La ruleta rusa de la agricultura de la papa

Edgar González Gaudiano, Universidad Veracruzana
Fernando A. Villarreal Reyna, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

En un reportaje reciente La Jornada Veracruz informó sobre el grave problema de la alta incidencia de discapacidades en el municipio de Ayahualulco, reportando que 70 menores padecen parálisis cerebral o algún otro problema de discapacidad mental o motora. Respecto a las causas del problema se apuntaban algunas hipótesis que iban desde el casamiento entre consanguíneos, la baja alimentación, la contaminación generada por las granjas Carroll, el uso de agroquímicos para el cultivo de papa, o la conjunción de todos los anteriores. El final del reportaje se inclinó por el matrimonio entre consanguíneos en un marco de pobreza. Queremos explorar la situación que rodea al cultivo de papa, porque consideramos que es un factor que merece ser investigado por las autoridades competentes.

La papa (Solanum tuberosum L.) es un cultivo cuyo origen se ha ubicado en la cordillera de los Andes, cerca del lago Titicaca a una altura de 3,800 metros sobre el nivel del mar. Existen más de 200 especies silvestres de papa en esa región. Durante la colonia su cultivo se extendió a Europa y después al resto del mundo. Hoy es uno de los alimentos más populares y forma parte de la dieta básica de la gastronomía de todos los países. Es la hortaliza más importante a nivel mundial y como alimento ocupa el cuarto lugar sólo después del trigo, el arroz y el maíz.

Este cultivo en nuestro país cuadruplicó su producción entre 1970 y 2000. Actualmente se producen más de dos millones de toneladas. Los estados con mayor superficie sembrada de este cultivo son Sinaloa, Veracruz, México, Chihuahua y Coahuila. Se siembra en zonas altas, por encima de los 1500 msnm y de preferencia con vientos frescos; fuera de estas condiciones es probable que afloren muchas enfermedades.

Pese a su gran producción, la papa no puede exportarse porque México está en cuarentena a causa de una plaga: el nemátodo dorado, que ataca la raíz de la planta. De ahí que el principal cliente para la producción es la industria nacional de la botana (Sabritas, Barcel y recientemente Bokados); adquieren incluso lo que esta industria denomina “pachanga de papa”, que son ejemplares deformes y de tamaño más pequeño que emplean para producir harina de papa.

Actualmente es el cultivo con mayor contaminación que existe. Su cultivo requiere de suelos profundos y con surco encontrado para airear bien el suelo y darle uniformidad sin terrones. Aquí es donde se inicia el problema pues hay que aplicar fertilizantes N:P:K, cuya cantidad depende de la fertilidad y tipo de suelo. Para combatir a los nematodos y otras plagas del suelo como el gusano del alambre y la gallina ciega, se aplica Furadan, que es un insecticida y nematicida sistémico y de contacto, a base de carbofuran, que es sumamente tóxico por ingestión e inhalación. Por lo que existen numerosas medidas de protección para quienes lo manipulan y lo aplican, tales como guantes, mascaras (se absorbe a través de las membranas mucosas de los ojos), ropa impermeable de goma. Toda la ropa de trabajo debe lavarse antes de volverse a usar (y de forma separada a la del resto de la familia) y desechar artículos contaminados hechos de cuero como zapatos, cinturones y correas de relojes.

La molécula de este nematicida es muy estable, por lo que se acumula en la grasa de animales y humanos produciendo cáncer y malformaciones congénitas. Es muy persistente, por lo que sus efectos pueden permanecer hasta veinte años en el suelo y si no se controla puede pasar a otros cultivos como pastos para el ganado y otros granos, que se siembran en la rotación de cultivos. Cuando esto cultivos se acompañan de riegos pesados para lavar las sales del suelo, pueden llegar hasta los niveles freáticos contaminando el agua del subsuelo que se usa para consumo humano. La regulación de este producto y de otros equivalentes le corresponde a la Dirección General de Sanidad Vegetal de la Sagarpa; pero como la mayoría de estos productos son importados y están bajo el régimen de control, es la Secretaría de Salud la que se encarga de supervisar y controlar su entrada al país.

Estos agroquímicos son asperjados, es decir se depositan por control aéreo sobre la planta y es común hacerlo (en el norte al menos) con avioneta fumigadora, violando todas las normas de salud, protección e incluso de derechos humanos, pues el “banderero” sólo se protege con un plástico sobre la cabeza. Otros productos utilizados son el Tecto 60, un fungicida y el Tamaron, un insecticida organofosforado sumamente peligroso y tóxico para aves, peces y abejas, entre otras especies. En los últimos cuatro años, se ha propagado la Punta morada de la papa, provocada por la chicharra (Bactericera cockerelli), que se ataca con Confidor, un nicotinoide extremadamente contaminante que se disipa en el ambiente con el sol y penetra abrasivamente a nivel de nanomoléculas.

La adquisición y aplicación de estos productos químicos representa casi el 40% de los costos de producción de la papa, cuyo rango de producción varía de 35 a 50 toneladas por hectárea. En 2009 se pagó a $10.00 kilo en el suelo y se vendió hasta $15.00 al consumidor final. Esto significa que se obtienen entre $350,000.00 y $500,000 pesos por hectárea, con costos de producción alrededor de $180,000.00, lo que permite ganancias de entre $170.000.00 y $320,000.00 pesos por hectárea. Hay agricultores que siembran hasta cien hectáreas, muchos de ellos rentando tierras y pozos a agricultores pobres, a quienes emplean además como mano de obra y aprovechan los subsidios agrícolas y tarifas eléctricas especiales para bombeo a los que tienen derecho y sin inscribirlos al seguro social porque podría despertar sospechas y ser auditados.

Lo peor de todo este proceso son desde luego los terribles riesgos para los trabajadores rurales y sus familias que les ocasionan daños irreversibles e incapacitantes, así como los enormes impactos ambientales al suelo, agua y biodiversidad.

Publicado en La Jornada Veracruz, el 20 de marzo de 2010.

Nuestras abuelas no se equivocaban

Édgar González Gaudiano

Con la próxima reunión trilateral de los presidentes de América del Norte en el primer trimestre de este año,  se intensificará el debate de temas relacionados con la cooperación -sobre todo con Estados Unidos- tales como la Iniciativa Mérida, el trasiego de armas, el lavado de dinero, las redes financieras del narcotráfico y la violencia criminal, entre  otros. Es pertinente, entonces, comentar sobre los reproches expresados por funcionarios y exfuncionarios mexicanos, debido a que en Estados Unidos catorce estados han legalizado el cultivo y la venta de marihuana con fines terapéuticos.

En Estados Unidos el estado que más recientemente aprobó una ley para tener acceso a la marihuana con fines médicos fue Nueva Jersey, apenas en enero de 2010 y entró en vigor en el mes de junio. Con ello se suma a Alaska, California, Colorado, Hawaii, Maine, Michigan, Montana, Nevada, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia, que lo habían hecho antes. Algunos estudios aseguran que entre 40 y 67% de la marihuana que se consume en Estados Unidos proviene de cultivos ilegales en México.

Se trata, según el anterior secretario de gobernación, de “políticas públicas que contrastan con los esfuerzos federales para reducir la demanda de drogas ilícitas y enfrentar frontalmente al narcotráfico". Por su parte, el secretario de salud, ha declarado que en aquel país recetan la hierba como si todos estuvieran enfermos de reuma, y sin considerar que la adicción a esta droga conduce al consumo de otras. Según la Encuesta Nacional de Adicciones 2002, en nuestro país 3.5 millones de mexicanos entre 12 y 65 años de edad han consumido drogas alguna vez en su vida. 

Estas declaraciones han reactivado propuestas de varios intelectuales, legisladores, periodistas y hasta ex presidentes de la república, dirigidas a la despenalización. . De hecho, en 2008, la Asamblea Legislativa del DF analizó una iniciativa de ley para despenalizar la venta y portación de marihuana en la capital del país, que fue rechazada en ese momento. Pero, el tema se encuentra vigente en la opinión pública, sobre todo a partir de la escalada de violencia derivada del combate al narcotráfico. 

Este tema es uno más que merece un debate serio y no declaraciones de banqueta ni reacciones viscerales de rechazo. El uso terapéutico de la marihuana es un remedio de antaño. Nuestras abuelas efectivamente la empleaban reposada en alcohol para aliviar padecimientos reumáticos y musculares. Al ser estigmatizada, cayó en desuso en la medicina tradicional, pero las abuelas no se equivocaban. Numerosas investigaciones confirman su eficacia para combatir algunos efectos causados por diversas patologías como la esclerosis múltiple,  cáncer, VIH-sida, glaucoma, epilepsia y espasmos, migraña, asma, prurito y esclerodoma, entre otras enfermedades. Otras aplicaciones son en la atención de efectos secundarios de la quimioterapia o problemas derivados de la vida actual como la anorexia y la depresión, pero sobre todo es efectiva para mitigar dolores de todo tipo, particularmente aquellos que sufren enfermos en etapa terminal; con la ventaja adicional que puede combinarse de forma segura con otros medicamentos. 

La marihuana es una planta extendida en todo el mundo que contiene 66 cannabinoides de los que el principal es el d-9-tetrahidrocannabinol (comúnmente conocido como THC). Este se comercializa en algunos estados (como Arizona y California) bajo prescripción médica como dronabinol (Marinol®). Revistas científicas prestigiadas de todo el mundo reportan estudios en esta materia, tales como Nature, New England Journal of Medicine, Annals of Internal Medicine, JAMA, The Lancet, Oncology, Journal of Clinical Oncology, Supportive Care Cancer, Journal of the National Cancer Institute y  los Proceedings of the National Academy of Sciences, por citar algunas. 

El beneficio médico confirmado, la legalización existente en otros países incluyendo al vecino del norte y sobre todo al hecho de que estamos en una guerra contra el narcotráfico, cuya estrategia militar no muestra resultados positivos, hace preciso considerar otras medidas complementarias que podrían contribuir a desactivar los complejos procesos de deterioro de la vida pública y los altos índices de criminalidad ligados a la producción, distribución y consumo de la marihuana en nuestro país. Además, el porcentaje de opositores a esta medida en el propio Estados Unidos ha venido rápidamente disminuyendo y se encuentra ya cerca del 50%. Los que apoyaban la legalización de la marihuana en California el año pasado afirmaban que los ingresos fiscales podrían elevarse en 1.4 mil millones de dólares, sólo en ese estado, sin considerar los ahorros en materia de gastos carcelarios y aplicación de la ley.   Hay que discutirlo en serio.

Publicado en el periódico Milenio El Portal, el 28 de febrero de 2011, pág. 17.

¿Ciudad digna?

Édgar González Gaudiano y Adalberto Tejeda Martínez

Ciudad digna es un eslogan que están empleando los alcaldes de las principales urbes del estado. Pronto empezará a agotarse, y para finales del trienio será una frase vacía como lo han sido otras tantas. Una ciudad digna requiere no sólo de la reorientación presupuestal para atender aspectos que tienen que ver con la calidad de vida -concepto más tangible que eso de ciudad digna-, sino también de fuertes campañas de educación y de formación de ciudadanía.

Educación y ciudadanía: temas torales en que las autoridades han de poner el ejemplo, empezando por dar atención sistemática a elementales pero numerosos destrozos de lo más cotidiano de la vida citadina: la vialidad, campo de batalla entre conductores y de peligro para los peatones y los heroicos ciclistas; la insalubridad de colonias periféricas e incluso las centrales; la agresividad visual de propaganda barata de todo tipo –comercial y política-; la demagogia de la condonación del pago del agua a usuarios morosos sin importar que sean de alto nivel socioeconómico; el ruido abrumador; la expropiación del espacio público por puestos y prácticas que responden al clientelismo político; la ausencia de programas culturales más allá del centro histórico; el desprecio a los minusválidos, particularmente a los invidentes, que se refleja en la multitud de hoyancos en aceras y alcantarillas sin que a nadie le importe..

Fuente de indignación y deterioro de la calidad de vida es el descuido de los paseos públicos, como el de los Lagos, en cuyos andadores se acumula la basura que alguien barre pero nadie recoge, y como éste otros muchos centros de convivencia de los ciudadanos de a pie, aquéllos que no tienen automóvil para trasladarse los fines de semana a las plazas comerciales y sus ofertas nocturnas. Y la basura misma y las aguas fétidas que ¡oh paradoja! rodean a la mal llamada colonia Salud e incluso a los fraccionamientos de alto nivel económico del sur de la ciudad. Para una ciudad digna lo más fácil será seguir

enterrando la basura y enviar las aguas negras en arroyos otrora limpios, pues el famoso plan de saneamiento inició hace dos trienios y parece que duerme el sueño de los justos.

Como emblema de lo anterior, está un asunto no menor al que parece nos hemos acostumbrado: el fecalismo a cielo abierto, tanto de animales como de humanos. Está en las banquetas, en los parques públicos, y con mayor intensidad en zonas de la periferia con escasa infraestructura urbana.

La situación se complica cuando no existe un sistema de alcantarillado que cubra toda la mancha urbana, no se da tratamiento a las aguas grises y negras, las letrinas domiciliarias no son las adecuadas o están mal manejadas, los residuos urbanos son colocados en tiraderos -autorizados e ilegales- al aire libre y tampoco son tratados.

Xalapa presenta varios de esos agravantes; muchos difíciles de superar, ya sea porque corresponden a los usos y costumbres de la población, porque no hay presupuesto suficiente para resolverlos integralmente o porque para su solución debieran concurrir autoridades de distinto orden que no se ponen de acuerdo. Pero hay otras medidas que podrían ser adoptadas sin mayor dilación, pero la autoridad es descuidada o simplemente indolente. El siguiente es sólo un ejemplo.

En la zona de Las Animas, en un área que tiene alrededor de un kilómetro de diámetro, se han venido desarrollando intensivamente fraccionamientos de casas para personas de clase media y alta: Monte Magno, Real del Bosque, Las Cumbres, La Marquesa y Cañada Las Ánimas, entre otros. En este momento, un simple recorrido permite detectar al menos cuarenta obras en proceso. En ninguna de ellas se observa la colocación de sanitarios portátiles, lo que implica que los trabajadores tengan que hacer sus necesidades entre los matorrales aledaños y otros sitios inadecuados. Con un promedio de cinco trabajadores por obra, podemos estimar fácilmente el impacto que en un área tan pequeña tiene un problema tan grave, que puede resolverse con una simple disposición del cabildo para que las empresas constructoras pongan este servicio a sus trabajadores, so pena de multa o suspensión de la obra.

Una situación semejante se observa en el arroyo, bien llamado Sucio, que corre por detrás del fraccionamiento Cumbres, que es el mismo que pasa junto a Plaza Ánimas después de atravesar media ciudad desde el puente Xallitic. Es una inmundicia a cielo abierto ocasionado por las casas que en él descargan sus desechos. Una vergüenza para una ciudad que debería estar orgullosa por haber conservados sus cuerpos de agua en un país que le encanta entubarlos.

El principal problema del fecalismo a cielo abierto es que, salvo las excretas de animales que vemos por muchas calles, casi nadie se percata de los daños a la salud que ocasiona. Las partículas de excremento al secarse se trasmiten por vía aérea no sólo a alimentos, cuerpos de agua y demás, sino que son respiradas por todos nosotros.

En el Índice de Competitividad Estatal 2010 elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, Veracruz ocupa el último lugar en el subíndice “Manejo sustentable del medio ambiente” y el segundo lugar en mayor número de emergencias ambientales al año. Tal vez por ello seamos en el mismo Índice, el segundo estado cuya población tiene la esperanza de vida más corta y el tercero con mayor número de muertes por desnutrición.

¿Podemos hablar de ciudad digna haciendo caso omiso de los problemas y manteniendo la tradición de heredarlos a la siguiente administración? Esperemos que en esta ocasión no sea así.

Publicado en Milenio El Portal, febrero 21 de 2011.

Leyes ambientales: se acatan pero no se cumplen

Édgar González Gaudiano

El 30 de junio de 2009, una ciudadana veracruzana envió un correo electrónico al titular de la Semarnat  denunciando que desde noviembre del año anterior se había aplicado un herbicida a los costados y al camellón central de la autopista Córdoba-Orizaba y que eso había impedido que planta alguna creciera durante más de seis meses. Además, por las noches aplicaban esa u otra substancia a los árboles que casi inmediatamente comenzaban a secarse.

El 20 de julio el enlace técnico de sanidad forestal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) de la Gerencia X Golfo pide a la denunciante que pase a sus oficinas en la ciudad de Orizaba para firmar de recibido una respuesta  que consiste en la copia del  oficio turnado a la Profepa para que se tomen cartas en el asunto, y le comunica que se programará una visita al lugar indicado para ver si hay incidencias o presencias de plagas en el arbolado.

Con fecha 5 de agosto, la Dirección General de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social de la Profepa comunica su incompetencia e informa que en el marco de la ley había canalizado la denuncia al ¡Ayuntamiento de la Ciudad y Puerto de Veracruz! y a la Delegación de Caminos y Puentes Federales Región VII (Capufe), quienes debían encargarse de informar a la denunciante sobre las actuaciones, trámites y resoluciones que emitieran en el ámbito de su competencia. Más tarde, el 21 de septiembre de ese año, la misma área envía otro oficio corrigiendo e indicando que la denuncia había sido canalizada al Ayuntamiento de Orizaba -responsable ahora de dar seguimiento a dicha denuncia- y que se ponen a las órdenes de la denunciante, etc. etc.

Con procedimientos así todas las dependencias y funcionarios implicados en el caso se lavan las manos, ya que formalmente cumplen en tiempo y forma con la letra de la ley, aunque no se resuelvan los problemas. El asunto se archiva y ya. No plantean siquiera hacer una inspección, salvo para ver si existen plagas, aunque la denuncia no se refería a eso. Burocracia pura. Un trámite meramente administrativo para evadir el cumplimiento de la ley.

El problema es muy serio, no sólo porque es recurrente a lo largo de la geografía del país, sino porque el herbicida de referencia llamado Faena Fuerte 360, que aplican sin control los contratistas de Capufe dos o tres veces al año, es el glifosato, un derivado del ácido N-(fosfonometil)glicina-isopropilamina que ha recibido cientos de denuncias en varios países, entre ellos Argentina, Colombia y Francia, ya que se usa en la producción de la soya transgénica y para combatir cultivos de hoja de coca. Varias investigaciones han demostrado que provoca distintos grados de envenenamiento, aunque las empresas que lo comercializan sostienen que el producto no está considerado como agente carcinogénico ni mutagénico y se utiliza en prácticamente todos los cultivos, donde se vuelve inactivo rápidamente en contacto con el suelo, y su baja volatilidad reduce el peligro de dañar plantaciones y sembrados vecinos y no tiene efecto residual.

Lo cierto es que un informe conjunto del Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente, el Hospital Italiano Garibaldi de Rosario, la Universidad Nacional de Rosario, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y la Federación Agraria Argentina, comprobó la fuerte correlación entre los casos de cáncer, leucemia, lupus y otras graves afecciones halladas en seis pequeños pueblos del área sur y central productora de soya de Santa Fe. Tras diez años de denuncias de los habitantes del barrio Ituzaingó, de Córdoba, Argentina, rodeado de campos de soya, un juez prohibió fumigar con el producto cerca de zonas urbanas. De cinco mil habitantes, 200 tienen cáncer y todas las familias tienen al menos un enfermo.

Un estudio con embriones del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) refuta la supuesta baja toxicidad del glifosato. Empleando dosis hasta 1500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones de los cultivos de soya, comprobó trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales.   

Otras investigaciones realizadas en Francia por Gilles-Eric Seralini, experto de la Universidad de Caen, descubrió en 2005 que células de la placenta humana son muy sensibles al glifosato, incluso en dosis inferiores a las utilizadas en agricultura. Aunque fue duramente cuestionado por las empresas del sector y acusado de “verde” -entendido como fundamentalismo ecológico- volvió a la carga y la revista científica Chemical Research in Toxicology publicó su nuevo estudio, en el que constató que el glifosato es letal para las células humanas. Según el artículo, dosis muy por debajo de las utilizadas en los campos de soya provocan la muerte celular en pocas horas.

Por su parte, Robert Belle, director de la Estación Biológica del Centro Nacional de Investigación Social de Roscoff (Francia), en 2002 probó el glifosato en células de erizo de mar (un modelo científico convencional para estudios de división celular). El experimento probó que el producto deteriora los puntos de control del ciclo celular.

Con todas estas denuncias sociales y evidencias científicas, el asunto merece algo más que un mero trámite administrativo, aunque se trate de Monsanto ¿o no?

Coordinador de la Cátedra UNESCO-Universidad Veracruzana “Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”. edgagonzalez@uv.mx El autor agradece la colaboración de A. Tejeda Martínez.

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Publicado en Milenio El Portal, Xalapa, Ver. 7 de febrero de 2011.

La escuela fallida

Édgar González Gaudiano

No deja de sorprender la cantidad de información que confirma la situación que guarda el Sistema Educativo Nacional. Por un lado, los datos provenientes de organismos internacionales muestran con crudeza el bajo desempeño de los estudiantes y las carencias en la formación de los docentes. El sistema escolar en México, en este momento y a un nivel sin precedente alguno, es presa de intereses extraeducativos bien podrían ser calificados de delincuencia organizada.

No me refiero solamente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación  (SNTE),  amenaza que pende cual espada de Damocles sobre el futuro del país y de millones de mexicanos. Una organización gremial convertida en corporación electoral para negociar codiciosas prebendas con base en el chantaje y la presión y que, obviamente, no conciernen a la calidad del sistema educativo.

Me refiero también a los ineficientes, obsequiosos y complacientes funcionarios y políticos, quienes entrampados en sus propias maniobras por mantenerse en el ejercicio del poder, colocan en la mesa de las apuestas las posibilidades del país de salir adelante en un mundo cada vez más competitivo. Hasta la administración de Miguel de la Madrid vimos secretarios de educación pública que verdaderamente merecieran serlo. Después de Jesús Reyes Heroles, el escritorio de Vasconcelos ha estado en manos de improvisados advenedizos, con sus raras excepciones.

No es de extrañar entonces que la educación en el país esté en la postración en la que se encuentra y que países que hace dos décadas se encontraban considerablemente más atrasados que nosotros, como Corea del Sur, ahora estén adelante en muchos terrenos incluyendo por supuesto el educativo. Invertimos poco en educación, con un presupuesto que se destina principalmente a cubrir salarios, casi nada en ciencia y tecnología, a pesar de que de esa manera se viola la ley que obliga a invertir al menos el 1% del PIB, pues apenas llegamos al 0.4%.

La universidad pública cada año tiene que defender vigorosamente sus presupuestos, mientras el financiamiento para los partidos llega a niveles obscenos en un país donde cada vez hay más pobreza alimentaria o hambre, para decirlo sin eufemismos.

Con pesadumbre vemos que los actuales funcionarios educativos, que no autoridades, son incapaces de aplicar medidas aprobadas por el Congreso para restringir la venta de comida chatarra en las escuelas para combatir la creciente obesidad infantil; problema en el que ocupamos el lamentable primer lugar mundial y que requerirá en el futuro enormes inversiones para atender la consecuente expansión de enfermedades cardiovasculares crónicas que se derivarán de esta negligente irresponsabilidad.

Y son incapaces porque los intereses nacionales se encuentran comprometidos ante empresarios chatarreros de pastelitos, fritangas y refrescos, así como ante los medios de comunicación que promueven el consumo desmedido y procaz sin limitación alguna. 

Coordinador de la Cátedra UNESCO-Universidad Veracruzana “Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”.

Publicado en el Milenio El Portal, 31 de enero 2011

Glosa de la ayuda interesada

Adalberto Tejeda Martínez

Édgar González Gaudiano

Las inundaciones recientes en Veracruz y en otros estados han sacado a flote muchos rasgos de nuestra sociedad. La recurrente solidaridad de la clase media mexicana ha sido uno de los más evidentes, pero no el único. También afloró el oportunismo mercantil de algunas cadenas de supermercados: a la entrada colocaron botellas de agua, colchonetas y latas de atún que la población estaba adquiriendo para contribuir a mitigar las pérdidas de las comunidades en desgracia. Muchos otros aprovecharon para mejorar su imagen apresurándose a colocar grandes mantas anunciando que se constituían como centros de acopio. Es fácil confundirse con estas acciones si no nos preguntarnos ¿por qué no hubo descuentos especiales de esos artículos?, o ¿por qué no se anunció algún programa de esas tiendas y organizaciones en apoyo de los damnificados? A río desbordado ganancia de comerciantes. Recientemente la SEDESOL ha tenido que habilitar inspectores del comercio de enseres domésticos en la zona Veracruz-Boca del Río para vigilar que no se alteren los precios de productos que adquieren los damnificados con vales de esa dependencia.

También hemos visto el interés de los medios de comunicación en la cobertura del desastre, y cómo transitaban de las inundaciones en Veracruz y Tabasco a los derrumbes en Oaxaca y de ahí a esperar la nueva contingencia ambiental, porque al retirarse el agua ya no hay nota. Pero las miles de tragedias personales de quienes perdieron sus casas y sus negocios permanecerán ahí, cuando la solidaridad y la noticia se hayan desvanecido; cuando las autoridades anuncien que la emergencia ya ha sido superada; cuando acapare la atención en algo más que ocupe los titulares de los medios.

Las enormes necesidades de los damnificados continuarán por un largo tiempo, cuando los responsables por omisión y comisión ya hayan sido reemplazados por caras nuevas y sonrientes, que volverán a prometer que no se volverá a repetir, que no habrá impunidad caiga quien caiga; que se tomarán medidas drásticas para evitar que los problemas vuelvan a ocurrir. Se anunciarán programas e inversiones millonarias, pero no habrá consecuencia alguna, ni transparencia en los recursos asignados a la emergencia y la reconstrucción, ni rendición de cuentas de los responsables de obras defectuosas o permisos improcedentes e ilegales, ni investigación sobre irregularidades, ni sanciones. Se apostará al olvido y al encubrimiento como en otras tantas ocasiones, aplicando la solución ‘ecológica’ más socorrida: ¡echarle tierra al asunto! Un borrón y cuenta nueva.

Y se dará inicio a un nuevo culto de los personajes del momento y a otro ciclo de promesas infundadas, esperanzas frustradas y ambiciones desmedidas.

Una hipótesis que casi puede defenderse como teoría comprobada por la recurrencia de los desastres y el reiterado comportamiento de los funcionarios, es que a los gobernantes –sean del partido que sean- les convienen las emergencias, siempre y cuando no sean tantas ni tan intensas como ahora. Es la oportunidad para el lucimiento personal, la repartición de dádivas que acarrean votos, el acercamiento a los líderes locales, la imagen en los medios electrónicos, mejor aún si se trata de corresponsales extranjeros. Con un poco de sagacidad, hasta pueden presumir cierto conocimiento de los fenómenos naturales que dieron origen al desastre. Por unos días experimentan los sentimientos de sentirse salvadores del pueblo y estadistas.

En esas condiciones, los sistemas de alerta temprana, la preparación de la sociedad para encarar los desastres, la distribución de ayuda por vías institucionales sin la intervención de la mano del líder y su partido, son vistos como un desperdicio a la oportunidad política. Peor todavía, diseñar las políticas a partir de calificados consejos de expertos y de representantes de la sociedad civil; reconocer errores e imponer sanciones a los responsables de autorizar asentamientos en zonas de riesgo, o realizar la labor de ayuda con discreción respetando el dolor ajeno.

En suma, padecemos los síntomas de un subdesarrollo tropical que simula ser democrático pero se solaza en el populismo demagógico y el culto a la personalidad.

Milenio El Portal, 18 de octubre de 2010.

Reflexión para la reconstrucción: dos foros dos

Edgar González Gaudiano
Adalberto Tejeda Martínez

Tras las inundaciones, la urgencia de la reconstrucción no debe impedir la reflexión. Las acciones irreflexivas y precipitadas nos han vuelto más vulnerables. Fenómenos como el cambio climático han pasado de la minusvaloración a su incorporación al discurso político como justificante. Todo mundo condena los asentamientos en zonas de riesgo, pero nadie propone formalmente cómo aminorarlos o reubicarlos. La prisa por actuar sin analizar a fondo y colectivamente las causas de los problemas, conduce a paliativos coyunturales que no encaran las carencias sociales y las deficiencias institucionales que los desastres exacerban.

A partir del primer Foro Social Mundial celebrado en Porto Alegre, Brasil, del 25 al 30 de enero de 2001, los foros sociales se han extendido como de debate, contraste de ideas, intercambio de experiencias, formulación de propuestas y articulación de movimientos sociales. Representan oportunidades para dar a conocer visiones alternativas que han sido silenciadas, ya sea reprimidas o por no encontrar medios para ser escuchadas.

Los dos foros convocados por la Universidad Veracruzana para el 15 y 16 de noviembre y 22 y 23 del mismo mes en el Puerto de Veracruz, no se inscriben en el movimiento de los foros sociales mundiales, pero recuperan algunos de sus principios metodológicos, construidos colectivamente sin precedente alguno.

El primero, titulado Foro social sobre cambio climático y vulnerabilidad en la cuenca del Golfo de México, intenta reunir y articular personas, grupos, redes y movimientos de la sociedad civil interesados en la creciente vulnerabilidad de las zonas costeras del Golfo de México, que se incrementará con las manifestaciones del cambio climático global, la sobrepoblación y el agudo deterioro de los ecosistemas y de la calidad de vida de la región. También deben sentirse convocados representantes de las instituciones académicas y organizaciones empresariales.

El propósito es dar pie a un espacio plural y diversificado, no gubernamental ni partidario, asegurando la libertad para expresarse. Los resultados serán difundidos lo más ampliamente posible en los medios al alcance de la Universidad Veracruzana, sin alteraciones, censuras o restricciones. Debe aclararse que en el foro no se tomarán decisiones por voto o aclamación sobre declaraciones o propuestas de acción, sino que se harán síntesis de las intervenciones y las discusiones, procurando respetar su sentido, para canalizarlas a las autoridades competentes (o incompetentes, que desde luego abundan).

Una semana después, el 22 y 23 de noviembre, se analizarán las inundaciones 2010 ocurridas en el estado. Los estudiosos de temas afines, desde muy variadas perspectivas, son los más interesados pero no se excluirá a nadie. No se trata de que hidrólogos, meteorólogos o sociólogos, debatan entre sí de manera gregaria, sino que aborden los temas de manera multidisciplinar. Así se refleja en la conformación de las mesas de discusión: una tratará sobre la recuperación de la memoria social y ambiental de los desastres por inundaciones en el estado desde cuando los registros de los historiadores lo permitan; pero también se revisarán –para las ocurridas en 2010- los errores y aciertos de la ciencia, el gobierno y la sociedad. No son ejercicios ociosos o de condena, sino que se busca algo que se refleja en el nombre de la tercera mesa, la prevención desde la tecnología y las políticas públicas. Finalmente (at last but not least, como dicen los gringos), se indagará sobre los escenarios sociales y ambientales que nos depara el futuro.

La decisión de convocar a estos dos foros es consecuencia de la preocupación que deriva de los recurrentes episodios en los que grandes contingentes de población deben abandonar sus hogares y negocios en calidad de refugiados ambientales. Las pérdidas son cuantiosas no sólo para las comunidades afectadas -que ven súbitamente disminuidas sus condiciones de bienestar y sus anhelos de movilidad social- sino que se agravan frente a una hacienda pública endeudada y un presupuesto comprometido que difícilmente podrá ayudarlos a restaurar su patrimonio. Así que démonos, todos, tiempo para reflexionar además de actuar para no ser también vulnerables a la manipulación política.

Milenio El portal, octubre 25 de 2010.

Inundaciones, coperacha y resiliencia

Édgar González Gaudiano
Adalberto Tejeda Martínez

El término resiliencia fue incorporado apenas en la edición de 2007 del diccionario de la Real Academia de la Lengua, que lo describe como la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. El concepto proviene de la ingeniería y de la biología, donde define la capacidad de un sistema a resistir y recuperarse ante una perturbación. Así, la resiliencia de amplios segmentos de la población que han sido afectados por las inundaciones, dependerá de los daños sufridos, de la oportunidad con que fueron alertados, de la atención recibida durante la contingencia y de las capacidades económicas y sociales que, ciertamente, no son muchas para la gran mayoría. En efecto, ante los altos índices de pobreza y bajos niveles educativos de las zonas rurales y marginadas de las urbes veracruzanas, una inundación tan extendida y prolongada, con tanta destrucción de bienes y propiedades, resulta devastadora. Es previsible que observemos en el corto y mediano plazos una acentuación de la pobreza y desigualdad social, una mayor fragilidad a las enfermedades y un incremento de la emigración y la desesperanza.

El origen de este desastre la imperante corrupción e impunidad de autoridades; la incompetencia de numerosos funcionarios designados por amiguismo o compromiso político y la conversión del servicio público en un plan de negocios personales; la red de complicidades entre gobierno y sector privado y el abandono de la búsqueda del bien común por quienes han sido elegidos para ello, abortando el proceso democrático.

En medio de la confusión de autoridad con manipulación y liderazgo con caudillismo, se ha convertido en usos y costumbres el respaldo de la ciudadanía. Desde el teletón y el redondeo vueltos folklore, hasta los cada vez más frecuentes episodios de situaciones límite provocados por fenómenos naturales resultantes de la falta de previsión, de alerta temprana, de sistemas colectivizados de protección civil, del desdén por el principio precautorio. Se ha institucionalizado la coperacha. La solidaridad ciudadana en momentos de la emergencia es un factor de unidad social, de elemental compasión, pero no puede convertirse en un modus operandi del sistema. Con cooperaciones voluntarias se pretende abatir el analfabetismo, atender a la niñez enferma y pobre, a los discapacitados, enfrentar pandemias, equipar escuelas y mil etcéteras y, además, soportar la reconstrucción provocada por fenómenos naturales.

El caudillismo –encarnado en la figura del gobernante en turno- en los momentos de desgracia se torna redentor de todos los males, pero fue laxo en impulsar políticas de prevención y de mejoramiento de las condiciones de vida de la población, que la harían más resiliente. La contaminación de la ayuda por los colores partidistas y las pugnas absurdas entre poderes de distinto signo partidario; el sometimiento del poder municipal al estatal cuando son de la misma estirpe, y el enfrentamiento absurdo cuando son de linajes contrarios; la creencia a pie juntillas en que una orden desde arriba arreglará el problema, son manifestaciones claras de ese síndrome dañino a toda sociedad que se pretenda democrática.

Como telón de fondo está el cambio climático, no como fenómeno sino como pretexto. Desde que se popularizó el cambio climático, se acabaron los culpables. Resulta fácil culpar a la naturaleza. No importa que los expertos duden en achacar las inundaciones u otra contingencia a este proceso atmosférico; las inmobiliarias irresponsables, la burocracia corrupta y la sociedad indolente tienen ahora la excusa del calentamiento planetario. No se trata de negar que el fenómeno ya se hace patente y que lo será más en las próximas décadas, pero eso no nos exime de la responsabilidad social y ambiental que tenemos todos. Es más, esa responsabilidad se magnifica y no se diluye ante los embates del cambio climático.

Achacarle todo al cambio climático, confiarse en la caridad y en el caudillo del momento, ignorar advertencias de científicos, cerrar los ojos el resto del año y hacer de cuenta que ya se superó la emergencia y sólo activarse frente a nuevas contingencias de inundaciones (o sequías, o terremotos, o incendios forestales, o pandemias, o colapsos financieros, o…), son rasgos propios de una sociedad y su gobierno que se niegan a aprender, que se resisten a ser resilientes.

Falta de ciudadanía y abusos legislativos

Édgar González Gaudiano
Adalberto Tejeda-Martínez

Lo obsequioso e indigno de la Legislatura que se fue, refleja nuestra falta de ciudadanía.

El concepto de ciudadanía es controversial. Ha sido abandonado y recuperado en varias ocasiones a lo largo de 200 años. En tiempos recientes fue rescatado por el lenguaje sociológico y político toda vez que integra las exigencias de justicia y de pertenencia comunitaria. Actualmente, las demandas ciudadanas forman parte de las plataformas partidistas desde la vivienda y el medio ambiente, hasta el ejercicio de libertades democráticas, por lo que ciudadanía se ha convertido en una noción compleja dentro de la práctica política y ha adquirido una creciente importancia dentro de los procesos educativos en virtud de que las cualidades y aptitudes ciudadanas operan al mismo tiempo como instrumentos de control y cambio social.

Los teóricos liberales asumen que los ciudadanos poseen igualdad de derechos frente al Estado. Esta idea hunde sus raíces en los antiguos griegos que separaban lo público de lo privado dando origen a dos tipos distintos de leyes, lo cual representa una de las bases del contrato social de los tiempos modernos. La separación entre lo público y lo privado constituye un dilema para el concepto de ciudadanía, porque éste se encuentra indisolublemente ligado a la esfera pública.

Por su parte, la tradición histórica sociológica desarrolló un enfoque diferente. Aquí el concepto ciudadanía se define según el contexto histórico, económico y cultural desde donde adquiere significado. En otras palabras, cada nación a través de su historia define lo que entiende por ciudadanía, por lo que la noción es relativa y relacional. Es frecuente que el concepto de ciudadanía se confunda con el concepto de derechos humanos, si bien las diferencias son substanciales. El concepto de ciudadanía apela a derechos universales consagrados constitucionalmente y afecta a quienes tienen la categoría de ciudadano a diferencia de quienes no la tienen. Así, los menores de edad poseen derechos humanos irrenunciables, pero aun no cuentan con el estatuto de ciudadanía.

¿A dónde nos lleva todo esto? Nos conduce a afirmar que uno de los problemas más serios que atravesamos como país es que no ejercemos nuestra ciudadanía. Ser un ciudadano implica adquirir a plenitud los derechos y deberes para participar, por ejemplo, en el sistema electoral, lo cual posibilita votar y ser votado. Sin embargo, en la mayoría de los casos, todo se reduce a votar para elegir a nuestros dirigentes. Como ciudadanos no tenemos forma de exigir por ejemplo, transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos; estamos inermes ante decisiones que afectan nuestra calidad y condiciones de vida, pero que son lavadas mediante argucias legales.

Eso es lo que está sucediendo, con las recientes medidas adoptadas por la saliente legislatura de aprobar al vapor una ley de cambio climático, o la de legitimar el despojo a un área natural protegida como el Tejar–Garnica y el Parque Natura en beneficio de grupos de interés privado. Nuestros preclaros

representantes en esa legislatura no actuaron en pro del bien público como era su obligación, sino para favorecer turbios negocios y oscuras complicidades, pero sobre todo para complacer a su verdadero patrón, el gobernador e turno, porque se saben indignos pero también impunes ante lo jurídico y ante lo político. Nadie les exigirá cuentas de sus decisiones y a conciencia asumieron su papel de comparsas.

Nuestro rezago educativo en cuanto a formar ciudadanos es abismal, quizá porque así conviene a este decadente sistema político.

Milenio El Portal, 8 de noviembre 2010