Edgar J. González Gaudiano**
Ante la nula respuesta del
gobierno del estado de Veracruz a los reclamos para resarcirle a la UV los
adeudos pendientes al día de hoy de casi dos mil trescientos millones de pesos,
ha surgido la pregunta de qué debiéramos hacer para ejercer más presión. Preocupación
justificada porque el año transcurre y no sólo no se reduce el saldo sino que
incluso se incrementa, con un gobierno que está a pocos meses de irse y de
heredar el problema a alguien más.
Es verdad que las autoridades de
la Universidad han emprendido una serie de gestiones políticas y legales ante
los senadores y diputados, la Secretaría de Educación, los rectores de la
Anuies, demandas ante el ministerio público federal (PGR) y la Fiscalía
Especializada en Delitos relacionados con hechos de corrupción cometidos por
servidores públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE), además de una
demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Egresos del Estado, mediante un
juicio de amparo indirecto por la reducción de su presupuesto en 2016. La
totalidad de los candidatos de los partidos políticos aspirantes al puesto de
gobernador se han pronunciado a favor de los reclamos de la UV. Más
recientemente, la Junta de Gobierno formuló denuncias ante ONU por violaciones
al derecho de la educación superior. Todas estas medidas son inteligentes y
encomiables.
Empero ni exhortos, ni
declaraciones, ni desplegados parecen importarle al gobernador, ni a las
autoridades federales que lo cobijan. Sólo con las marchas del 26 de febrero y
del 10 de marzo hubo alguna reacción ya que se entregaron enseguida 40 millones
de los adeudos pendientes de recursos federales. Después de eso, el gobernador
parece burlarse de los esfuerzos que se hacen por recuperar los recursos y
continúa aplicando sus consabidas excusas. Una vez más el secretario de
finanzas declara que las cifras no cuadran.
Algunas autoridades
universitarias han señalado que este incumplimiento en la entrega de los
subsidios genera problemas de equipamiento, de mantenimiento, en obras y
construcciones y en el pago de proveedores, entre otros, lo que incluso podría
repercutir en la certificación de programas de licenciatura y posgrado. Los
daños se incrementan aún más porque a este ultraje local se añade la reducción
de alrededor de 70 por ciento de los recursos federales del Programa de
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (Profocie).
Todas estas repercusiones son
ciertas, pero a mi juicio importa más lo que no es tan visible, pero que está teniendo
consecuencias académicas de diverso tipo, algunas de ellas irreversibles. Me
refiero al hecho de que se están demorando durante meses convocatorias a
concursos de oposición para cubrir plazas disponibles, no se autorizan
interinatos, se posterga el inicio de años sabáticos con diferentes excusas y
se evita tomar medidas de vital importancia, porque se carece de los recursos
que implicaría su aplicación, entre varias otras. Esa situación está difiriendo
el desarrollo de programas educativos y de consolidación de grupos de
investigación. Se afectan también procesos de mejoramiento de la calidad
educativa y, por si fuera poco, se genera desaliento y frustración entre el
personal académico.
La Universidad despliega
esfuerzos extraordinarios para pagar la nómina quincenal puntualmente y
continúa cumpliendo con sus compromisos institucionales regulares. El más
reciente es el de la Feria Internacional del Libro Universitario desarrollada
con gran éxito. Pero el incumplimiento persistente en la entrega de los
recursos financieros para la adecuada operación de la UV socava poco a poco la
entereza e integridad mostradas hasta ahora. Se da más, pero es insostenible
por más tiempo. Hay que admitirlo.
Se empieza a escuchar la
propuesta de volver a salir a la calle para encarar la intransigencia del
gobernador. Sin embargo, el Consejo Universitario General decidió no marchar
durante el periodo de campaña para no violar la veda electoral. La considero
una decisión desafortunada con base en información equivocada, porque no
haríamos proselitismo en favor de ningún partido, y lejos estaríamos de
difundir resultados de encuestas y obras públicas, que son las acciones
punibles. No se vale escudarse en el proceso electoral para continuar violando
la ley. Tampoco se vale restringir la libre expresión de reclamos justos con
base en la falacia de que podría influir en las preferencias electorales de los
ciudadanos. Los retrasos en el pago están influyendo más. Créanme. Si eso les
preocupa a los incondicionales del gobernador, mejor paguen.
No obstante, incluso respetando
la decisión del Consejo Universitario General podemos salir a la calle, porque
éste no se pronunció en contra de los plantones, decidió no marchar. Es más los
plantones fueron aprobados. Así que podríamos hacer un gran plantón en la Plaza
Regina y otros sitios emblemáticos de las ciudades del estado donde haya
instalaciones universitarias, para protestar sin transgredir las disposiciones
del máximo órgano universitario. Estoy pensando en una especie de performance
monumental que tuviera un gran impacto mediático nacional e internacional, por
ejemplo, acostándonos en el piso de las plazas y calles aledañas. Los colegas
de Artes seguramente pueden ser mucho más creativos que yo en sugerirnos
distintas formas de expresión y volver a salir a la calle para exigir que dejen
de vulnerarse nuestros justos derechos.
*Publicado en La Jornada Veracruz el 2 de mayo de 2016.
**Académico del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana.
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