martes, 24 de agosto de 2021

¿Será la sustentabilidad una política universitaria o seguirá como meta aspiracional?*

Por Edgar Javier González Gaudiano **

Habiendo entrado de lleno en la última etapa de la designación de quién será el titular de la rectoría de la Universidad Veracruzana, quiero aprovechar estos momentos de intensa reflexión sobre lo que podría empezar a construirse en nuestra institución en los próximos años. Tomaré como tema de mis cavilaciones el de la sustentabilidad, en el que he trabajado durante las tres última décadas desde la perspectiva de la educación y de la investigación educativa.

Me preocupa este tema especialmente, no porque los demás que han sido planteados en los proyectos de gestión de los ahora candidatos no lo sean, sino porque la sustentabilidad se ha abordado casi siempre como un significante modernizador del discurso institucional, pero sin ponerse realmente en marcha.

Habría que decir para comenzar que el concepto dominante de sustentabilidad que se observa en la mayoría de los proyectos dados a conocer se restringe a la sustentabilidad ambiental. Esto es, se continúa pensando –pese a que en teoría se la asume como dimensión articuladora de aspectos de conservación de la calidad ambiental y de la integridad ecosistémica, con los de equidad social y económica–, que la sustentabilidad está solamente referida a lo ambiental.

En esa forma de pensar la sustentabilidad es una perspectiva acotada que no permite desarrollar políticas apropiadas que realmente contribuyan a prevenir, mitigar y corregir problemas de nuestra realidad. Los problemas ambientales, no son solo ecológicos son socioambientales.

Por ese motivo, lo que suele hacerse en las instituciones de educación superior al respecto se limita a promover una gestión verde del campus, mediante el manejo de residuos, de las áreas ajardinadas, del agua y a veces también de la energía.

No es que dichas acciones sobren; por supuesto que no. Pero reducir el alcance de una política de sustentabilidad a poner en marcha solamente esas medidas representa aplicar un modelo pedagógico de logros mínimos, que no intenta siquiera analizar las causas que originan los problemas asociados a ellas.

Eso es lo que ha acontecido en nuestra Universidad Veracruzana durante los últimos 10 años, desde que se aprobó el Plan Maestro para la Sustentabilidad. No se han invertido realmente los esfuerzos necesarios a nivel presupuestal y de política académica para transitar hacia una universidad sustentable, que irradie ejemplaridad al conjunto social amplio.

Se ha considerado que un cambio de esa magnitud es gratis, que bastan solamente las declaraciones, las adscripciones retóricas a cartas de intención y toda esa parafernalia litúrgica que suele acompañar esos actos que solo se quedan en rituales que no se convierten en cambios reales.

Se le ha tenido miedo al cambio, a enfrentar tradiciones disciplinarias muchas de ellas desactualizadas, así como a los usos y costumbres institucionales que son refractarios a las innovaciones, porque se ven como amenazas a los cómodos nichos laborales y zonas de confort. En el balance entre la "Tradición e Innovación", pesó mucho más la tradición en estos últimos ocho años; pero no aquélla que es un legado para honrar, sino la mala tradición, la que nos hace permanecer sometidos a un modus operandi ineficiente, parroquial, y a una concepción de universidad que está fuera del radar de la pertinencia social y con fecha de caducidad vencida.

Y así la sustentabilidad universitaria continúa siendo una aspiración, sin posibilidades de ir más allá de ese techo de cristal infranqueable para poder transformar las funciones sustantivas relacionadas con la generación del conocimiento y la formación de profesionales, a fin de que la UV evite continuar reproduciendo y contribuyendo a gestar egresados cuyas prácticas en sí mismas son insustentables.

Por lo que he podido leer en las propuestas de nuestros candidatos, el único que persevera en un cambio en esa dirección es Martín Aguilar Sánchez. Su propuesta articula la sustentabilidad ambiental con la sustentabilidad social y las convierte en uno de los ejes de una plataforma de gestión institucional que, junto con el ejercicio pleno del respeto a los derechos humanos, podría comenzar a sentar bases de un proceso que no sería fácil, ni inmediato y que ha de implicar un progresivo involucramiento de toda la comunidad universitaria para ir dando pasos firmes hacia ese perfil.

La moneda está en el aire y caerá en las manos de los miembros de nuestra Junta de Gobierno, que espero que hayan podido identificar esa proteica diferencia en el programa de trabajo del doctor Aguilar para empezar a ser esa universidad, que aún no nos hemos propuesto con verdadera convicción institucional llegar a ser.

*Artículo publicado en La Jornada Veracruz el 24 de agosto de 2021.

**Investigador del Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad Veracruzana y titular de la Cátedra Unesco “Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”.

jueves, 8 de julio de 2021

La vulnerabilidad académica frente a los procedimientos administrativos en la Universidad Veracruzana*

Por Edgar Javier González Gaudiano**

Prácticamente la totalidad de aspirantes a la rectoría de la Universidad Veracruzana han mencionado la necesidad de realizar una reingeniería a los "criterios" y procedimientos administrativos que rigen la vida académica en nuestra institución. Es un problema que ya no puede postergarse.

Si bien observamos en varias áreas que ha habido una especie de servicio civil de carrera que ha llevado a varios funcionarios del nivel medio a profesionalizarse para bien de nuestra actividad, también es notable no solo una descoordinación, incomunicación y ausencia de integración de la información que repercute de forma negativa en la eficiencia y eficacia de los procesos institucionales. Una pequeña muestra de ello es la recurrente solicitud de información en distintos formatos para diversos fines. La promesa de construir una base sistematizada de información ha quedado en eso, una promesa.

Con motivo de la reciente evaluación del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico (Pedpa) 2019-2021 quiero narrar brevemente la incongruencia existente para generar incentivos que favorezcan la productividad. Bajo los términos existentes, dicho Programa es un instrumento de desestimulación. Presento mi propio caso.

El Pedpa tiene seis niveles; para alcanzar el más alto hay que acumular puntuación en varios rubros (somos académicos 4x4): Permanencia, Dedicación, Calidad (Docencia y Generación y Aplicación del Conocimiento), Gestión Académica y Participación de Cuerpos Colegiados y, finalmente, Tutorías. En todos los rubros salvo en tutorías alcancé niveles elevados de puntuación, alcanzando un total de 1775 puntos, cantidad suficiente para alcanzar dos veces el nivel máximo, el 6.

En el área de Tutorías, sin embargo, alcancé una puntuación de apenas 34, debido en parte a que durante el periodo que se evalúa me autorizaron un año sabático y por normatividad de la propia UV no pueden desempeñarse durante ese periodo actividades de docencia y tutorías. De ahí que tuve que reasignar a los estudiantes de maestría y doctorado (ambos programas en el PNPC con nivel consolidado) que estaba dirigiendo a otros académicos para que dieran continuidad a ese importante factor formativo.

Aduje ante los funcionarios a cargo que el uso de un derecho académico como el del año sabático no podía perjudicar otro derecho que es el de que mi desempeño académico fuera evaluado con justicia.

Como consecuencia, la puntuación fue baja siendo el máximo por obtener en el rubro de Tutorías de 80. Por si eso fuera poco, ese valor máximo de 80 está mal estimado. Porque si como académicos respetamos los criterios del PNPC del Conacyt solo podemos dirigir a tres alumnos en un máximo de dos programas acreditados. O sea, tres de maestría y tres de doctorado, lo que de acuerdo con las puntuaciones del Pedpa solo permite alcanzar 51 puntos (24 +27).

Eso significa que respetar los criterios del PNPC nos impide llegar a la puntuación máxima de Pedpa en ese rubro.

Total, una verdadera pesadilla irresoluble que se tradujo en que, pese a tener, como digo arriba, puntuación suficiente para alcanzar dos veces el nivel 6, solamente me dieron el nivel 3.

Las respuestas a esa situación por parte de los responsables (es un decir) del Pedpa van desde que las reglas se aplican a todos por igual sin excepciones, hasta que con esas reglas aceptamos participar (como si nos hubiesen consultado) y no hay nada que hacer, porque son programas federales que ya vienen etiquetados, aunque no sean compatibles con la propia normatividad de nuestra universidad.

Lo peor es que como mi caso hay muchos otros, como los técnicos académicos que no puede ser miembros titulares de los cuerpos académicos (según la normatividad de la SEP), por lo que no cumplen el requisito para ser perfil Prodep. Y como no tienen este perfil nunca podrán alcanzar los niveles superiores del Pedpa, por más alta puntuación en productividad que obtengan. Podría seguir dando muchos otros ejemplos.

Esa es la clase de nomenklatura administrativa que evalúa el trabajo académico en nuestra institución. Personal que no sabe lo que es estar en el Sistema Nacional de Investigadores o de Creadores, que no se aplica a sí mismo sus "criterios" de evaluación del desempeño académico, porque no es académico y que nos encierra en una camisa de fuerza de la que no podemos escapar, pero de la que depende parte de nuestros ingresos.

En serio en la UV ¿Damos más?

Urge compatibilizar esos programas federales con nuestra propia autonomía, porque estaremos atrapados sin salida mientras las administraciones universitarias continúen siendo condescendientes con las reglas impuestas desde los escritorios del centralismo.

Necesitamos un académico en la rectoría.

*Artículo publicado en La Jornada Veracruz el 08 de julio de 2021.

**Investigador del Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad Veracruzana y titular de la Cátedra Unesco “Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”.

martes, 6 de julio de 2021

La sustentabilidad como política universitaria*

 Por Edgar Javier González Gaudiano**

En los últimos treinta años el concepto de sustentabilidad ha venido ocupando un espacio creciente en la vida económica, política y social. Sin embargo, se trata de una noción tan ambigua que prácticamente puede significar cualquier cosa.

El origen más conocido del concepto proviene del desarrollo sustentable, propuesto por el Informe Brundtland en 1987, pero ante el aluvión de críticas suscitado por éste, la sustentabilidad comenzó a deslindarse del desarrollo para derivar hacia un significado distinto.

En muy breve síntesis, las críticas al desarrollo sustentable o sostenible se orientaron principalmente a la asociación de dos nociones que se consideraban antagónicas (desarrollo y sustentabilidad) lo que generaba un oxímoron. Asimismo, porque el desarrollo sustentable fue rápidamente metabolizado por el statu quo, perdiendo con ello sus posibilidades de transformación socioambiental.

Tanto el desarrollo sustentable como la sustentabilidad han generado presión para incorporarse a los sistemas educativos. Más el primero por estar respaldado por las agencias multinacionales como la UNESCO, pero también por la ONU en su conjunto. Por ejemplo, ahí tienen a los 17 objetivos de desarrollo sustentable, una propuesta en la que cada objetivo es independiente de los otros e incluso antagónico; contrasten, por ejemplo, el objetivo 8 relativo al trabajo decente y el crecimiento económico con el 13 sobre la acción climática. Sí se logra el primero es imposible alcanzar el segundo.

Pero un problema para incorporar la sustentabilidad en el sistema educativo, específicamente en la educación superior, es que requiere de modificar en diversos grados los perfiles socioprofesionales, lo cual genera diversas resistencias al interior de las carreras.

De ahí que lo que generalmente ocurre es que los programas sobre sustentabilidad se limitan a modificar algunas áreas relacionadas con la gestión del campus (áreas verdes, suministro de energía y agua, separación de residuos, compras verdes, etc.), pero se dejan inalteradas las funciones sustantivas de docencia e investigación.

En otras ocasiones se crean centros o institutos, o nuevas carreras orientadas hacia estos fines, pero permanecen igual las llamadas opciones tradicionales que a lo sumo ofrecen alguna materia optativa sobre el tema.

¿Cómo es posible que en una universidad como la Veracruzana no existan opciones a nivel de licenciatura y posgrado en número suficiente para asumir un verdadero compromiso institucional con este problema tan serio? ¿Dónde están los abogados ambientales, por ejemplo?

La sustentabilidad en la educación implica un cambio paradigmático que si no se produce, todo queda en una propuesta retórica, en declaraciones de buenos propósitos que no se llevan a la práctica.

De eso están llenas muchas universidades que presumen ser verdes para venderse, pero se mueven en una ambivalencia en la que la mayoría de sus egresados no tienen ni idea de lo que es una manifestación de impacto ambiental, de un manejo de residuos peligrosos, un estudio de riesgo o un programa de ecociudadanía o de ecofeminismo.

En este momento de cambios institucionales en nuestra universidad, es una buena ocasión para que los aspirantes y candidatos se comprometan en este sentido, a menos que continuemos declarando ser verdes o de estar transitando hacia la sustentabilidad sin dar los pasos necesarios para hacerlo.

*Artículo publicado en La Jornada Veracruz el 06 de julio de 2021.

**Investigador del Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad Veracruzana y titular de la Cátedra Unesco “Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”.

sábado, 26 de junio de 2021

Autonomía universitaria ¿Para qué?*

 Por Edgar Javier González Gaudiano**

Con la renovación de la rectoría en la Universidad Veracruzana suele reactivarse el debate sobre algunos asuntos que son de extrema importancia para la institución. Uno de ellos es el que se refiere a la autonomía.

La autonomía de las universidades es un derecho garantizado constitucionalmente en el artículo 3°. Establece la facultad y la responsabilidad de que las instituciones de educación superior puedan gobernarse a sí mismas, lo que implica determinar su normatividad y nombrar a sus autoridades, así como definir el ingreso, promoción y permanencia de su personal y administrar libremente su patrimonio. En términos académicos, pueden definir sus programas de estudio para formar a sus alumnos para desempeñarse con eficiencia en el desempeño de su profesión, realizar investigación sobre los problemas del conocimiento y de la sociedad y difundir la cultura en el seno de la población, entre otros.

Pero si bien, como se ha definido, la autonomía es una facultad también es una responsabilidad por lo que las universidades están obligadas a aplicar con honestidad su patrimonio, a rendir cuentas, a manejarse con absoluta transparencia y a respetar la libertad de cátedra e investigación que es el factor vital para el análisis crítico, el ingenio, la creatividad, la innovación y para preservar la diversidad de las ideas.

Sin embargo, al ser la Universidad una entidad pública que opera de manera independiente del Estado está constantemente sujeta a presiones y tensiones dirigidas a influir en sus decisiones, tanto en lo académico como en lo administrativo, pero sobre todo en lo político. Desde aquellas presiones que se orientan a querer intervenir en sus propósitos educativos, a efecto de que las universidades públicas se subordinen a los intereses del mer  Por Edgar Javier González Gaudiano**

Con la renovación de la rectoría en la Universidad Veracruzana suele reactivarse el debate sobre algunos asuntos que son de extrema importancia para la institución. Uno de ellos es el que se refiere a la autonomía.

La autonomía de las universidades es un derecho garantizado constitucionalmente en el artículo 3°. Establece la facultad y la responsabilidad de que las instituciones de educación superior puedan gobernarse a sí mismas, lo que implica determinar su normatividad y nombrar a sus autoridades, así como definir el ingreso, promoción y permanencia de su personal y administrar libremente su patrimonio. En términos académicos, pueden definir sus programas de estudio para formar a sus alumnos para desempeñarse con eficiencia en el desempeño de su profesión, realizar investigación sobre los problemas del conocimiento y de la sociedad y difundir la cultura en el seno de la población, entre otros.

Pero si bien, como se ha definido, la autonomía es una facultad también es una responsabilidad por lo q cado y la dinámica capitalista; hasta las que pretenden cancelar la capacidad de cuestionar críticamente la realidad social y suprimir la formulación de proyectos alternativos de desarrollo y de cambios culturales acordes con las nuevas condiciones del país y del mundo.

Todo ello vulnera la autonomía y reduce significativamente las contribuciones que las universidades pueden hacer al avance democrático y científico del país. Por eso es por lo que la autonomía universitaria ha de verse como un derecho de la sociedad en su conjunto, que hay que defender permanentemente porque las presiones no cesan de parte del Estado, pero también de grupos de interés como los credos religiosos, los organismos empresariales, los medios de comunicación, e incluso intereses extranjeros y la delincuencia organizada, que son o quieren ser parte de la arena política de manera abierta o soterrada.

Se ha dicho que la noción universidad significa unidad en la diversidad. Diversidad para pensar, para optar, para participar, para disentir, y justo esto es lo que muchas veces no se ve en la dinámica de la vida universitaria. Por ejemplo, desde que ingresé como investigador me ha llamado fuertemente la atención la tendencia en los órganos de decisión de nuestra universidad de tomar acuerdos por unanimidad.

Se celebran las decisiones unánimes como un gran éxito, siendo que eso refleja un espíritu de uniformidad ideológica que no se corresponde con la diversidad. La unanimidad es una anomalía en el debate universitario y si hubiese algún asunto que pudiera concertar las voluntades de todos los miembros debiese verse como algo excepcional, no como la fuerza de una costumbre institucional opuesta a la fuerza de la razón plural y diversa de una comunidad tan múltiple y variada como la nuestra.

Sólo puedo pensar que algo así ocurre porque se interfiere de algún o de varios modos para suprimir esa libertad soberana de ejercer nuestras propias decisiones individuales, máxime si se funge como representante de un sector de la comunidad. Esas interferencias son contrarias a la autonomía. Y lo peor es que se hacen bajo coacción, lo que las hace aún más inaceptables. Lo bueno es que pueden emplearse los medios electrónicos para expresarse con independencia e incluso para denunciar a la propia Junta de Gobierno la coerción que se ejerza sobre grupos y sectores de la comunidad.

A partir de la publicación de la convocatoria respectiva, entraremos en pocos días en la dinámica de designación del nuevo rector o rectora que debe realizarse con un compromiso socialmente responsable que beneficie a toda la universidad. Evitemos las presiones internas y externas a nuestra autonomía de todos aquéllos que quieren influir en un proceso que corresponde únicamente a los universitarios, a fin de poner en marcha la democracia participativa para que estudiantes, docentes y trabajadores y trabajadoras tengan la mejor incidencia posible en la toma de esa fundamental decisión.

Ha sido tan complicado que la Universidad Veracruzana consiga su autonomía formal en un estado donde se veía a la institución como refugio de exfuncionarios y colaboradores del gobierno, que en la rectoría debe haber alguien que la respete y la defienda en todos sus términos y dimensiones.

*Artículo publicado en La Jornada Veracruz el 26 de junio de 2021.

**Investigador del Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad Veracruzana y titular de la Cátedra Unesco “Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”.


jueves, 24 de junio de 2021

¿Por qué participar en el proceso de cambio en la UV?*

Por Edgar Javier González Gaudiano**

Al igual que muchas otras universidades en el país, la designación de quién debe encabezar la rectoría de la Universidad Veracruzana no resulta de un proceso de elección, sino de una designación hecha por un grupo de académicos honorables y de reconocida trayectoria. En el caso de la UV la Junta está compuesta por nueve miembros: cuatro externos y cinco internos. Sus funciones y atribuciones están consignadas en la normatividad que nos rige a todos los universitarios (Ley Orgánica, Ley de Autonomía, Estatuto General) y un Reglamento. La Junta designa no solo al rector o rectora, sino a quienes lo acompañen en las secretarías académica y de administración y finanzas.

Aunque pareciera que los demás miembros de la comunidad universitaria no tenemos nada que hacer al respecto sino esperar el humo blanco, es importante participar porque la Junta aunque posee pleno arbitrio no decide discrecionalmente, sino que tiene una responsabilidad objetiva para considerar los planes de trabajo propuestos por los aspirantes y los que lleguen a ser candidatos, su trayectoria institucional, su experiencia académica, los resultados de una entrevista personal y además realiza una consulta abierta (auscultación) para que los docentes, alumnos y administrativos se pronuncien sobre sus preferencias al respecto, con base en los principios de máxima publicidad y transparencia. La auscultación podrá ser de manera presencial o por medios electrónicos, a fin de escuchar el mayor número de opiniones posible.

La idea es seleccionar al mejor candidato o candidata para el beneficio de la institución, en función del momento que se vive y los desafíos previsibles del periodo, considerando aspectos académicos, administrativos y políticos. Como puede suponerse no es una tarea fácil, porque una equivocación en el proceso nos puede costar caro a todos los que formamos parte de la Universidad Veracruzana.

Estamos terminando la gestión de la doctora Sara Ladrón de Guevara después de un doble periodo de cuatro años cada uno. En la toma de posesión eran evidentes los problemas derivados del presupuesto universitario, de la deuda que se tenía con el SAT y las intromisiones del gobierno del estado que constituían un ataque contra la autonomía, por citar algunos.

Puede decirse sin duda alguna que la rectora y su equipo de trabajo supieron sortear con éxito dichos asuntos. A diferencia de lo ocurrido en una decena de universidades públicas que enfrentan problemas similares, aquí no se ha interrumpido el pago salarial, la deuda con el SAT que nos convertía a todos en deudores fue cubierta y se culminó una negociación favorable para garantizar el suministro oportuno y completo del financiamiento que por ley provee el gobierno del estado. No es poca cosa, en serio.

Lo que no podía ser previsto fue la dimensión de la crisis derivada de la pandemia de covid-19. Estamos aún inmersos en ella y los costos han sido altos en términos académicos y sociales. Abandono y rezago escolar, improvisación de medidas paliativas, incumplimiento de programas académicos, etc. Lo hemos vivido y padecido al tener que poner en marcha sistemas de comunicación alternativos mediante plataformas digitales, para los que muchos alumnos e incluso docentes no contaban con el equipamiento debido, ni los espacios para hacerlo desde la casa con el impacto que esto además ha representado para las propias familias. Personalmente me hubiese gustado decisiones más firmes en algunas medidas, pero tengo que reconocer que no tenía la película completa de lo que estaba sucediendo en una institución tan dispersa y compleja como la nuestra. Pese a todo ahí estamos saliendo, aunque no podemos hacer cuentas alegres.

Como sea, ahora vamos a enfrentar el cambio de gobierno en la UV y tenemos que coadyuvar a que resulte en la mejor decisión para todos y todas. Eso dependerá de la calidad de nuestra participación organizada, institucional, sin permitir presiones externas e internas y sin prestarse al acarreo y a la simulación de procesos de dizque libre manifestación de las ideas que no son tales.

Para eso hay que analizar cuidadosamente lo que cada aspirante propone. Investigar quiénes son, cuál es su trayectoria, de quiénes se acompañan. La respuesta a la pregunta de por qué quiere ser rector o rectora siempre me parece reveladora. Un breve análisis de lo que se dice y sobre todo de lo que no se dice sobre sus motivos, es sumamente significativo. Por ejemplo, querer ser rector o rectora para alinear la formación profesional a las demandas del mercado excluiría a numerosos egresados de Humanidades, de Artes y de la UVI, porque no creo que la estructura ocupacional demande muchos filósofos, ceramistas y gestores interculturales, por citar unos cuantos casos, que no se ofrecen en el ITESM porque no es una universidad pública.

Como siempre ocurre, habrá quien afirme que quiere llegar y aunque sepa que tiene pocas posibilidades, en realidad lo que pretende es negociar con alguien más fuerte para colocarse en su equipo. Otros echarán montón, como si fuera cuestión de multitudes. Por lo que tengo entendido la Junta suele tomar decisiones con base en lo cualitativo, en el perfil académico. Creo que no se requiere ser ducho entrevistando para detectar cuando hay quienes solo asisten para hacer bulto sin argumentos o repitiendo la misma cantaleta como si fuese una jaculatoria. También observaremos las usuales presiones de autoridades de entidades para que los académicos y alumnos se pronuncien a favor o en contra de alguien. Es lo que hay en nuestra universidad que aún no se acostumbra a ser plenamente democrática. Haría bien la rectora en contener estos impulsos.

A estas altura no se han destapado todos los interesados. De aquéllos que han estado dando entrevistas a la prensa, he escuchado buenas ideas, aunque no los conozco a todos y todas. De otros, se sabe poco en qué estén pensando. Pero también he escuchado a un par de ellos que parece que están hablando de una universidad privada, ya que en vez de propuesta de trabajo hablan casi de un plan de negocios para obtener fondos adicionales. Otro aduce tener tres licenciaturas con lo que quiere compensar su falta de experiencia personal de la vida institucional. No creo que se pueda sustituir esa carencia con la experiencia vicaria. Uno más habla de impulsar el conocimiento de frontera sin aportar una sola pista de cómo quiere lograrlo, y en lo que coinciden varios es en ver las herramientas tecnológicas como la solución idónea de los problemas.

Analicemos las propuestas con calma, es un momento para una reflexión a fondo. Y como quiero establecer una comunicación con mis lectores y lectoras sobre la base de la máxima transparencia, les informo que voy con el doctor Martín Aguilar Sánchez; tiene un proyecto de universidad que comparto, una trayectoria académica que respalda sus propuestas y no tiene padrinos invisibles, internos ni externos a la institución. Pero no me crean, lean su propuesta cuando la entregue, consulten en fuentes acreditadas quién es Martín, qué temas trabaja y decidan por sí mismos.

*Artículo publicado en La Jornada Veracruz el 24 de junio de 2021.

**Investigador del Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad Veracruzana y titular de la Cátedra Unesco “Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”.