lunes, 10 de febrero de 2014

El país de nunca jamás

El país de nunca jamás[1]

Édgar J. González Gaudiano[2]

¿Cuántos años pasaron para que en México se comenzara a hablar de hambre, aunque ya se tenían todas las evidencias del problema? ¿Cuántas veces se ha negado que seamos un Estado fallido, pese a que no se tiene control en grandes porciones territoriales? ¿Cuántas veces se nos ha dicho que la economía está blindada, que la tortilla no subirá y que se perseguirá a los responsables de corrupción, de negligencia y de omisión con todo el peso de la ley y hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga?
La élite política trata a la población como niños por decir lo menos. Como niños que no crecen, como en la película de Disney, porque nos aplican los mismos estribillos, el mismo desgastado discurso del “todo está bien”;  que no hay problema con la influenza, aunque se reportan más de tres mil casos comprobados y casi 350 muertos en lo que va de 2014; que las finanzas del estado de Veracruz están en orden, a pesar de las cotidianas muestras de protesta social porque no se pagan las becas, o las obras, o las pensiones y se mantiene la vetusta red de complicidades, de opacidades y de silencios.
La metáfora del país de nunca jamás nos sirve para develar un problema objetivo a nivel nacional: La existencia de una ciudadanía inmadura que no crece porque todo ha sido puesto en sintonía para impedirle crecer. Es un Síndrome de Peter Pan impuesto. 
Con el país que nos presentan los políticos sublimando sus frustraciones por su incapacidad manifiesta, pretenden persuadirnos de que la ficción es realidad, cuando lo que ocurre es que no saben cómo gobernar un país tan complejo como el nuestro en el que se ha dejado que en ese río revuelto cada quien haga lo que quiera o lo que pueda. Esa es la realidad que nos tiene postrados. En el país de nunca jamás los que tienen hacen lo que quieren y los que no tienen hacen lo que pueden.



[1] Publicado en La Jornada Veracruz, el lunes 10 de febrero de 2014, p. 11.
[2] Coordinador de la Cátedra UNESCO – UV “Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”. http://edgargonzalezgaudiano.blogspot.mx

lunes, 27 de enero de 2014

Ética mínima y educación ambiental

Ética mínima y educación ambiental[1]

Edgar J. González Gaudiano[2]

Dice Adela Cortina, en su “Ética mínima” que nuestro tiempo es una época light, de alcances modestos. Se pregunta ¿Quién ambiciona ya descubrir la verdad, alcanzar el bien, practicar la justicia? ¿Quién pretende poseer el secreto de la felicidad? En este momento son las pequeñas verdades, los satisfactores básicos, los fragmentos de justicia, los retazos de felicidad los que nos ayudan, si no a «vivir bien», en el hondo sentido de los clásicos, al menos a «pasarlo bien»: a pasarlo lo mejor posible.
Y, sin embargo, reconoce Cortina, las preguntas por la rectitud y la justicia, por la legitimidad del poder y la esperanza de salvación continúan demandando respuestas a una cultura que precisa contestarlas para recobrar su sentido. 
Esas son las cuestiones que aborda en su libro internándose en eso que denomina filosofía práctica, no para alcanzar los proyectos de un sujeto trascendente, como se lo imaginó la modernidad, sino para no renunciar a transmitir aquello sin lo cual es imposible la convivencia democrática.
De ahí la importancia de definir los mínimos morales que una sociedad democrática ha de transmitir; aquellos principios, valores, actitudes y hábitos a los que no podemos renunciar, pues al hacerlo estaríamos renunciando a nuestra propia humanidad. Esos mínimos quizá no respondan a todas las aspiraciones que constituiría una moral de máximos, pero es lo que nos permite pensar que pueden ser asumidos por todos.
Rescato estas valiosas ideas para trasladarlas al campo de la educación ambiental, el cual desde hace tiempo que ha estado instalado en una pretensión minimalista que ni así se cumple. La aspiración de formar un ciudadano respetuoso con el entorno que al menos sea capaz de reducir sus consumos (energía, agua, bienes, etc.), separar sus desechos y preservar la calidad del ambiente y la integridad de los ecosistemas naturales, es una pedagogía de propósitos mínimos.
Cuando alguien de nosotros se considera a sí mismo que es un ciudadano ambientalmente responsable sólo por cumplir con los comportamientos señalados arriba, está dentro de una ética mínima. Pero un conformismo tal puede obscurecer las causas que permanecen enquistadas en las profundas raíces de nuestro confortable estilo de vida e impedir desafiar el estatus quo para buscar una ciudadanía radical. Por eso la ética mínima debe verse como punto de partida no de llegada.     
Con una educación ambiental de mínimos no estamos orientando nuestras pretensiones a intentar intervenir sobre las causas que ocasionan la ingente degradación ambiental y sus persistentes efectos en el largo plazo, en un proceso de degradación social progresiva de crecientes sectores de la población; que destruyen las culturas locales; que están globalizando la injusticia, la desigualdad, la violencia sistémica y la violación de los derechos humanos, subordinando la política y las decisiones ciudadanas a los intereses de los grupos corporativos y su séquito de cómplices locales. Y sin embargo como dice Cortina, para poder “estar bien” al menos con nosotros mismos, no podemos renunciar a luchar contra eso.
Por eso es que celebro las actuales movilizaciones de la población de Jalcomulco y otras comunidades aledañas en el estado de Veracruz, en relación con las presas que se pretenden construir sobre el río Pescados, para generar “beneficios” económicos que no sólo no repercutirán en  la gente local, sino que destruirán su sistema de vida, sus tradiciones, usos y costumbres, sus fuentes de ingreso. A ellos no podemos simplemente recomendar una pedagogía de mínimos como punto de llegada, cuando están por cancelarles su futuro y el de sus hijos. Esa puede parecer una lucha pequeña, mínima, frente a los grandes retos del momento, pero significa todo para ellos.



[1] Publicado en La Jornada  Veracruz, el lunes 27 de enero de 2013. p. 6.
[2] Coordinador de la Cátedra UNESCO – UV “Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”. http://edgargonzalezgaudiano.blogspot.mx

lunes, 20 de enero de 2014

Veracruz ante la vulnerabilidad y el riesgo

Veracruz ante la vulnerabilidad y el riesgo[1]

Edgar J. González Gaudiano[2]

Hace unos cuantos días, en estas mismas páginas se publicó una extensa nota sobre la falta de aplicación de los recursos financieros recibidos en el estado de parte del gobierno federal a través del Fondo de Desastres Naturales, desde 2011 a la fecha.
Llama la atención la escasa resonancia en los medios y respuesta oficial que recibió dicha nota, habida cuenta que se denuncia el subejercicio o desvío de más de nueve mil millones de pesos, en un estado clasificado como de alta marginación, ocupando el nada honroso cuarto lugar nacional (Conapo, 2010). El silencio resultante no hace más que confirmar que la información tiene mar de fondo.
El estado de Veracruz cuenta con 720 kilómetros de litorales en el Golfo de México y es susceptible de sufrir recurrentemente el impacto de fenómenos hidrometeorológicos. En los años recientes, el huracán Karl y las tormentas tropicales Matthew (2010), Arlene (2011), Ernesto (2012) y Barry (2013) y el huracán Ingrid (2013) afectaron a decenas de municipios y en cada caso las declaratorias de emergencia y de desastre generaron que el Fonden respondiera con recursos para atender “de manera inmediata y oportuna, proporcionando suministros de auxilio y asistencia a la población”, así como para “la normalización de los servicios públicos o reconstruir los daños sufridos en las viviendas de la población de bajos ingresos como a la infraestructura pública federal, estatal y/o municipal” (Segob, 2014).
Ese apoyo financiero es un derecho de la población, no una generosa concesión de la autoridad. La población damnificada, por tanto, no ha de ser vista como receptores pasivos de la beneficencia pública, o sea como víctimas que se convierten en objeto de compasión como los medios de comunicación se encargan de difundir en cada caso.
Si bien la ayuda humanitaria es necesaria y los mexicanos son ejemplarmente solidarios con la desgracia ajena, los damnificados son sujetos de derechos sociales y políticos que deben ser reclamados.
Una entidad como Veracruz con un gran rezago en su desarrollo y con una ubicación susceptible a padecer el embate de fenómenos climáticos, es un estado vulnerable. Esa vulnerabilidad se acrecienta si la escasa infraestructura generada por las políticas de desarrollo y las precarias condiciones de vivienda y medios de subsistencia de la población más pobre, se ve afectada periódicamente por desastres que no reciben la respuesta apropiada de las autoridades, antes, durante y después de los fenómenos.
Cada desastre hace retroceder el incipiente desarrollo del estado, porque la capacidad de la población de recuperarse al impacto sufrido (resiliencia social) es muy baja. Si a eso le añadimos que los recursos que se destinan para la asistencia y para mitigar los daños no se aplican a eso, por las razones que sean, entonces estamos frente a una grave irresponsabilidad política de todos los órganos del Estado.
Aunque Veracruz ha comenzado a avanzar en sus políticas al dejar de administrar desastres para darle cabida a la gestión del riesgo, como se vio el año pasado durante el huracán Ingrid, es preciso considerar que los derechos de las personas son permanente negados mientras persistan la vulnerabilidad asociada a la pobreza y, por ende, las condiciones de riesgo existentes, y peor aún cuando lo poco que hay para paliar el sufrimiento se destine a otra cosa, con la complicidad de muchos.
Por eso insistimos en que los desastres no tienen nada de naturales.






[1] Publicado en La Jornada Veracruz, el 12 de enero de 2014, p.12.
[2][2] Coordinador de la Cátedra UNESCO – UV “Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”. http://edgargonzalezgaudiano.blogspot.mx

lunes, 18 de noviembre de 2013

¿Por qué es tan complicado entender el movimiento magisterial?


¿Por qué es tan complicado entender el movimiento magisterial?[1]

Edgar J. González Gaudiano[2]

Estuve la semana pasada en Chiapas para participar en el Primer Congreso Nacional: “La responsabilidad ambiental en la educación superior para la sustentabilidad”. Educar para la Responsabilidad Ambiental (ERA) es un programa impulsado por el gobierno del estado que implica a todos los niveles y modalidades educativas que se sustenta en una concertación sumamente incluyente de un gran número de instituciones implicadas.
Es temprano para comentar sobre los alcances de las acciones del programa porque los varios materiales que ya han sido diseñados no han podido comenzar a aplicarse en las escuelas, debido precisamente al paro magisterial que en ese estado afecta a todos los planteles desde preescolar hasta media superior. Incluso la inauguración del propio congreso tuvo dificultades, porque ante el anuncio de la posible presencia del gobernador, hubo que mantener en secreto la sede del evento para evitar que los maestros se enteraran y cerrasen accesos e intentaran tomar las instalaciones.
Por la centralidad política y social que el movimiento magisterial tiene en ese estado, tuve la oportunidad de comentar sobre el mismo con diversos actores, tanto de las universidades como del gobierno del estado. El movimiento magisterial en Chiapas tiene características particulares que no se observan en otros estados. Por ejemplo, la autopista de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de las Casas tiene un mes tomada; según me dicen a veces en varios tramos (en esa y otras carreteras) se apostan los maestros e incluso quienes no lo son y exigen una aportación a quienes quieran cruzar el retén. No ha habido intervención del estado para impedirlo y obviamente hay una afectación importante de actividades económicas y un desgaste de las simpatías de la población. El gobierno ha detenido el pago de un par de quincenas a los maestros, pero hay una opinión bastante generalizada de que éstos van a resistir y que terminarán por doblar al gobierno para evitar que de prolongarse el movimiento se articule a otros procesos como el de la oposición a la reforma energética.
Lo que está ocurriendo en Chiapas es diferente a lo que sucede en Oaxaca, Veracruz, el DF y otras entidades que se han distinguido por su activismo. Al parecer los liderazgos locales (CNTE) siguen firmes y no se han visto rebasados como en Veracruz. Las diferencias regionales es una de las características que hace que el movimiento magisterial tenga rasgos compartidos en ciertos aspectos de movilización, pero expresiones locales distintas de formas de lucha según fuerza, usos y costumbres y coyuntura, lo que contribuye a su complejidad.
La población nacional se encuentra polarizada frente al movimiento magisterial. Por un lado están quienes rechazan la legitimidad del movimiento y sobre todo algunas de sus formas de lucha que han afectado fuertemente al conjunto social. Niños sin clases, padres que no tienen con quien dejarlos, plantones interminables que han impactado severamente a negocios (especialmente en el DF), bloqueos recurrentes de la circulación, cierre violento de escuelas, etc. Este segmento social critica acremente lo que definen como debilidad de las autoridades por su incapacidad en asegurar el libre tránsito y el incumplimiento del Estado de derecho y porque continúa pagando a los paristas. A esta postura ha contribuido la constante denostación de los medios masivos (especialmente Televisa) que destaca los inconvenientes como agravios sociales.
En el otro extremo están quienes apoyan al movimiento, constituidos fundamentalmente por las propias familias de los maestros, por activistas sociales y por padres de los niños que consideran que la reforma educativa va a implicar mayores sacrificios económicos para el mantenimiento de las escuelas y para los diversos suministros y consumibles que de por sí ya tienen que aportar; padres y madres de familia preocupados porque les han informado que se tendrán que responsabilizar también del pago de la energía eléctrica, del teléfono, del agua y hasta del predial de los planteles, lo que no ha sido contundentemente desmentido por quienes deben hacerlo.
En medio de estas dos posturas extremas hay una enorme variedad de opiniones, como aquéllos que cuestionan que el gobierno no calculó bien los costos políticos y sociales de un movimiento que creyó controlable por el encarcelamiento de la lideresa del SNTE, lo cual ha visto con motivaciones más efectistas y de recuperación del control político del gremio, que de combate a la corrupción y a la falta de transparencia en el manejo de las enormes cantidades de recursos financieros, no sólo de cuotas sino de aportaciones gubernamentales. En este grupo se encuentran también quienes consideran que el movimiento magisterial está contribuyendo significativamente a la erosión progresiva del bono político del regreso del PRI al poder.
Otros simpatizan con la lucha magisterial por sus reivindicaciones laborales en riesgo con la evaluación, aunque rechazan con vigor a la caterva de sempiternos caciques enquistados en el magisterio; la venta y herencia de plazas; los privilegios por lealtades y complicidades inconfesables; el manejo discrecional e impune de los recursos sindicales; el tráfico de influencias; los miles de comisionados sindicales, aviadores y de plazas que inflan las nóminas de las escuelas; el cinismo de poderosos que ostentan más de una docena de plazas; la perversión del magisterio para propósitos electorales; la doble negociación salarial en los estados; las manos ocultas de los grupos de interés económico y político  que quieren pescar en el río revuelto, etc. etc. Pero también cuestionan que las reformas culpen únicamente a los maestros del deterioro educativo, soslayando la responsabilidad de otros agentes (autoridades, élite gobernante, partidos políticos, sindicatos, etc.), quienes permanecen indemnes en la sombra.  
En general, creo que el movimiento magisterial ha activado al país al desedimentar un complejo problema que es epicentro de su desarrollo; si bien sus repercusiones habrán de valorarse en el futuro, se anticipa que serán transcendentes porque ha quedado en evidencia el abandono, la indolencia y el incumplimiento del mandato constitucional por parte del Estado mexicano a una de sus funciones primordiales como es la educación pública. También ha quedado de manifiesto la confiscación que de ella han hecho grupos facciosos y poderes fácticos de distinto tipo (políticos, económicos, mediáticos, religiosos, etc.), que aspiran a tener un todavía mayor control sobre los procesos sociales, económicos y políticos del país.


[1] Publicado en La Jornada Veracruz, el lunes 4 de noviembre de 2013
[2] Coordinador de la Cátedra UNESCO – UV “Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”. http://edgargonzalezgaudiano.blogspot.mx

lunes, 28 de octubre de 2013

La obesidad infantil: otro némesis de nuestro atribulado país

La obesidad infantil: otro némesis de nuestro atribulado país

Édgar J. González Gaudiano[1]

El día de ayer el diario La Jornada publicó un artículo de Ángeles Cruz Martínez sobre la decisión en curso de cancelar la publicidad sobre la comida chatarra en los horarios de la barra infantil en días de la semana y durante todo el día los fines de semana. La propuesta consiste en reformar el Reglamento Sanitario de Publicidad, y fue  elaborada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Si bien la propuesta de reforma ya fue sometida a consulta pública y fue autorizada por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, desde el pasado 23 de septiembre se encuentra en espera de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación; detenida tal vez por cálculos políticos sobre el curso que sigan las quejas de los empresarios de comida chatarra y bebidas edulcoradas en el marco de la reforma financiera por los impuestos que, en el caso de lo comida chatarra, los diputados aprobaron de 5%, y que podría elevarse a 8% para provocar cambios en el patrón de consumo de estos productos de alta densidad calórica por parte de la población. Ello a su vez obligaría a las empresas a modificar sus fórmulas de composición de azúcares y otros carbohidratos, sal y grasa, principalmente.
Asimismo, se aprobó pese al intenso cabildeo de las empresas que las producen un impuesto de un peso por litro a las bebidas saborizadas, así como a los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que contengan cualquier tipo de azúcares añadidos.
La propuesta de reforma se sustenta en estudios del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Dr. Salvador Zubirán, sobre el efecto pernicioso de la exposición de los niños a la propaganda de estos productos mediante la televisión, así como en otras investigaciones de organismos internacionales que confirman su directa relación con el aumento del peso corporal.
La realidad nacional en este sentido es aterradora. 30 por ciento de la población infantil tiene sobrepeso y obesidad, y está incrementándose, con lo que México ocupa el nada honroso primer lugar mundial en este nivel de la enfermedad. Pero en el contexto nacional, en Veracruz esta cifra se eleva a 47% con lo que el estado es el primer lugar nacional del primer lugar mundial.
Si bien el problema de sobrepeso y obesidad infantil es un fenómeno complejo en el que convergen múltiples factores que se potencian entre sí, además de los mencionados: por la falta de actividad física, la inseguridad en los espacios públicos, la necesidad de que ambos padres trabajen, etc., a pesar de algunas limitaciones de la propuesta se estima que los cambios regulatorios repercutan en una disminución de 39 por ciento de la exposición a la publicidad en los niños de 4 a 9 años y de 28 por ciento en los de 10 a 15.
Si a ello se añaden los efectos buscados del aumento en el costo de esos nocivos productos en razón de los nuevos impuestos, es de esperarse un mejor resultado en el corto, mediano y largo plazos que disminuyan sustantivamente los enormes costos actuales en el sistema de salud para atender las enfermedades asociadas a esta pandemia y, sobre todo, a mejorar la calidad de vida de nuestra generación de reemplazo.  
Habrá que pedirle ahora a la SEP que fortalezca estas acciones con programas educativos y medidas consistentes, tales como un control estricto de los productos que se venden las tienditas escolares y con lo que los niños llevan para su consumo en los recesos, con la recuperación de la educación física en las escuelas, con cambios acordes en los programas educativos y con campañas a los padres de familia que informen sobre los serios riesgos que corren los niños. Tal vez así podamos ver más casos como los de los niños triquis y las niñas poblanas ganando premios en actividades que los dignifican como personas.  
Ya era hora siendo un asunto de la mayor prioridad social.



[1] Coordinador de la Cátedra UNESCO – UV “Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”. http://edgargonzalezgaudiano.blogspot.mx

lunes, 23 de septiembre de 2013

Pronunciamiento del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana sobre el conflicto social derivado de la reforma educativa


Xalapa, Veracruz a 23 de septiembre de 2013

 

Como comunidad del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana expresamos nuestro posicionamiento frente a los conflictos sociales derivados de la Reforma Educativa presentada por el Ejecutivo Federal:

  1. Reconocemos la necesidad de que haya cambios en el sistema educativo, pero éstos deben atender la raíz de los problemas. La denominada Reforma Educativa no atiende al sistema educativo en su conjunto (contenidos, planes de estudio, estrategias de enseñanza, infraestructura, organización institucional y el importante papel de los medios masivos, inculcando ideas, anhelos y hábitos no siempre saludables ni sustentables). El sistema educativo debe reconocer y promover la diversidad cultural de nuestro país y proceder atendiendo las condiciones socioeconómicas y geográficas que conforman nuestra compleja realidad.
  2. Demandamos la derogación de la Ley General de Educación y de las legislaciones secundarias, porque no se les dio difusión ni se promovió suficientemente su discusión. Urge someter a la Reforma Educativa a una revisión exhaustiva y crítica por parte de agentes competentes en materia educativa, incluyendo a docentes y familias.
  3. Es tarea y responsabilidad del Estado financiar la educación pública, garantizar su gratuidad y dotarla de infraestructura y servicios de calidad en todos sus espacios, tal como establece el Art. 3° constitucional.
  4. Decimos SÍ a la evaluación de los maestros pero no de manera punitiva. Pugnamos por una evaluación comprensiva de la cual no dependa la estabilidad laboral del docente; por que se respete la autonomía del INEE en los procesos de evaluación; que exista la rendición de cuentas de lo obtenido; que los resultados de dicha evaluación sean utilizados en el mejoramiento de la formación docente y que no se confunda la evaluación con la aplicación de un examen estandarizado. Por tanto, rechazamos la homogenización de la misma.
  5. Respaldamos y apoyamos la lucha magisterial, así como los procesos de democratización que esa lucha está propiciando.
  6. Condenamos cualquier forma de violencia ejercida en contra del magisterio u otros sectores sociales en lucha. Reprobamos el proceder violento de la fuerza pública en los actos de desalojo recientes en el Zócalo de la ciudad de México y en la ciudad de Xalapa la madrugada del 14 de septiembre de 2013, donde integrantes del magisterio, padres de familia y miembros de nuestra comunidad universitaria resultaron muy afectados.
  7. Rechazamos la criminalización de la protesta. Los medios de comunicación deben coadyuvar para que la autoridad competente intervenga de manera oportuna proponiendo alternativas. Por tanto, exigimos al Estado y a los medios masivos de comunicación que ofrezcan información veraz en torno a cualquier acto de demanda social o política y no induzcan a la población a estar en contra de quienes puedan tener legítimos derechos para hacerlo.
  8. Nos declaramos en trabajo bajo protesta. Desde nuestro quehacer académico estaremos atendiendo y articulándonos con el conflicto en torno a la Educación en nuestro país, la lucha magisterial y la movilización social en general,  hoy amenazadas por la represión y el uso de la violencia institucional.
  9. Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad universitaria a implicarse en un proceso colectivo y colegiado de discusión y análisis crítico de la reforma, considerando sus dimensiones educativa, ético-político-legal y de movimiento social. Impulsemos juntos el rediseño profundo del sistema educativo mexicano promoviendo corresponsabilidad con otros actores de la sociedad.

 

Atentamente,

 

La comunidad del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana

Los desastres por fenómenos naturales: fatalidad o negligencia

Los desastres por fenómenos naturales: fatalidad o negligencia[1]

Edgar J. González Gaudiano[2]

Cada temporada de huracanes en el país observamos la misma historia. Numerosas comunidades son devastadas por lluvias torrenciales, derrumbes y crecientes súbitas de ríos, con destrucción de bienes y pérdida de vidas. Ello da inicio a una frenética actividad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para dar la imagen de preocupación, solidaridad con los afectados y compromiso nacional. Se hacen visitas a las regiones más afectadas y se promueven colectas apelando a la generosidad de los mexicanos. Los medios masivos de comunicación, especialmente la televisión, acompañan esa narrativa mostrando al presidente consolando ancianos, gobernadores con las botas entre el lodo y a los organismos del Estado rescatando sobrevivientes y repartiendo despensas.
                El discurso auto exculpatorio es incriminar a la naturaleza, frente a la cual nada se puede hacer. Es un fatalismo frente al desastre que funciona muy bien para eximir de responsabilidad a la autoridad por la omisión, ineficiencia e incluso corrupción de sus actos. Es como querer culpar a Dios de nuestras desgracias, con lo cual el lavado de manos de los distintos agentes involucrados es generalizado eludiendo de ese modo las obras defectuosas y mal planeadas, las carreteras con materiales de baja calidad, la autorización de unidades habitacionales en zonas de alto riesgo, el relleno de lagunas de regulación, la deforestación de cuencas altas y áreas de manglar, la destrucción de dunas y arrecifes, el azolvamiento de ríos y el desfogue a destiempo de embalses, etc. etc. Y pese a que muchos de estos factores causales conciernen a la autoridad ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales brilla por su ausencia. El secretario respectivo ni siquiera es invitado a las giras porque no se considera ámbito de su competencia. Tampoco hay declaraciones de su parte. Calladito se ve más bonito nadando de a muertito.
                Pasado el momento de emergencia y abandonados a su suerte los afectados por los fenómenos (hay comunidades afectadas por el huracán Karl y la tormenta tropical Matthew de 2010 que aún esperan la ayuda prometida), sin la cobertura histérica de los medios y la presión política para actuar, la autoridad continúa con su mismo modus operandi exacerbando las causas que ocasionarán la tragedia del próximo año. No hay responsables. Nadie es castigado. Nadie renuncia por su incumplimiento, ineficiencia o irresponsabilidad. Se repara lo más visible, sobre todo aquello que puede afectar negativamente la imagen del país en el extranjero. Es la impunidad rampante que caracteriza el cinismo de los tres órdenes del gobierno mexicano.
                Los desastres no son naturales sino construcciones sociales. Ni siquiera las amenazas producidas por fenómenos hidrometeorológicos extremos son naturales, porque una situación potencial de riesgo se convierte en amenaza para una población sólo si ésta es vulnerable.
A nivel académico los enfoques de atención de este tipo de problemas han cambiado mucho durante los últimos veinte años, pero los gobiernos y sobre todo los organismos de protección civil no acaban de enterarse de ello. Las acciones ya no se enfocan tanto en la situación del momento de ocurrencia de un determinado desastre y la respuesta correspondiente (administración del desastre), sino en las condiciones de riesgo que anteceden al desastre (gestión del riesgo), los cuales insisto son de origen social. Un plan de protección civil no puede limitarse a emitir avisos de alerta por radio y televisión cuando el meteoro ya está encima de nuestras cabezas, ni a destapar alcantarillas cuando ya están saturadas.
En otras palabras, ningún desastre como los que recientemente sacudieron los dos litorales mexicanos puede suceder sin la previa existencia de una situación de riesgo, la cual no sólo ocasiona el desastre sino también la magnitud de sus daños. En consecuencia, el riesgo se ha convertido en el leit motiv para entender cómo se “construyen” los desastres, así como para identificar los procesos sobre los que se debe intervenir anticipadamente para prevenir la ocurrencia de un desastre, y para reducir sus impactos a su mínima expresión.
De esta manera ha quedado cada vez más evidente la íntima relación entre el nivel de desarrollo y el riesgo de desastre: en la medida en que el riesgo es un resultado de procesos sociales particulares, es también producto directo o indirecto de los modelos de desarrollo impulsados en cada sociedad. Los crecientes problemas de pobreza y desigualdad que enfrenta la mayoría de la población de nuestro país tienen exactamente las mismas causas que determinan la persistente construcción de riesgos de desastres. La pobreza, la ineficiencia y la corrupción constituyen el epicentro de nuestra progresiva vulnerabilidad de cada día y por si todo esto fuese poco ahí está el cambio climático.[3]




[1] Publicado en La Jornada Veracruz, el lunes 23 de septiembre de 2013, p. 11.
[2] Coordinador de la Cátedra UNESCO – UV “Ciudadanía, educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”. http://edgargonzalezgaudiano.blogspot.mx

[3] Véase Gellert de Pinto, G. I. (2012). El cambio de paradigma: de la atención de desastres a la gestión del riesgo. En: Boletín Científico Sapiens Research, 2(1): 13-17.

martes, 17 de septiembre de 2013

La educación de la Semarnat: Indiferencia y desdén



La educación en la Semarnat: indiferencia y desdén[1]

Edgar J. González Gaudiano[2]

En un convulso momento del país por asuntos que conciernen a la educación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ni se preocupa ni le importa. Esto provocó que los integrantes del Consejo Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad presentáramos en bloque una renuncia a seguir formando parte de un organismo que presuntamente fue constituido para asesorar a la Secretaría en este tema.
El Consejo Nacional fue el único acuerdo que se cumplió de la lista de los que conformaron el Compromiso Nacional por la Década de la Educación para el Desarrollo Sustentable (2005-2014), suscrito por los entonces secretarios de Educación Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 11 de marzo de 2005. Este Compromiso fue luego presumido por el Presidente Vicente Fox ante la UNESCO y el mundo por haber sido el primer país en asumir responsabilidades para impulsar un amplio proceso educativo que, entre otros, contribuyera a hacer realidad el desarrollo sustentable en el país; se sustente en las instituciones escolares de los distintos niveles y modalidades, pero que las trascienda, proyectándose hacia todas las esferas de la vida pública y privada; coadyuve a enfrentar los complejos desafíos de un mundo cada vez más interdependiente, en permanente transición y con realidades disímiles y contrastantes; permita a la ciudadanía participar críticamente en la toma de decisiones para definir las trayectorias del desarrollo nacional que deben seguirse, así como genere las actitudes y competencias necesarias para configurar una acción social bien informada, que incida en la prevención y solución de los problemas de cada grupo de personas.
El Consejo se integró con 21 integrantes adscritos a las esferas académica, social, empresarial, jóvenes, etc. Al concluir el periodo para el que fueron nombrados, durante el segundo semestre del año pasado se procedió de acuerdo con la normatividad a sustituir a la mitad de sus miembros. Este proceso se realizó con una amplia participación a la convocatoria correspondiente, pero al quedar definida la elección se consideró que era políticamente correcto que la instalación del nuevo consejo se hiciera con quienes encabezaran la Semarnat en el nuevo gobierno federal. Eso es lo que durante casi diez meses no ha ocurrido, a pesar de llamadas, escritos, entrevistas y falsas promesas del propio secretario el empresario Juan José Guerra Abud, proveniente del Partido Verde Ecologista de México y de sus funcionarios.
El autismo de la Secretaría es aún más incomprensible cuando se supone que se están realizando las consultas públicas para la integración del programa sectorial de mediano plazo y se desdeña la participación de quienes fueron invitados para acompañar precisamente la formulación y aplicación de las políticas públicas en materia de educación ambiental para la sustentabilidad. Eso confirma que el proceso de consulta es otra simulación más a las que ya estamos acostumbrados.
¿Para hacer este papelón disputó el Partido Verde durante tantos sexenios hacerse cargo de la Semarnat? Recordemos que este fue el motivo por el que este grupo de interés familiar rompió su Alianza por el Cambio con Vicente Fox en el primer gobierno de la alternancia, cuando no le dieron la Semarnat a Jorge González Torres, su fundador. Ahora que encontró un aliado político que por fin le cumple sus aspiraciones, en un portentoso acto de magia, el Verde vuelve invisible a lo poco que había quedado de la Semarnat después de la docena trágica, porque su parálisis no se limita sólo a la esfera de la educación ambiental.
La Semarnat actual se ha convertido en una comparsa para eliminar obstáculos al crecimiento económico como se desprende de sus omisiones y de las declaraciones del propio Secretario. De ese modo, echa por la borda las conquistas que el movimiento ambientalista ha logrado durante tres décadas de lucha para promover un desarrollo capaz de satisfacer las ingentes necesidades sociales sin reñir con la conservación de la calidad del ambiente y la integridad de los ecosistemas. Eso es lo que el Verde parece no haber entendido nunca al centrar sus plataformas políticas en asuntos que le han valido el repudio ambientalista internacional, tal como impulsar la pena de muerte o sobre temas sensacionalistas como combatir las corridas de toros,  aunque eso sí lucran con las prerrogativas que recibe.
Así que en materia de educación ambiental y parafraseando a la tira cómica de Palomo en el Cuarto Reich, los del Verde están aplicando una solución ecológica que conocen muy bien: Echarle tierra al asunto. Sin embargo, la comunidad de los educadores ambientales y otros grupos afines haremos una permanente vigilancia ciudadana de lo que la Semarnat plantee en el programa sectorial, así como de lo que haga y deje de hacer a lo largo del sexenio o lo que duren en él a pesar de su obsequiosa entrega.




[1] Publicado en La Jornada Veracruz, el martes 17 de septiembre de 2013.
[2] Coordinador de la Cátedra UNESCO-UV “Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”. http://edgargonzalezgaudiano.blogspot.mx