Veracruz
ante la vulnerabilidad y el riesgo[1]
Edgar J. González Gaudiano[2]
Hace unos cuantos días, en estas
mismas páginas se publicó una extensa nota sobre la falta de aplicación de los
recursos financieros recibidos en el estado de parte del gobierno federal a
través del Fondo de Desastres Naturales, desde 2011 a la fecha.
Llama la atención la escasa resonancia
en los medios y respuesta oficial que recibió dicha nota, habida cuenta que se
denuncia el subejercicio o desvío de más de nueve mil millones de pesos, en un
estado clasificado como de alta marginación, ocupando el nada honroso cuarto
lugar nacional (Conapo, 2010). El silencio resultante no hace más que confirmar
que la información tiene mar de fondo.
El estado de Veracruz cuenta con
720 kilómetros de litorales en el Golfo de México y es susceptible de sufrir
recurrentemente el impacto de fenómenos hidrometeorológicos. En los años
recientes, el huracán Karl y las tormentas tropicales Matthew (2010), Arlene
(2011), Ernesto (2012) y Barry (2013) y el huracán Ingrid (2013) afectaron a decenas
de municipios y en cada caso las declaratorias de emergencia y de desastre
generaron que el Fonden respondiera con recursos para atender “de manera
inmediata y oportuna, proporcionando suministros de auxilio y asistencia a la
población”, así como para “la normalización de los servicios públicos o
reconstruir los daños sufridos en las viviendas de la población de bajos
ingresos como a la infraestructura pública federal, estatal y/o municipal”
(Segob, 2014).
Ese apoyo financiero es un
derecho de la población, no una generosa concesión de la autoridad. La
población damnificada, por tanto, no ha de ser vista como receptores pasivos de
la beneficencia pública, o sea como víctimas que se convierten en objeto de
compasión como los medios de comunicación se encargan de difundir en cada caso.
Si bien la ayuda humanitaria es
necesaria y los mexicanos son ejemplarmente solidarios con la desgracia ajena, los
damnificados son sujetos de derechos sociales y políticos que deben ser
reclamados.
Una entidad como Veracruz con un
gran rezago en su desarrollo y con una ubicación susceptible a padecer el
embate de fenómenos climáticos, es un estado vulnerable. Esa vulnerabilidad se
acrecienta si la escasa infraestructura generada por las políticas de
desarrollo y las precarias condiciones de vivienda y medios de subsistencia de
la población más pobre, se ve afectada periódicamente por desastres que no
reciben la respuesta apropiada de las autoridades, antes, durante y después de
los fenómenos.
Cada desastre hace retroceder el incipiente
desarrollo del estado, porque la capacidad de la población de recuperarse al
impacto sufrido (resiliencia social) es muy baja. Si a eso le añadimos que los
recursos que se destinan para la asistencia y para mitigar los daños no se
aplican a eso, por las razones que sean, entonces estamos frente a una grave
irresponsabilidad política de todos los órganos del Estado.
Aunque Veracruz ha comenzado a avanzar
en sus políticas al dejar de administrar desastres para darle cabida a la
gestión del riesgo, como se vio el año pasado durante el huracán Ingrid, es
preciso considerar que los derechos de las personas son permanente negados
mientras persistan la vulnerabilidad asociada a la pobreza y, por ende, las condiciones
de riesgo existentes, y peor aún cuando lo poco que hay para paliar el
sufrimiento se destine a otra cosa, con la complicidad de muchos.
Por eso insistimos en que los
desastres no tienen nada de naturales.
Buen punto, los fondos para los desastres solo deben servir para la prevención y si se hizo todo lo posible para evitar los daños, entonces cabe la reconstrucción
ResponderEliminar