucho más complejo, porque la escuela misma en su forma y orientación actual es más parte del problema que de la solución. Numerosos procesos, contenidos e incluso rituales escolares son en sí mismos insustentables. La organización disciplinaria es uno de ellos. El cambio climático es un fenómeno interdisciplinario por antonomasia, que ha puesto en jaque no sólo al conocimiento científico disponible, sino a la manera de producirlo. Y las comunidades científicas de cada disciplina son también grupos de poder muy resistentes en la modificación de sus parámetros de referencia y de certidumbre. En fin, para decirlo en pocas palabras, la educación escolar promueve muchos de los valores del actual modelo de civilización y noción de progreso que nos han conducido hasta este crítico momento. Sólo se salvan en este proceso, aquellos docentes y estudiantes más sensibles y críticamente avezados que piensan y actúan por su cuenta.

Fuera del ámbito escolar el problema no es menor, porque pretender educar sobre el cambio climático implica remar a contracorriente con un cierto tipo de aspiraciones de cambio social de las personas. Aspiraciones que se encuentran profundamente enquistadas en los patrones de la sociedad de consumo actual. En este sentido, para esas personas el prestigio social e incluso la identidad y la autoestima dependen de la adquisición de bienes y servicios que suelen ser necesidades creadas por la publicidad para satisfacer deseos caprichosos, con lo que obviamente mantenemos girando la rueda del mercado aunque nos pase por encima.

A través de la educación es posible generar presiones en el mercado para impulsar una racionalidad de consumo diferente, con énfasis en la calidad de los productos y las condiciones de su producción distinguiendo necesidades de deseos. Esto es, construir un nuevo patrón de consumo para una mayor equidad social y un menor stress ambiental, mediante procesos educativos que impulsen pensamiento crítico acerca de cómo escoger entre varias opciones y por qué no elegir aquéllas que se preconizan como signos de distinción social. Procesos educativos orientados a reducir la oferta productiva y a analizar el rol de las empresas que inducen el consumo posicional, que emplean mano de obra infantil o esclavos laborales, que no adoptan controles de emisiones y desechos, que no son al menos ecoeficientes, que no protegen del riesgo a sus trabajadores, que pagan sueldos miserables o reciben exenciones fiscales, subsidios especiales y tratos preferenciales que se traducen en competencia desleal para otros productores o países.

Conformarnos con ampliar contenidos sobre cambio climático en el currículum o con trasmitir programas de alfabetización científica sobre este tema por televisión, es como dar respiración artificial a un enfermo terminal.

De ahí que digo que en materia de cambio climático la educación es imposible. Imposible mientras la escuela continúe aferrada a sus atavismos y la sociedad siga comportándose como el cliente dócil de ese estilo de vida materialista centrado en el consumismo que destruye culturas, favorece la migración, erosiona esfuerzos educativos y genera violencia social.

Publicado en la Jornada Veracruz, el martes 21 de junio de 2011, p. 2.

Los liderazgos súbitos

Édgar González Gaudiano

Cuando se inició la serie de conflictos en los países del norte de África para echar a dictadores que se habían entronizado en el poder por décadas, muchos nos alegramos y constatamos que la realidad social es un fenómeno complejo que no admite predicciones lineales. Lo mismo sucedió cuando de improviso se disolvió la Unión Soviética y cayó el muro de Berlín, aunque eso no fue por un levantamiento popular sino porque ese sistema político económico era insostenible.

En el mismo sentido, ha surgido y va para largo el movimiento insurreccional en España, derivado del hartazgo de la población- no sólo la joven con un altísimo desempleo- ante unas elecciones que ofrecían más de lo mismo, con la misma élite política, en una alternancia entre dos grupos que no ha implicado mejores gobiernos y cambios de rumbo hacia el bien común. Los participantes de ese movimiento se han denominado los indignados y su proclama es ¡por una democracia real, ya! Nadie pudo haber pronosticado algo semejante, que ni siquiera contó con una buena cobertura mediática, sino todo lo contrario. Tampoco nadie pronosticó cómo un escenario social de pocos días pudo provocar la copiosa votación que dio la victoria a la derecha española y que fue un claro voto de castigo al gobierno de Rodríguez Zapatero.

Frente al desastre económico, político y social que padece nuestro país, estos acontecimientos no pueden menos que regocijarnos. Nuestros analistas políticos han insistido recurrentemente que no hay liderazgos alternativos visibles para un cambio en el estado de cosas. Pero las condiciones se están gestando para que ocurra algo similar a lo de África y España.

La nutrida convocatoria de Javier Sicilia frente al autismo de la presidencia y el hartazgo social está mostrando que la gente ya no se va a quedar en casa y callada por miedo. Cada vez es más evidente entre el ciudadano de a pie que si no hacemos algo nosotros mismos, todo se va a poner aún peor. La campaña electoral en el Estado de México confirma una vez más que los partidos y sus políticos no han aprendido nada y creen que es posible prolongar esta agonía.

La realidad veracruzana, por su parte, parece ajena al fenómeno del liderazgo súbito. Ni la deuda del gobierno del estado que puede llegar a los 30 mil millones de pesos hipotecando el futuro; ni el deterioro de las condiciones de vida principalmente en las zonas conurbadas donde la pobreza, el tráfico, la suciedad y el abandono hacen de las suyas; ni la clase política reflejada en un Instituto Electoral Veracruzano cuya dirigencia es el colmo de la desvergüenza; ni el deterioro ambiental que sufre el estado, sin duda uno de los mayores del país; ni la pobreza exacerbada por la crisis en el campo, la migración y el malvivir de muchos en las ciudades; ni los bajos niveles educativos y los deficientes servicios de salud, son motivos suficientes para una movilización ciudadana. La aceptación conformista o la resignación piadosa parecen regir la conducta social.

Pero esa calma chicha puede ser engañosa. En cualquier café, centro de trabajo o de diversión, el ruido de la inconformidad no es estrepitoso pero sí cada vez más persistente. Empieza a encontrar eco en la telaraña de la comunicación -la Internet y sobre todo en las redes sociales- y en los mensajes telefónicos que con velocidad desconocida pero no desdeñable informan –bien o mal- de aquello que la autoridad pretende ocultar: la violencia que cada vez más se va acentuando en la entidad y el deterioro de la calidad de vida. Agréguensele los desastres causados por el coctel de fenómenos naturales con malas decisiones y peor organización, que con seguridad iremos enfrentando en los próximos meses de lluvias y tendremos un caldo de cultivo muy propicio para cualquier cosa. La peor salida de los llamados con eufemismo “tomadores de decisiones” (clases dominantes, se les llamaba antes), será continuar con una actitud de falta de información y negación de lo inocultable. Esa actitud autista de las autoridades esperando que la inconformidad se pudra sólo con el tiempo, no conducirá sino a incrementar el proceso de deterioro social y la magnitud de la respuesta. Los enemigos de las instituciones han sido quienes no han sabido administrarlas y han dejada que pierdan credibilidad y su función social. En los momentos más inesperados acabarán por desgastarse los liderazgos institucionales para ser sustituidos súbitamente por otros liderazgos. La historia reciente está a la vista.

Publicado en el periódico La Jornada Veracruz, del lunes 13 de junio de 2011, p. 2.

De los desastres naturales a los accidentes laborales

Édgar González Gaudiano y Adalberto Tejeda Martínez

Con frecuencia reiterada se califica a los desastres como “naturales”. Funcionarios e informadores no dudaron en calificar así a los causados por el huracán Karl y la tormenta tropical Mathew, que asolaron las zonas costeras del centro y sur de Veracruz el año pasado.

Recientemente pero ya casi en el olvido mediático y social, supimos sobre el “accidente” que mató 14 mineros en Coahuila y dejó a un niño de quince años mutilado de su brazo derecho. Un episodio más de una larga serie, como consecuencia de la falta de medidas de protección de los trabajadores; de irresponsabilidad de empresarios mexicanos y extranjeros en su afán de lucro fácil; de connivencia o incluso complicidad de las autoridades locales y federales.

Ambas categorías, la de desastres naturales y la de accidentes laborales son falsas en la mayoría de las veces, pero sirve para justificar numerosos casos en que los responsables directos e indirectos se lavan las manos frente a la sociedad. La primera es falsa porque los desastres no son naturales, sino consecuencia de decisiones equivocadas, mala o ausente planeación o simplemente corrupción de autoridades y empresas inmobiliarias y de infraestructura. Los fenómenos naturales no ocasionan desastres por sí mismos, sino que éstos ocurren, como en el caso de Veracruz, porque se han autorizado y construido unidades habitacionales en zonas de alto riesgo, porque se han deforestado las cuencas altas, porque no se ha sabido –o no se ha querido- invertir en programas y obras apropiados. Es más redituable en votos permitir los asentamientos irregulares; es más redituable en fondos solapar a inmobiliarias inmorales.

Además, no basta con atender la emergencia. La prevención debe pasar no sólo por invertir año con año sumas crecientes en el desazolve de ríos y lagunas costeras, también habría que emprender un intensivo programa de reforestación y restauración ecológica del territorio veracruzano que está perdiendo millones de toneladas de suelo fértil en cada temporada de lluvias.

No basta tampoco con el pronóstico meteorológico diario, más o menos acertado; hay que evaluarlo rigurosamente, y transitar hacia un sistema de alerta temprana en el que cooperen y no compitan por la imagen, los distintos niveles de gobierno.

La segunda categoría, la de los accidentes laborales, es también falsa porque de accidentes no tienen nada. Esos lamentables sucesos son un resultado lógico de las condiciones en las que laboran los mineros, pero también muchos otros trabajadores, mientras el secretario federal del ramo anda haciendo campaña para ser nominado por su partido como candidato presidencial. Son parte de la cara de ambición, arrogancia y la ya menciona connivencia de autoridades con patrones sin el menor sentido social.

En resumen, no nos engañemos: cuando la autoridad habla de desastres naturales y accidentes laborales suele sólo estar encubriendo su ineptitud, irresponsabilidad y quizás hasta corrupción, frente a contingencias que serían previsibles y evitables si cada quien hiciera lo que le corresponde.

Publicado en La Jornada Veracruz, Viernes 27 de mayo de 2011. P. 6.

Los complicados desafíos de Javier Duarte

Edgar González Gaudiano

En las últimas semanas hemos venido constatando el cambio gubernamental en Veracruz, a través de un cambio de discurso y de actitud política visibles desde muchos ángulos. Bueno, ¡hasta el palacio de gobierno va cambiando del color rojo característico de la gestión anterior por tonos verdes discretos! Símbolos iniciales de lo que pretenden ser transformaciones de fondo en el estado.

Pero los problemas están ahí y no se van a resolver con plantones de una docena de personas, con un par de mantas con leyendas que rezan ¡Duarte: Estamos contigo! ¡El pueblo reconoce tu apoyo! Esas son decadentes manifestaciones de acarreadores profesionales autodenominados líderes populares, que medran con las necesidades y desesperación de la gente. Es un nivel vergonzante de la política que convendría fuese rechazada por el gobernador en forma pública y abierta, no para coartar la libertad de expresión, sino para reducir la perversa simulación y las imposturas, pues hay un hartazgo social de diletantes.

En medio de este ambiente político es urgente comentar sobre cinco de los principales retos del actual gobierno. Son asuntos que requieren de acciones sistemáticas y persistentes puesto que son complejos. Se presentan en brevísimas síntesis que no están planteadas en orden jerárquico. Todos ellos son cruciales para la calidad de vida del estado y deben atenderse con políticas y acciones convergentes. Son críticas de buena fe y en plan propositivo.

1. Medio ambiente

La situación ambiental del estado es un completo desastre. Por el territorio veracruzano escurre el 30% del agua superficial de todo el país y paradójicamente tenemos problemas de disponibilidad de agua. Prácticamente todas los ríos están contaminados y sus cuencas degradadas. Los índices de deforestación siguen incrementándose y el cambio de uso de suelo es moneda corriente. El patrimonio natural de un estado rico en biodiversidad se deteriora progresivamente, con implicaciones económicas y sociales de corto, mediano y largo plazos, como resultado de la sobreexplotación pesquera y forestal en algunas zonas, por incendios forestales y otros desastres mal llamados “naturales” que cada año ocasionan fuertes avenidas que derivan de la pérdida de la cubierta vegetal de los suelos, que de ese modo son arrastrados por la lluvia. El uso descontrolado de agroquímicos que envenenan al ambiente y numerosas comunidades campesinas está documentado y tenemos más de 150 tiraderos a cielo abierto. Las áreas urbanas crecen sin control alguno, incluso en zonas de alto riesgo, con la complacencia de autoridades y el beneplácito de fraccionares y empresas inmobiliarias.

Es evidente que este severo deterioro ambiental produce problemas económicos, de salud, migración, sufrimiento y pérdida agravada de condiciones de bienestar en el presente y el futuro de Veracruz. La SEDEMA no será capaz de enfrentar esta situación, ni siquiera de manera incipiente, con un presupuesto minimalista y una descoordinación institucional. El problema ambiental requiere de realinear la política agropecuaria, pesquera, turística, económica, etc. De otro modo sólo se responde reactivamente poniendo parches. Un ejemplo claro de esta ausencia de coordinación y concurrencia de competencias es el Programa Veracruzano ante el Cambio Climático. Entregado por la Universidad Veracruzana al Gobierno del Estado hace ya dos años, suele mencionársele como un referente oficial pero no se formaliza su aplicación. Se ha convertido en bandera política sin contenido alguno.

2. Energía

El estado ha heredado numerosos errores del pasado, empezando por la Central Nuclear de Laguna Verde que es una Espada de Damocles pendiendo sobre los veracruzanos. Es una central que produce sólo el 3% de la energía eléctrica en el país, que se podría compensar sólo con un buen programa de ahorro energético, pero que representa un riesgo muy alto. No hay medidas, ni dinero, ni excusas que valgan frente a un “accidente”. Chernóbil y ahora Fukushima lo confirman.

Frente a ello se desperdicia el enorme potencial solar y eólico y se continúan proponiendo medidas descabelladas de alto impacto social y ambiental como el sistema de las seis microrepresas a lo largo del río Pescados-Antigua que afectaría a Jalcomulco y otros siete municipios, y proyectos similares en muchos otros sitios del estado. Es obvio que las autoridades responsables sufren de autismo, frente a la magnitud de los problemas que algo así generaría.

3. Economía

Datos sumamente reveladores son los publicados en 2010 por el Instituto Mexicano de Competitividad, donde Veracruz ocupa el lugar 26 con un PIB per cápita 32.4% inferior al promedio nacional, una tasa de 2% por debajo del crecimiento nacional en el periodo 2006-2008 y un decrecimiento de -0.7% en 2008 que contrasta significativamente a nivel nacional.

El desempleo de Veracruz para 2008 alcanzaba 2.4%, 1.7 puntos porcentuales arriba del promedio nacional, a pesar de todas las declaraciones del gobierno en sentido contrario. Veracruz descendió 15 posiciones en “Economía dinámica y estable” y cayó hasta el lugar 29, y perdió 14 posiciones en “Gobierno eficiente y eficaz” para ocupar el lugar 28. Además, perdió una posición en “Aprovechamiento de las relaciones internacionales” y ahora ocupa el último lugar, debido a que entre 2006 y 2008 la inversión extranjera directa disminuyó 76% para alcanzar sólo 101 millones de pesos, apenas 0.02% de su PIB.

El problema de la deuda pública es un tema que se cuece aparte por su magnitud. 30,000 millones de pesos. Casi diez veces más que lo que se endeudó el gobierno de Miguel Alemán. Es una hipoteca del futuro de los que menos tienen en el estado.

Estos datos no son mala prensa, sino información que no ha sido desmentida y que evidencia la sinrazón de las campanas que se echaron al vuelo en la gestión anterior y que todo mundo celebró empezando por el obsequioso congreso del estado.

4. Gobierno y rendición de cuentas

El relevo gubernamental ha sido escandaloso. Pese a la autocensura de muchos medios se supo cómo muchos alcaldes salientes y sus cabildos desmantelaron los ayuntamientos. No sólo no dejaron documentación que pudiera incriminarlos, se llevaron el mobiliario y el equipo de cómputo. En algún caso hasta el cableado eléctrico. Se levantaron algunas demandas en los municipios más pequeños y pobres. De los demás no se dijo oficialmente nada. De igual forma, se dijo mucho de las numerosas obras que se pagaron a precios altos y no se hicieron o se hicieron mal, en muchos casos por empresas creadas al vapor para hacer negocios ilícitos. Se han anunciado algunas medidas que parecen cortinas de humo. Otra vez los peces gordos no entraron en la red. Se trata, en los hechos, de delincuencia organizada para defraudar el erario público. No se han rendido cuentas claras, aún a sabiendas que se han regresado algunos fondos y levantado pocas demandas. Eso no puede seguir ocurriendo. Alguien tiene que hacerse cargo, pues de ese modo continúa el descrédito de las instituciones del Estado y eso complicará notablemente la gobernabilidad. No puede haber borrón y cuenta nueva cada seis o cada tres años. Hay una impunidad rampante que constituye un cáncer para el sistema de justicia. ¿Cómo puede hablarse de estado de derecho con ese atávico comportamiento de la élite política?

5. Sociedad

Veracruz goza, por el momento, de una situación privilegiada en el país respecto de los altos índices de violencia. Esperamos que esa situación se mantenga porque ha permitido incrementar el flujo turístico y compensar en parte el mal momento de la economía estatal. Sin embargo, las condiciones sociales no mejoran.

Tenemos un alto índice de marginación social, sólo por encima de Guerrero, Chiapas y Oaxaca; un alto índice de emigración internacional pues el INEGI reporta que en cinco años se han ido del estado 62,720 personas, 95.3 % a los Estados Unidos y 74.2% entre 15 y 44 años. Esto es, estamos perdiendo nuestro bono demográfico al irse veracruzanos en plena etapa productiva. La tasa de crecimiento social total es -0.94, debido entre otras cosas a que 25,353 personas según el INEGI se fueron a otros estados en 2010 y a una tasa de mortalidad infantil de 16.68 por cada mil nacidos, cuando en el país es de 7; es decir, padecemos una tasa de mortalidad infantil equivalente a la de Botswana y Cabo Verde, en África.

Además, tenemos una esperanza de vida de 74.2 años, una de las más bajas del país, una tasa de alfabetización de apenas 86.7% y un índice de desarrollo humano medio de 0.7573 nuevamente sólo por encima de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Pero sufrimos una incidencia de sobrepeso y obesidad en el Puerto de Veracruz que ocupa el primer lugar a nivel Latinoamérica y entre 60 y 65% de la población menor de 15 años presenta esta condición, la más alta del país.

Los retos son enormes y para enfrentarlos es imprescindible la participación social, pues el gobierno no podrá hacerle frente solo a desafíos de esta magnitud y complejidad en un entorno internacional financieramente deprimido y un contexto nacional que se apresta para las elecciones del 2012 en condiciones de violencia creciente, postergando todo lo demás.

En nuestra infancia se presumía coloquialmente y guardando todas las proporciones, que Veracruz era como California en Estados Unidos. Que tenía todo para convertirse en un país independiente: vastos recursos naturales, un litoral de 745 km, el mejor puerto, una posición estratégica en el territorio nacional, historia y cultura y, aunque no se llamaba así, un bono demográfico que prometía un futuro próspero y feliz. Ahora vemos cuál ha sido nuestro destino manifiesto.

El gobernador mismo está labrando su imagen para la historia. Nadie, ni el más carismático, escapa a ese juicio sumario cuando se ha dejado el poder. Sobran los ejemplos recientes. Seis años pasan muy rápido. Es posible aceptar que se cometen errores en algunas decisiones, siempre y cuando el criterio sea buscar el bien común, de la mayoría. Por eso es preciso que el gobernador ignore el canto de las sirenas y los devaneos de los que, con toda seguridad, merodean en torno suyo, proponiéndole proyectos en los que sólo resultarán beneficiados los mismos de siempre, externalizando los daños e impactos negativos al conjunto de la población del estado. No nos lo merecemos.

Basta ver la Corte de los Milagros en la que se ha convertido el centro de Xalapa, para confirmar que se necesitan políticas y decisiones audaces que rompan el vicioso círculo de más pobreza y deterioro ambiental. El Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 va en esa dirección. Pero también sabemos que los planes de desarrollo al cabo de un tiempo corto, se convierten en meras referencias documentales que nadie lee y menos aplica en la gestión de gobierno.

Publicado en La Jornada Veracruz en dos partes los días 3 y 4 de mayo de 2011

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?seccion=7&ID=110503_122550_929

La participación social: discurso vacío

Edgar González Gaudiano[1] y Adalberto Tejeda Martínez[2]

En el discurso todo político exalta las virtudes de la participación social, sobre todo su condición necesaria para el ejercicio de la ciudadanía y la institucionalización democrática para la modernización del Estado y la aplicación plena de los derechos sociales y políticos de la población.

Los Observatorios Ciudadanos y los Consejos Consultivos gravitan alrededor de la participación social y también, desde luego, los rebasados partidos políticos y las múltiples organizaciones sociales, vecinales y territoriales. Pero es en el ámbito local donde la participación social puede cumplir mejor su cometido. Los barrios, las colonias, las instancias municipales, religiosas, recreativas y culturales, entre otras, constituyen los espacios por excelencia para que las personas puedan ejercer sus derechos y obligaciones en formas concretas y de interés para su calidad de vida, como es el caso de la gestión de bienes y servicios públicos.

Sin embargo, el acceso a bienes y servicios básicos (agua, drenaje, luz, vigilancia, recolección de basura, etc.) funciona de manera diferenciada: para algunos son eficientes y baratos en comparación de los ingresos; pero mucha gente ha tenido que crear e intervenir en organizaciones sociales para poder obtenerlos. La ineficiencia, la corrupción, el conflicto de intereses y el desconocimiento de los criterios de asignación de recursos y definición de prioridades en las dependencias de los tres niveles de gobierno para tratar asuntos y demandas de interés público, son asuntos recurrentes de nuestra aún vulnerable institucionalidad democracia: la gente de a pie tiene que superar muchos obstáculos puestos por la propia autoridad para que sus derechos sociales sean atendidos.

Nuestras instituciones, pese al discurso político que proclama lo contrario, están llenas de simulaciones que lastran aún más sus precarias posibilidades de ser eficientes y justas. Desde los consejos consultivos y demás organismos constituidos para dar voz a los ciudadanos que sólo se emplean para legitimar decisiones consumadas de la autoridad y a veces ni para eso, sino sólo para cumplir con ciertos ordenamientos legales que los prescriben, hasta muchos periodistas y medios impresos y electrónicos que practican tal culto a la personalidad de la autoridad o funcionario en turno de manera tan grotesca y descarada, que resulta ofensivo para cualquiera medianamente inteligente.   

Ese es el pan nuestro de cada día en Veracruz: numerosos periódicos y panfletos de índole variopinta, que no se venden porque ya están pagados, de dudosa contabilidad y que sólo exaltan imágenes ridículamente infladas de una autoridad que no se corresponde con los tiempos actuales. O el caso de nuevos funcionarios que pregonan cambios radicales dizque en bien de la ciudadanía, pero que no son capaces de poner orden ni en el teléfono para reportar fugas de agua los fines de semana, por ejemplo.

La participación social es clave para construir instituciones verdaderamente públicas. Para ello ha de existir la convicción en autoridad y en ciudadanía de que la participación o es auténtica o no es y de que se respeta la disensión ideológica y política como condición de una gobernabilidad democrática. Mantener las usuales formas burocráticas y autoritarias de gobierno que simulan y minimizan la participación de la ciudadanía en los decisiones y asuntos públicos, es preservar la exclusión de los intereses de la ciudadanía en el pacto social. Algunas perlas en este sentido son: la improvisación de las reuniones de consulta del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, cuando el documento ya estaba en prensa;  invitaciones y convocatoria de último momento, con lo que interlocutores enterados de los problemas no pudieron asistir  y la carencia de una discusión seria de las propuestas, son claros ejemplos de esa simulación a la que es proclive nuestra clase política. ¿A quién creen engañar? ¿Cómo puede elevarse el nivel de la política que se practica en el estado con estos usos y costumbres? ¿Cómo se van sentar las bases de un nuevo estilo de gobierno si se reproducen miméticamente prácticas viciadas en las que nadie cree, pero finge hacerlo? ¿Cómo evitar que el beneficio de la duda se desgaste aceleradamente por no cuidar la aplicación de formas verdaderamente democráticas del ejercicio del poder?

La Jornada Veracruz, viernes 25 de abril de 2011, página 7.

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[1] Investigador del Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad Veracruzana.

[2] Coordinador del Programa de Estudios de Cambio Climático de la UV.

Academia y autoritarismo, como el agua y el aceite

Adalberto Tejeda Martínez y Édgar González Gaudiano

Por una extraña razón los políticos mexicanos quieren alcanzar el grado de doctor. José Córdoba Montoya fue el falso doctor del Salinato y Fausto Alzati del Zedillismo. En cambio, los verdaderos estadistas les dejan los títulos y grados a los académicos y ni por equivocación buscarían inscribirse en la universidad de su comarca, esa que controlan por la vía del presupuesto, para obtener un certificado fácil. No se le ha ocurrido a Luiz Inácio “Lula” da Silva, que no tiene títulos universitarios pues de origen es obrero, ni a Felipe González, abogado litigante en sus inicios profesionales, por citar dos casos latinos de líderes exitosos, pero es probable que se le ocurra a Hugo Chávez. Y, en todo caso, para eso están los doctorados honoris causa que se pueden otorgar por méritos sobresalientes en el ejercicio de la función pública, preferentemente cuando esa función ha cesado.

El doctorado lo inventó hace más de doscientos años Wilhelm Humboldt, el hermano de Alexander, inspirado en el taller medieval donde se enseña con el trabajo diario para formar artesanos maestros, o investigadores creativos y formales en el caso de los doctores. El estudiante de doctorado tiene el deber de acostumbrarse a la crítica académica. Critica él a sus colegas, a sus profesores, a los autores que lee, y es sujeto de la revisión rigurosa de sus pares. No puede ser un doctorante si vive en una situación de privilegio o de marginación. No estudia sólo para saber más, sino para mejorar con sus aportes su área de conocimiento, y eso no lo puede hacer desde una posición conformista o de autoridad devengada de otra fuente que no sea el saber y el saber hacer. También debe entender –ese estudiante- que un doctorado no se ostenta hasta que no se defienda convincentemente una tesis, que por lo demás deberá ser una verdadera contribución al conocimiento.

El trabajo académico –sobre todo el de investigación rigurosa que además forma doctores- debe soportarse en la honestidad intelectual de profesores y estudiantes. El hijo del político local al que todos los profesores ponen dieces sin merecerlos, es una imagen común en los poblados atrasados. El funcionario doctorándose en escuelas donde ejerce su influencia no es precisamente un ejemplo de honestidad intelectual. Si su carrera es la política, ¿por qué afanarse en obtener el diploma de doctor, que no da ni quita méritos para la batalla electoral? Una explicación posible es que se perfile como candidato a político educativo, aspirante a rector, secretario de educación o agregado cultural, ya sea como meta principal o como red de protección para caer en blandito si llega a soltarse del trapecio del poder.

La otra cara de la moneda son los obsequiosos grupos pseudoacadémicos que con lisonjas y adulaciones, haciendo caso omiso de reglamentos de asistencia y de cumplimiento de la vida académica, regalan grados o los cambian por prebendas. Se desprestigian ellos pero en su desprestigio arrastran a la institución que deberían defender. La toga y el birrete pasan de investidura a disfraz o caricatura; los actos académicos se convierten en farsa. No es un ejercicio de contraste de ideas sino de autoritarismo del sustentante que no fue alumno ni estudiante, sino dador de gracias.

Con tesón y sangre nueva las universidades de la provincia mexicana cada vez más avanzan sobre los rieles de la academia, pero hay quienes siguen creyendo en el autoritarismo de la vieja universidad tropical.

Milenio El Portal, noviembre 15 de 2010