Se han cumplido cien días del nuevo gobierno federal y la prensa destaca
los sustantivos cambios ocurridos durante este breve periodo. La proclama
positivista de “Orden y Progreso” pareciera ser el sentido que rige esta
segunda alternancia.
Orden porque ha quedado de manifiesto que existen
nuevas condiciones del ejercicio de poder por parte del ejecutivo federal que
ha metido en cintura a los desbocados poderes fácticos; el del SNTE en primer
lugar, pero también a las televisoras
que de no haber sido así, en este momento habrían desatado una de las usuales
campañas de desprestigio de la década anterior, ahora en contra de la reforma
del sector de las telecomunicaciones, que impactará directamente los intereses
de los concesionarios de televisión abierta y restringida, así como de la
telefonía fija y móvil.
Orden también porque se ha comenzado a controlar la
anárquica situación imperante en los gobiernos estatales y municipales, con sus
obscenos endeudamientos y ostensibles prácticas de corrupción e impunidad. La
reforma para regular la contratación de deuda de estados y municipios ayudará
desde luego, pero ya veremos si el PRI es capaz de emprender acciones
ejemplares contra exgobernadores de ese partido como el de Tabasco. Ello parece
improbable, pues más allá de las declaraciones de que no se protegerá a nadie,
la fracción priista con apoyo del Verde y del Panal en la Cámara de Diputados
han enviado a la congeladora el punto de acuerdo para que se transparentaran
las cuentas de Mariana Granier Calles, hija del ex mandatario tabasqueño, por
alrededor de 3 mil millones de pesos. Hechos son acciones …
Progreso porque la sola percepción social (hasta ahora
infundada) de que se está controlando la violencia, está generando un mejor
clima para el crecimiento económico. Veremos también muy pronto si a la
favorable percepción corresponde un cambio real de situación.
Pero en fin, durante esos cien días en cuanto a la
educación ambiental pese a todo lo que se habla ahora de la reforma
constitucional en materia educativa, no ha pasado nada. Ni siquiera se ha puesto
en funciones al nuevo Consejo Nacional de Educación Ambiental para la
Sustentabilidad, que cambió el 50% de sus miembros y cuya instalación debía
darse una vez nombrada la nueva administración de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Tampoco ha pasado nada porque el Centro de Educación y
Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat, en este lapso, ha
tenido tres coordinadores generales: el que provenía de la administración
anterior que permaneció un par de semanas y los dos que a la fecha han ocupado
la silla; ambos cuadros del Partido Verde y sin experiencia alguna en temas
educativos. Son personas que han manifestado buena disposición y voluntad para
emprender acciones que fortalezcan la educación ambiental en el país, pero uno
se pregunta si eso es suficiente para tomar decisiones en un área tan
importante, y que según el perfil del puesto requiere de una formación afín y de
experiencia en el campo.
Lo de la educación ambiental se suma a lo que ocurre
con la política ambiental en su conjunto. Quitado de la instalación a finales
del mes de enero de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, integrada
por trece dependencias y para cuyas tareas se anunció una bolsa de 34,500
millones de pesos sólo para este año, no ha pasado mayor cosa. Pareciera que el
actual secretario está más interesado en crear condiciones favorables para el
crecimiento económico, aunque según se dice en forma compatible con la
conservación del patrimonio natural, pero este segundo elemento no se ve claro.
Al menos esa impresión da en las recientes entrevistas concedidas por el titular
de la Semarnat, el Ingeniero Juan José Guerra Abud.
Hay un plazo para el beneficio de la duda pero se está
acortando rápidamente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario