Caballo
Blanco: La tentación autoritaria de los últimos días de gobierno[1]
Edgar J. González
Gaudiano[2]
Hace
unos días la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
rechazó la solicitud de cambio de uso de suelo para la explotación de la mina a
cielo abierto que pretende operar en el municipio de Actopan, a sólo tres
kilómetros de distancia de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde.
La noticia fue recibida con júbilo por las
numerosas organizaciones y personas que se han venido manifestando en contra de
este proyecto que no sólo no tendrá beneficios a los veracruzanos, sino que
dejará tras de sí una cauda enorme de problemas ambientales y muy serios
riesgos de salud para los habitantes actuales y futuros. El proyecto ha sido
rechazado incluso por el propio gobierno del estado de Veracruz, el cual ha
hecho llegar a la Semarnat un voluminoso expediente que reúne opiniones
técnicas de expertos, organizaciones ambientalistas y de la sociedad en
general.
Sin embargo, después del júbilo inicial se
recordó que continúa pendiente resolver la Manifestación de Impacto Ambiental
(MIA) plagada de irregularidades y omisiones deliberadas, que de rechazarse de
la misma forma significaría la clausura definitiva de ese proyecto de minería
tóxica que es prohibido en otros países por sus colosales impactos a la
población y al ambiente. Y como se trata de corporaciones internacionales
económicamente muy poderosas, se corre el riesgo de que mientras los permisos
sigan “en trámite” pueda acudir a otras instancias legales y modus operandi
extralegales, incluidos los tribunales internacionales.
Ha sido anunciado que la Secretaría de
Medio Ambiente de Veracruz solicitará también, por instrucciones del gobernador
Javier Duarte de Ochoa, la cancelación definitiva del proyecto minero Caballo
Blanco. Esto es muy congruente con los planteamientos realizados anteriormente,
pero ahora hay que dar un paso más adelante y el Congreso del Estado debe proteger
definitivamente al territorio veracruzano contra este tipo de minería mediante
una ley que evite, por ejemplo, que esta empresa –y similares que pudiesen
aparecer en el futuro- simplemente traslade sus proyectos a otras zonas en las
que tiene especial interés como San Andrés Tuxtla, Misantla, Teocelo, Las Minas
y Perote.
Algo semejante está ocurriendo con el
anuncio con bombo y platillo que el gobierno federal también hizo hace unos
días sobre la supuesta cancelación del proyecto minero de Wirikuta, cuando se
trata en realidad de un acto mediático de cesión del lote minero de 761
hectáreas (el Cerro Quemado) por parte de la empresa minera canadiense First
Majestic Silver que representa 0.5 % de un total 140 mil 212 hectáreas. Ese
lote ya había sido ofrecido al Consejo Regional Wixárika para la Defensa de
Wirikuta, pero fue rechazado porque se trata de una muy pequeña porción del
territorio sagrado en disputa.
Tales anuncios hechos en plena campaña
electoral tal vez intenten suavizar la crítica social hacia un gobierno panista
que en sólo diez años ha concesionado 26 por ciento del territorio nacional,
alrededor de 56 millones de hectáreas, a la industria minera y están en marcha
757 proyectos extractivos de capital extranjero. Angélica Enciso, denunció en
La Jornada el lunes 8 de agosto de 2011, que sólo durante 2010, las 18
principales unidades mineras en operación generaron 2 millones 2 millones 29
mil onzas de oro, alrededor de 2 mil 483 millones de dólares –con el precio
promedio de mil 224 dólares la onza durante 2010-. Esto equivale aproximadamente
a 30 mil millones de pesos, que evidentemente no contribuyeron al desarrollo
del país, sino a todo lo contrario.
Con todo esto, aprobar un blindaje para
Veracruz es urgente. Debemos recordar por nuestro bien que nos encontramos a
finales del periodo del gobierno federal y que hay evidencias, no sólo en
México, de que en esos momentos de transición suelen tomarse decisiones que
intentan quedar bien con oscuros intereses. Por ejemplo, en 1988, unos días
antes de que concluyera el gobierno del presidente Miguel de la Madrid y
aduciendo problemas económicos, fueron disueltos el Programa de Estudios sobre
Energía de El Colegio de México y el Instituto Nacional de Investigaciones en Recursos
Bióticos (INIREB), cuya sede era Xalapa. Eso implicó sumando ambos casos el
lanzamiento a la calle de unos 90 investigadores.
Un caso más reciente se dio durante el
gobierno de Vicente Fox. Santiago Creel, a escasos días de dejar la Secretaría
de Gobernación, en mayo de 2005, para competir en la elección interna del PAN por
la candidatura presidencial de 2006, otorgó permisos para abrir casinos y casas
de apuestas a varios acaudalados empresarios mexicanos, entre ellos algunos
relacionados con los medios de comunicación como Emilio Azcárraga Jean, de
Televisa; Olegario Vázquez Raña, del Grupo Imagen, y Carlos Enrique Abraham
Mafud, concesionario de TV Azteca en Yucatán.
Solamente al dueño de Televisa le autorizó
170 centros de apuestas y salas de sorteos de números; al del diario Excélsior,
Cadena 3 y Reporte 98.5 le dio permisos para veinte y al concesionario de TV
Azteca en Yucatán, 36. Ya entrados en gastos, el proceso se extendió a otros
empresarios y en tan sólo cinco días, Santiago Creel autorizó 432 centros de
apuestas remotas y salas de sorteos de números por 25 años (Datos tomados de http://www.sinembargo.mx/05-09-2011/34941).
En suma, es preciso mantener la presión de
las organizaciones e instituciones interesadas en que el proyecto Caballo Blanco
y otros semejantes se alejen para siempre de nuestras vidas para no incrementar
nuestra actual vulnerabilidad y el inicuo saqueo de los recursos naturales del
país. No podemos permitir una autorización de último minuto que nos deje
embarcados en un serio problema. Un NO rotundo a la minería tóxica en el estado
de Veracruz está en manos del Congreso local.
