En los días recientes
han proliferado las opiniones a favor y en contra sobre la instalación de
parquímetros en el centro histórico de la ciudad de Xalapa, como una medida que
contribuya a regular el intenso tráfico que se produce en esas calles durante
prácticamente toda la jornada laboral.
Los
que defienden la medida aducen el que la mayor parte de los vehículos
permanecen estacionados durante todo el día, anulando con ello la mitad de los
carriles de circulación. Sus dueños son los propios comerciantes y empleados de
oficinas de gobierno, bancos y demás, por lo que de cualquier manera los
clientes y usuarios de servicios que acuden al centro en sus propios vehículos
no hallan lugar para estacionarse por algunos minutos.
Los
que se oponen a la medida señalan, entre otros argumentos, que antes se
requiere crear nuevos estacionamientos públicos a precios accesibles para
atender lo que sería una gran demanda, así como reorganizar el transporte público.
Ambas
posiciones tienen parte de razón. Frente a este dilema debo señalar que el
problema requiere de varias estrategias. No se resuelve con una sola medida
aislada, pero las decisiones a impulsar pueden ser simultáneas, no
necesariamente tiene que ir una después de la otra.
Efectivamente,
la instalación de parquímetros ha sido una medida efectiva en algunas
delegaciones de la Ciudad de México, por ejemplo, la delegación Cuauhtémoc y la
colonia Polanco, entre las más destacadas. Pero la decisión ha ido acompañada no
sólo de la correspondiente boleta de sanción a los que incumplan, sino de la
instalación de cepos inmovilizadores y/o grúas de arrastre. Si no se adopta una
manera de hacer cumplir la ley, seguirá ocurriendo lo que vemos ahora: autos estacionados
incluso debajo de las propias señales de tránsito que prohíben hacerlo.
El
tema de los estacionamientos es muy válido. Es preciso crear más, sobre todo de
tipo vertical o subterráneo dada la insuficiente disponibilidad de espacio en
el centro histórico; pero también hay que establecer acuerdos con los
propietarios de los mismos, para aplicar tarifas diferenciadas accesibles (por
minutos, pensiones, etc.) que eviten los abusos.
Urge
también regular el transporte público, por ejemplo, reorganizar las numerosas
rutas y horarios de autobuses urbanos que atraviesan el centro, en condiciones
físicas y mecánicas por demás lamentables, y hacer algo en firme con el número
excesivo de taxis que circulan todo el tiempo. La medida experimental aplicada
en 2011 de “Un día sin taxi en Xalapa” fue fallida en muchos sentidos,
especialmente porque esos vehículos seguían circulando, aunque colocaban un
papel señalando que no estaban de servicio.
La
reciente decisión de trasladar a los vendedores ambulantes de la calle de
Pípila a la central de abastos, también contribuye a resolver el problema,
habría que acompañarla por una mayor desconcentración de oficinas
gubernamentales cuyos trámites atraen a mucha gente, así como reubicar las
centrales camioneras de la Rotonda y Pípila, establecer horarios fuera de
jornada laboral para la recolección de basura, entrega de mercancías, servicios
de gaseras, modificar el sentido de algunas calles mediante una reingeniería
vial, establecer calles exclusivamente peatonales, reubicar puestos de
periódicos y comida en el centro que ocupan la mitad de la banqueta y que en
los hechos han privatizado el espacio público, etc., etc.
En
fin, si Xalapa se ha convertido en la nada honrosa población con el mayor
número de vehículos per cápita en el país, para resolver el serio problema que
se deriva de esto en una ciudad con un trazo complicado e irregular se
requieren políticas congruentes, que impliquen una estrecha coordinación entre
las autoridades estatales y municipales del área metropolitana e impulsar un
programa de educación ambiental y vial para caminar más, usar bicicletas y
respetar el reglamento de tránsito.
El
hoy no circula de aplicación general propuesto por el director de Transito del
Estado no pasará de ser una medida más, si no se articula y alinea con
decisiones asumidas de manera persistente en los municipios implicados y se
crean incentivos para la colaboración de la ciudadanía y el sector privado.
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