Medio
ambiente y crecimiento económico: El divorcio continúa[1]
Edgar
J. González Gaudiano[2]
Cuando
en los años setenta comenzaron a aparecer las preocupaciones internacionales por
el deterioro del medio ambiente como una consecuencia del modelo de desarrollo,
se comenzó a señalar a nivel de discurso político e institucional que el
desarrollo visto como crecimiento económico y la conservación de la calidad del
medio ambiente, no eran incompatibles.
La aparición del concepto de desarrollo sustentable en
los años ochenta fue un resultado más consolidado teóricamente de esta
orientación discursiva. En el camino quedaron propuestas menos afortunadas como
el ecodesarrollo y el desarrollo endógeno, que se rechazaron por considerarse
peligrosas para los poderosos grupos de interés internacional.
A partir de entonces el desarrollo sustentable ha sido
esgrimido como bandera por prácticamente todas las filiaciones
ideológico-políticas. Sin embargo, escudados detrás del discurso del desarrollo
sustentable se siguen cometiendo grandes barbaridades. Esto es más evidente en
el marco de una crisis económica y financiera internacional que entra ya en su
quinto año, sin que veamos en el corto plazo salidas a la misma. Estados Unidos
con su precipicio fiscal y varios países europeos con serios problemas de
desempleo y cuantiosas deudas, son sólo las partes visibles de un iceberg
descomunal.
Como la globalización se ha profundizado ahora somos
mucho más dependientes y vulnerables a las fluctuaciones del contexto mundial,
sobre todo las de los países centrales. Las marcadas asimetrías entre los
países ricos del norte de elevado nivel de producción y consumo y los países pobres
del sur cada vez más atrapados por los factores estructurales de la pobreza y
del endeudamiento, incrementan el riesgo de violentar la convivencia de las
sociedades humanas y la integridad ecológica del ecosistema planetario.
Todo ello ha dado origen a lo que algunos autores han
llamado la sociedad del riesgo global, vista como una fase del desarrollo
de la sociedad moderna donde
los riesgos sociales, políticos, económicos e industriales tienden cada vez más
a escapar de las instituciones de control y protección de la sociedad
industrial.
Daños sistemáticos a menudo irreversibles como los que
se producen en el medio ambiente; agudización del proceso de desigualdad
social; vacío institucional y político frente a poderes fácticos; desencanto
social y pérdida de significados sociales compartidos; individualización a
ultranza y carencia de identidades colectivas; incremento de la incertidumbre y
ausencia de proyecto de futuro, son algunas de las características de la
sociedad de riesgo, en las que no es difícil reconocernos como país.
De ahí que preocupa mucho que en la reorganización de
los cinco gabinetes temáticos que ha delineado el presidente Enrique Peña Nieto,
a saber: “Mejorar la economía del país para lograr la prosperidad”, así como en
la “México en Paz”, “México incluyente”, “México con educación”, “México con
crecimiento económico” y “México con responsabilidad global”, encabezados por
las secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, Educación, Hacienda y
Relaciones Exteriores, respectivamente, la política ambiental quedase dentro
del gabinete de “México con crecimiento económico”.
Se corre el riesgo de que las prioridades ambientales
del país, que son muchas, importantes y complejas, se subordinen aún más a las
necesidades de crecimiento económico, creación de empleos, atracción de
capitales, dinamización del mercado interno, etc. etc.
En otras palabras, si el cuarto eje de gobierno será
lograr un México próspero que busque que los recursos naturales se aprovechen
de manera sustentable junto con una aceleración del crecimiento económico, es
muy probable que, en los hechos, eso signifique simple y llanamente crecimiento
económico a cualquier costo. No hay nada que nos permita pensar de otra manera.
Para documentar nuestro pesimismo, el propio secretario
de medio ambiente y recursos naturales, Juan José Guerra Abud, ha declarado que
las políticas públicas a implementar en materia ambiental impulsarán un
crecimiento económico sustentable que propicie mayor equidad para todos los
mexicanos, por tratarse de un derecho constitucional. Veremos.
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