martes, 24 de agosto de 2021

¿Será la sustentabilidad una política universitaria o seguirá como meta aspiracional?*

Por Edgar Javier González Gaudiano **

Habiendo entrado de lleno en la última etapa de la designación de quién será el titular de la rectoría de la Universidad Veracruzana, quiero aprovechar estos momentos de intensa reflexión sobre lo que podría empezar a construirse en nuestra institución en los próximos años. Tomaré como tema de mis cavilaciones el de la sustentabilidad, en el que he trabajado durante las tres última décadas desde la perspectiva de la educación y de la investigación educativa.

Me preocupa este tema especialmente, no porque los demás que han sido planteados en los proyectos de gestión de los ahora candidatos no lo sean, sino porque la sustentabilidad se ha abordado casi siempre como un significante modernizador del discurso institucional, pero sin ponerse realmente en marcha.

Habría que decir para comenzar que el concepto dominante de sustentabilidad que se observa en la mayoría de los proyectos dados a conocer se restringe a la sustentabilidad ambiental. Esto es, se continúa pensando –pese a que en teoría se la asume como dimensión articuladora de aspectos de conservación de la calidad ambiental y de la integridad ecosistémica, con los de equidad social y económica–, que la sustentabilidad está solamente referida a lo ambiental.

En esa forma de pensar la sustentabilidad es una perspectiva acotada que no permite desarrollar políticas apropiadas que realmente contribuyan a prevenir, mitigar y corregir problemas de nuestra realidad. Los problemas ambientales, no son solo ecológicos son socioambientales.

Por ese motivo, lo que suele hacerse en las instituciones de educación superior al respecto se limita a promover una gestión verde del campus, mediante el manejo de residuos, de las áreas ajardinadas, del agua y a veces también de la energía.

No es que dichas acciones sobren; por supuesto que no. Pero reducir el alcance de una política de sustentabilidad a poner en marcha solamente esas medidas representa aplicar un modelo pedagógico de logros mínimos, que no intenta siquiera analizar las causas que originan los problemas asociados a ellas.

Eso es lo que ha acontecido en nuestra Universidad Veracruzana durante los últimos 10 años, desde que se aprobó el Plan Maestro para la Sustentabilidad. No se han invertido realmente los esfuerzos necesarios a nivel presupuestal y de política académica para transitar hacia una universidad sustentable, que irradie ejemplaridad al conjunto social amplio.

Se ha considerado que un cambio de esa magnitud es gratis, que bastan solamente las declaraciones, las adscripciones retóricas a cartas de intención y toda esa parafernalia litúrgica que suele acompañar esos actos que solo se quedan en rituales que no se convierten en cambios reales.

Se le ha tenido miedo al cambio, a enfrentar tradiciones disciplinarias muchas de ellas desactualizadas, así como a los usos y costumbres institucionales que son refractarios a las innovaciones, porque se ven como amenazas a los cómodos nichos laborales y zonas de confort. En el balance entre la "Tradición e Innovación", pesó mucho más la tradición en estos últimos ocho años; pero no aquélla que es un legado para honrar, sino la mala tradición, la que nos hace permanecer sometidos a un modus operandi ineficiente, parroquial, y a una concepción de universidad que está fuera del radar de la pertinencia social y con fecha de caducidad vencida.

Y así la sustentabilidad universitaria continúa siendo una aspiración, sin posibilidades de ir más allá de ese techo de cristal infranqueable para poder transformar las funciones sustantivas relacionadas con la generación del conocimiento y la formación de profesionales, a fin de que la UV evite continuar reproduciendo y contribuyendo a gestar egresados cuyas prácticas en sí mismas son insustentables.

Por lo que he podido leer en las propuestas de nuestros candidatos, el único que persevera en un cambio en esa dirección es Martín Aguilar Sánchez. Su propuesta articula la sustentabilidad ambiental con la sustentabilidad social y las convierte en uno de los ejes de una plataforma de gestión institucional que, junto con el ejercicio pleno del respeto a los derechos humanos, podría comenzar a sentar bases de un proceso que no sería fácil, ni inmediato y que ha de implicar un progresivo involucramiento de toda la comunidad universitaria para ir dando pasos firmes hacia ese perfil.

La moneda está en el aire y caerá en las manos de los miembros de nuestra Junta de Gobierno, que espero que hayan podido identificar esa proteica diferencia en el programa de trabajo del doctor Aguilar para empezar a ser esa universidad, que aún no nos hemos propuesto con verdadera convicción institucional llegar a ser.

*Artículo publicado en La Jornada Veracruz el 24 de agosto de 2021.

**Investigador del Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad Veracruzana y titular de la Cátedra Unesco “Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”.

jueves, 8 de julio de 2021

La vulnerabilidad académica frente a los procedimientos administrativos en la Universidad Veracruzana*

Por Edgar Javier González Gaudiano**

Prácticamente la totalidad de aspirantes a la rectoría de la Universidad Veracruzana han mencionado la necesidad de realizar una reingeniería a los "criterios" y procedimientos administrativos que rigen la vida académica en nuestra institución. Es un problema que ya no puede postergarse.

Si bien observamos en varias áreas que ha habido una especie de servicio civil de carrera que ha llevado a varios funcionarios del nivel medio a profesionalizarse para bien de nuestra actividad, también es notable no solo una descoordinación, incomunicación y ausencia de integración de la información que repercute de forma negativa en la eficiencia y eficacia de los procesos institucionales. Una pequeña muestra de ello es la recurrente solicitud de información en distintos formatos para diversos fines. La promesa de construir una base sistematizada de información ha quedado en eso, una promesa.

Con motivo de la reciente evaluación del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico (Pedpa) 2019-2021 quiero narrar brevemente la incongruencia existente para generar incentivos que favorezcan la productividad. Bajo los términos existentes, dicho Programa es un instrumento de desestimulación. Presento mi propio caso.

El Pedpa tiene seis niveles; para alcanzar el más alto hay que acumular puntuación en varios rubros (somos académicos 4x4): Permanencia, Dedicación, Calidad (Docencia y Generación y Aplicación del Conocimiento), Gestión Académica y Participación de Cuerpos Colegiados y, finalmente, Tutorías. En todos los rubros salvo en tutorías alcancé niveles elevados de puntuación, alcanzando un total de 1775 puntos, cantidad suficiente para alcanzar dos veces el nivel máximo, el 6.

En el área de Tutorías, sin embargo, alcancé una puntuación de apenas 34, debido en parte a que durante el periodo que se evalúa me autorizaron un año sabático y por normatividad de la propia UV no pueden desempeñarse durante ese periodo actividades de docencia y tutorías. De ahí que tuve que reasignar a los estudiantes de maestría y doctorado (ambos programas en el PNPC con nivel consolidado) que estaba dirigiendo a otros académicos para que dieran continuidad a ese importante factor formativo.

Aduje ante los funcionarios a cargo que el uso de un derecho académico como el del año sabático no podía perjudicar otro derecho que es el de que mi desempeño académico fuera evaluado con justicia.

Como consecuencia, la puntuación fue baja siendo el máximo por obtener en el rubro de Tutorías de 80. Por si eso fuera poco, ese valor máximo de 80 está mal estimado. Porque si como académicos respetamos los criterios del PNPC del Conacyt solo podemos dirigir a tres alumnos en un máximo de dos programas acreditados. O sea, tres de maestría y tres de doctorado, lo que de acuerdo con las puntuaciones del Pedpa solo permite alcanzar 51 puntos (24 +27).

Eso significa que respetar los criterios del PNPC nos impide llegar a la puntuación máxima de Pedpa en ese rubro.

Total, una verdadera pesadilla irresoluble que se tradujo en que, pese a tener, como digo arriba, puntuación suficiente para alcanzar dos veces el nivel 6, solamente me dieron el nivel 3.

Las respuestas a esa situación por parte de los responsables (es un decir) del Pedpa van desde que las reglas se aplican a todos por igual sin excepciones, hasta que con esas reglas aceptamos participar (como si nos hubiesen consultado) y no hay nada que hacer, porque son programas federales que ya vienen etiquetados, aunque no sean compatibles con la propia normatividad de nuestra universidad.

Lo peor es que como mi caso hay muchos otros, como los técnicos académicos que no puede ser miembros titulares de los cuerpos académicos (según la normatividad de la SEP), por lo que no cumplen el requisito para ser perfil Prodep. Y como no tienen este perfil nunca podrán alcanzar los niveles superiores del Pedpa, por más alta puntuación en productividad que obtengan. Podría seguir dando muchos otros ejemplos.

Esa es la clase de nomenklatura administrativa que evalúa el trabajo académico en nuestra institución. Personal que no sabe lo que es estar en el Sistema Nacional de Investigadores o de Creadores, que no se aplica a sí mismo sus "criterios" de evaluación del desempeño académico, porque no es académico y que nos encierra en una camisa de fuerza de la que no podemos escapar, pero de la que depende parte de nuestros ingresos.

En serio en la UV ¿Damos más?

Urge compatibilizar esos programas federales con nuestra propia autonomía, porque estaremos atrapados sin salida mientras las administraciones universitarias continúen siendo condescendientes con las reglas impuestas desde los escritorios del centralismo.

Necesitamos un académico en la rectoría.

*Artículo publicado en La Jornada Veracruz el 08 de julio de 2021.

**Investigador del Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad Veracruzana y titular de la Cátedra Unesco “Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”.

martes, 6 de julio de 2021

La sustentabilidad como política universitaria*

 Por Edgar Javier González Gaudiano**

En los últimos treinta años el concepto de sustentabilidad ha venido ocupando un espacio creciente en la vida económica, política y social. Sin embargo, se trata de una noción tan ambigua que prácticamente puede significar cualquier cosa.

El origen más conocido del concepto proviene del desarrollo sustentable, propuesto por el Informe Brundtland en 1987, pero ante el aluvión de críticas suscitado por éste, la sustentabilidad comenzó a deslindarse del desarrollo para derivar hacia un significado distinto.

En muy breve síntesis, las críticas al desarrollo sustentable o sostenible se orientaron principalmente a la asociación de dos nociones que se consideraban antagónicas (desarrollo y sustentabilidad) lo que generaba un oxímoron. Asimismo, porque el desarrollo sustentable fue rápidamente metabolizado por el statu quo, perdiendo con ello sus posibilidades de transformación socioambiental.

Tanto el desarrollo sustentable como la sustentabilidad han generado presión para incorporarse a los sistemas educativos. Más el primero por estar respaldado por las agencias multinacionales como la UNESCO, pero también por la ONU en su conjunto. Por ejemplo, ahí tienen a los 17 objetivos de desarrollo sustentable, una propuesta en la que cada objetivo es independiente de los otros e incluso antagónico; contrasten, por ejemplo, el objetivo 8 relativo al trabajo decente y el crecimiento económico con el 13 sobre la acción climática. Sí se logra el primero es imposible alcanzar el segundo.

Pero un problema para incorporar la sustentabilidad en el sistema educativo, específicamente en la educación superior, es que requiere de modificar en diversos grados los perfiles socioprofesionales, lo cual genera diversas resistencias al interior de las carreras.

De ahí que lo que generalmente ocurre es que los programas sobre sustentabilidad se limitan a modificar algunas áreas relacionadas con la gestión del campus (áreas verdes, suministro de energía y agua, separación de residuos, compras verdes, etc.), pero se dejan inalteradas las funciones sustantivas de docencia e investigación.

En otras ocasiones se crean centros o institutos, o nuevas carreras orientadas hacia estos fines, pero permanecen igual las llamadas opciones tradicionales que a lo sumo ofrecen alguna materia optativa sobre el tema.

¿Cómo es posible que en una universidad como la Veracruzana no existan opciones a nivel de licenciatura y posgrado en número suficiente para asumir un verdadero compromiso institucional con este problema tan serio? ¿Dónde están los abogados ambientales, por ejemplo?

La sustentabilidad en la educación implica un cambio paradigmático que si no se produce, todo queda en una propuesta retórica, en declaraciones de buenos propósitos que no se llevan a la práctica.

De eso están llenas muchas universidades que presumen ser verdes para venderse, pero se mueven en una ambivalencia en la que la mayoría de sus egresados no tienen ni idea de lo que es una manifestación de impacto ambiental, de un manejo de residuos peligrosos, un estudio de riesgo o un programa de ecociudadanía o de ecofeminismo.

En este momento de cambios institucionales en nuestra universidad, es una buena ocasión para que los aspirantes y candidatos se comprometan en este sentido, a menos que continuemos declarando ser verdes o de estar transitando hacia la sustentabilidad sin dar los pasos necesarios para hacerlo.

*Artículo publicado en La Jornada Veracruz el 06 de julio de 2021.

**Investigador del Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad Veracruzana y titular de la Cátedra Unesco “Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”.

sábado, 26 de junio de 2021

Autonomía universitaria ¿Para qué?*

 Por Edgar Javier González Gaudiano**

Con la renovación de la rectoría en la Universidad Veracruzana suele reactivarse el debate sobre algunos asuntos que son de extrema importancia para la institución. Uno de ellos es el que se refiere a la autonomía.

La autonomía de las universidades es un derecho garantizado constitucionalmente en el artículo 3°. Establece la facultad y la responsabilidad de que las instituciones de educación superior puedan gobernarse a sí mismas, lo que implica determinar su normatividad y nombrar a sus autoridades, así como definir el ingreso, promoción y permanencia de su personal y administrar libremente su patrimonio. En términos académicos, pueden definir sus programas de estudio para formar a sus alumnos para desempeñarse con eficiencia en el desempeño de su profesión, realizar investigación sobre los problemas del conocimiento y de la sociedad y difundir la cultura en el seno de la población, entre otros.

Pero si bien, como se ha definido, la autonomía es una facultad también es una responsabilidad por lo que las universidades están obligadas a aplicar con honestidad su patrimonio, a rendir cuentas, a manejarse con absoluta transparencia y a respetar la libertad de cátedra e investigación que es el factor vital para el análisis crítico, el ingenio, la creatividad, la innovación y para preservar la diversidad de las ideas.

Sin embargo, al ser la Universidad una entidad pública que opera de manera independiente del Estado está constantemente sujeta a presiones y tensiones dirigidas a influir en sus decisiones, tanto en lo académico como en lo administrativo, pero sobre todo en lo político. Desde aquellas presiones que se orientan a querer intervenir en sus propósitos educativos, a efecto de que las universidades públicas se subordinen a los intereses del mer  Por Edgar Javier González Gaudiano**

Con la renovación de la rectoría en la Universidad Veracruzana suele reactivarse el debate sobre algunos asuntos que son de extrema importancia para la institución. Uno de ellos es el que se refiere a la autonomía.

La autonomía de las universidades es un derecho garantizado constitucionalmente en el artículo 3°. Establece la facultad y la responsabilidad de que las instituciones de educación superior puedan gobernarse a sí mismas, lo que implica determinar su normatividad y nombrar a sus autoridades, así como definir el ingreso, promoción y permanencia de su personal y administrar libremente su patrimonio. En términos académicos, pueden definir sus programas de estudio para formar a sus alumnos para desempeñarse con eficiencia en el desempeño de su profesión, realizar investigación sobre los problemas del conocimiento y de la sociedad y difundir la cultura en el seno de la población, entre otros.

Pero si bien, como se ha definido, la autonomía es una facultad también es una responsabilidad por lo q cado y la dinámica capitalista; hasta las que pretenden cancelar la capacidad de cuestionar críticamente la realidad social y suprimir la formulación de proyectos alternativos de desarrollo y de cambios culturales acordes con las nuevas condiciones del país y del mundo.

Todo ello vulnera la autonomía y reduce significativamente las contribuciones que las universidades pueden hacer al avance democrático y científico del país. Por eso es por lo que la autonomía universitaria ha de verse como un derecho de la sociedad en su conjunto, que hay que defender permanentemente porque las presiones no cesan de parte del Estado, pero también de grupos de interés como los credos religiosos, los organismos empresariales, los medios de comunicación, e incluso intereses extranjeros y la delincuencia organizada, que son o quieren ser parte de la arena política de manera abierta o soterrada.

Se ha dicho que la noción universidad significa unidad en la diversidad. Diversidad para pensar, para optar, para participar, para disentir, y justo esto es lo que muchas veces no se ve en la dinámica de la vida universitaria. Por ejemplo, desde que ingresé como investigador me ha llamado fuertemente la atención la tendencia en los órganos de decisión de nuestra universidad de tomar acuerdos por unanimidad.

Se celebran las decisiones unánimes como un gran éxito, siendo que eso refleja un espíritu de uniformidad ideológica que no se corresponde con la diversidad. La unanimidad es una anomalía en el debate universitario y si hubiese algún asunto que pudiera concertar las voluntades de todos los miembros debiese verse como algo excepcional, no como la fuerza de una costumbre institucional opuesta a la fuerza de la razón plural y diversa de una comunidad tan múltiple y variada como la nuestra.

Sólo puedo pensar que algo así ocurre porque se interfiere de algún o de varios modos para suprimir esa libertad soberana de ejercer nuestras propias decisiones individuales, máxime si se funge como representante de un sector de la comunidad. Esas interferencias son contrarias a la autonomía. Y lo peor es que se hacen bajo coacción, lo que las hace aún más inaceptables. Lo bueno es que pueden emplearse los medios electrónicos para expresarse con independencia e incluso para denunciar a la propia Junta de Gobierno la coerción que se ejerza sobre grupos y sectores de la comunidad.

A partir de la publicación de la convocatoria respectiva, entraremos en pocos días en la dinámica de designación del nuevo rector o rectora que debe realizarse con un compromiso socialmente responsable que beneficie a toda la universidad. Evitemos las presiones internas y externas a nuestra autonomía de todos aquéllos que quieren influir en un proceso que corresponde únicamente a los universitarios, a fin de poner en marcha la democracia participativa para que estudiantes, docentes y trabajadores y trabajadoras tengan la mejor incidencia posible en la toma de esa fundamental decisión.

Ha sido tan complicado que la Universidad Veracruzana consiga su autonomía formal en un estado donde se veía a la institución como refugio de exfuncionarios y colaboradores del gobierno, que en la rectoría debe haber alguien que la respete y la defienda en todos sus términos y dimensiones.

*Artículo publicado en La Jornada Veracruz el 26 de junio de 2021.

**Investigador del Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad Veracruzana y titular de la Cátedra Unesco “Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”.


jueves, 24 de junio de 2021

¿Por qué participar en el proceso de cambio en la UV?*

Por Edgar Javier González Gaudiano**

Al igual que muchas otras universidades en el país, la designación de quién debe encabezar la rectoría de la Universidad Veracruzana no resulta de un proceso de elección, sino de una designación hecha por un grupo de académicos honorables y de reconocida trayectoria. En el caso de la UV la Junta está compuesta por nueve miembros: cuatro externos y cinco internos. Sus funciones y atribuciones están consignadas en la normatividad que nos rige a todos los universitarios (Ley Orgánica, Ley de Autonomía, Estatuto General) y un Reglamento. La Junta designa no solo al rector o rectora, sino a quienes lo acompañen en las secretarías académica y de administración y finanzas.

Aunque pareciera que los demás miembros de la comunidad universitaria no tenemos nada que hacer al respecto sino esperar el humo blanco, es importante participar porque la Junta aunque posee pleno arbitrio no decide discrecionalmente, sino que tiene una responsabilidad objetiva para considerar los planes de trabajo propuestos por los aspirantes y los que lleguen a ser candidatos, su trayectoria institucional, su experiencia académica, los resultados de una entrevista personal y además realiza una consulta abierta (auscultación) para que los docentes, alumnos y administrativos se pronuncien sobre sus preferencias al respecto, con base en los principios de máxima publicidad y transparencia. La auscultación podrá ser de manera presencial o por medios electrónicos, a fin de escuchar el mayor número de opiniones posible.

La idea es seleccionar al mejor candidato o candidata para el beneficio de la institución, en función del momento que se vive y los desafíos previsibles del periodo, considerando aspectos académicos, administrativos y políticos. Como puede suponerse no es una tarea fácil, porque una equivocación en el proceso nos puede costar caro a todos los que formamos parte de la Universidad Veracruzana.

Estamos terminando la gestión de la doctora Sara Ladrón de Guevara después de un doble periodo de cuatro años cada uno. En la toma de posesión eran evidentes los problemas derivados del presupuesto universitario, de la deuda que se tenía con el SAT y las intromisiones del gobierno del estado que constituían un ataque contra la autonomía, por citar algunos.

Puede decirse sin duda alguna que la rectora y su equipo de trabajo supieron sortear con éxito dichos asuntos. A diferencia de lo ocurrido en una decena de universidades públicas que enfrentan problemas similares, aquí no se ha interrumpido el pago salarial, la deuda con el SAT que nos convertía a todos en deudores fue cubierta y se culminó una negociación favorable para garantizar el suministro oportuno y completo del financiamiento que por ley provee el gobierno del estado. No es poca cosa, en serio.

Lo que no podía ser previsto fue la dimensión de la crisis derivada de la pandemia de covid-19. Estamos aún inmersos en ella y los costos han sido altos en términos académicos y sociales. Abandono y rezago escolar, improvisación de medidas paliativas, incumplimiento de programas académicos, etc. Lo hemos vivido y padecido al tener que poner en marcha sistemas de comunicación alternativos mediante plataformas digitales, para los que muchos alumnos e incluso docentes no contaban con el equipamiento debido, ni los espacios para hacerlo desde la casa con el impacto que esto además ha representado para las propias familias. Personalmente me hubiese gustado decisiones más firmes en algunas medidas, pero tengo que reconocer que no tenía la película completa de lo que estaba sucediendo en una institución tan dispersa y compleja como la nuestra. Pese a todo ahí estamos saliendo, aunque no podemos hacer cuentas alegres.

Como sea, ahora vamos a enfrentar el cambio de gobierno en la UV y tenemos que coadyuvar a que resulte en la mejor decisión para todos y todas. Eso dependerá de la calidad de nuestra participación organizada, institucional, sin permitir presiones externas e internas y sin prestarse al acarreo y a la simulación de procesos de dizque libre manifestación de las ideas que no son tales.

Para eso hay que analizar cuidadosamente lo que cada aspirante propone. Investigar quiénes son, cuál es su trayectoria, de quiénes se acompañan. La respuesta a la pregunta de por qué quiere ser rector o rectora siempre me parece reveladora. Un breve análisis de lo que se dice y sobre todo de lo que no se dice sobre sus motivos, es sumamente significativo. Por ejemplo, querer ser rector o rectora para alinear la formación profesional a las demandas del mercado excluiría a numerosos egresados de Humanidades, de Artes y de la UVI, porque no creo que la estructura ocupacional demande muchos filósofos, ceramistas y gestores interculturales, por citar unos cuantos casos, que no se ofrecen en el ITESM porque no es una universidad pública.

Como siempre ocurre, habrá quien afirme que quiere llegar y aunque sepa que tiene pocas posibilidades, en realidad lo que pretende es negociar con alguien más fuerte para colocarse en su equipo. Otros echarán montón, como si fuera cuestión de multitudes. Por lo que tengo entendido la Junta suele tomar decisiones con base en lo cualitativo, en el perfil académico. Creo que no se requiere ser ducho entrevistando para detectar cuando hay quienes solo asisten para hacer bulto sin argumentos o repitiendo la misma cantaleta como si fuese una jaculatoria. También observaremos las usuales presiones de autoridades de entidades para que los académicos y alumnos se pronuncien a favor o en contra de alguien. Es lo que hay en nuestra universidad que aún no se acostumbra a ser plenamente democrática. Haría bien la rectora en contener estos impulsos.

A estas altura no se han destapado todos los interesados. De aquéllos que han estado dando entrevistas a la prensa, he escuchado buenas ideas, aunque no los conozco a todos y todas. De otros, se sabe poco en qué estén pensando. Pero también he escuchado a un par de ellos que parece que están hablando de una universidad privada, ya que en vez de propuesta de trabajo hablan casi de un plan de negocios para obtener fondos adicionales. Otro aduce tener tres licenciaturas con lo que quiere compensar su falta de experiencia personal de la vida institucional. No creo que se pueda sustituir esa carencia con la experiencia vicaria. Uno más habla de impulsar el conocimiento de frontera sin aportar una sola pista de cómo quiere lograrlo, y en lo que coinciden varios es en ver las herramientas tecnológicas como la solución idónea de los problemas.

Analicemos las propuestas con calma, es un momento para una reflexión a fondo. Y como quiero establecer una comunicación con mis lectores y lectoras sobre la base de la máxima transparencia, les informo que voy con el doctor Martín Aguilar Sánchez; tiene un proyecto de universidad que comparto, una trayectoria académica que respalda sus propuestas y no tiene padrinos invisibles, internos ni externos a la institución. Pero no me crean, lean su propuesta cuando la entregue, consulten en fuentes acreditadas quién es Martín, qué temas trabaja y decidan por sí mismos.

*Artículo publicado en La Jornada Veracruz el 24 de junio de 2021.

**Investigador del Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad Veracruzana y titular de la Cátedra Unesco “Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”.


miércoles, 11 de julio de 2018

                                 Xalapa: ciudad educadora*

                                                                                                        Por Edgar J. González Gaudiano**


Xalapa es una ciudad magnífica, pero severamente descuidada. Con un crecimiento anárquico y sujeto a la especulación inmobiliaria, graves problemas de tránsito, inseguridad, contaminación y deterioro ambiental y una carencia sensible de oportunidades de empleo y desarrollo social, entre otros problemas que se padecen, nuestra ciudad languidece ante la ineficiencia, la corrupción y las políticas clientelares características de los gobiernos locales de las tres últimas décadas.
Nos encontramos en pleno proceso para la renovación de los gobiernos municipales en todo el estado de Veracruz y hemos estado escuchando toda suerte de promesas, las más dirigidas como siempre a capturar el voto ciudadano, aunque constituyan una oferta política que suele incumplirse una vez que se ha ganado el poder. La ausencia precisamente de una ciudadanía empoderada capaz de exigir sus derechos, ha contribuido al cínico abuso que observamos y al deterioro institucional.
Se habla todo el tiempo de participación ciudadana como condición básica del desarrollo, pero se trata de un concepto manoseado y desgastado por los partidos políticos convencionales, por lo que nadie sabe a qué se alude cuando se habla de él. Saber participar implica poseer capacidades para la participación y éstas solo se adquieren mediante la educación. Es de aquí que surge la idea de ver a las ciudades no sólo como espacios donde ocurren acciones educativas, sino como agentes educadores. La Carta de las Ciudades Educadoras comienza diciendo que: "Hoy más que nunca la ciudad, grande o pequeña, dispone de incontables posibilidades educadoras, pero también pueden incidir en ella fuerzas e inercias deseducadoras". ¿No creen que estamos viviendo cada vez más bajo fuerzas e inercias deseducadoras?
Dice Alicia Cabezudo (2010) que desde una perspectiva de políticas públicas educativas, la ciudad puede entenderse a partir de tres dimensiones distintas aunque complementarias entre sí: Ver a la ciudad como objeto de conocimiento (aprender la ciudad); verla como trama social en la que se producen acontecimientos sociales (aprender en la ciudad) y verla como recurso de aprendizaje (aprender de la ciudad).
Esas tres dimensiones solo pueden cumplirse plenamente si de manera deliberada se fortalece el tejido social y su potencial educativo, a través de políticas públicas pedagógicas de los gobiernos locales que prioricen la inversión cultural y la formación permanente de la población. Todo esto orientado a impulsar una mejor convivencialidad que nos permita desarrollar las capacidades requeridas para una mejor gestión de la vida pública de acuerdo con nuestras necesidades y anhelos de cambio social.
Xalapa tiene todo el potencial para convertirse en una ciudad educadora, no sólo por la confluencia de circunstancias muy favorables como la de ser la principal sede de la Universidad Veracruzana y de otras instituciones de educación superior, sino por poseer una añeja tradición cultural que no ha sido bien aprovechada para aprender la ciudad, aprender en la ciudad y aprender de la ciudad. Sus dimensiones son todavía de una escala humana que hace propicia la interacción de calidad y el disfrute de la ciudad como espacio público.
El rasgo de ciudad educadora podría ser el mejor emblema para promover programas de turismo cultural y proporcionar con ello un aliento a su deprimida economía, para fortalecer la identidad xalapeña y el sentido de pertenencia, el valor social de su patrimonio histórico y cultural, así como para recuperar tradiciones y costumbres, formas de organización y prácticas cívicas que estamos viendo desvanecerse.
Xalapa puede entonces convertirse en un agente educador para impulsar la participación ciudadana en defensa de una vida urbana de calidad, que nos conduzca a cumplir con nuestras responsabilidades, pero también a saber cómo exigir que las autoridades cumplan con las suyas.
Por todo ello es importante asistir a la Presentación de la Agenda Ciudadana 2018-2022 para Xalapa, el próximo martes 23 de mayo a las 17 horas en el IMAC Xalapa.
Necesitamos volver a recuperar la ciudad para nosotros.
*Artículo publicado en La Jornada


Optimismo trágico en el cambio de régimen[1]

Edgar J. González Gaudiano[2]

Los resultados de la pasada contienda electoral en México fueron sorprendentes. Para unos por el resultado en sí, para otros por su contundencia. Hace seis años, cuando el PRI regresó al poder, algunos pensábamos que sería sumamente complicado volverlo a sacar. El fracaso de los dos sexenios panistas, la ausencia de un fuerte liderazgo antagónico y la cooptación del PAN y el PRD, que se adhirieron al Pacto por México, entre otros factores, nos hacía pensar lo peor. De ese modo, Peña Nieto logró posicionarse como el gran  transformador que movería a México de su atávico rezago.
Sin embargo, en menos de 50 meses, Andrés Manuel López Obrador, un persistente luchador social, registró un nuevo partido –MORENA-; hizo un recorrido que puede calificarse como épico por todo el país; construyó alianzas que respaldaron su liderazgo –algunas por cierto muy cuestionadas por muchos, entre los que me incluyo-; explotó en beneficio de su movimiento -como lo hiciera Hernán Cortés- las rivalidades y pugnas locales, logrando un triunfo que apenas estamos asimilando en toda su magnitud.
Los retos de su gobierno serán enormes. En primer lugar por la complejidad del momento que vivimos: una deuda que recorta significativamente los grados de libertad de la reorientación presupuestal; una delincuencia sin control en numerosos lugares de la geografía nacional; un descrédito generalizado de las instituciones del Estado en materia de justicia, capacidad y responsabilidad de operación, así como un entorno internacional poco favorable sobre todo con la hostilidad del gobierno de Estados Unidos, por mencionar sólo algunas de las áreas que considero más críticas.
En segundo lugar, los desafíos serán mayúsculos por las enormes expectativas de cambio que se despertaron en la sociedad, sobre todo entre los grupos y sectores que han vivido un proceso continuo de desposesión. Estas expectativas presionarán para que en plazo corto se vean resultados de esa “cuarta transformación de México” recuperando un maltrecho estado de derecho y justicia social, combatiendo efectivamente la corrupción y la impunidad, haciendo una reingeniería institucional, así como relanzando el potencial económico sin continuar dañando el ambiente, pueblos y ecosistemas debido al modelo extractivista que impulsaron los gobiernos neoliberales.
Se ve difícil desde todos los puntos de vista. Pero peor sería no intentarlo y para lograr los mejores resultados posibles tendremos que sumarnos sin mezquindades, pero atentos para alertar de desviaciones que reproduzcan las prácticas que conocemos bien, sobre todo ante la falta de contrapesos democráticos.
López Obrador tiene el beneficio de mi duda, pero soy cauto y estoy consciente de que la superación de los obstáculos será una batalla que habrá de librarse todos los días. En este sentido es que recupero la noción de optimismo trágico de Boaventura de Sousa Santos (2009), entendida como la aguda conciencia de las dificultades y las luchas por la emancipación que no sean fácilmente cooptables por la regulación social dominante, pero con la inquebrantable confianza en la capacidad humana para superar dificultades y crear horizontes potencialmente infinitos dentro de límites asumidos como insuperables.
No podemos ser pesimistas frente al escenario que se presenta ante nosotros, por incierto que parezca. Mucha gente ha recuperado la esperanza de cambio social. Ahora habrá que encauzarla en una acción política que ayude a definir mejor la trayectoria que empezaremos a recorrer en breve para alcanzar por lo que se ha luchado.
Espero con ansias el 50 aniversario del 2 de octubre en este soleado políticamente panorama nacional.  


[1] Publicado en La Jornada Veracruz, el miércoles 11 de julio de 2018.
[2] Investigador Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. edgargonzalezgaudiano.blogspot.mx

miércoles, 11 de abril de 2018


Cifuentes y Fidel, las semejanzas*


Por Edgar J. González Gaudiano**



Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid –algo así como el Jefe de Gobierno de la CDMX– está en la cuerda floja porque obtuvo el grado de Máster en Derecho Autonómico de la universidad pública Rey Juan Carlos gracias a sus influencias políticas y no a su desempeño académico. Según publicó el portal eldiario.es el 21 de marzo, Cifuentes se matriculó en 2011/2012 en ese posgrado y le quedaron pendientes dos asignaturas, entre ellas la del trabajo final, o "recepcional", como se le llama en la jerigonza universitaria veracruzana. Con una consulta a la web, el periódico digital se enteró de que "…una funcionaria de otro campus entró en el sistema en 2014 y cambió los dos ‘No presentado’ a ‘Notable’… La funcionaria dice que si lo cambió es porque se lo ordenó un profesor. La Universidad sigue investigando. Cifuentes defiende que todo es legal y que aprobó porque se examinó de nuevo en 2014, aunque no hay rastro en los registros", ni de los pagos por inscripción en 2014, ni del trabajo escrito, similar a una tesis, que debió presentar y defender para obtener el grado; dice Cifuentes haberlo perdido y olvidado su contenido.
Por cierto, eldiario.es recuerda que "…La Rey Juan Carlos es la misma universidad que dirigía Fernando Suárez, rector hasta 2017, cuando tuvo que convocar elecciones por el escándalo desvelado por este portal, de la decena de plagios que había hecho antes y durante su rectorado".
En su editorial, el periódico madrileño El País señaló el pasado miércoles 4 de abril, después de la comparecencia ante la Asamblea de la Comunidad: "Cristina Cifuentes se ha parapetado, según todo parece indicar, en una mentira para mantener su puesto al frente de la Comunidad de Madrid. Quizá ella no falseó ninguna firma y ningún documento para demostrar que sí cursó y superó un máster de posgrado en una universidad pública, pero el miércoles, en la Asamblea madrileña y ante los electores, proclamó con altanería que el título que figuraba en su currículo académico era ‘perfectamente real y legal’. Una profesora, la presidenta del supuesto tribunal que la examinó, ha reconocido que no firmó el acta. Hubo, por tanto, un delito de falsificación de documento público que la fiscalía ahora evaluará. Si ella no falsificó nada, Cifuentes tendrá al menos que explicar de dónde sacó el acta que tan orgullosa exhibió y por qué estaba tan segura de su legalidad".
El Partido Popular ha salido a defender a su dirigente y militante distinguida diciendo que todo es una intriga de un diputado socialista. Quizás exista tal intriga, pero esta se desarrolla sobre un cúmulo de irregularidades que ni Cifuentes ni la Universidad han podido explicar. No sólo eso, sino que las sospechas se ahondan porque Wikipedia indica que Cifuentes "…Formó parte de órganos de gobierno de diversas entidades educativas como el Consejo de Universidades de la Comunidad de Madrid (1998-2000), la Comisión de Planificación y Coordinación del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid (1998-2000), el Consejo de Administración de la Universidad Rey Juan Carlos (1996-2000), y el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid (2000-2001)…" Es decir, que la presidenta, además de ser una política destacada, se ha movido en la alta gestión universitaria española.
Esta historia de un título universitario fraudulento que nos llega del otro lado del Atlántico, hace recordar varios casos mexicanos: José Córdoba Montoya fue el falso doctor del salinato y Fausto Alzati del zedillismo. En diciembre de 1994, el diario Reforma informó que Alzati sólo había concluido la maestría aunque se firmaba como doctor. El propio Alzati confesó no haber concluido una licenciatura ni un doctorado, aunque sí una maestría, y en su defensa se comparó con dos ex secretarios de Educación de renombre: Torres Bodet y Vasconcelos. Finalmente renunció a la SEP. No le valió haber encabezado en el Conacyt –entre 1988 y 1994– una dirección exitosa que impulsó la descentralización de la actividad científica y disminuyó el gasto administrativo de 49 a 5 por ciento del presupuesto.
Fidel Herrera, sobrado de amanuenses durante su sexenio como gobernador, obtuvo la maestría y el doctorado. En octubre de 2010 compareció ante un tribunal a modo para doctorarse en Derecho Público, acción que meses después llevó a los evaluadores del Conacyt a retirar el reconocimiento de calidad a ese doctorado de la Universidad Veracruzana.
En aquella ocasión, junto con Édgar González Gaudiano escribimos lo siguiente, que bien podría aplicarse al caso Cifuentes: "… El trabajo académico debe soportarse en la honestidad intelectual de profesores y estudiantes… La otra cara de la moneda son los obsequiosos grupos seudoacadémicos que con lisonjas y adulaciones, haciendo caso omiso de reglamentos de asistencia y de cumplimiento de la vida académica, regalan grados o los cambian por prebendas. Se desprestigian ellos, pero en su desprestigio arrastran a la institución que deberían defender. La toga y el birrete pasan de investidura a disfraz o caricatura; los actos académicos se convierten en farsa. No es un ejercicio de contraste de ideas sino de autoritarismo del sustentante, que no fue alumno ni estudiante, sino dador de gracias".

*Artículo publicado en La Jornada el 11 de abril de 2018.

**Académico del Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad Veracruzana.

martes, 13 de marzo de 2018


El año que vivimos en peligro[1]

Edgar J. González-Gaudiano[2]

Nadie puede negar la profunda crisis de partidos políticos que se vive en México. El descrédito y la insolvencia ideológica pululan en todo el espectro político. No es un fenómeno nuevo, pero ha adquirido mayores y nuevas dimensiones en el actual sexenio, ante las crecientes evidencias de descomunales fraudes a la hacienda pública y la urdimbre de complicidades que cada vez menos pueden ocultarse, sobre todo gracias a las auditorías oficiales y filtraciones que se difunden a través de redes sociales y medios no convencionales.
La campaña contra Ricardo Anaya, independiente de si tiene sustento o no, tiene la clara intención de desprestigiarlo ante la opinión pública a la luz de las próximas elecciones, empleando para ello a las instituciones de procuración de justicia. Pero lo que hace la PGR en este caso, resulta completamente irrelevante frente a lo que no hace, cuando se conocen numerosos asuntos en los  que presuntamente se han cometido faltas graves pero que se simulan investigar o de plano son ignorados.
Tales son los recientes casos de los gobernadores impunes y los que están en proceso pero sin que se ejecuten todas las órdenes de aprehensión, la estafa maestra y las nuevas acusaciones de desvíos contra Rosario Robles, el  socavón y el turbio desempeño de Ruiz Esparza, el extendido caso de Odebrech que tiene en prisión a funcionarios y políticos de otros países latinoamericanos pero aquí el expediente se encuentra congelado (se removió al fiscal de delitos electorales porque se atrevió a investigar a Odebrecht y los gobiernos de Veracruz, Chihuahua y Estado de México por su vinculación con el financiamiento de la campaña presidencial de 2012). Tenemos también las transas en PEMEX, el robo de combustible en los ductos, las aduanas, entre muchos etcéteras, sin contar con el espionaje a civiles, las desapariciones forzadas, los cotidianos feminicidios y los crímenes contra periodistas.
En este marco de inédito deterioro institucional, el sistema nacional anticorrupción surgido de un clamor social no termina de instalarse y de hacerlo nacerá discapacitado. Los candidatos a ocupar los cargos son exfuncionarios de las mismas instituciones a las que se investigará o políticos que en algún momento han estado implicados en denuncias. El asunto es que no se nombran los fiscales que investigarán no solo la corrupción, están pendientes las designaciones de magistrados y comisionados del INAI e incluso la PGR se encuentra sin titular. Una parálisis premeditada que da fe del desastre generalizado de corrupción con su siamesa la impunidad.
Como una de sus consecuencias, el índice de aprobación a nivel nacional de Peña Nieto es de apenas 20%, muy bajo para encarar favorablemente una campaña. También a nivel internacional hay un gran desgaste pues el Índice Global de Corrupción para 2017, México se encuentra en el sitio 135 de 180 países evaluados, con apenas 29 unidades; muy distante del promedio mundial que es de 43.
¿Cómo fue que llegamos hasta aquí? La respuesta es un campo fecundo de causas imbricadas en las que prácticamente nadie queda exento, incluyendo a gran parte de la ciudadanía que sufre por ello. Pero hay responsabilidades específicas mucho muy diferenciadas. Por más negativo que sea, no es igual de responsable el ciudadano que se presta a una mordida, que el funcionario que acepta un soborno para hacerse de la vista gorda en alguna cuestión que va en contra del bien común, o el diputado que legisla para complacer a grupos de interés, o el juez que  libera a delincuentes por razones en metálico (plata o plomo) o el empresario que vierte sus residuos tóxicos al drenaje.
¿Cuál ha sido la responsabilidad de los partidos políticos convencionales en este deterioro? Ha habido desde luego un punto de partida; un ente corruptor de origen que consideró que si convertía a todos en corruptos nadie podría imputarle nada a quien tuviera pruebas de su involucramiento. Ahí es donde aparecen los moches, las prebendas, los negocios sucios con autoridad omisa, los privilegios inmerecidos, las canonjías,  los sobresueldos, compensaciones, bonos, gratificaciones y demás formas de pervertir. Se premia y se castiga. De este modo, el PRI ha creado una maraña de complicidades en la que muchos están embarrados. Unos más que otros pero en la misma canasta. Así era sencillo sacar las reformas mediante pactos; así se hizo posible anunciar que ahora sí “vamos a mover a México” porque “nosotros sí sabemos gobernar”.
El PAN perdió su oportunidad histórica. No supo qué hacer con el poder. Fox por su ignorancia, su indolencia y su señora. Calderón por sus rencillas, alcoholismo y necedad. A ambos los hicieron desbarrancar. El corporativismo no había sido desmantelado y fue fácil para el PRI aliarse con poderes fácticos de todo tipo que hicieron lo de siempre: lucrar en su beneficio a costa de lo que sea y de quien sea, así como ocupar los vacíos que dejaba la falta de oficio. Los cárteles infiltraron como humedad el edificio de la nación. Ahora Anaya se dice víctima de una guerra en la que combatía hasta hace poco en la orilla opuesta. Margarita afirma que ella es la efectiva, que de llegar sí hará lo que no supo o no quiso hacer su conyugue, quien por calcular su propia conveniencia devolvió el poder al PRI.
El PRD o lo que queda de él, ha copiado ad nauseam las artimañas de sus adversarios; además de sus particulares procesos como las recurrentes batallas entre tribus y la traición a los principios de la izquierda. La Ciudad de México, su principal bastión, fue entregada a Mancera, un advenedizo policía que deslumbrado como Ícaro se acercó de más a la llama de Los Pinos y se quemó las alas. Al final se quedó solo y los Chuchos que lo encumbraron se han ido desvaneciendo en la ignominia de la historia. La fuga hacia adelante del PRD ha sido aliarse con la derecha, para intentar al menos mantener el registro como partido y postergar la agonía de su inevitable proceso de extinción.
Morena y su ínclito líder López Obrador es el enemigo a vencer por ese sistema corrupto y corruptor, que no ha podido comprobarle que también él está en la misma canasta. De ahí que lo  único que han podido achacarle es que es un “fantasma fiscal” por no utilizar instrumentos bancarios y que sus hijos se comportan como “mirreyes”. Será el representante de la izquierda en la boleta electoral. No habrá otro. Y si bien no está exento de contradicciones  y peculiaridades que no gustan a todo el sector de la izquierda, no puede regateársele que ha llegado a construir una base social envidiable contra viento y marea. Una base social constituida por los olvidados de la política, por marginados que han sido desdeñados por ese desarrollo desigual que ha beneficiado a los mismos de siempre.
Por si todo lo anterior no bastara, el deterioro en la relación con Estados Unidos no ayuda para nada a Peña Nieto que, como rehén de Videgaray, sigue atrapado en el tema del muro y la negociación del TLC. Meade su insulso candidato no entusiasma ni a los propios militantes. Incluso sus creaturas como el Verde y el Panal competirán en muchos estados por su cuenta o se asociarán con otros porque la alianza con el PRI les afecta negativamente. Una paradoja.
De modo que si no vuelve a tropezarse consigo mismo y además logra resolver el importante tema de la representación en las casillas, López Obrador será sin duda alguna el próximo presidente de México pese a que Peña Nieto y aquéllos que se sienten amenazados por su inminente arribo harán todo lo que esté a su alcance por evitarlo. Una vez iniciadas las campañas deberá tomar más precauciones que nunca en sus declaraciones y su seguridad física, sobre todo si no se ven resultados significativos de la guerra sucia que se librará con una fuerza inusitada en medios electrónicos y redes  sociales.



[1] Publicado en el periódico La Jornada Veracruz el 13 de marzo de 2018.
[2] Académico del  Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad Veracruzana.

lunes, 13 de noviembre de 2017


El cambio climático y la gente*


Por Edgar J. González Gaudiano**


Al reactivarse el interés público por la cobertura mediática de la Conferencia de las Partes (COP21) sobre cambio climático que se celebra en París, Francia, surgen de nuevo varias interrogantes sobre este fenómeno. Una que nos interesa especialmente en esta ocasión es la llamada dimensión social, que refiere a la perspectiva que las ciencias sociales y las humanidades deben aportar a una comprensión más completa de este complejo fenómeno.

La dimensión social ha cobrado fuerza durante los últimos años, al entenderse mejor el papel que desempeña como complemento del conocimiento que han venido construyendo las ciencias del clima. De ahí el mayor espacio que ocupa en el más reciente informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (2013-2014). En otras palabras, el conocimiento que aporta la meteorología o la química atmosférica, por ejemplo, se difumina si las políticas de respuesta no consideran también información acerca de cómo la población interpreta y valora el cambio climático, y especialmente las implicaciones de éste en sus vidas.

Numerosos estudios se han hecho en tal sentido para intentar identificar las claves de la percepción y la representación social del fenómeno del cambio climático, a fin de poder traducirlas en estrategias de comunicación y educación, así como en políticas públicas que puedan inducir valores acordes a las circunstancias que vivimos y respuestas sociales consensadas más efectivas.

Se sabe, por ejemplo, que la alfabetización científica sobre el cambio climático (en lo que se han centrado la mayoría de los programas en los medios y de los materiales educativos para las escuelas) es insuficiente para motivar un cambio en la actitud y el comportamiento individual y colectivo para enfrentar los riesgos y amenazas derivados. La ciencia del clima ha arrojado luz sobre el problema, pero no ha influido en las decisiones de la vida cotidiana de la gente con un estilo de vida centrado, cada vez más, en aspiraciones basadas en el uso intensivo de combustibles fósiles.

Se sabe también que una apropiada representación social del fenómeno, en tanto conocimiento de sentido común que da sentido a la realidad y orienta la acción de los individuos, es fundamental para desplegar políticas que tengan resonancia social e involucren a la población en su aplicación (P. Meira, Comunicar el cambio climático, 2009).

Las representaciones sociales son constructos cognitivos compartidos basados en sustratos culturales específicos, por lo que existen diferencias significativas en función de factores tales como de región, grupo de social, edad, género y experiencia de vida, entre otros. Factores que han de tomarse en cuenta para diseñar programas dirigidos a grupos de población particulares. Por ejemplo, han sido empleados de manera muy efectiva por la mercadotecnia para inducir preferencias en los patrones de consumo entre los distintos segmentos de población; o por asesores y estrategas políticos para formular campañas electorales que orienten los votos a favor o en contra de candidaturas y partidos. Poco se han usado, sin embargo, para hacer más efectivos los programas educativos.

Sólo si el cambio climático es reconocido como un factor real en la vida de las personas (J. L. Lezama, La construcción social y política del medio ambiente, 2004), podrá suscitar la adhesión a programas que se pongan en marcha sobre medidas de mitigación y de adaptación para aportar a la reducción de gases de efecto invernadero, así como para reducir la creciente vulnerabilidad social que conlleva el fenómeno.

Eso que parece tan simple es muy difícil de implementar. El resultado ha sido que la respuesta social al cambio climático sigue siendo muy voluble. Quizá porque las medidas a adoptar van en sentido contrario a los satisfactores que caracterizan actualmente nuestra época de hiperconsumo. Quizá porque, como dice Daniel Kahneman en su libro Pensar rápido, pensar despacio (2012), sobre el modelo racional de la toma de decisiones, las implicaciones del cambio climático no se perciben como riesgos inminentes con una carga emocional que nos obligue a actuar. Quizá porque hay muchas otras prioridades que ocupan nuestra atención en la inmediatez de nuestras vidas. Quizá por el tono apocalíptico que caracterizan muchos mensajes sobre el tema; tono al que ya estamos inmunizados. Quizá por el escaso peso que le concedemos a nuestras acciones individuales.


Lo cierto es que varios autores, como George Marshall en su libro Ni se te ocurra pensar en ello (2015), están planteando un cambio de narrativa que permita superar las barreras psicológicas que están bloqueando darle una mayor importancia al problema del cambio climático en nuestras vidas, debido a que lo pensamos como una amenaza abstracta, invisible y lejana. Otros como Naomi Klein, en su libro Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima (2015) señalan que el cambio climático es la narrativa más poderosa contra el sistema económico y político actual.

Ciertamente, tenemos que imprimir un cambio en la manera de presentar y representar el problema. Personalmente creo que seguir hablando de los escenarios que ocurrirán en 2050 o finales del siglo de no hacer algo en este momento, no ayuda a crear un sentido de apremio. Por el contrario, constituye un aliciente para seguir postergando la adopción de medidas radicales hasta que, como señala Anthony Giddens (La política del cambio climático, 2011), sea demasiado tarde. De igual manera, seguir pensando los problemas desconectados unos de otros por importantes que sean, no ayuda a construir perspectivas enmarcadas en los sistemas complejos que permitirían diseñar mejores respuestas.

A pesar de las difíciles circunstancias que atravesamos en varias esferas de nuestras vidas, el cambio climático es hoy el desafío mayor al que nos enfrentamos; más nos valdría que comenzáramos a asumirlo de ese modo aunque no se ve que la acción política vaya en esa dirección, menos cuando suenan tambores de guerra.


*Artículo publicado en La Jornada el 13 de noviembre de 2017.


***Académico del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana.