Decadencia moral e insolidaridad social[1]
Edgar J. González Gaudiano[2]
Algo terrible nos ha ocurrido como sociedad. Es posible
constatarlo todos los días. Durante las últimas semanas con motivo de las
protestas por la barbarie de los estudiantes de Ayotzinapa, esa apreciación se
encuentra a flor de piel.
Hemos visto, por ejemplo, cómo algunas personas se indignan porque
un grupo de muchachos bloquea el tráfico o les impide el acceso a un
supermercado y exigen la intervención de la fuerza pública para poner orden.
Pero esas mismas personas ven con una gran indiferencia la muerte y
desaparición de jóvenes por considerarlo algo ajeno de sus vidas. Los medios
electrónicos han contribuido a esa criminalización de la protesta social.
Hace unos días el propio Banco de México señaló que los recientes
acontecimientos sociales en el país podrían afectar el crecimiento económico.
Aunque por ese opaco concepto de acontecimiento social puede entenderse casi
cualquier cosa, no se requiere ser un especialista en análisis de discurso para
percatarse que se está refiriendo a los hechos de Ayotzinapa, Tlaltlala y la
crisis en el Politécnico Nacional, entre otros.
Más aún pareciera que no son los hechos en sí mismos, sino las
consecuencias sociales derivadas que han tenido gran cobertura internacional.
Es decir, lo que nos está afectando según esta peculiar lectura de la realidad no
es la omnipresente corrupción y la ingente violencia contra la población, ni la
persistente impunidad, ni la creciente intervención de los intereses de la
delincuencia en la estructura política del país, ni la descomposición del
tejido social, tampoco la ingobernabilidad en vastas regiones. Si eso fuera lo que se encontrara en el fondo
de sus declaraciones, ya las habrían emitido mucho antes porque esos fenómenos
ya tienen tiempo entre nosotros. Es la reciente protesta social la que podría
ser causante de una “evolución de la actividad económica menos dinámica de lo
prevista” . Dan ganas de vomitar. Es nauseabundo.
Hasta intentaron encontrar evidencias de que los estudiantes estaban
coludidos con los cárteles de Guerrero. De ese modo, podrían desactivar la
inesperada reacción social y darle el mismo tratamiento que le han dado a las
decenas de miles de muertos en el país: No investigar nada porque se trata
según ellos de ajustes de cuentas entre delincuentes. De ese modo podrían
atenuar también la creciente opinión pública acerca de la ineptitud,
ineficiencia e incluso complicidad de numerosos elementos de los tres órdenes
de gobierno que no han podido darle cuentas claras a una agraviada nación sobre
esos hechos.
Los voceros de la tele denuncian que hay infiltrados en las
marchas que van encapuchados, y que resguardados en ese anonimato cometen
desmanes; pero no dicen nada del hostigamiento, la intimidación, el registro y la
vigilancia constante que la policía y sus madrinas han estado ejerciendo contra
aquellos que toman la palabra en las asambleas. Tampoco justifico los destrozos
y menos aquellos que se cometen en contra de pequeños comerciantes y ciudadanos
en el afán reivindicativo. Habría que distinguir, sin embargo, entre los se
cubren para no ser posteriormente reprimidos, de los oportunistas agitadores
que aprovechan cualquier conflicto para llevar agua a su molino.
Pero los voceros de la tele con todo lo que está pasando y lo que
no está pasando, quieren que todo regrese a la “normalidad” democrática. A esa
normalidad que implica la aceptación sumisa de la transa y la repartición del
país que muchos políticos interpretan como aprobación; normalidad que significa
la dócil resignación de un estado de cosas putrefacto; normalidad democrática
es la indolente pasividad social que tanto aprecian.
Los voceros de la tele, los “telectuales” según ese ingenioso
concepto acuñado por El Fisgón, consideran que ya se ha dañado mucho la imagen
internacional del país; que se alejarán las anheladas inversiones por las
reformas; que se desacredita progresivamente a las instituciones del Estado. Esas
mismas instituciones que han sido pervertidas por los mezquinos intereses de
los grupos políticos y económicos que controlan el país.
Crece el clamor por cambios profundos en la estructura política y
judicial del país. Esas será las verdaderas reformas estructurales.
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