La propuesta de reforma
educativa que se discute en este momento en las legislaturas estatales, sin
duda alguna será aprobada pese a la resistencia del grupo dirigente del SNTE y
el próximo amparo colectivo que pretenden presentar el día de mañana. Al día de
hoy doce estados incluido Veracruz la han aprobado y sólo faltarían otros
cuatro para que sea legal.
Sin
embargo, una de las omisiones de dicha reforma ha sido el tema del medio
ambiente. Asunto de suyo prioritario que no puede soslayarse en los esfuerzos
institucionales por fortalecer la calidad del sistema educativo. La única
referencia a los contenidos de la educación ambiental en la reforma es la de la comida (que no alimento)
chatarra y está más enfocada en la perspectiva de la educación para la salud
por el problema de la obesidad adulta e infantil que padece el país. Medalla de
plata en obesidad de adultos y de oro en obesidad infantil a nivel mundial, no
es poca cosa y ya era hora de enfrentar el asunto en serio.
Pero
quizá por eso, la propuesta que se hiciera desde el Consejo Nacional de
Educación Ambiental para la Sustentabilidad de que fuera puesta al día la
Estrategia Nacional de Educación Comunicación y Capacitación Ambiental, ha sido
asumida como compromiso presidencial.
Tal
decisión constituye un paso muy importante para elevar la prioridad política de
la educación ambiental en la agenda institucional. Esperamos que, en
congruencia, el tema quede bien expresado en el Plan Nacional de Desarrollo y
al menos en los programas sectoriales de mediano plazo de medio ambiente y de
educación. Y, desde luego, mediante un incremento sustancial del presupuesto
destinado a su impulso e instrumentación en el territorio nacional. Como dirían
los clásicos “Prioridad que no está en el presupuesto, no es prioridad”.
Durante
la administración pasada, la educación y la cultura ambiental quedó registrada
por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo para contribuir a reforzar la valoración y las acciones de respeto a los
recursos naturales, mejorando los mecanismos que el sistema educativo
utiliza para dar a conocer y valorar la riqueza ambiental de nuestro país, así
como diseñando e instrumentando
mecanismos de política que dieran a conocer y llevaran a valorar la riqueza
ecológica de nuestro país a todos los grupos sociales.
Ya
sabemos que en esos seis años, la política ambiental fue fallida pues se
entregó la tercera parte del país a la explotación minera y se autorizó casi
sin restricciones el impulso de cultivos
transgénicos incluido el maíz, entre otras decisiones del próximo conferencista
de la Universidad de Harvard.
Sin
embargo, la educación ambiental pese a la disminución progresiva del
presupuesto del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo
Sustentable (Cecadesu) de la Semarnat, principal impulsor de las acciones
correspondientes a nivel nacional, tuvo muy buenos resultados en su
coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Esa es una colaboración que
tiene tres sexenios de estarse dando y que tendría que continuarse y
fortalecerse durante este gobierno, privilegiando el apoyo y la coordinación
con las Instituciones de Educación Superior, pues son actores fundamentales
para el fortalecimiento del campo, dado que ellas impulsan procesos de
formación, investigación, divulgación y vinculación que resultan potencialmente
muy importantes para el desarrollo de la sustentabilidad y de la educación
ambiental en el país.
En ese
mismo sentido, también es preciso impulsar acciones con las escuelas normales y
las universidades pedagógicas, pues en el currículo de éstas la educación
ambiental sigue sin conseguir el peso indispensable para garantizar que la
educación básica se convierta en un nivel que asuma e impulse la construcción
de una cultura ambiental.
De
igual forma, durante el sexenio pasado se creó el Consejo Nacional de Educación
Ambiental para la Sustentabilidad, grupo integrado por 21 especialistas de la
sociedad civil organizada y la academia que contribuye a orientar la política
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en esta materia.
El Consejo Nacional y el Cecadesu serán
factores clave para llevar a buen puerto el compromiso presidencial. Una
estrategia nacional debe implicar una buena articulación de la educación
ambiental, primero, al propio interior de la Semarnat, y con los sectores gubernamentales
más implicados como educación, salud, energía y agricultura, entre otros.
Asimismo, es preciso identificar y fortalecer el acercamiento a actores
estratégicos para coordinar y apoyar acciones y brindarles asesoría técnica y
pedagógica a fin de promover iniciativas, programas y acciones consistentes en
materia de educación ambiental dentro y fuera de las escuelas en todo el país.
La
débil formulación que existe, fundamentalmente en los partidos políticos, de un
proyecto de país en el que se le dé centralidad a la sustentabilidad, propicia
que muchos proyectos de educación ambiental se inscriban acríticamente en una
tendencia neoliberal que cosifica e instrumentaliza a los ecosistemas y les
otorga un limitado carácter de capital natural.
De
ahí que resulta impostergable propiciar espacios de debate, cuyos resultados
alimenten un proyecto de nación que permita que la sustentabilidad adquiera tal
relevancia que influya de manera determinante en las políticas económicas y
sociales y no solamente en las ecológicas. En este reto, la educación ambiental
reviste efectivamente la más alta prioridad política y social.
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