El principio precautorio como valor ciudadano[1]
Edgar J. González Gaudiano[2]
El debate internacional por la calidad del ambiente ha hecho contribuciones muy valiosas al campo de la política y del derecho. Principios como “el que contamina paga” para referirse al hecho de que los daños ambientales no deben ser asumidos socialmente, sino que son responsabilidad del contaminador y éste está obligado a reparar el daño. Es decir, remite a los costos que conllevan el saneamiento y la restauración ecológica de los impactos negativos por la contaminación que deben ser asumidos por el causante de ésta. El principio puede ser distorsionado cuando se ve como un incentivo para los contaminadores ya que podría interpretarse como, todo aquel que pueda pagar, puede contaminar. Esto suele presentarse cuando el precio que las empresas han de cubrir por internalizar los daños, son mayores que los costos que implica la restauración. Es decir, cuando es más barato pagar la multa establecida por la ley que, por ejemplo, reestructurar todo su proceso productivo, instalar plantas de tratamiento que funcionen eficientemente o compensar a los propietarios de los terrenos afectados.
Otro principio muy importante es el de “responsabilidad compartida pero diferenciada” para establecer que si bien todos somos de algún modo responsables de los daños al ambiente, no todos lo somos al mismos nivel. Esto se puede observar al nivel de individuos concretos comparando, por ejemplo, la responsabilidad de un ama de casa que tira su basura en sitios indebidos, con un responsable de limpia pública que no cumple con sus tareas o un empresario que deposita sus residuos tóxicos y peligrosos en la red de alcantarillado.
Pero el principio aplica también a nivel de naciones, como es el caso por ejemplo, de la responsabilidad diferenciada entre los países que existe en materia de emisiones de gases de efecto invernadero que están afectando significativamente el clima de la atmosfera terrestre. El cambio climático tiene la particularidad de que los impactos no suceden precisamente en el lugar donde se produce la emisión. Así, el que más contamina no es necesariamente el más perjudicado. Las zonas tropicales y pobres son las más vulnerables, aunque no sean las mayores emisoras, toda vez que su economía corresponde a sectores sensibles a eventos climáticos (agricultura), así como porque la escasez de recursos económicos dificulta poner en marcha políticas y programas para reducir los impactos.
Sin embargo, el principio que a mí personalmente me parece de la mayor relevancia política y social es el “principio precautorio”, puesto que respalda la adopción de medidas previas de protección cuando no existe certeza científica de los niveles de riesgo o de las consecuencias ambientales que pudiese provocar una acción determinada. En palabras coloquiales, si no tienes la completa seguridad de los daños y consecuencias que tendrá el hacer algo, no lo hagas. El problema es que suele aplicarse al revés, porque cuando no hay información suficiente sobre los daños que una acción puede ocasionar esto se asume como que la acción ha de ser permitida. Cuando debe ser al contrario, es decir, la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.
Lo anterior viene a cuento por la discusión actual en torno a lo mina Caballo Blanco. La empresa y los promoventes apelan a las inversiones millonarias y a la creación de empleos que beneficiarán a los pobladores locales. El problema es que hay demasiada incertidumbre sobre los riesgos implicados y los daños ambientales que se ocasionarán, para beneficios cuyos destinatarios principales no viven aquí.
Lo que se ha observado en muchos otros casos es que los empleos que suelen destinarse a la gente local son lo de más baja calificación. Los ingenieros y operarios de maquinaria frecuentemente ni siquiera son connacionales. Y cuando las obras concluyen lo que se prometió de inversiones en materia de restauración y desarrollo local no se hizo, y la gente queda peor que cuando empezó todo. Ahora siguen siendo pobres y con entornos degradados. Hay decenas de casos así en América Latina. Eso sin considerar los impactos ecológicos en el suelo, la flora y fauna silvestre, el agua y la salud de los habitantes. Es clara la manipulación que la empresa hace con las grandes necesidades de la gente.
¿Valdrá la pena ignorar el principio precautorio y los demás principios ambientales por espejitos de colores y espejismos de desarrollo?
hola! Doctor, esta publicación como las otras, me parece muy interesante que da cuenta de una realidad a la que día a día la población pasa desapercibido, cobijar nuestras acciones y muchas veces nos lavamos las manos como pilato queriendo pensar que no somos culpables, el "principio precautorio" nos invita entonces a reorientar nuestras acciones, reflexionar y actuar con responsabilidad social.
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