Falta de ciudadanía y abusos legislativos

Édgar González Gaudiano
Adalberto Tejeda-Martínez

Lo obsequioso e indigno de la Legislatura que se fue, refleja nuestra falta de ciudadanía.

El concepto de ciudadanía es controversial. Ha sido abandonado y recuperado en varias ocasiones a lo largo de 200 años. En tiempos recientes fue rescatado por el lenguaje sociológico y político toda vez que integra las exigencias de justicia y de pertenencia comunitaria. Actualmente, las demandas ciudadanas forman parte de las plataformas partidistas desde la vivienda y el medio ambiente, hasta el ejercicio de libertades democráticas, por lo que ciudadanía se ha convertido en una noción compleja dentro de la práctica política y ha adquirido una creciente importancia dentro de los procesos educativos en virtud de que las cualidades y aptitudes ciudadanas operan al mismo tiempo como instrumentos de control y cambio social.

Los teóricos liberales asumen que los ciudadanos poseen igualdad de derechos frente al Estado. Esta idea hunde sus raíces en los antiguos griegos que separaban lo público de lo privado dando origen a dos tipos distintos de leyes, lo cual representa una de las bases del contrato social de los tiempos modernos. La separación entre lo público y lo privado constituye un dilema para el concepto de ciudadanía, porque éste se encuentra indisolublemente ligado a la esfera pública.

Por su parte, la tradición histórica sociológica desarrolló un enfoque diferente. Aquí el concepto ciudadanía se define según el contexto histórico, económico y cultural desde donde adquiere significado. En otras palabras, cada nación a través de su historia define lo que entiende por ciudadanía, por lo que la noción es relativa y relacional. Es frecuente que el concepto de ciudadanía se confunda con el concepto de derechos humanos, si bien las diferencias son substanciales. El concepto de ciudadanía apela a derechos universales consagrados constitucionalmente y afecta a quienes tienen la categoría de ciudadano a diferencia de quienes no la tienen. Así, los menores de edad poseen derechos humanos irrenunciables, pero aun no cuentan con el estatuto de ciudadanía.

¿A dónde nos lleva todo esto? Nos conduce a afirmar que uno de los problemas más serios que atravesamos como país es que no ejercemos nuestra ciudadanía. Ser un ciudadano implica adquirir a plenitud los derechos y deberes para participar, por ejemplo, en el sistema electoral, lo cual posibilita votar y ser votado. Sin embargo, en la mayoría de los casos, todo se reduce a votar para elegir a nuestros dirigentes. Como ciudadanos no tenemos forma de exigir por ejemplo, transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos; estamos inermes ante decisiones que afectan nuestra calidad y condiciones de vida, pero que son lavadas mediante argucias legales.

Eso es lo que está sucediendo, con las recientes medidas adoptadas por la saliente legislatura de aprobar al vapor una ley de cambio climático, o la de legitimar el despojo a un área natural protegida como el Tejar–Garnica y el Parque Natura en beneficio de grupos de interés privado. Nuestros preclaros

representantes en esa legislatura no actuaron en pro del bien público como era su obligación, sino para favorecer turbios negocios y oscuras complicidades, pero sobre todo para complacer a su verdadero patrón, el gobernador e turno, porque se saben indignos pero también impunes ante lo jurídico y ante lo político. Nadie les exigirá cuentas de sus decisiones y a conciencia asumieron su papel de comparsas.

Nuestro rezago educativo en cuanto a formar ciudadanos es abismal, quizá porque así conviene a este decadente sistema político.

Milenio El Portal, 8 de noviembre 2010