La gestión política del conflicto
electoral[1]
Edgar J. González Gaudiano[2]
Desde la semana pasada he estado
insistiendo en la necesidad de iniciar un proceso de gestión del conflicto
electoral. Bajo las condiciones actuales es muy fácil que la situación se
polarice por no saberla manejar. Durante la última semana no he visto avance
alguno. Es obvio que la negación de lo ocurrido no contribuye a este proceso.
Frases como “el PRI no ha comprado un solo voto”, frente a las numerosas
evidencias en contrario resulta una torpe declaración que cierra toda
posibilidad de negociación.
La gestión
de conflictos se ha constituido como un campo de acción social cuyo propósito
es aminorar los conflictos, contener su escalada y conducirlos hacia escenarios
manejables en los que puedan encontrarse vías de solución. Aunque no pretende
resolver las causas estructurales que generan las posiciones encontradas, una
buena gestión implica transformar el
conflicto; es decir, crea una nueva situación en la que el
conflicto deja de estar fuera de control para poder ser manejado mediante la
intervención institucional (procesos judiciales) o por dispositivos alternativos
(negociación, mediación, arbitraje). No es poca cosa.
Es de
suponer que ambas partes son conscientes de que no pueden vencer la disputa a
costos aceptables; permitir que ocurra lo de hace seis años con su consecuente
crisis social e institucional y dejar que el conflicto se radicalice en la
actual situación de violencia en la que nos encontramos es no sólo peligroso,
sino irresponsable. Es preciso evitar una mayor polarización o el socorrido
recurso de dejar que el tema se desgaste, que se pudra, con ayuda de los
medios, pues implica serios riesgos para ambos oponentes, el PRI y las fuerzas
de izquierda, y finalmente para el país que está anhelando mayor madurez
política de todas las partes implicadas.
Toda gestión
de conflictos requiere abrir canales de comunicación entre las partes, verificar
los hechos reclamados y promover el
diálogo. Eso no implica cancelar los procesos de impugnación ante las
autoridades correspondientes. Este proceso puede tener su propia trayectoria.
Pero si simultáneamente ocurren acercamientos mediante un diálogo político en el que representantes
de ambas partes profundicen en sus diferencias, esclarezcan sus puntos de
enfrentamiento e identifiquen aspectos comunes, con una negociación que no
pretenda subordinar una parte a la otra, puede ser muy positivo sin que de ello
necesariamente surjan compromisos más allá de la actual coyuntura. Este diálogo
puede implicar la participación no sólo de representantes de los partidos y gubernamentales,
sino también de la mediación de ciudadanos aceptables por ambas partes, con
voluntad de contribuir a resolver la disputa al menor costo político y social
posible.
El problema
es que nuestra cultura política no se presta a una gestión de conflictos.
Parece que ha resultado más sencillo anular al otro, desacreditarlo, aferrarse
a posturas irreductibles o “transar” en lo oscurito para perjudicar a un
tercero, que resolver abiertamente las disputas buscando procesos reales de reconciliación.
Ello nos ha conducido a tener un crecimiento económico estancado, iniciativas
políticas necesarias que se obstruyen para evitar que el otro se lleve el
mérito, un incremento de los niveles de pobreza y de violencia, un acelerado
proceso de desgarramiento del tejido social y de deterioro de la calidad de
vida y un alejamiento de la ciudadanía de la clase política dirigente, entre
otros de muchos síntomas de descomposición nacional. No es posible continuar así. Es muy peligroso
y el costo que el país ha estado pagando por la falta de acuerdos fundamentales
es demasiado alto.
Un nuevo
comienzo puede empezar por dar señales claras de querer gestionar de otra
manera los conflictos por los que atravesamos. ¿Será posible que nuestros
dirigentes sean capaces de sentarse a hablar con madurez, responsabilidad y
pensando más allá de sus agendas personales para avanzar hacia la construcción
de una agenda política compartida para el país?
Quien dé el
primer paso puede ser visto como el liderazgo que estamos esperando. Veremos si
hay la capacidad, el compromiso, la disposición y la altura de miras que tanto
se pregonaban durante las campañas.
La gestión para resolver el conflicto electoral no es otra cosa que establecer un diálogo y una negociación, pero el IFE se empeña en cerrarse argumentando que la ley se lo impide y establece sus puntos de vista a rajatabla, por su parte AMLO se aferra en argumentar fraude sin considerar las cuestiones legales que tiene que cumplir para demostrarlo y la sociedad civil vive polarizada entre los apoyadores de EPN y los que cuestionan la legalidad del proceso. Yo creo que el punto de acuerdo debería ser que todos los actores se pusieran de acuerdo en modificar el marco legal para evitar que vuelva a suceder otra vez una contienda electoral completamente inequitativa.
ResponderEliminarMe parece muy interesante tu aporte aunque pienso que será difícil que cualquiera de los partidos políticos tenga la madurez que señalas para dar el primer paso. Me inclino a pensar que podría ser algún actor social el que sea punta de lanza para mediar el proceso, tal como nos dieron el ejemplo los estudiantes del movimiento 132 con relación al tema de la democratización de los medios. ¡felicidades!
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