Edgar J. González Gaudiano**
Los hechos de Nochixtlán son inaceptables. Se suman a una
demasiado larga secuela de acontecimientos que no han sido satisfactoriamente
explicados y sancionados, entre los que en los años recientes se encuentran
Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, San Fernando y los numerosos
homicidios y desapariciones forzadas en Veracruz y Tamaulipas, por citar unos
cuantos ejemplos que no terminan de dar cuenta del horror que padece la
población civil. Debido a eso es que periódicamente se repiten, siempre con saldos
que vuelven a indignar al país y desacreditarlo aún más ante la opinión pública
internacional. Vivimos un Estado de práctica barbarie, donde la vida no vale
nada.
No creemos, ni creeremos, los resultados de una
investigación emprendida por el gobierno en este nuevo caso. Ni tampoco en las
promesas de llevar a juicio a los responsables. Los sucesos mencionados arriba
y sus consecuencias se encargan de demostrarlo fehacientemente. Aún con
compromisos internacionales suscritos para que comisiones de expertos coadyuven
con procesos de investigación, como el sonado caso del Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes para esclarecer los hechos de Ayotzinapa, el metabolismo
del sistema corrupto y corruptor existente se ha encargado de poner trabas,
alterar evidencias y sembrar culpables para evitar que cumplieran su misión. Es
en palabras de Magdalena Gómez, todo un cuadro de impunidad sistémica. ¿Cómo
podemos suponer que ahora será diferente?
La estrategia es siempre la misma: a) negar los hechos; b)
refutar responsabilidades gubernamentales; c) descalificar la evidencia que los
desmiente; d) culpar a injerencias extrañas y victimizarse; e) introducir
distractores en las redes sociales; f) desplegar una campaña de medios que
justifique sus acciones y confunda a la población tornando opacas las
responsabilidades; y g) ofrecer una investigación imparcial y expedita para
castigar con todo el peso de la ley. ¿Cómo podemos creerles?
Necesitamos poner en marcha una vigilia ciudadana para
impedir que este nuevo caso vuelva a quedar impune. No podemos permitir la
fabricación de responsables imputando sólo a quienes cumplían órdenes
superiores y menos aún, incriminando a las víctimas. Es preciso esclarecer toda
la cadena de mando de la policía estatal y federal, para saber quién o quiénes
ordenaron disparar. La cadena de principio a fin.
Una insurrección civil por crispada que sea no puede
pretender controlarse disparando contra la multitud. Es criminal. Incluso el
uso de la fuerza como recurso extremo debe sujetarse a los principios de
proporcionalidad y razonabilidad, evitando violaciones al derecho a la vida y
la integridad, como señala el comunicado de la ONU-DH en relación con este
incidente.
En cualquier otro lugar del mundo civilizado esto ya hubiese
tenido consecuencias a nivel del gobernador del estado y de quienes se encargan
a nivel federal de la seguridad interna. Aquí no. Las autoridades hacen mutis,
alargan las cosas confiando en que el tiempo cura todo y dejan pudrirse los
procesos mientras crece el resentimiento social. Es su peculiar manera de
gobernar. También debería haber consecuencias para quien ha generado este
problema por su comportamiento antipolítico y obsesiva tozudez: el secretario
de Educación.
Los grupos en el poder se ilusionan en que la memoria
colectiva es muy corta y que un nuevo acontecimiento deportivo, artístico o
algún escándalo mediático desviará la atención pública. No entienden nada. Son
refractarios a aprender de la experiencia. Por eso, resultados como los del 5
de junio pasado les caen de sorpresa, incluso a los que ganaron. El país está
evolucionando rápidamente hacia una situación de gran desesperación y los
grupos gobernantes sólo siguen pensando en postergar decisiones. O en
desnaturalizarlas como está ocurriendo con la ley 3 de 3.
Después de ver cómo individuos como Tomás Zerón, Javier
Duarte, Humberto Moreira, César Duarte y Rodrigo Medina, por citar sólo unos
cuantos, contra los que existen pruebas documentales de sus felonías permanecen
en sus puestos o se han ido a sus casas sin ser molestados por la autoridad,
uno no puede creer en la justicia en este país. Esta se aplica a discreción
según el criterio de si eres amigo o enemigo definido, no como distinción
específica del concepto de "lo político", como señala Carl Schmitt,
sino por la pertenencia a la propia red de complicidades e impunidades. Eso no
es justicia.
No podemos permitir más esto. Nunca más. Instalemos una
vigilia ciudadana utilizando las redes y todos los recursos a nuestro alcance
para estar alertas, para denunciar, para cuestionar, para ejercer presión, para
deslindar claramente lo que a cada quien corresponda, para evitar que otra vez
vuelvan a eludirse las responsabilidades criminales de los miembros del
gobierno que se encuentran implicados.
*Publicado en La Jornada Veracruz el 24 de junio de 2016.
**Académico del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana.
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