Edgar J. González
Gaudiano**
Las denuncias y protestas recientes en el estado de
Veracruz han conducido a nivel internacional la recurrente inconformidad que la
población de este estado ha venido manifestando durante muchos años. Las
sospechas sobre la magnitud del daño ocasionado por administraciones
fraudulentas en el estado fueron confirmadas, hace unos días cuando el auditor
superior de la federación, Juan Manuel Portal, admitió que la peor calificación
de auditoría a nivel nacional estuvo a cargo de Veracruz. Otro nada honroso
primer lugar nacional (además del Sida, dengue, diabetes y obesidad) que
implica la gigantesca suma de 35 mil 421.7 millones de pesos en observaciones
sin solventar, procedimientos resarcitorios y denuncias penales. Suma
equivalente a lo que observaron a otros 16 estados juntos.
En ese mismo informe se denunció que el gobierno de
Veracruz simuló la devolución de, cuando menos, 4 mil 770 millones de pesos a
fondos federales buscando evitar que la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) le fincara responsabilidades. El gobernador Javier Duarte había mentido
una vez más al asegurar que esas demandas ya estaban sobreseídas.
Como si eso no
bastara, el gobierno de Veracruz posee la tercera mayor deuda bancaria del
país, con 44 mil 470.8 millones de pesos, cantidad que fue admitida por el
mismo Javier Duarte; cifra a la que se suma la deuda nueva adquirida en 2015
por otros cuatro mil millones.
El Senador José
Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, calcula la
deuda total de Veracruz en, por lo menos, 80 mil millones de pesos. No
obstante, los estudios del investigador de la Universidad Veracruzana Hilario
Barcelata estiman dicha deuda en más de 120 mil millones de pesos, lo que en
palabras del académico sobrepasa “todos los límites de la racionalidad
financiera, de la responsabilidad administrativa y de la ética política al
contratar montos de deuda pública que exceden la capacidad de pago del gobierno
y que ponen en riesgo el desarrollo del estado”.
Para cualquier
ciudadano no familiarizado con datos macroeconómicos esas cifras astronómicas son
impensables. Ni siquiera sabe qué significan, pero son la diferencia entre un
estado devastado por la corrupción y la impunidad y otro con un sistema
carretero transitable, con un sistema de salud equipado y con suministros, con
un sistema educativo funcionando en condiciones de calidad, con seguridad
social y perspectivas de empleo decente, etc. etc. Ahí es donde se han ido el
presente y el futuro de los veracruzanos.
Solo a la
Universidad Veracruzana el gobierno del estado le adeuda 2 mil 76 millones, lo
que la ha puesto en una situación crítica en la que se sacrifica a miles de
jóvenes, ese bono demográfico que ha sido despreciado; pero a esta deuda se
suman muchas otras, como la del Instituto de Pensiones, las becas de
estudiantes y hasta de pequeños negocios que cometieron la osadía de darle
crédito a un gobierno que no paga, por lo que ahora están en bancarrota.
Un tema que
particularmente me interesa y que forma parte de mi objeto de estudio es el que
corresponde a los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos en
comunidades vulnerables. Ello porque está comprobado que los desastres
contribuyen significativamente a la desigualdad y al rezago social. Para medio
compensar esto, se creó el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), que
de naturales no tienen nada pues aunque tienen como origen un fenómeno natural,
el desastre es una construcción social en la que intervienen muchos factores,
entre ellos la ineptitud y negligencia de las autoridades.
Como quiera, una
visita rápida a la página de la Secretaría de Gobernación, los datos que ofrece el Sistema Nacional de
Protección Civil nos reportan cuántos recursos se canalizaron a los estados que
tuvieron declaratorias de desastres a través del Fonden. Vale decir que son
recursos federales cuantiosos que deben ser aplicados a los municipios
afectados para ayudar a la población, a reconstruir infraestructura, a crear
empleos temporales, y a todo aquello que contribuya a la gente a recuperar la
funcionalidad (que no normalidad) de sus vidas después de las contingencias.
Obviamente los
gobiernos estatales, entre ellos el de Veracruz, suelen apresurarse a hacer la
declaratoria para recibir recursos federales frescos. En este sentido, según la
página de referencia de la Secretaría de Gobernación, el estado de Veracruz
entre 2011 y 2015 recibió más de 50 mil 400 millones de pesos para paliar las
emergencias, pero que con toda seguridad no se aplicaron ahí donde se
necesitan, porque hay comunidades que aún padecen los estragos causados por
fenómenos incluso del año 2010 (como los ocasionados por el huracán Karl y la
tormenta tropical Matthew). Más aún porque cuando los pocos recursos llegan a
las comunidades han apoyado a la gente, pero con sesgos partidistas y criterios
clientelares que re-victimizan a los damnificados.
No sé si estos cuantiosos
fondos federales fueron auditados por la ASF, pero debería hacerlo porque es de
miserables desviar el dinero que está destinado a la gente en situación de
emergencia, lo que explica en parte la severa crisis social en la que se
encuentra sumido el estado de Veracruz, sobre todo las pequeñas poblaciones
vulnerables a fenómenos climáticos que han sido abandonadas a su suerte.
La magnitud del
despojo que estamos sufriendo solo puede ser resultado de delincuencia
organizada. Obviamente no es resultado de la acción de una sola persona por más
irresponsable que sea, sino de un gran número de cómplices (coalición de
servidores públicos para defraudar) que también deben ser investigados y
sancionados ejemplarmente.
El costo social
y económico de un desfalco de tales
dimensiones representará para el estado al menos cincuenta años de
dificultades, suponiendo que la situación de malversación no continúe. Medio
siglo perdido que implicará más hambre, miseria, sufrimiento y emigración obligada,
ante la falta de desarrollo de un estado que lo tiene todo para salir adelante,
pero que padece la desgracia de tener también un gobierno en manos de un grupo político
voraz y mezquino que se regodea en su impunidad. ¿Hasta cuándo?
*Publicado en La Jornada Veracruz el 29 de febrero de 2016: http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=160229_065425_598
**Académico del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana.
