viernes, 24 de junio de 2016

Vigilia ciudadana*

Edgar J. González Gaudiano**

Los hechos de Nochixtlán son inaceptables. Se suman a una demasiado larga secuela de acontecimientos que no han sido satisfactoriamente explicados y sancionados, entre los que en los años recientes se encuentran Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, San Fernando y los numerosos homicidios y desapariciones forzadas en Veracruz y Tamaulipas, por citar unos cuantos ejemplos que no terminan de dar cuenta del horror que padece la población civil. Debido a eso es que periódicamente se repiten, siempre con saldos que vuelven a indignar al país y desacreditarlo aún más ante la opinión pública internacional. Vivimos un Estado de práctica barbarie, donde la vida no vale nada.

No creemos, ni creeremos, los resultados de una investigación emprendida por el gobierno en este nuevo caso. Ni tampoco en las promesas de llevar a juicio a los responsables. Los sucesos mencionados arriba y sus consecuencias se encargan de demostrarlo fehacientemente. Aún con compromisos internacionales suscritos para que comisiones de expertos coadyuven con procesos de investigación, como el sonado caso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para esclarecer los hechos de Ayotzinapa, el metabolismo del sistema corrupto y corruptor existente se ha encargado de poner trabas, alterar evidencias y sembrar culpables para evitar que cumplieran su misión. Es en palabras de Magdalena Gómez, todo un cuadro de impunidad sistémica. ¿Cómo podemos suponer que ahora será diferente?

La estrategia es siempre la misma: a) negar los hechos; b) refutar responsabilidades gubernamentales; c) descalificar la evidencia que los desmiente; d) culpar a injerencias extrañas y victimizarse; e) introducir distractores en las redes sociales; f) desplegar una campaña de medios que justifique sus acciones y confunda a la población tornando opacas las responsabilidades; y g) ofrecer una investigación imparcial y expedita para castigar con todo el peso de la ley. ¿Cómo podemos creerles?
Necesitamos poner en marcha una vigilia ciudadana para impedir que este nuevo caso vuelva a quedar impune. No podemos permitir la fabricación de responsables imputando sólo a quienes cumplían órdenes superiores y menos aún, incriminando a las víctimas. Es preciso esclarecer toda la cadena de mando de la policía estatal y federal, para saber quién o quiénes ordenaron disparar. La cadena de principio a fin.

Una insurrección civil por crispada que sea no puede pretender controlarse disparando contra la multitud. Es criminal. Incluso el uso de la fuerza como recurso extremo debe sujetarse a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, evitando violaciones al derecho a la vida y la integridad, como señala el comunicado de la ONU-DH en relación con este incidente.

En cualquier otro lugar del mundo civilizado esto ya hubiese tenido consecuencias a nivel del gobernador del estado y de quienes se encargan a nivel federal de la seguridad interna. Aquí no. Las autoridades hacen mutis, alargan las cosas confiando en que el tiempo cura todo y dejan pudrirse los procesos mientras crece el resentimiento social. Es su peculiar manera de gobernar. También debería haber consecuencias para quien ha generado este problema por su comportamiento antipolítico y obsesiva tozudez: el secretario de Educación.

Los grupos en el poder se ilusionan en que la memoria colectiva es muy corta y que un nuevo acontecimiento deportivo, artístico o algún escándalo mediático desviará la atención pública. No entienden nada. Son refractarios a aprender de la experiencia. Por eso, resultados como los del 5 de junio pasado les caen de sorpresa, incluso a los que ganaron. El país está evolucionando rápidamente hacia una situación de gran desesperación y los grupos gobernantes sólo siguen pensando en postergar decisiones. O en desnaturalizarlas como está ocurriendo con la ley 3 de 3.

Después de ver cómo individuos como Tomás Zerón, Javier Duarte, Humberto Moreira, César Duarte y Rodrigo Medina, por citar sólo unos cuantos, contra los que existen pruebas documentales de sus felonías permanecen en sus puestos o se han ido a sus casas sin ser molestados por la autoridad, uno no puede creer en la justicia en este país. Esta se aplica a discreción según el criterio de si eres amigo o enemigo definido, no como distinción específica del concepto de "lo político", como señala Carl Schmitt, sino por la pertenencia a la propia red de complicidades e impunidades. Eso no es justicia.


No podemos permitir más esto. Nunca más. Instalemos una vigilia ciudadana utilizando las redes y todos los recursos a nuestro alcance para estar alertas, para denunciar, para cuestionar, para ejercer presión, para deslindar claramente lo que a cada quien corresponda, para evitar que otra vez vuelvan a eludirse las responsabilidades criminales de los miembros del gobierno que se encuentran implicados.

*Publicado en La Jornada Veracruz el 24 de junio de 2016.
**Académico del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana.

miércoles, 1 de junio de 2016

Una universidad a toda marcha*

Edgar J. González Gaudiano**

En medio del fragor de la campaña electoral y del reclamo para que el gobierno del estado le restituya los recursos financieros que legalmente le corresponden, la Universidad Veracruzana se encuentra trabajando a todo vapor. Más allá de las ferias, premios, certámenes y exhibiciones dirigidas a la comunidad universitaria y al público en general, hay resultados que no son tan visibles incluso para otras áreas de la propia Universidad, por eso me permitiré mostrar un ejemplo que para el Instituto de Investigaciones en Educación es significativo y nos llena de orgullo.
El Doctorado en Investigación Educativa se inició en agosto de 2009. En sólo siete años ha alcanzado el nivel consolidado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); nivel que pocos programas alcanzan. Ese reconocimiento fue otorgado debido a resultados espectaculares en materia de egreso y al despliegue de un programa académico avanzado a cargo de una planta de académicos comprometidos con su trabajo.
En efecto, desde su creación el doctorado han terminado 21 alumnos de los cuales se han titulado 16, 10 de ellos entre agosto de 2015 y junio de 2016. Estas cifras representan 76% de eficiencia terminal.
Los buenos programas académicos lo son no sólo por la calidad de sus profesores, sino también por la de sus estudiantes. Por eso, más importante que las cifras mismas son los temas de investigación. Por ejemplo los siguientes: Educación ambiental en el sector turístico: El caso de un grupo de hoteleros de Playa de Chachalacas, Veracruz (Astrid Wojtarowski Leal); Un estudio sobre la percepción del riesgo de poblaciones vulnerables al cambio climático en la cuenca del Papaloapan (Brenda Ávila Flores); Los Herederos de Achaneh: educación intercultural y diálogo de saberes en la documentación audiovisual de prácticas tradicionales sustentables en el sur de Veracruz (Juan Carlos Antonio Sandoval Rivera); Apropiación tecnológica de los estudiantes universitarios por modalidad educativa: los casos de México, Guatemala y Venezuela (Katiuska Fernández Morales); El efecto ideológico del MEIF-UV para la estructuración del orden simbólico institucional (Erick Hernández Ferrer); Formación e iniciación profesional de intérpretes de lenguas nacionales mexicanas para la justicia: el caso de Puebla (Cristina Victoria Kleinert); Racismo y Educación Superior: estudiantes indígenas en dos centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, Jalisco en un marco de políticas interculturales (Gisela Carlos Fregoso); Políticas para la sustentabilidad en las instituciones de educación superior: análisis de tres universidades públicas mexicanas (Cynthia Nayeli Martínez Fernández); entre otros, que hacen evidentes las aportaciones a la generación de conocimiento y la resolución de problemáticas nacionales.
Una de nuestras alumnas egresadas obtuvo su doctorado con doble titulación entre la Universidad Veracruzana y la Universidad de Amberes, Bélgica; tenemos un convenio con la Universidad Aristotélica de Tesalónica, Grecia, para otra doble titulación en breve. En los jurados de examen han participado académicos de numerosas instituciones de alto nivel internacional y nacional, entre varias otras: UNED-España, Cambridge-Inglaterra, Adam Mickiewicz-Polonia; Católica de Río Grande del Sur-Brasil; Camilo José Cela-España; UNAM; Cinvestav-IPN; UIA-Puebla; UPN; Ciesas-DF; INLI; INAH; UABC; UVI. Tenemos una alta movilidad estudiantil internacional.
El Instituto cuenta con una planta de profesores en la que 70% son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, 88% tienen el Perfil Deseable Prodep y 80% participan del Pedpa. Además del doctorado se ofrecen tres maestrías, todas en el PNPC.
Todo ello se dice muy rápido, pero detrás de estos logros hay un esfuerzo persistente en el que hay que vencer atavismos, celos y obstáculos de diverso tipo. Tal vez 16 nuevos doctores parezcan pocos y en realidad lo son, pero hay que considerar que según indicadores internacionales (Ricyt) México en 2013 apenas logró poco más de 5000 nuevos doctores en todas las áreas de conocimiento. España produce el doble y Brasil el triple.
Como el Instituto hay otras entidades académicas poniendo lo mejor de sí. La Universidad Veracruzana está en marcha permanente. Contribuimos al desarrollo científico y tecnológico nacional y del estado. Es nuestra obligación. Por eso exigimos respeto y un trato digno que no obstruya alcanzar los nobles fines para los que fue fundada. Es nuestro derecho.

*Publicado en La Jornada Veracruz el 1 de junio de 2016.
**Académico del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana.

lunes, 16 de mayo de 2016

Unanimidad y Universidad*

Edgar J. González Gaudiano**

No deja de sorprenderme la cara de desencanto de algunos funcionarios cuando los acuerdos no se toman por unanimidad en los órganos de gestión de la Universidad Veracruzana. Pareciera que la unanimidad es el emblema de la victoria total al llevar algún asunto a votación. No puedo estar más en desacuerdo.

La unanimidad se entiende como el resultado de una consulta en la que todos los participantes sin excepción, discrepancia u objeción alguna adoptan la misma decisión. La unanimidad remite a un estado de ánimo caracterizado por la unidad y la solidaridad en torno a un espíritu de cuerpo en el que sus elementos constituyen un todo indiferenciado. Es lo que suele observarse en organizaciones autoritarias y absolutistas.

De ahí que el concepto de unanimidad es incompatible con el de universidad. Este hace referencia a una comunidad con fines e intereses comunes pero diferenciados, plurales. Universidad implica heterogeneidad, complejidad, especificidad. Por tanto, la unanimidad en la universidad debiera verse como una anomalía, una aberración.

Admito que el consenso unánime en un ambiente universitario democrático puede ser posible siempre y cuando se trate de asuntos de mero trámite, triviales o de obvia resolución. Cuando no es así, la unanimidad a mi juicio podría estar manifestando un síntoma de desviación sistémica, un proceso defectuoso, debido a usos y costumbres ligados de origen a la línea de ese verbo encarnado: la sagrada autoridad.

La unanimidad en la universidad revela una atmósfera de temor a expresarse por probables represalias; miedo a disentir de la postura oficial; falta de coraje para exponer discrepancias y diferencias de opinión. Es una atmósfera que restringe la libertad, que castra el pensamiento crítico, las iniciativas y la creatividad en todo momento, pero sobre todo en situaciones de emergencia y más si las alternativas conducen a medidas radicales o extremas.

La Universidad Veracruzana vive tal situación de crisis. Este es el momento en que más se requiere de la participación de todas y todos los universitarios. Pero no con una actitud pasiva, incondicional, de mansedumbre y conformidad, sino de indignación, de condena enérgica al abuso al que ha sido sometida nuestra Universidad; por lo que se requiere de propuestas creativas para la definición de protestas firmes y consistentes.

En esa tónica, todas las propuestas deben ser votadas incluso las que parezcan atrevidas. Votadas no vetadas. Censurar de entrada lo que para algunos no resulta políticamente correcto, es incorrecto. Rechazo también los boletines de prensa en sitios oficiales que reseñan reuniones de terciopelo, en los que se suprime el debate y la polémica. Boletines que no informan, sino que son expresiones performativas que remiten a patrones de comportamiento autorizados con el propósito de que esas comunicaciones adquieran el poder de crear realidad.

Estamos unidos hoy en torno de nuestras autoridades porque así lo exige el momento, pero resueltos a dar nuestro respaldo insumiso en un proceso de suyo trascendente que puede fortalecer la vida universitaria convirtiéndola en una más crítica y propositiva.

Los chinos echan una rara "maldición" al nacer un descendiente: "Ojalá vivas en tiempos interesantes". El hechizo es extraño porque no están invocando algún mal, sino que le desean que su vida se desarrolle en entornos de crisis, de desafíos que requerirán de él o de ella carácter y decisión para enfrentarlos, pues ello los convertirá en mejores personas. El interés de los tiempos es directamente proporcional a la complejidad de los problemas enfrentados. Por ende, contextos desafiantes son un buen augurio para la formación de personas críticas, vivaces, indóciles y vibrantes.

Vivimos hoy sin duda tiempos muy interesantes en la Universidad Veracruzana. Tenemos enfrente retos enormes que requieren de todos nosotros, habida cuenta que de la manera en que como comunidad universitaria seamos capaces de encararlos y de salir de ellos, dependerá el perfil que nuestra institución tendrá en los próximos años. Si por recibir a tiempo la quincena anestesiamos nuestra indignación, estaremos condenados a padecer más humillaciones ahora y en el futuro. Si permitimos que los ominosos intereses de los líderes sindicales se impongan por encima de los intereses de la comunidad, estaremos condenados a sufrir más humillaciones ahora y en el futuro. Si no somos capaces de trascender los atavismos de una universidad construida a la sombra del gobierno del estado en la que incluso algunas entidades académicas se convirtieron en extensiones putativas del mismo, estaremos condenados a recibir más humillaciones ahora y en el futuro.


En esa lucha es donde demostraremos lo que somos como Universidad y lo que queremos ser.

*Publicado en La Jornada Veracruz el 16 de mayo de 2016.
**Académico del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana.

lunes, 2 de mayo de 2016

¿Y si no le pagan a la Universidad Veracruzana?*

Edgar J. González Gaudiano**

Ante la nula respuesta del gobierno del estado de Veracruz a los reclamos para resarcirle a la UV los adeudos pendientes al día de hoy de casi dos mil trescientos millones de pesos, ha surgido la pregunta de qué debiéramos hacer para ejercer más presión. Preocupación justificada porque el año transcurre y no sólo no se reduce el saldo sino que incluso se incrementa, con un gobierno que está a pocos meses de irse y de heredar el problema a alguien más.

Es verdad que las autoridades de la Universidad han emprendido una serie de gestiones políticas y legales ante los senadores y diputados, la Secretaría de Educación, los rectores de la Anuies, demandas ante el ministerio público federal (PGR) y la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con hechos de corrupción cometidos por servidores públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE), además de una demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Egresos del Estado, mediante un juicio de amparo indirecto por la reducción de su presupuesto en 2016. La totalidad de los candidatos de los partidos políticos aspirantes al puesto de gobernador se han pronunciado a favor de los reclamos de la UV. Más recientemente, la Junta de Gobierno formuló denuncias ante ONU por violaciones al derecho de la educación superior. Todas estas medidas son inteligentes y encomiables.

Empero ni exhortos, ni declaraciones, ni desplegados parecen importarle al gobernador, ni a las autoridades federales que lo cobijan. Sólo con las marchas del 26 de febrero y del 10 de marzo hubo alguna reacción ya que se entregaron enseguida 40 millones de los adeudos pendientes de recursos federales. Después de eso, el gobernador parece burlarse de los esfuerzos que se hacen por recuperar los recursos y continúa aplicando sus consabidas excusas. Una vez más el secretario de finanzas declara que las cifras no cuadran.

Algunas autoridades universitarias han señalado que este incumplimiento en la entrega de los subsidios genera problemas de equipamiento, de mantenimiento, en obras y construcciones y en el pago de proveedores, entre otros, lo que incluso podría repercutir en la certificación de programas de licenciatura y posgrado. Los daños se incrementan aún más porque a este ultraje local se añade la reducción de alrededor de 70 por ciento de los recursos federales del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (Profocie).

Todas estas repercusiones son ciertas, pero a mi juicio importa más lo que no es tan visible, pero que está teniendo consecuencias académicas de diverso tipo, algunas de ellas irreversibles. Me refiero al hecho de que se están demorando durante meses convocatorias a concursos de oposición para cubrir plazas disponibles, no se autorizan interinatos, se posterga el inicio de años sabáticos con diferentes excusas y se evita tomar medidas de vital importancia, porque se carece de los recursos que implicaría su aplicación, entre varias otras. Esa situación está difiriendo el desarrollo de programas educativos y de consolidación de grupos de investigación. Se afectan también procesos de mejoramiento de la calidad educativa y, por si fuera poco, se genera desaliento y frustración entre el personal académico.

La Universidad despliega esfuerzos extraordinarios para pagar la nómina quincenal puntualmente y continúa cumpliendo con sus compromisos institucionales regulares. El más reciente es el de la Feria Internacional del Libro Universitario desarrollada con gran éxito. Pero el incumplimiento persistente en la entrega de los recursos financieros para la adecuada operación de la UV socava poco a poco la entereza e integridad mostradas hasta ahora. Se da más, pero es insostenible por más tiempo. Hay que admitirlo.

Se empieza a escuchar la propuesta de volver a salir a la calle para encarar la intransigencia del gobernador. Sin embargo, el Consejo Universitario General decidió no marchar durante el periodo de campaña para no violar la veda electoral. La considero una decisión desafortunada con base en información equivocada, porque no haríamos proselitismo en favor de ningún partido, y lejos estaríamos de difundir resultados de encuestas y obras públicas, que son las acciones punibles. No se vale escudarse en el proceso electoral para continuar violando la ley. Tampoco se vale restringir la libre expresión de reclamos justos con base en la falacia de que podría influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. Los retrasos en el pago están influyendo más. Créanme. Si eso les preocupa a los incondicionales del gobernador, mejor paguen.

No obstante, incluso respetando la decisión del Consejo Universitario General podemos salir a la calle, porque éste no se pronunció en contra de los plantones, decidió no marchar. Es más los plantones fueron aprobados. Así que podríamos hacer un gran plantón en la Plaza Regina y otros sitios emblemáticos de las ciudades del estado donde haya instalaciones universitarias, para protestar sin transgredir las disposiciones del máximo órgano universitario. Estoy pensando en una especie de performance monumental que tuviera un gran impacto mediático nacional e internacional, por ejemplo, acostándonos en el piso de las plazas y calles aledañas. Los colegas de Artes seguramente pueden ser mucho más creativos que yo en sugerirnos distintas formas de expresión y volver a salir a la calle para exigir que dejen de vulnerarse nuestros justos derechos.

*Publicado en La Jornada Veracruz el 2 de mayo de 2016.
**Académico del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana.

viernes, 29 de abril de 2016

Fatiga por compasión*

Edgar J. González Gaudiano**

La enorme cantidad de casos de gente ejecutada, desaparecida, extorsionada, secuestrada y amenazada que ocurre todos los días en el país está produciendo fenómenos que no nos habíamos siquiera imaginado. Esa geografía del crimen que no nos abandonará en mucho tiempo: Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, San Fernando, Allende y Ostula por citar sólo unos cuantos ejemplos, dan cuenta de una situación terrible que en otros lugares del mundo no entienden cómo podemos permitir.
Tal exceso de víctimas en México ha adquirido un inconcebible estatus de normalidad que cada vez nos impacta menos. Sólo cambiamos de canal.
Ese fenómeno psicológico ha sido definido como fatiga de compasión o desgaste por empatía. Refiere a la condición de estrés que deriva de una constante exposición a casos de sufrimiento y que se caracteriza por un agotamiento físico, emocional y mental a causa de estar involucrado en situaciones emocionalmente demandantes durante un tiempo prolongado. Según el semanario Zeta, en el sexenio de Felipe Calderón se documentaron 83 mil 191 ejecuciones, mientras que en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto se cuentan 57 mil 410; una tendencia que de mantenerse alcanzará a lo largo de esta administración cerca de 130 mil homicidios. Más muertos en el país que en las guerras de Irak y Afganistán juntas entre 2007 y 2015.
Sin embargo, por esa fatiga de compasión, mientras más información de ese horror recibimos de los medios, a pesar del dizque cambio de narrativa impuesto en esta administración, más impotentes e inermes nos sentimos, menos capaces de producir un cambio, menos resilientes a superar las situaciones adversas.
Ese estado de parálisis que nos produce indiferencia y falta de solidaridad es la combinación perfecta para el sistema, pues a pesar de que nuestra calidad de vida disminuye a pasos agigantados, mientras más atropellos e infamias recibimos todos los días del grupo en el poder, más lejana se ve la rebelión y la protesta, justo cuando más se necesitan.
No podemos simplemente entretenernos y aislarnos en nuestras vidas, en nuestras ocupaciones, frente a la debacle que se cierne sobre nosotros. Tenemos que encontrar nuevas energías para encarar con decisión este desafío, para indignarnos, para reclamar justicia, para exigir rendición de cuentas, solidarizándonos con los que sufren, con los hambrientos, con los afligidos, con aquellos que andan excavando fosas para encontrar los restos de sus seres queridos que súbitamente desaparecieron; crímenes de los que cínicamente nadie se hace cargo.
Las próximas elecciones son un buen momento para comenzar a inducir ese cambio, pero no basta, hay que ir por más.

*Publicado en La Jornada Veracruz el viernes 29 de abril de 2016.
**Académico del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana.

lunes, 11 de abril de 2016

La universidad secuestrada*

Edgar J. González Gaudiano**

La crisis generada por la retención ilegal del subsidio de la Universidad Veracruzana sigue produciendo crecientes problemas al interior de la institución. Suman más de 2,300 millones los que se adeudan, ya que a la cantidad original en la demanda interpuesta se añade el hecho de que el gobierno del estado no ha entregado las aportaciones correspondientes a lo que va de 2016 (o al menos no hemos sido enterados de lo contrario). Esto está afectando fuertemente las actividades de docencia, investigación y difusión cultural de la universidad, sin obtener respuesta alguna del mendaz gobierno estatal y tampoco del federal, más preocupado por una reforma educativa que no termina de cuajar.
La única explicación de ese silencio responde con seguridad a un cálculo electorero, ya que han de haber estimado que resultará más barato políticamente hablando, retrasar juicios políticos, destituciones y fincamiento de responsabilidades hasta después de las elecciones de junio, que tomar esas necesarias medidas ahora. Creo que se equivocan y pronto se darán cuenta.
De esa exorbitante cantidad de deuda no me preocupan tanto las aportaciones que el gobierno del estado no he entregado al Sistema de Administración Tributaria (SAT), que son como mil millones, porque todos los trabajadores de la Universidad tenemos forma de demostrar que esos descuentos nos fueron aplicados con oportunidad. Tendría que ser el SAT quien debiese estar reclamando esa seria anomalía, pero ya sabemos que las normas, leyes y reglamentos se aplican selectivamente, como seguramente ocurrirá con los 33 que aparecen en los Papeles de Panamá. No veo al gobierno de Peña Nieto aplicando la ley de a de veras por evasión fiscal o delitos financieros al dueño de Higa, a Televisión Azteca o a Televisa. Podrían tal vez hacer una pantomima de sanción y luego devolverles la multa, como ha ocurrido recurrentemente.
Hace poco nos enteramos que el gobierno del estado de Veracruz había cambiado a su coordinador general de comunicación social, como si el problema fuera de comunicación. Se ven, a reserva de que se califiquen judicialmente, delitos de defraudación, injusticia, falta de transparencia y rendición de cuentas, de peculado, de corrupción e impunidad (solo en lo que respecta al problema con la UV). Intentar disfrazar esto mediante comunicados de prensa y control de medios me parece una tarea harto difícil para el nivel que ha adquirido la situación con la UV y con muchos otros acreedores.
Mientras tanto la Universidad Veracruzana es rehén de una situación que no se merece, en la que las tareas de gestión y dirección en este momento se han convertido en una ‘verdadera cruz’ para poder mantener algunos procesos académicos a flote.
¿Seguirán las cosas como ahora hasta después de las elecciones?
No lo sé, pero hay muchos riesgos si consideran que podrán mantener esta calma chicha que precede a una gran tormenta. Lo cierto es que tanto el gobierno estatal como el federal son patos cojos, que no sólo no caminan sino que ciertamente no acaban de entender que no entienden por qué no caminan.

*Publicado en La Jornada Veracruz el lunes 11 de abril de 2016.
**Académico del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana.

jueves, 10 de marzo de 2016

Universidad Veracruzana: Un paso adelante

Universidad Veracruzana: un paso adelante[1]

Edgar González Gaudiano[2]

El pasado viernes 4 de marzo se celebró la sesión extraordinaria del Consejo Universitario General de la Universidad  Veracruzana, a fin de definir la postura de la más alta autoridad institucional de cara a los problemas financieros por los que atraviesa nuestra casa de estudios.
La sesión era urgente porque hasta ese día la institución había actuado reactivamente a las iniciativas del gobierno y era preciso ponerse un paso adelante convocando a una serie de medidas para organizar una protesta ordenada, pero muy firme, ante un ejecutivo estatal con pretensiones de doblegar a la principal universidad del estado, condenándola a un presente y futuro lleno de carencias y precariedades.
Fue una sesión interesante y muy participativa que dio cuenta de la situación de zozobra en la que nos encontramos. Se aprobó continuar con las acciones legales emprendidas; rechazar la propuesta de 3% del presupuesto del estado para dar “autonomía presupuestal” a la UV y la reducción del presupuesto de 2016, así como la propuesta de reforma al artículo 98 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado, que le impondría a la UV mayor presión al sustituir al estado como deudor solidario para el pago de pensiones y jubilaciones. Asimismo, se aprobó convocar a una marcha el jueves 10 de marzo para manifestarnos en la calle por los agravios cometidos contra la institución, así como elaborar un pronunciamiento público, hacer platones, trabajar bajo protesta y crear una comisión de enlace con los legisladores para discutir la reforma al artículo 98, la reducción presupuestal y la autonomía financiera de la Universidad. Todas excelentes medidas para darle visibilidad política y mediática al movimiento.
No estuve, sin embargo, de acuerdo en restringir las manifestaciones públicas durante el periodo electoral ante el temor de que la lucha de la UV pueda ser contaminada por las campañas de los partidos. Me parece un error suspender nuestra manifestación en la calle durante abril y mayo, ya que son meses críticos para avanzar en la resolución de nuestros problemas financieros. La simultaneidad de ambos procesos hace inevitable la convergencia de los mismos. Lo que tendríamos que pensar es cómo aprovechar esta situación en nuestro favor comprometiendo a los candidatos de todos los partidos a que se pronuncien —lo que de hecho ya está ocurriendo—, así como para que el gobierno federal se decida a intervenir de una vez por todas en esclarecer el cúmulo de irregularidades y tropelías que se han cometido y se cometen cotidianamente.  
Se rechazó también la propuesta de hacer paros activos escalonados. Creo que se entendió que era dejar de laborar y no es así. Los paros activos, pueden parecer un oxímoron, pero es una estrategia de lucha que permite involucrar a quienes se encuentran aislados y desinteresados. Suelen consistir en la interrupción breve de actividades por un par de horas para informar a la comunidad universitaria lo que está peleándose, recoger opiniones, dudas y cuestionamientos para mantener activo el movimiento. El que sean escalonados significa que un día a cierta hora le toca a una entidad y a la siguiente a otra, por lo que debe haber una instancia coordinadora.
Otras propuestas muy interesantes durante la sesión del CUG ni siquiera fueron votadas. Recuerdo una que sugirió presentar una iniciativa ciudadana que consiste en un mecanismo de democracia indirecta, ahora amparada en la Constitución, en la que ciudadanos pueden presentar iniciativas de ley sobre asuntos públicos  ̶—precisamente como cuestionar la reforma a la ley del IPE—, sin ser necesariamente representantes populares en sus respectivos congresos. Estas iniciativas de ley han de estar respaldadas por una cierta cantidad de firmas para que puedan tomarse en cuenta por las cámaras legislativas (0.2% de la lista nominal de electores en el caso del estado de Veracruz), que no creo que tuviéramos problema en reunir.
He oído comentarios de que durante mucho tiempo la UV estuvo demasiado concentrada en sí misma, por lo que resulta muy satisfactorio percibir el despertar que se observa en las últimas semanas. La defensa del presupuesto de la universidad se enmarca en una lucha por la defensa de uno de los más importantes logros del país en el siglo XX: la educación pública.
Por lo mismo, a la marcha que también reivindica ese derecho el próximo jueves 10 de marzo debiesen de sumarse otras instituciones educativas y organizaciones sociales que han sido atropelladas para romper el silencio y producir un efecto político contundente. Así, debemos ver esta marcha como una poderosa oportunidad para sumar esfuerzos con un alto significado simbólico, para visibilizar el descontento generalizado con la lacerante situación de nuestro estado y las amenazas que se ciernen sobre nuestra universidad




[1] Publicado en La Jornada Veracruz el jueves 10 de marzo de 2016.
[2] Académico del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana.

lunes, 29 de febrero de 2016

Veracruz: la danza del dinero*

Edgar J. González Gaudiano**

Las denuncias y protestas recientes en el estado de Veracruz han conducido a nivel internacional la recurrente inconformidad que la población de este estado ha venido manifestando durante muchos años. Las sospechas sobre la magnitud del daño ocasionado por administraciones fraudulentas en el estado fueron confirmadas, hace unos días cuando el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, admitió que la peor calificación de auditoría a nivel nacional estuvo a cargo de Veracruz. Otro nada honroso primer lugar nacional (además del Sida, dengue, diabetes y obesidad) que implica la gigantesca suma de 35 mil 421.7 millones de pesos en observaciones sin solventar, procedimientos resarcitorios y denuncias penales. Suma equivalente a lo que observaron a otros 16 estados juntos.
En ese mismo informe se denunció que el gobierno de Veracruz simuló la devolución de, cuando menos, 4 mil 770 millones de pesos a fondos federales buscando evitar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le fincara responsabilidades. El gobernador Javier Duarte había mentido una vez más al asegurar que esas demandas ya estaban sobreseídas.
Como si eso no bastara, el gobierno de Veracruz posee la tercera mayor deuda bancaria del país, con 44 mil 470.8 millones de pesos, cantidad que fue admitida por el mismo Javier Duarte; cifra a la que se suma la deuda nueva adquirida en 2015 por otros cuatro mil millones.
El Senador José Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, calcula la deuda total de Veracruz en, por lo menos, 80 mil millones de pesos. No obstante, los estudios del investigador de la Universidad Veracruzana Hilario Barcelata estiman dicha deuda en más de 120 mil millones de pesos, lo que en palabras del académico sobrepasa “todos los límites de la racionalidad financiera, de la responsabilidad administrativa y de la ética política al contratar montos de deuda pública que exceden la capacidad de pago del gobierno y que ponen en riesgo el desarrollo del estado”.
Para cualquier ciudadano no familiarizado con datos macroeconómicos esas cifras astronómicas son impensables. Ni siquiera sabe qué significan, pero son la diferencia entre un estado devastado por la corrupción y la impunidad y otro con un sistema carretero transitable, con un sistema de salud equipado y con suministros, con un sistema educativo funcionando en condiciones de calidad, con seguridad social y perspectivas de empleo decente, etc. etc. Ahí es donde se han ido el presente y el futuro de los veracruzanos.
Solo a la Universidad Veracruzana el gobierno del estado le adeuda 2 mil 76 millones, lo que la ha puesto en una situación crítica en la que se sacrifica a miles de jóvenes, ese bono demográfico que ha sido despreciado; pero a esta deuda se suman muchas otras, como la del Instituto de Pensiones, las becas de estudiantes y hasta de pequeños negocios que cometieron la osadía de darle crédito a un gobierno que no paga, por lo que ahora están en bancarrota.
Un tema que particularmente me interesa y que forma parte de mi objeto de estudio es el que corresponde a los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos en comunidades vulnerables. Ello porque está comprobado que los desastres contribuyen significativamente a la desigualdad y al rezago social. Para medio compensar esto, se creó el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), que de naturales no tienen nada pues aunque tienen como origen un fenómeno natural, el desastre es una construcción social en la que intervienen muchos factores, entre ellos la ineptitud y negligencia de las autoridades.
Como quiera, una visita rápida a la página de la Secretaría de Gobernación,  los datos que ofrece el Sistema Nacional de Protección Civil nos reportan cuántos recursos se canalizaron a los estados que tuvieron declaratorias de desastres a través del Fonden. Vale decir que son recursos federales cuantiosos que deben ser aplicados a los municipios afectados para ayudar a la población, a reconstruir infraestructura, a crear empleos temporales, y a todo aquello que contribuya a la gente a recuperar la funcionalidad (que no normalidad) de sus vidas después de las contingencias.
Obviamente los gobiernos estatales, entre ellos el de Veracruz, suelen apresurarse a hacer la declaratoria para recibir recursos federales frescos. En este sentido, según la página de referencia de la Secretaría de Gobernación, el estado de Veracruz entre 2011 y 2015 recibió más de 50 mil 400 millones de pesos para paliar las emergencias, pero que con toda seguridad no se aplicaron ahí donde se necesitan, porque hay comunidades que aún padecen los estragos causados por fenómenos incluso del año 2010 (como los ocasionados por el huracán Karl y la tormenta tropical Matthew). Más aún porque cuando los pocos recursos llegan a las comunidades han apoyado a la gente, pero con sesgos partidistas y criterios clientelares que re-victimizan a los damnificados.
No sé si estos cuantiosos fondos federales fueron auditados por la ASF, pero debería hacerlo porque es de miserables desviar el dinero que está destinado a la gente en situación de emergencia, lo que explica en parte la severa crisis social en la que se encuentra sumido el estado de Veracruz, sobre todo las pequeñas poblaciones vulnerables a fenómenos climáticos que han sido abandonadas a su suerte.
La magnitud del despojo que estamos sufriendo solo puede ser resultado de delincuencia organizada. Obviamente no es resultado de la acción de una sola persona por más irresponsable que sea, sino de un gran número de cómplices (coalición de servidores públicos para defraudar) que también deben ser investigados y sancionados ejemplarmente.
El costo social y económico de  un desfalco de tales dimensiones representará para el estado al menos cincuenta años de dificultades, suponiendo que la situación de malversación no continúe. Medio siglo perdido que implicará más hambre, miseria, sufrimiento y emigración obligada, ante la falta de desarrollo de un estado que lo tiene todo para salir adelante, pero que padece la desgracia de tener también un gobierno en manos de un grupo político voraz y mezquino que se regodea en su impunidad. ¿Hasta cuándo?

*Publicado en La Jornada Veracruz el 29 de febrero de 2016: http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=160229_065425_598
**Académico del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana.

martes, 9 de febrero de 2016

Cerrar filas en torno de la Universidad Veracruzana

Cerrar filas en torno de la Universidad Veracruzana[1]

Édgar J. González Gaudiano[2]

Desde hace algunos años se ha venido instrumentando un ataque en contra de la educación pública. Un ataque en el que se pretende convertir a la educación, que es un derecho universal inalienable, en una mercancía. Lo anterior puede observarse prácticamente en todos los niveles educativos, pero adquiere una singular expresión en el caso de la universidad.
Para este nivel educativo, básico para el desarrollo del país, se ha estado aplicando una escalada sin precedente alguno en la que se desmantela el modelo universitario sustentado en sus tres funciones principales: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, para dar paso a otro que reside en la formación de recursos humanos y la gestión administrativa. Un modelo de raigambre neoliberal en el que la educación debe someterse a la libre competencia y por lo tanto, sus servicios educativos deben sujetarse al “libre” juego de las fuerzas del mercado.
En nuestro país, la estrategia aplicada es compleja  y comprende acciones en diversos ámbitos como la planeación y la evaluación, pero con una clara expresión en la reducción del presupuesto para el cabal cumplimento de las responsabilidades universitarias. En los hechos se trata de un estrangulamiento financiero que erosiona gravemente las posibilidades de crecimiento y de mejoramiento de la calidad de los centros educativos públicos, al mismo tiempo que otorga facilidades a la creación de instituciones privadas de dudosa reputación académica, y canaliza recursos a través de becas para que estudiantes puedan cursar estudios en universidades privadas de tradición empresarial que no impulsan la investigación, ni les interesa la creación de cultura. Una incursión a gran escala de ciertas universidades privadas que durante muchos años habían tenido influencia local y regional para expandirse a lo largo y ancho de todo el país.
Sin embargo, en ninguna otra parte de la república mexicana se ha observado la puesta en marcha de esta escalada de una manera tan torpe y tan agresiva como en el estado de Veracruz durante los últimos años. Se trata de una pretensión de avasallamiento de la joven autonomía de la Universidad Veracruzana para que se incline ante los fines aviesos de un grupo decadente que ha conducido al estado de Veracruz a una situación de desastre económico, ambiental y político.
La violencia ejercida por el gobierno del estado de Veracruz contra la Universidad Veracruzana la ha llevado a una severa crisis financiera al reducirle ilegalmente el financiamiento público, al retenerle ilegalmente recursos federales, al imponerle ilegalmente restricciones y retrasos, al obligarla ilegalmente a operar en la precariedad y la penuria, violando con todo ello el estado de derecho.
Un estado de derecho es aquel en el que todos los miembros de una sociedad se rigen por leyes e instituciones establecidas de manera democrática, que garantizan los derechos individuales y colectivos aplicando las leyes con equidad. Pero cuando los gobernantes y funcionarios encargados de hacer cumplir las normas del estado de derecho son los primeros en violarlas sin consecuencias para sus actos, entramos en el terreno de un ejercicio despótico de la autoridad.
La Universidad Veracruzana ha demandado al gobierno del estado de Veracruz por la retención ilegal de su financiamiento público de años previos y ha solicitado un amparo ante una reducción presupuestal impuesta por un congreso sumiso y obsecuente en el ejercicio de 2016, de casi 250 millones de pesos, lo que afectaría seriamente sus tareas académicas.
Es el momento de cerrar filas. Con estas valientes acciones emprendidas por la rectora ante la actitud cínica, mendaz y taimada del gobierno del estado de Veracruz, los ataques se incrementarán.
De ahí que independientemente de las diferencias que tengamos entre nosotros, normales en una comunidad diversa y plural, es preciso mostrar un solo frente en defensa de los intereses de la Universidad Veracruzana y en torno de nuestras autoridades universitarias.





[1] Publicado en La Jornada Veracruz el domingo 7 de febrero de 2016. http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=160209_083730_021
[2] Académico del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana.

jueves, 28 de enero de 2016

El Senado y el cambio climático

El Senado y el cambio climático[1]

Edgar J. González Gaudiano[2]

Desde mediados del mes de diciembre pasado he venido escuchando en radio y televisión una campaña impulsada por el Senado sobre el cambio climático. Se trata de un spot en el que después de algunos pocos datos sobre el incremento de la temperatura a nivel global y una serie de imágenes sobre la posible desaparición de playas (solamente), promueve un conjunto de manoseadas recomendaciones sobre el uso del automóvil, el ahorro de energía y el reciclaje; concluye con el slogan de que juntos podemos cambiar. 
Tanta repetición ha terminado por molestarme, porque sé que son campañas caras y que nunca son evaluadas para conocer su efectividad, aunque varios estudios han demostrado que las de este tipo son como llamadas a misa en territorio islámico.
Quizá haya quienes piensen que es positivo que nuestro Senado se pronuncie sobre un tema sin duda vital. Pero si lo pensamos bien, se trata de publicidad vacía. Algo muy distinto sería que el Senado hiciera una campaña informando lo que está haciendo en materia legislativa para combatir el cambio climático, porque hay mucho por hacer en esa materia y nadie puede hacer lo que tienen que hacer los senadores y senadoras de la República.
Pero promover una campaña durante el mes y medio que lleva en el aire recomendando lo que muchas otras han dicho sin efecto alguno, de manera sesgada y anodina, sólo porque se quiere quedar bien engatusando a la opinión pública al abordar temas que preocupan a la gente, me parece una vacilada.
Como ciudadano exijo que se pongan a trabajar en lo que les corresponde. Efectivamente, juntos podemos cambiar pero cada quien en lo que tiene que hacer, puesto que hay responsabilidades diferenciadas. La de Uds. es mayúscula.
¿Quieren hacer algo por el cambio climático? Ahí tienen el caso de Tajamar en Cancún.
Por si no lo saben, la destrucción de manglares no sólo viola una ley que el Senado aprobó, sino que atenta contra la protección de esas playas que tanto les preocupan (al menos en el spot) e incrementa la vulnerabilidad de la población y del ecosistema en su conjunto frente a los embates precisamente del cambio climático.
Ahí tienen también, señores senadores y señoras senadoras,  la explotación de gas de esquisto en cientos de pozos, la minería a cielo abierto, el problema del rio Sonora, solo por mencionar unos cuantos ejemplos de lo que es una la destrucción progresiva e incesante del patrimonio natural del país que tanto promocionan en el extranjero.
Ahí tienen a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizando lo que por ley no puede autorizarse ¿Por qué no citan a ese incompetente secretario a que explique por qué está haciendo lo que hace y porqué no hace lo que debiera? ¿Qué explique por qué está desmantelando áreas importantes en ese sector tan especializado, tales como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas o el ya desaparecido Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable?
Respóndanme a eso por favor en una campaña de medios.
 



[1] Publicado en La Jornada Veracruz, el jueves 28 de enero de 2016. Pág. 10.
[2] Coordinador de la Cátedra UNESCO – UV “Ciudadanía, educación y sustentabilidad ambiental del desarrollo”.  <edgargonzalezgaudiano.blogspot.mx>