miércoles, 11 de abril de 2018


Cifuentes y Fidel, las semejanzas*


Por Edgar J. González Gaudiano**



Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid –algo así como el Jefe de Gobierno de la CDMX– está en la cuerda floja porque obtuvo el grado de Máster en Derecho Autonómico de la universidad pública Rey Juan Carlos gracias a sus influencias políticas y no a su desempeño académico. Según publicó el portal eldiario.es el 21 de marzo, Cifuentes se matriculó en 2011/2012 en ese posgrado y le quedaron pendientes dos asignaturas, entre ellas la del trabajo final, o "recepcional", como se le llama en la jerigonza universitaria veracruzana. Con una consulta a la web, el periódico digital se enteró de que "…una funcionaria de otro campus entró en el sistema en 2014 y cambió los dos ‘No presentado’ a ‘Notable’… La funcionaria dice que si lo cambió es porque se lo ordenó un profesor. La Universidad sigue investigando. Cifuentes defiende que todo es legal y que aprobó porque se examinó de nuevo en 2014, aunque no hay rastro en los registros", ni de los pagos por inscripción en 2014, ni del trabajo escrito, similar a una tesis, que debió presentar y defender para obtener el grado; dice Cifuentes haberlo perdido y olvidado su contenido.
Por cierto, eldiario.es recuerda que "…La Rey Juan Carlos es la misma universidad que dirigía Fernando Suárez, rector hasta 2017, cuando tuvo que convocar elecciones por el escándalo desvelado por este portal, de la decena de plagios que había hecho antes y durante su rectorado".
En su editorial, el periódico madrileño El País señaló el pasado miércoles 4 de abril, después de la comparecencia ante la Asamblea de la Comunidad: "Cristina Cifuentes se ha parapetado, según todo parece indicar, en una mentira para mantener su puesto al frente de la Comunidad de Madrid. Quizá ella no falseó ninguna firma y ningún documento para demostrar que sí cursó y superó un máster de posgrado en una universidad pública, pero el miércoles, en la Asamblea madrileña y ante los electores, proclamó con altanería que el título que figuraba en su currículo académico era ‘perfectamente real y legal’. Una profesora, la presidenta del supuesto tribunal que la examinó, ha reconocido que no firmó el acta. Hubo, por tanto, un delito de falsificación de documento público que la fiscalía ahora evaluará. Si ella no falsificó nada, Cifuentes tendrá al menos que explicar de dónde sacó el acta que tan orgullosa exhibió y por qué estaba tan segura de su legalidad".
El Partido Popular ha salido a defender a su dirigente y militante distinguida diciendo que todo es una intriga de un diputado socialista. Quizás exista tal intriga, pero esta se desarrolla sobre un cúmulo de irregularidades que ni Cifuentes ni la Universidad han podido explicar. No sólo eso, sino que las sospechas se ahondan porque Wikipedia indica que Cifuentes "…Formó parte de órganos de gobierno de diversas entidades educativas como el Consejo de Universidades de la Comunidad de Madrid (1998-2000), la Comisión de Planificación y Coordinación del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid (1998-2000), el Consejo de Administración de la Universidad Rey Juan Carlos (1996-2000), y el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid (2000-2001)…" Es decir, que la presidenta, además de ser una política destacada, se ha movido en la alta gestión universitaria española.
Esta historia de un título universitario fraudulento que nos llega del otro lado del Atlántico, hace recordar varios casos mexicanos: José Córdoba Montoya fue el falso doctor del salinato y Fausto Alzati del zedillismo. En diciembre de 1994, el diario Reforma informó que Alzati sólo había concluido la maestría aunque se firmaba como doctor. El propio Alzati confesó no haber concluido una licenciatura ni un doctorado, aunque sí una maestría, y en su defensa se comparó con dos ex secretarios de Educación de renombre: Torres Bodet y Vasconcelos. Finalmente renunció a la SEP. No le valió haber encabezado en el Conacyt –entre 1988 y 1994– una dirección exitosa que impulsó la descentralización de la actividad científica y disminuyó el gasto administrativo de 49 a 5 por ciento del presupuesto.
Fidel Herrera, sobrado de amanuenses durante su sexenio como gobernador, obtuvo la maestría y el doctorado. En octubre de 2010 compareció ante un tribunal a modo para doctorarse en Derecho Público, acción que meses después llevó a los evaluadores del Conacyt a retirar el reconocimiento de calidad a ese doctorado de la Universidad Veracruzana.
En aquella ocasión, junto con Édgar González Gaudiano escribimos lo siguiente, que bien podría aplicarse al caso Cifuentes: "… El trabajo académico debe soportarse en la honestidad intelectual de profesores y estudiantes… La otra cara de la moneda son los obsequiosos grupos seudoacadémicos que con lisonjas y adulaciones, haciendo caso omiso de reglamentos de asistencia y de cumplimiento de la vida académica, regalan grados o los cambian por prebendas. Se desprestigian ellos, pero en su desprestigio arrastran a la institución que deberían defender. La toga y el birrete pasan de investidura a disfraz o caricatura; los actos académicos se convierten en farsa. No es un ejercicio de contraste de ideas sino de autoritarismo del sustentante, que no fue alumno ni estudiante, sino dador de gracias".

*Artículo publicado en La Jornada el 11 de abril de 2018.

**Académico del Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad Veracruzana.